Derechos y normativa Naturaleza

El oro o la vida: se anula acuerdo con cooperativistas mineros pero la amenaza persiste

Tras varios días de movilizaciones que paralizaron la ciudad de La Paz, el sector cooperativista minero no sólo logró bajar de 11% a 4,8% el impuesto único sobre el valor bruto de la venta de oro que el gobierno buscaba aplicar a las exportaciones, sino que además, consiguió que las autoridades nacionales se comprometieran a dar viabilidad a sus trámites de adecuación de derechos preconstituidos en áreas protegidas para formalizar sus actividades de explotación aurífera.

El acuerdo firmado el 27 de octubre entre la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz R.L. (FECOMAN L.P.R.L.), el viceministro de Medio Ambiente, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y el Director Departamental de la ABT señala que “los interesados (que tienen derechos preconstituidos) proseguirán con el trámite de adecuación; asimismo, el SERNAP emitirá el informe según corresponda, para proseguir con el trámite de licencia Ambiental ante el VMA (Viceministerio de Medio Ambiente) de acuerdo a normativa ambiental vigente”. Asimismo, el acuerdo señala que “se dará inicio a los Planes de Manejo de PN ANMI MADIDI, PN ANMI COTAPATA Y ANMI APOLOBAMBA, según corresponda cumpliendo todos los procedimientos y plazo establecido en las disposiciones legales vigentes, las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”

Este acuerdo fue rechazado por no haber sido consultado con los pueblos indígenas que habitan la región y por las consecuencias irreversibles a la salud y a la Naturaleza que genera la explotación aurífera que se pretende autorizar dentro de los Parques Nacionales por una reunión de emergencia convocada en San Buenaventura el pasado 4 de noviembre por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), a la que asistieron, entre otras, la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Central Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). 

El pronunciamiento de la CNAMIB señala: 1) Exigir la anulación inmediata del acta y los acuerdos del 27 de octubre de 2022 entre los cooperativistas mineros y personeros del Gobierno; 2) Iniciar movilizaciones permanente en los territorios y ríos amazónicos en coordinación con pueblos y comunidades indígenas y sociedad civil; 3) Declarar personas no gratas al Director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Teodoro Mamani, al Ministro de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), Juan Santos, al Viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad (VMA), Magín Herrera López y al Director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Heriberto Ariñez; finalmente, 4) Llamar a las instituciones, organizaciones y personas en general a sumarse a este repudio y a las futuras movilizaciones en defensa de la Naturaleza.

Un día después, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) afiliada a la Confederación Indígena de Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB), convocó a una Comisión Departamental Extraordinaria en la comunidad Esse Ejja Eyoquibo, con el único objeto de determinar acciones frente al inconsulto e ilegal acuerdo del Gobierno Nacional con el sector cooperativista minero. Las organizaciones invitaron a autoridades nacionales a la reunión para que informen sobre el alcance del acuerdo entre el gobierno y los cooperativistas mineros; sin embargo, a la cita acudieron funcionarios subalternos que no fueron aceptados por la plenaria y fueron retirados de la asamblea. 

La Comisión Departamental Extraordinaria emitió la Resolución No. 01/2022, ratificando los derechos reconocidos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a ser consultados, a un medio ambiente sano y a la integridad territorial, mismos que fueron vulnerados y constituyen el fundamento para disponer el rechazo al acuerdo en el que el Gobierno Nacional pretende flexibilizar la normativa ambiental y permitir las actividades mineras al interior de los territorios indígenas y áreas protegidas. A su vez, determinaron el cierre y resguardo pacífico de las oficinas del Parque Madidi dándole 48 horas al Ministro de Medio Ambiente y Aguas y Directores del SERNAP, AJAM y Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para que se apersonen a la comunidad. 

Son más de 150 personas que se han presentado en estas oficinas y si el Gobierno no nos atiende vamos a ir hasta la ciudad de La Paz en una masiva movilización (…) en el derecho a defender nuestros territorios”, dijo Lino Illimuri, vicepresidente del CPILAP a tiempo iniciar la protesta. 

El 7 de noviembre, una comitiva del Gobierno Nacional a la cabeza del Director del SERNAP, Teodoro Mamani, llegó hasta el Municipio de San Buenaventura para atender la demanda indígena y tras un largo debate se firmó un acuerdo con la CPILAP que anula el acuerdo del 27 de octubre entre cooperativistas mineros y autoridades gubernamentales por ser “lesivo a los derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del Norte de La Paz”. El acta de la reunión señala que cualquier acuerdo que promueva el Estado en los casos que afecten o que sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas deben suscribirse cumpliendo con el derecho a la consulta previa libre e informada tal y como señalan las leyes nacionales e internacionales

Así mismo destaca que los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas de la región deben mantenerse vigentes y, en todo caso, su actualización se deberá realizar cumpliendo a cabalidad la normativa vigente y con plena participación de los pueblos indígenas que allí habitan. Por último, determina que cuando se evidencie el incumplimiento a la normativa ambiental, toda actividad minera ilegal al interior de las áreas protegidas aun siendo estas preconstituidas, serán objeto de inicio de acciones legales para su paralización y expulsión de las áreas.

Si bien la anulación del acuerdo del pasado 27 de octubre con los cooperativistas mineros es un paso importante, en verdad no pone fin a sus pretensiones de explotar oro dentro de las áreas protegidas. La presión ahora se dirigirá a las comunidades indígenas que allí habitan para que den su consentimiento al cambio de los Planes de Manejo y así viabilicen la adecuación de los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras en dichas zonas de conservación. 

La explotación aurífera al interior de las áreas protegidas no es novedad, se viene realizando de manera ilegal y clandestina: la cooptación de dirigentes, la división de las organizaciones e, incluso, el matrimonio entre cooperativistas mineros e indígenas son estrategias que se utilizan con el objetivo de cambiar las voluntades comunales que, en principio, rechazan la minería al interior de sus territorios. Para evitar que estas argucias erosionen a los pueblos y causen daños irreversibles, es fundamental dejar en claro que los derechos indígenas y de la Madre Tierra están por encima de cualquier derecho minero preconstituido pues, tal como señala la Ley No. 071 en su artículo 6: “El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida.”

Es entonces necesario resaltar que la Consulta Previa, Libre e Informada, no puede ni debe ser usada para habilitar actividades que vayan contra la esencia misma de un Área Protegida. Justamente, un área es puesta bajo la categoría de protección para garantizar su conservación y aquello supone que de ninguna manera se puede consentir su destrucción.

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