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Áreas protegidas: Ausencia de propuestas frente al atropello

Por Guillermo Villalobos M.

Las diversas Áreas Protegidas (AP) en Bolivia representan hasta el 25% del territorio nacional y son una fuente invaluable de diversidad biocultural y de patrimonio ecosistémico. Sin embargo, estas AP están siendo amenazadas por la deforestación, los incendios, la minería, los cultivos ilegales, entre otros. El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 propone muy poco respecto a las áreas protegidas en el país y se limita a propuestas abstractas para mejorar la conservación, la vigilancia y el manejo de estas; sin desarrollar en lo más mínimo cómo planea implementar sus propuestas y evitar el asolamiento constante que sufren nuestras áreas protegidas.    

Bolivia posee 22 AP de interés nacional que en conjunto suman 17 millones de hectáreas[1]. A estas se añaden otras 25 AP departamentales con 5 millones de hectáreas y 83 AP municipales con 2 millones de hectáreas[2]. En total, las 130 AP del país llegan a representar el 25% del territorio nacional. Estas AP conforman un invaluable patrimonio natural y cultural, y son fuente de preservación de la diversidad biológica y ecosistémica. A pesar de esto, las AP en el país están bajo constante amenaza.

Por ejemplo, los datos más recientes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) señalaban que entre 2016 y 2017 la deforestación exclusivamente en AP nacionales alcanzó unas 15 mil hectáreas. A lo que se añaden otras 15 mil hectáreas en AP departamentales y otros 6 mil hectáreas en las municipales[3]. Por otro lado, en 2021 se estima que la superficie quemada en AP nacionales ascendió a 963,8 mil hectáreas[4]. No obstante, estos no son los únicos procesos que amenazan estas áreas. Al avance de la deforestación y los incendios se suman otros elementos, como la minería aurífera, la exploración y explotación de hidrocarburos y la expansión de cultivos ilícitos, para mencionar algunos[5].

Frente a este escenario, ¿qué propone el PDES respecto a las AP? La propuesta del gobierno para el periodo 2021-2025 respecto a las AP pretende simplemente impulsar una “mejor y más sustentable conservación de las áreas protegidas” (Meta 8.4.1.). Para ello, el PDES establece cuatro acciones claves, siendo la primera de estas la consolidación y fortalecimiento de los Comités de Gestión de Áreas Protegidas de manera efectiva.

¿Qué son los Comités de Gestión de Áreas Protegidas? De acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo N° 24781 de 1997) el Comité de Gestión es un órgano representativo de la población local (pueblos indígenas, comunidades, entidades públicas, etc.) que participa en la planificación y coadyuva en la fiscalización de la gestión del AP (Art. 47 y 48)[6]. La propuesta del PDES es llegar a un 100% de AP con Comité de Gestión en funcionamiento efectivo, partiendo de que, para 2020, sólo el 68% de las AP poseían un Comité de Gestión en funcionamiento.

Esta propuesta no es nada nueva. En 2019, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se proponía como meta capacitar y fortalecer los 22 Comités de Gestión de AP de interés nacional[7]. Según los informes de rendición de cuentas del Sernap, para finales de 2019 un total de 17 (el 77%) Comités de Gestión fueron fortalecidos y tuvieron reuniones regulares. Mientras que para finales de la gestión 2021 existían ya 20 Comités de Gestión conformados (el 90%)[8].

La segunda acción propuesta del PDES es: vigilar y controlar efectivamente las AP nacionales y subnacionales ¿Cómo se plantea llevar a cabo esto? Lamentablemente, no desarrolla en absoluto cómo planea efectivizar esta vigilancia y control, por ejemplo, para evitar la deforestación o el avance de la minería en las AP. Tampoco proporciona un balance mínimo del estado actual de las AP. El PDES simplemente se limita a mencionar que para el 2025 el 100% de las AP tengan medidas efectivas de vigilancia y control, un aumento del 20% en comparación a la línea base de 2020. La pregunta inevitable es: si en 2020 el 80% de las AP tienen medidas efectivas de vigilancia y control ¿por qué los niveles de deforestación, incendios y asentamientos mineros en AP fueron tan elevados? ¿De qué constan estas medidas de vigilancia y control?

Al respecto de la vigilancia y control en AP de interés nacional, la Dirección de Monitoreo Ambiental del Sernap tiene como facultad implementar en las AP nacionales tanto Programas de Monitoreo Integral (PMI) como Planes de Acción Integral (PAI). Donde los PIM son herramientas de gestión para medir la salud y cambios en un AP, así como el estado de conservación, uso y aprovechamiento de recursos; mientras que los PAI son instrumentos de gestión ambiental para la conservación de recursos y protección de los ecosistemas. Tanto las PMI como los PAI conforman un instrumento legal que debería viabilizar acciones de vigilancia y control en las AP que posean estos instrumentos. Según el informe de rendición de cuentas de 2021 del Sernap, durante esa gestión se elaboraron y aprobaron 11 PMI y 8 PAI[9].

La tercera acción propuesta por el PDES es establecer medidas para la gestión integral, manejo efectivo y sustentable de AP. Esta propuesta es incluso más abstracta que la anterior, puesto que solamente menciona que se incrementarán (de 2 a 10) el número de proyectos ejecutados en este sentido. Sin embargo, el PDES no proporciona una línea base del estado actual de las AP que cuentan con un Plan de Manejo elaborado[10]. Tampoco brinda pormenores respecto a los proyectos que quiere implementar, ni cómo éstos ayudarán en la gestión integral de las AP.

Con relación a la gestión de las AP, la Dirección de Monitoreo Ambiental del Sernap es la encargada de revisar y evaluar los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAPs) de Actividades, Obras y Proyectos (AOPs) dentro de las 22 AP nacionales. Estas AOP pueden pertenecer a diferentes sectores, tales como: Agropecuario, comunicación, educación, energía, minero-metalúrgico, hidrocarburos, transporte, industria y turismo, entre otros. Por otro lado, son competencias de la misma dirección la emisión de Certificados de Compatibilidad de Usos (CCU) para el sector minero-metalúrgico y forestal, y para elaborar mapas de ubicación de las AOPs[11].

Así pues, los CCU se constituyen como un instrumento de criterio técnico legal sobre la pertinencia del uso o aprovechamiento según el derecho propietario, coordenadas, zonificación y planes de manejo de las AP y normativa ambiental vigente. Mientras que los IRAPs fungen como un documento ambiental[12] mediante el cual se otorga una licencia ambiental – y con ello medidas de mitigación y control ambiental – a estos AOPs que se ubican dentro de las AP de interés nacional[13].

Los datos del Sernap señalan que para la gestión 2021 la Dirección de Monitoreo Ambiental revisó 285 IRAPs en todas las AP nacionales[14]. Lamentablemente los datos presentados por el Sernap omiten mencionar a qué sector se atribuyó cada IRAPs. Por otro lado, en 2021 la misma dirección revisó 535 trámites de Certificados de Compatibilidad de Usos (CCUs). Del total de solicitudes recibidas, 142 fueron CCU para el sector minero: 8 en San Matías, 3 en Eduardo Avaroa, 35 en Madidi, 4 Cotapata, 9 Tunari y 83 en Apolobamba. De las 142 solicitudes de CCU para minería, 14 fueron aprobadas: 13 en el Apolobamba y 1 en San Matias. Por otro lado, para el sector energético se revisaron 112 CCU, de las cuales 27 fueron aprobadas; en cuanto que 56 solicitudes de CCU fueron del sector forestal, donde 44 fueron aprobadas (la mayoría en el AP Amboró y Pilón Lajas)[15].

Por último, la cuarta acción del plan de gobierno para 2021-2025 es establecer mecanismos financieros que permitan la sustentabilidad de las AP de interés nacional. De acuerdo al PDES, el 2020 apenas 14% de las AP de interés nacional eran sostenibles financieramente con mecanismos de ingresos propios, y plantea que este porcentaje suba a un 60% para 2025. ¿Cómo plantea el PDES llegar a esta sostenibilidad financiera? Una vez más, el plan propuesto por el gobierno no especifica cómo pretende lograr dicho objetivo.


[1] Sernap (2019). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2019. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

[2] MMAyA (2012). Áreas protegidas subnacionales en Bolivia. Situación Actual 2012. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

[3] MMAyA (2018). Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Periodo 2016-2017. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)

[4] MMAyA (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021.  Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

[5] Véase: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/madidi-seis-de-nueve-empresas-mineras-que-sacan-oro-en-el-rio-tuichi-son-ilegales_267894; https://www.cedib.org/biblioteca/ds4667fronterahidrocarburifera2022/ y Cauthin, M. (2021).  Un cuestionado saneamiento que maquilla los cultivos de coca en Áreas Protegidas. Fundación Solón. Disponible en: https://fundacionsolon.org/2021/09/07/un-cuestionado-saneamiento-que-maquilla-los-cultivos-de-coca-en-areas-protegidas/

[6] Algunas de las funciones y atribuciones del Comité de Gestión son: Participar en la definición de las políticas de manejo del AP, así como en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Manejo y los Planes Operativos; Velar por la integridad territorial y la inviolabilidad del AP; Denunciar ante la Dirección del Área las infracciones o delitos que sean de su conocimiento; Fiscalizar la gestión administrativo-financiero de la entidad administradora y/o de la Dirección del Área, entre otras (Art. 52 DS N°24781)

[7] Sernap (2019). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2019. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

[8] Sernap (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Min. 1:57:20. Video disponible en: https://www.facebook.com/BoliviaSernap/videos/471104454599817

[9] Sernap (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Min. 1:30:50. Video disponible en: https://www.facebook.com/BoliviaSernap/videos/471104454599817

[10] Como referencia, según el Informe de rendición de cuentas de 2021 del Sernap, solo 17 de las 22 AP de interés nacional contaban con un Plan de Manejo. Véase: Sernap (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Min. 1:56:10. Video disponible en: https://www.facebook.com/BoliviaSernap/videos/471104454599817

[11] Véase: http://sernap.gob.bo/dma/

[12] Estos documentos ambientales incluyen: Ficha Ambiental (FA), Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA), Manifiesto Ambiental (MA), Formulario de Solicitud de Certificado de Dispensación (FSCD), Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), Informe de Monitoreo Ambiental (IMA), Actualización de Licencias Ambientales (ALA), Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), Formulario Explotación Minera de Actividades Pequeñas (EMAP), Integración de Licencias Ambientales (ILA), Renovación de Licencia Ambiental (RLA) y Formulario de Información de AOPs Exploratorios Hidrocarburíferas (FIEH).

[13] Véase:  http://sernap.gob.bo/dma/ y  Sernap (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Min. 1:22:20. Video disponible en: https://www.facebook.com/BoliviaSernap/videos/471104454599817

[14] Sernap (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Min. 1:22:20. Video disponible en: https://www.facebook.com/BoliviaSernap/videos/471104454599817

[15]  Sernap (2021). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Min. 1:25:02. Video disponible en: https://www.facebook.com/BoliviaSernap/videos/471104454599817

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