Bolivia posee 22 Áreas Protegidas (AP) de interés nacional, que en conjunto suman unos 17 millones de hectáreas (ha). A estas se añaden otras 25 AP departamentales, con 5 millones de ha y 83 AP municipales con 2 millones de ha. En total, las 130 AP que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del país llegan a representar el 25% del territorio nacional (Sernap, 2020 y MMAyA, 2018).
Estas AP responden a diferentes principios y objetivos de interés nacional. La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 en su artículo 385 establece por AP como un bien común que forma parte del patrimonio natural y cultural del país, y que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. La Ley N° 1333 de Medio Ambiente de 1992, en su artículo 60 define a las AP como aquellas áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país.
Por otro lado, el Decreto Supremo N° 24781 de Reglamento General de Áreas Protegidas de 1997 define a las AP como territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica. Asimismo, su artículo 19 establece seis categorías de manejo, según el grado de actividades humanas permitidas dentro del AP y el objetivo de manejo, estas categorías son: Parque Nacional (PN), Santuario, Monumento Natural, Reserva de Vida Silvestre, Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) y Reserva Natural de Inmovilización.
En total, las AP de interés nacional acogen y protegen once de las trece macro ecorregiones de Bolivia (Sernap, 2020), un patrimonio biológico, natural y cultural invaluable. Sin embargo, estas áreas protegidas se encuentran bajo constante presión y degradación. La creciente deforestación, quemas, expansión agropecuaria y asentamientos en las distintas AP amenazan profundamente la conectividad entre ellas, su integridad y existencia. A lo que se le suman otros actividades que derivan en su degradación como la minería aurífera[1], la exploración y explotación de hidrocarburos[2], la construcción de infraestructuras, las carreteras, la expansión de cultivos ilícitos[3], el narcotráfico, para mencionar algunos (Romero-Muñoz, 2019)[4].
Si bien todos estos procesos son apremiantes y representan serías amenazas a las AP, en este artículo nos enfocaremos en analizar la evolución histórica de dos de los procesos más extendidos e institucionalizados: la deforestación y las quemas.
La información referente a deforestación y quemas en AP es limitada en el país y usualmente suelen ser incongruentes entre las distintas fuentes oficiales. Por lo general, existe mayor disponibilidad de datos históricos para las AP nacionales que para las AP subnacionales; por ello, y con el fin de contribuir a una contextualización general del estado de las principales AP del país, nos enfocaremos exclusivamente en las 22 AP de interés nacional.
Por medio de una búsqueda exhaustiva tanto en fuentes oficiales como en organizaciones de sociedad civil, se logró correlacionar la información disponibles y construir una base de datos, generando así un mapeo general de la evolución histórica tanto de la superficie quemada como de la deforestación en las principales AP de interés nacional.
Incendios forestales en Áreas Protegidas
Junto a la deforestación, los incendios forestales son uno de las principales causas de la pérdida y degradación de los bosques en Bolivia (Gonzales et al, 2021; Rodríguez, 2014)[5]. Estudios recientes resaltan la estrecha relación entre la pérdida y la fragmentación de los bosques (particularmente en las fronteras de la deforestación activa) y la mayor incidencia de los incendios forestales, situación que a la vez proporciona condiciones favorables para una mayor ocurrencia de los incendios (Maillard et al., 2020).
El continuo avance de la frontera agropecuaria es la principal causa de la deforestación y fragmentación del bosque en Bolivia, al igual que uno de los principales desencadenantes de los incendios forestales (Maillard et al., 2020). En gran medida, los incendios forestales se generan debido a quemas descontroladas en las áreas recientemente deforestadas con la finalidad de habilitar nuevos espacios para la actividad agropecuaria (GADSC, 2020; Rodríguez, 2014)[6]. Pero también por las quemas descontroladas sobre áreas deforestadas previamente, fundamentalmente pastizales destinadas a la producción ganadera, la misma que poseen ciclos reiterativos de quema con el fin de generar nuevos pastos (Fundación Tierra, 2019).
Esta situación se refleja en los datos de frecuencia de las quemas sobre tipo de superficie. Diversos estudios de la evolución de las dinámicas de los incendios en el país señalan que, durante los últimos años, existe una predominancia de áreas quemadas por primera vez sobre las áreas con recurrencia de quema, en otras palabras, la superficie quemada es predominantemente sobre áreas nuevas que no registraron quemas en años anteriores (Rodríguez, 2014, Müller, 2014). No obstante, existen variaciones según el año, por ejemplo, en 2020 aproximadamente el 21% de la superficie total quemada correspondía a áreas quemadas por primera vez en relación al periodo 2001 al 2019, y el 79% fueron áreas con diferentes frecuencias de quema entre 2 a 14 veces (FAN/WCS, 2021).
Foto: Quemas dentro del PN y ANMI Cotapata
Los incendios forestales tienen una incidencia importante en las AP nacionales. No obstante, existe poca información respecto a superficie quemada en AP en el país, y las cifras oficiales generalmente difieren entre las distintas instituciones estatales y entre los datos proporcionados por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, correlacionado datos de diferentes fuentes nos permite evidenciar como en los últimos doce años, vale decir del 2010 al 2021, los incendios forestales afectaron un total acumulado de alrededor de 5.026.447 ha en AP nacionales, equivalente al 10% del total de área quemada en Bolivia durante ese mismo periodo.
Los picos más altos fueron en 2010, 2015, 2019, 2020 y 2021, donde la superficie quemada en AP nacionales llegó a representar desde el 10% hasta el 23% del total de la superficie quemada a nivel nacional. Estos datos corresponden asimismo a los años pico de mayor superficie quemada en el país[7]. Las mismas que, como observó Rodríguez (2012) y Müller (2014), poseen una frecuencia cada vez más corta entre un evento extremo y otro; repercutiendo significativamente en la capacidad de recuperación de los ecosistemas.
La mitad de las AP nacionales se quemaron entre 2019 y 2021
Los últimos tres años marcan una elevada incidencia de superficie quemada dentro de las AP. De 2019 al 2021 se quemaron alrededor de 2.5 millones de ha en AP nacionales, equivalente al 50% de la superficie quemada en AP nacionales en relación al periodo 20010 al 2021. Siendo el 2019 el año con mayor superficie afectada, con más de 1 millón de ha quemadas en AP nacionales[8].
Si bien en este artículo nos enfocamos en AP de interés nacional, es de resaltar que las AP subnacionales fueron objeto de grandes afectaciones debido a los incendios forestales, algunas veces incluso más que las AP nacionales. En 2019, por ejemplo, en las AP subnacionales se quemaron alrededor de 981.104 ha (FAN, 2019). Mientras que el 2020 la superficie quemada en AP subnacionales alcanzó las 1.279.083 ha, esto es 2.5 veces más que en AP nacionales (FAN/WCS, 2021). Por último, durante el 2021 se quemaron 321.299 ha en AP subnacionales (Rodríguez et al., 2021).
Cinco AP concentraron el 98% del total de la superficie quemada en AP nacionales entre 2019 y 2021: San Matías, Otuquis, Noel Kempff Mercado, Territorio Indígena y PN Isiboro Securé (TIPNIS) y Madidi. El ANMI San Matías fue la AP con mayor incidencia de superficie quemada, concentrando el 66% del total, seguido luego por el PN y ANMI Otuquis con el 22% y el PN Noel Kempff Mercado con 7%[9].
Estas mismas AP, además, son las que poseen mayor porcentaje de quema en relación al total de su superficie. En el ANMI San Matías, por ejemplo, durante el periodo 2019 al 2021 se quemó el 56% de su superficie. Mientras que el 54% de la superficie del PN y ANMI Otuquis, el 12% del PN Noel Kempff Mercado y el 5% del TIPNIS fueron quemados durante los incendios sucedidos durante ese mismo periodo. Por otro lado, si bien el ANMI Madidi se posicionó como la quinta AP con mayor superficie quemada, durante ese mismo periodo solo se quemó el equivalente al 1,2% de su superficie; un porcentaje menor en comparación a otras AP nacionales como PN Tunari (3,1%), ANMI El Palmar (2,6%), PN y ANMI Aguaragüe (2,5%), PN y ANMI Cotapata (2,2%) y PN Carrasco (2,1%).
La recurrencia y magnitud de la superficie quemada en las AP de San Matías, Otuquis, Noel Kempff Mercado, están estrechamente ligada a la actividad ganadera que se desarrolla dentro de las mismas AP, en las zonas de influencia y en los países vecinos de Brasil y Paraguay[10]. El hecho de que tanto el sector ganadero como el empresarial posea la mayor incidencia de quemas por tipo de propiedad agrícola en el departamento de Santa Cruz (Villalobos et al., 2021; Solón 2021), hace de esta actividad pecuaria una de las principales fuentes de ocurrencia y proliferación de los incendios forestales (FCBC et al., 2012).
Foto: Densidad de humo producto de las quemas, PN y ANMI Amboró
Proteger la naturaleza para deforestarla
Durante los últimos nueve años, vale decir de 2012 al 2020, en todo Bolivia se deforestaron un total acumulado de 2.073.665 ha, a un promedio anual de unos 230.407 ha, según los datos proporcionados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT, 2021). En dimensión, la superficie deforestada en este período equivale a casi todo el territorio de El Salvador.
Müller et al. (2014) identifican tres causas como los principales motores de la deforestación en Bolivia: la expansión de la ganadería, la expansión de la agricultura mecanizada y en menor medida el crecimiento de la agricultura a pequeña escala. Si bien la agricultura mecanizada fue el principal motor de la deforestación hasta finales del siglo XX, durante las últimas décadas, la ganadería se volvió el principal impulsor de la deforestación en el país (Cuéllar, 2015; Cauthin, 2021b).
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, la deforestación reciente en Bolivia se relaciona no solo al desarrollo de un sector productivo, sino que corresponde también a una política de Estado (Colque, 2022). Plasmadas en la Agenda Patriótica 2025 del año 2013, el gobierno nacional adoptó como meta principal de su política de desarrollo nacional expandir la superficie cultivada del país, impulsar y ampliar el modelo agrícola mecanizado y triplicar el hato ganadero (Colque, 2022). A partir de ese momento, se fue creando un amplio bagaje legal de incentivo y viabilización a la deforestación en el país (Villalobos, 2020).
Como se explicó párrafos arriba, la creciente deforestación por la expansión de la frontera pecuaria y agrícola amenaza de forma directa e indirecta a las distintas AP del país. Estudios recientes señalan a Bolivia como el segundo país en Sudamérica con la proporción más alta de AP bajo intensa presión humana, esto a pesar de tener una de las densidades poblacionales más bajas de la región (Romero-Muñoz, 2019).
Al igual que con los datos de superficie quemada, existe poca información oficial respecto a la superficie deforestada en AP. Los datos más actualizados corresponden a la gestión 2018. Según la correlación de datos de los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de la base de datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) dependiente de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) de ese mismo ministerio, entre 2012 y 2018 la superficie deforestada acumulada en AP nacionales alcanzó las 68.184 ha, un promedio anual de 9.740 ha deforestadas (MMAyA, 2018; SIMB, 2022). Esto corresponde al 4% del total de la superficie deforestada a nivel nacional en ese mismo período.
Durante el periodo 2012 al 2018 las AP nacionales que sufrieron mayor deforestación fueron: PN y ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco, ANMI San Matías, TIPNIS, PN y ANMI Amboró, PN Carrasco, y PN y ANMI Madidi. En total, estas seis AP suman el 80% del total de la superficie deforestada en AP nacionales en el periodo analizado.
Sin embargo, si el análisis se enfoca en términos de superficie deforestada en relación al área con cobertura boscosa del AP, las afectaciones cambian. Por ejemplo, entre 2012 y 2018 en el PN y ANMI Serranía del Iñao se deforestaron poco más de 3 mil ha, equivalentes al 1,4 % de la superficie con cobertura boscosa de esa AP. De esta manera, el PN y ANMI Amboró perdió el 1,4% de su superficie boscosa, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni el 1,3%, el TIPNIS y el PN Carrasco el 1% y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia el 0,8%.
Impactos de la deforestación e incendios forestales sobre las Áreas Protegidas
La deforestación y los incendios forestales tienen profundas consecuencias sobre las AP. La expansión de la frontera agropecuaria y su deforestación asociada, entre otras cosas, erosiona la conectividad – fragmentación – de las AP (Romero-Muñoz, 2019), y esto a su vez posibilita que el fuego pueda expandirse progresivamente hacia su interior (Maillard et al., 2020). Esto es sumamente relevante ya que, si bien un bosque quemado no es equivalente a deforestado, si es un bosque degradado y, por lo mismo, más susceptible de ser nuevamente quemado. De esta manera, dependiendo de la frecuencia y del impacto, los lapsos de recuperación se ven más reducidos culminando eventualmente en área deforestada (Rodríguez, 2014).
Los incendios forestales en AP afectan, asimismo, en diferentes niveles al área de distribución de especies endémicas y amenazadas (anfibios, aves, mamíferos, reptiles, etc.), incidiendo en su capacidad de subsistencia y regeneración, creando un escenario de amenaza a la permanencia de las distintas especies de fauna silvestre[11] (FAN/WCS, 2021). Estas afectaciones se dan sobre todo en áreas con bosques íntegros y/o continuos, las mismas que sustentan altos valores ambientales y de biodiversidad, al igual que los medios de vida de poblaciones indígenas[12] (FAN/WCS, 2021). Sin embargo, los incendios forestales también generan impactos significativos en áreas con bosques más fragmentados, los mismos que cumplen un rol importante como refugio y como corredores de conectividad fundamentales para el desarrollo de la vida silvestre (Maillard et al., 2020; Gallegos, 2020).
Referencias
ABT (2022). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2021. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT): Santa Cruz – Bolivia
ABT (2022). Quema e incendios forestales 2022. Datos históricos 2019 a 2022. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT): Santa Cruz – Bolivia. Video disponible en: https://www.facebook.com/abtbolivia/videos/517192823122274
Campanini, O. (2020). El negocio del mercurio en Bolivia. Estudio sobre la comercialización para la minería aurífera en Bolivia. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). LALIBRE: Cochabamba – Bolivia.
CEDIB (2020). Minería aurífera en los ríos del norte de La Paz y Beni. En: Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida. Boletín Informativo N° 4, 28 de julio 2020. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Disponible en: https://cedib.org/wp-content/uploads/2020/07/Monitoreando-Boletin04.pdf
Cuéllar, S.; Quintana, M.; Larrea, D. (2015). Atlas socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia. Fundación Amigos de la Naturaleza: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
FAN / WCS (2021). Incendios forestales en Bolivia-Análisis de impactos de los incendios forestales sobre los valores de conservación en Bolivia, 2020. Fundación Amigos de la Naturaleza FAN: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
FAN (2019). Incendios Forestales en Bolivia 2019. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN): Santa Cruz – Bolivia.
FCBC, SAVIA, WCS y HBN (2012). Plan de Manejo Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis 2013-2023. Elaborado por Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable (SAVIA), Wildlife Conservation Society (WCS) y Huellas, Bienestar y Naturaleza (HBN). Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA: Santa Cruz – Bolivia. Disponible en: https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2021/07/PM-Otuquis.pdf
Fundación Tierra. (2019). Fuego en Santa Cruz: Balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra. Informe Especial. Fundación Tierra: La Paz – Bolivia.
GADSC (2020) Plan estratégico para la implementación del plan de recuperación de las áreas afectadas por los incendios en el departamento de Santa Cruz. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC) – FAO – FAN – FCBC – PNUD.
Gonzales, L., Pinto, M. A., Aponte, M. A., et. Al. (2021). Impacto de incendios forestales en la biodiversidad del Bosque Seco Chiquitano. Informe Técnico. Proyecto Bases del conocimiento para la restauración. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Santa Cruz – Bolivia. Disponible en: https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2021/07/2021_ImpactoIncendios-en-la-biodiversidad.pdf
MMAyA (2018). Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Periodo 2016-2017. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)
MMAyA (2012). Áreas protegidas subnacionales en Bolivia. Situación Actual 2012. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA): La Paz – Bolivia.
Müller, R., Pacheco, P. y Montero, J.C. (2014). El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia. Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. Bogor, Indonesia: CIFOR.
Rodríguez, A. (2014). Incendios y quemas en Bolivia, análisis histórico desde 2000 a 2013. Editorial Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN): Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Romero-Muñoz, A., Fernández-Llamazares, Á., Moraes R., M. et al. (2019). A pivotal year for Bolivian conservation policy. En: Nat Ecol Evol3, 866–869 (2019)
Sernap (2020). Rendición pública de cuentas. Audiencia final gestión 2019. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap): La Paz – Bolivia.
Sernap (2013). Deforestación y regeneración de bosques en Bolivia y en sus áreas protegidas nacionales para los periodos 1990-2000 y 2000-2010. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y Conservación Internacional – Bolivia: La Paz, Bolivia.
SIMB (2022). Quema e incendios forestales. Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB). Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Datos recuperados el 18/10/2022. Disponible en: https://simb.siarh.gob.bo/simb/map_fires
[1] Bolivia se convirtió en los últimos años en el segundo país importador de mercurio del mundo y el primero en la región, superando incluso la demanda de la creciente minería aurífera nacional (Campanini, 2020). En los últimos años, la minería aurífera aluvial presentó un crecimiento histórico y con ello una expansión de sus operaciones en las áreas protegidas (CEDIB, 2020).
[2] Por ejemplo, desde el 2015 Bolivia es uno de los cuatro países cuya biodiversidad se encuentra en riesgo directo alto debido al desarrollo de combustibles fósiles (Romero-Muñoz, 2019)
[3] Sobre todo relacionado a la ampliación de los cultivos de coca (Cauthin, 2021a).
[5] Distintas investigaciones incluso llegaron a establecer que los incendios llegan a triplicar las áreas deforestadas en los bosques tropicales en Sudamérica (Rodríguez, 2014).
[6] El Plan de Recuperación de zonas afectadas por incendios en el departamento de Santa Cruz de la Gobernación cruceña clasifica como incendio forestal cuando afecta una cobertura de bosque o al sotobosque y como quema cuando afecta una cobertura de no bosque (GADSC, 2020).
[7] Datos al 06 de octubre de 2022 señalan una superficie quemada de 2.057.195 ha en toda Bolivia, donde 564.525 ha fueron incendios forestales y 1.492.670 ha quema pastizales (ABT, 2022).
[8] Es importante enfatizar sobre las discrepancias entre los datos de superficie quemada oficiales y las presentadas por organizaciones civiles. Por ejemplo, los datos proporcionados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN, 2019) señalan para el 2019 una superficie quemada de 1.247.339 ha. Mientras para el año 2021 registraban 863.368 ha quemadas (Rodriguez et al., 2021).
[11] Como son los sitios RAMSAR, que son humedales de importancia mundial para la conservación de aves migratorias y estacionarias. Solo en los incendios forestales del 2019 se quemaron 1.961.649 ha de ocho sitios RAMSAR (Gallegos, 2020).
[12] Por ejemplo, los incendios forestales del 2019 afectaron el territorio del pueblo indígena Ayoreo que aún permanece en aislamiento voluntario (Gallegos, 2020).
fundacionsolon.org 
Por Guillermo Villalobos M.
Bolivia posee 22 Áreas Protegidas (AP) de interés nacional, que en conjunto suman unos 17 millones de hectáreas (ha). A estas se añaden otras 25 AP departamentales, con 5 millones de ha y 83 AP municipales con 2 millones de ha. En total, las 130 AP que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del país llegan a representar el 25% del territorio nacional (Sernap, 2020 y MMAyA, 2018).
Estas AP responden a diferentes principios y objetivos de interés nacional. La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 en su artículo 385 establece por AP como un bien común que forma parte del patrimonio natural y cultural del país, y que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. La Ley N° 1333 de Medio Ambiente de 1992, en su artículo 60 define a las AP como aquellas áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país.
Por otro lado, el Decreto Supremo N° 24781 de Reglamento General de Áreas Protegidas de 1997 define a las AP como territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica. Asimismo, su artículo 19 establece seis categorías de manejo, según el grado de actividades humanas permitidas dentro del AP y el objetivo de manejo, estas categorías son: Parque Nacional (PN), Santuario, Monumento Natural, Reserva de Vida Silvestre, Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) y Reserva Natural de Inmovilización.
En total, las AP de interés nacional acogen y protegen once de las trece macro ecorregiones de Bolivia (Sernap, 2020), un patrimonio biológico, natural y cultural invaluable. Sin embargo, estas áreas protegidas se encuentran bajo constante presión y degradación. La creciente deforestación, quemas, expansión agropecuaria y asentamientos en las distintas AP amenazan profundamente la conectividad entre ellas, su integridad y existencia. A lo que se le suman otros actividades que derivan en su degradación como la minería aurífera[1], la exploración y explotación de hidrocarburos[2], la construcción de infraestructuras, las carreteras, la expansión de cultivos ilícitos[3], el narcotráfico, para mencionar algunos (Romero-Muñoz, 2019)[4].
Si bien todos estos procesos son apremiantes y representan serías amenazas a las AP, en este artículo nos enfocaremos en analizar la evolución histórica de dos de los procesos más extendidos e institucionalizados: la deforestación y las quemas.
La información referente a deforestación y quemas en AP es limitada en el país y usualmente suelen ser incongruentes entre las distintas fuentes oficiales. Por lo general, existe mayor disponibilidad de datos históricos para las AP nacionales que para las AP subnacionales; por ello, y con el fin de contribuir a una contextualización general del estado de las principales AP del país, nos enfocaremos exclusivamente en las 22 AP de interés nacional.
Por medio de una búsqueda exhaustiva tanto en fuentes oficiales como en organizaciones de sociedad civil, se logró correlacionar la información disponibles y construir una base de datos, generando así un mapeo general de la evolución histórica tanto de la superficie quemada como de la deforestación en las principales AP de interés nacional.
Incendios forestales en Áreas Protegidas
Junto a la deforestación, los incendios forestales son uno de las principales causas de la pérdida y degradación de los bosques en Bolivia (Gonzales et al, 2021; Rodríguez, 2014)[5]. Estudios recientes resaltan la estrecha relación entre la pérdida y la fragmentación de los bosques (particularmente en las fronteras de la deforestación activa) y la mayor incidencia de los incendios forestales, situación que a la vez proporciona condiciones favorables para una mayor ocurrencia de los incendios (Maillard et al., 2020).
El continuo avance de la frontera agropecuaria es la principal causa de la deforestación y fragmentación del bosque en Bolivia, al igual que uno de los principales desencadenantes de los incendios forestales (Maillard et al., 2020). En gran medida, los incendios forestales se generan debido a quemas descontroladas en las áreas recientemente deforestadas con la finalidad de habilitar nuevos espacios para la actividad agropecuaria (GADSC, 2020; Rodríguez, 2014)[6]. Pero también por las quemas descontroladas sobre áreas deforestadas previamente, fundamentalmente pastizales destinadas a la producción ganadera, la misma que poseen ciclos reiterativos de quema con el fin de generar nuevos pastos (Fundación Tierra, 2019).
Esta situación se refleja en los datos de frecuencia de las quemas sobre tipo de superficie. Diversos estudios de la evolución de las dinámicas de los incendios en el país señalan que, durante los últimos años, existe una predominancia de áreas quemadas por primera vez sobre las áreas con recurrencia de quema, en otras palabras, la superficie quemada es predominantemente sobre áreas nuevas que no registraron quemas en años anteriores (Rodríguez, 2014, Müller, 2014). No obstante, existen variaciones según el año, por ejemplo, en 2020 aproximadamente el 21% de la superficie total quemada correspondía a áreas quemadas por primera vez en relación al periodo 2001 al 2019, y el 79% fueron áreas con diferentes frecuencias de quema entre 2 a 14 veces (FAN/WCS, 2021).
Los incendios forestales tienen una incidencia importante en las AP nacionales. No obstante, existe poca información respecto a superficie quemada en AP en el país, y las cifras oficiales generalmente difieren entre las distintas instituciones estatales y entre los datos proporcionados por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, correlacionado datos de diferentes fuentes nos permite evidenciar como en los últimos doce años, vale decir del 2010 al 2021, los incendios forestales afectaron un total acumulado de alrededor de 5.026.447 ha en AP nacionales, equivalente al 10% del total de área quemada en Bolivia durante ese mismo periodo.
Los picos más altos fueron en 2010, 2015, 2019, 2020 y 2021, donde la superficie quemada en AP nacionales llegó a representar desde el 10% hasta el 23% del total de la superficie quemada a nivel nacional. Estos datos corresponden asimismo a los años pico de mayor superficie quemada en el país[7]. Las mismas que, como observó Rodríguez (2012) y Müller (2014), poseen una frecuencia cada vez más corta entre un evento extremo y otro; repercutiendo significativamente en la capacidad de recuperación de los ecosistemas.
La mitad de las AP nacionales se quemaron entre 2019 y 2021
Los últimos tres años marcan una elevada incidencia de superficie quemada dentro de las AP. De 2019 al 2021 se quemaron alrededor de 2.5 millones de ha en AP nacionales, equivalente al 50% de la superficie quemada en AP nacionales en relación al periodo 20010 al 2021. Siendo el 2019 el año con mayor superficie afectada, con más de 1 millón de ha quemadas en AP nacionales[8].
Si bien en este artículo nos enfocamos en AP de interés nacional, es de resaltar que las AP subnacionales fueron objeto de grandes afectaciones debido a los incendios forestales, algunas veces incluso más que las AP nacionales. En 2019, por ejemplo, en las AP subnacionales se quemaron alrededor de 981.104 ha (FAN, 2019). Mientras que el 2020 la superficie quemada en AP subnacionales alcanzó las 1.279.083 ha, esto es 2.5 veces más que en AP nacionales (FAN/WCS, 2021). Por último, durante el 2021 se quemaron 321.299 ha en AP subnacionales (Rodríguez et al., 2021).
Cinco AP concentraron el 98% del total de la superficie quemada en AP nacionales entre 2019 y 2021: San Matías, Otuquis, Noel Kempff Mercado, Territorio Indígena y PN Isiboro Securé (TIPNIS) y Madidi. El ANMI San Matías fue la AP con mayor incidencia de superficie quemada, concentrando el 66% del total, seguido luego por el PN y ANMI Otuquis con el 22% y el PN Noel Kempff Mercado con 7%[9].
Estas mismas AP, además, son las que poseen mayor porcentaje de quema en relación al total de su superficie. En el ANMI San Matías, por ejemplo, durante el periodo 2019 al 2021 se quemó el 56% de su superficie. Mientras que el 54% de la superficie del PN y ANMI Otuquis, el 12% del PN Noel Kempff Mercado y el 5% del TIPNIS fueron quemados durante los incendios sucedidos durante ese mismo periodo. Por otro lado, si bien el ANMI Madidi se posicionó como la quinta AP con mayor superficie quemada, durante ese mismo periodo solo se quemó el equivalente al 1,2% de su superficie; un porcentaje menor en comparación a otras AP nacionales como PN Tunari (3,1%), ANMI El Palmar (2,6%), PN y ANMI Aguaragüe (2,5%), PN y ANMI Cotapata (2,2%) y PN Carrasco (2,1%).
La recurrencia y magnitud de la superficie quemada en las AP de San Matías, Otuquis, Noel Kempff Mercado, están estrechamente ligada a la actividad ganadera que se desarrolla dentro de las mismas AP, en las zonas de influencia y en los países vecinos de Brasil y Paraguay[10]. El hecho de que tanto el sector ganadero como el empresarial posea la mayor incidencia de quemas por tipo de propiedad agrícola en el departamento de Santa Cruz (Villalobos et al., 2021; Solón 2021), hace de esta actividad pecuaria una de las principales fuentes de ocurrencia y proliferación de los incendios forestales (FCBC et al., 2012).
Proteger la naturaleza para deforestarla
Durante los últimos nueve años, vale decir de 2012 al 2020, en todo Bolivia se deforestaron un total acumulado de 2.073.665 ha, a un promedio anual de unos 230.407 ha, según los datos proporcionados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT, 2021). En dimensión, la superficie deforestada en este período equivale a casi todo el territorio de El Salvador.
Müller et al. (2014) identifican tres causas como los principales motores de la deforestación en Bolivia: la expansión de la ganadería, la expansión de la agricultura mecanizada y en menor medida el crecimiento de la agricultura a pequeña escala. Si bien la agricultura mecanizada fue el principal motor de la deforestación hasta finales del siglo XX, durante las últimas décadas, la ganadería se volvió el principal impulsor de la deforestación en el país (Cuéllar, 2015; Cauthin, 2021b).
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, la deforestación reciente en Bolivia se relaciona no solo al desarrollo de un sector productivo, sino que corresponde también a una política de Estado (Colque, 2022). Plasmadas en la Agenda Patriótica 2025 del año 2013, el gobierno nacional adoptó como meta principal de su política de desarrollo nacional expandir la superficie cultivada del país, impulsar y ampliar el modelo agrícola mecanizado y triplicar el hato ganadero (Colque, 2022). A partir de ese momento, se fue creando un amplio bagaje legal de incentivo y viabilización a la deforestación en el país (Villalobos, 2020).
Como se explicó párrafos arriba, la creciente deforestación por la expansión de la frontera pecuaria y agrícola amenaza de forma directa e indirecta a las distintas AP del país. Estudios recientes señalan a Bolivia como el segundo país en Sudamérica con la proporción más alta de AP bajo intensa presión humana, esto a pesar de tener una de las densidades poblacionales más bajas de la región (Romero-Muñoz, 2019).
Al igual que con los datos de superficie quemada, existe poca información oficial respecto a la superficie deforestada en AP. Los datos más actualizados corresponden a la gestión 2018. Según la correlación de datos de los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de la base de datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) dependiente de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) de ese mismo ministerio, entre 2012 y 2018 la superficie deforestada acumulada en AP nacionales alcanzó las 68.184 ha, un promedio anual de 9.740 ha deforestadas (MMAyA, 2018; SIMB, 2022). Esto corresponde al 4% del total de la superficie deforestada a nivel nacional en ese mismo período.
Durante el periodo 2012 al 2018 las AP nacionales que sufrieron mayor deforestación fueron: PN y ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco, ANMI San Matías, TIPNIS, PN y ANMI Amboró, PN Carrasco, y PN y ANMI Madidi. En total, estas seis AP suman el 80% del total de la superficie deforestada en AP nacionales en el periodo analizado.
Sin embargo, si el análisis se enfoca en términos de superficie deforestada en relación al área con cobertura boscosa del AP, las afectaciones cambian. Por ejemplo, entre 2012 y 2018 en el PN y ANMI Serranía del Iñao se deforestaron poco más de 3 mil ha, equivalentes al 1,4 % de la superficie con cobertura boscosa de esa AP. De esta manera, el PN y ANMI Amboró perdió el 1,4% de su superficie boscosa, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni el 1,3%, el TIPNIS y el PN Carrasco el 1% y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia el 0,8%.
Impactos de la deforestación e incendios forestales sobre las Áreas Protegidas
La deforestación y los incendios forestales tienen profundas consecuencias sobre las AP. La expansión de la frontera agropecuaria y su deforestación asociada, entre otras cosas, erosiona la conectividad – fragmentación – de las AP (Romero-Muñoz, 2019), y esto a su vez posibilita que el fuego pueda expandirse progresivamente hacia su interior (Maillard et al., 2020). Esto es sumamente relevante ya que, si bien un bosque quemado no es equivalente a deforestado, si es un bosque degradado y, por lo mismo, más susceptible de ser nuevamente quemado. De esta manera, dependiendo de la frecuencia y del impacto, los lapsos de recuperación se ven más reducidos culminando eventualmente en área deforestada (Rodríguez, 2014).
Los incendios forestales en AP afectan, asimismo, en diferentes niveles al área de distribución de especies endémicas y amenazadas (anfibios, aves, mamíferos, reptiles, etc.), incidiendo en su capacidad de subsistencia y regeneración, creando un escenario de amenaza a la permanencia de las distintas especies de fauna silvestre[11] (FAN/WCS, 2021). Estas afectaciones se dan sobre todo en áreas con bosques íntegros y/o continuos, las mismas que sustentan altos valores ambientales y de biodiversidad, al igual que los medios de vida de poblaciones indígenas[12] (FAN/WCS, 2021). Sin embargo, los incendios forestales también generan impactos significativos en áreas con bosques más fragmentados, los mismos que cumplen un rol importante como refugio y como corredores de conectividad fundamentales para el desarrollo de la vida silvestre (Maillard et al., 2020; Gallegos, 2020).
Referencias
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CEDIB (2020). Minería aurífera en los ríos del norte de La Paz y Beni. En: Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida. Boletín Informativo N° 4, 28 de julio 2020. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Disponible en: https://cedib.org/wp-content/uploads/2020/07/Monitoreando-Boletin04.pdf
Colque, G. (Coord.) (2022). Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025”. La Paz, Bolivia: TIERRA. Disponible en: https://ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=237&cf_id=52
Cuéllar, S.; Quintana, M.; Larrea, D. (2015). Atlas socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia. Fundación Amigos de la Naturaleza: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
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Villalobos, G. (2020). Las leyes incendiarias en Bolivia. Fundación Solón: La Paz – Bolivia. Disponible en: https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/
[1] Bolivia se convirtió en los últimos años en el segundo país importador de mercurio del mundo y el primero en la región, superando incluso la demanda de la creciente minería aurífera nacional (Campanini, 2020). En los últimos años, la minería aurífera aluvial presentó un crecimiento histórico y con ello una expansión de sus operaciones en las áreas protegidas (CEDIB, 2020).
[2] Por ejemplo, desde el 2015 Bolivia es uno de los cuatro países cuya biodiversidad se encuentra en riesgo directo alto debido al desarrollo de combustibles fósiles (Romero-Muñoz, 2019)
[3] Sobre todo relacionado a la ampliación de los cultivos de coca (Cauthin, 2021a).
[4] Véase también: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/madidi-seis-de-nueve-empresas-mineras-que-sacan-oro-en-el-rio-tuichi-son-ilegales_267894; https://www.cedib.org/biblioteca/ds4667fronterahidrocarburifera2022/
[5] Distintas investigaciones incluso llegaron a establecer que los incendios llegan a triplicar las áreas deforestadas en los bosques tropicales en Sudamérica (Rodríguez, 2014).
[6] El Plan de Recuperación de zonas afectadas por incendios en el departamento de Santa Cruz de la Gobernación cruceña clasifica como incendio forestal cuando afecta una cobertura de bosque o al sotobosque y como quema cuando afecta una cobertura de no bosque (GADSC, 2020).
[7] Datos al 06 de octubre de 2022 señalan una superficie quemada de 2.057.195 ha en toda Bolivia, donde 564.525 ha fueron incendios forestales y 1.492.670 ha quema pastizales (ABT, 2022).
[8] Es importante enfatizar sobre las discrepancias entre los datos de superficie quemada oficiales y las presentadas por organizaciones civiles. Por ejemplo, los datos proporcionados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN, 2019) señalan para el 2019 una superficie quemada de 1.247.339 ha. Mientras para el año 2021 registraban 863.368 ha quemadas (Rodriguez et al., 2021).
[9] Datos al 5 de septiembre de 2022 señalan una superficie quemada de 43 mil ha en el PN y ANMI Otuquis y 42 mil ha en el PN Noel Kempff Mercado. Véase: https://es.mongabay.com/2022/09/incendios-forestales-afectan-al-parque-nacional-noel-kempff-en-bolivia/#:~:text=Idioma-,Incendios%20en%20Bolivia%3A%20m%C3%A1s%20de%2040%20mil%20hect%C3%A1reas%20quemadas%20dentro,Parque%20Nacional%20Noel%20Kempff%20Mercado&text=Los%20incendios%20ingresaron%20a%20dos,regi%C3%B3n%20oriental%20de%20Santa%20Cruz.
[10] Véase: Plan de manejo PN Noel Kempff Mercado, ANMI San Matías y PN y ANMI Otuquis.
[11] Como son los sitios RAMSAR, que son humedales de importancia mundial para la conservación de aves migratorias y estacionarias. Solo en los incendios forestales del 2019 se quemaron 1.961.649 ha de ocho sitios RAMSAR (Gallegos, 2020).
[12] Por ejemplo, los incendios forestales del 2019 afectaron el territorio del pueblo indígena Ayoreo que aún permanece en aislamiento voluntario (Gallegos, 2020).
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