En Bolivia no ha habido una política coherente de transición energética. El sueño de los gobernantes y también de la oposición no es salir de los combustibles fósiles, sino encontrar nuevas reservas, y desear que suban los precios internacionales del petróleo para que se incrementen los ingresos por exportación de gas natural.
El proceso de cambio estuvo muy marcado por la nacionalización de los hidrocarburos. La premisa no fue salir lo más pronto posible de los combustibles fósiles para cambiar la matriz energética del país. Sino encontrar cada vez más gas natural para incrementar las exportaciones, industrializar el país y promover procesos de redistribución del ingreso. Hasta 2014, y gracias a una coyuntura favorable de alza de precios del petróleo, está política de extractivismo populista avanzó e incrementó los ingresos por exportaciones de gas natural, permitió otorgar ciertos bonos a la población, aseguró un precio bajo y subvencionado para los combustibles en Bolivia, cubrió el costo de las importaciones de gasolina especial y diésel oil, y financió algunos proyectos de industrialización de hidrocarburos en Bolivia.
Este extractivismo populista basado en los hidrocarburos comenzó a hacer aguas en 2015 con la caída de las exportaciones y reservas de gas natural. A partir de ese momento el gobierno de Evo Morales articuló un plan de extractivismo hidroeléctrico para compensar la caída de las exportaciones de gas natural. Esta propuesta de transformar a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica fue presentada como parte de una estrategia de transición energética para hacer frente al cambio climático. El proyecto hidroenergético exportador fue incorporado como un esfuerzo para avanzar hacia las energías renovables en la Contribución Nacionalmente Determinada de Bolivia para el Acuerdo de París. En realidad, las mega hidroeléctricas del Chepete, El Bala, Rositas, Cachuela Esperanza y la binacional iban a generar grandes cantidades de gas metano por la inundación de más de dos mil kilómetros cuadrados de biodiversidad en la Amazonia y los valles; además de desplazar a 8.000 pobladores locales y afectar el hábitat de 2.707 especies de plantas y animales13. No obstante, lo que hizo fracasar el plan mega hidroeléctrico exportador fue el hecho de que el gobierno no aseguró primero contratos de compra de electricidad a largo plazo con los países vecinos, ni consideró que los costos de producción de estas megahidroeléctricas podrían estar por encima de los precios de compra por MWh. El discurso mega exportador de electricidad se vino abajo cuando poco a poco los estudios preliminares empezaron a mostrar que no estaban garantizadas las utilidades, ni la capacidad de recuperar la cuantiosa inversión que duplicaría la deuda externa de Bolivia.
El plan mega exportador de electricidad no se hizo realidad, pero si generó el desarrollo de termoeléctricas e hidroeléctricas de mediana escala que duplicaron la oferta (3.589 MW) en relación a la demanda máxima de capacidad instalada en 2021 (1.574 MW). Hasta la fecha el gobierno no logra concretar la única exportación de electricidad de 120 MW a la Argentina y diferentes estudios muestran que más que beneficios traerá riesgos para Bolivia por la grave situación e inestabilidad económica del vecino país.
En 2018 los agrocombustibles (etanol y biodiésel) surgieron no pensando en la transición energética sino en mitigar los graves costos de las importaciones crecientes de gasolina especial y diésel oil. El primer ensayo de gasolina Super Etanol 92 muestra que es absolutamente marginal y que ha tenido un impacto en la reducción de gasolina especial de menos del 0,2% hasta 2020. El análisis de los proyectos de biodiésel, sus promesas e impactos, serán materia de una próxima publicación.
Los proyectos de energías fotovoltaicas y eólicas realizados por el Estado comenzaron en Bolivia en 2014. Su avance es de destacar, pero no es significativo ya que en 2021 contribuyeron solamente con el 4,6% de la electricidad generada. La generación de electricidad está dominada por el Estado y este, aunque se ha abierto a la generación distribuida, no ha adoptado verdaderos mecanismos para promover proyectos fotovoltaicos a nivel residencial, empresarial y comunitario, porque no quiere ver cuestionado su monopolio.
La transición energética en Bolivia está en una encrucijada, o sigue tratando de encontrar parches al modelo extractivista-exportador de hidrocarburos que está en franco declive, o se abre a un nuevo modelo no centrado en las exportaciones, que articule lo estatal con lo comunitario, lo residencial y lo empresarial, que se adelante a la imposibilidad de continuar con los hidrocarburos, y que persiga un cambio no sólo del subsector eléctrico, sino de todos los componentes de la matriz energética, promoviendo un transporte público en base a energías alternativas, frenando la importación de vehículos a combustibles fósiles, e incentivando el desarrollo de proyectos de diferente escala a nivel solar, eólico y pequeñas hidroeléctricas.
La transición energética en Bolivia no será suave ni sin traumas. Después de perder una década tratando de continuar con el modelo extractivista exportador basado en hidrocarburos, se han acumulado tensiones insostenibles a nivel de subsidios, importación de combustibles y generación de renta para el Estado. Un camino es seguir como hasta ahora, postergando el debate en relación al problema e inventando parches, a sabiendas de que se avanza hacia una grave crisis cuando no se puedan mantener los subsidios, ni cubrir las importaciones de carburantes. La única alternativa es anticiparse al desastre, reflexionar abiertamente sobre a dónde nos dirigimos, analizar entre los diferentes sectores sociales las distintas posibilidades, y trazar una ruta crítica que incluya todos los componentes de la transición energética, empezando por la salida de la concepción extractivista y promoviendo medidas de redistribución y redimensionamiento del consumo, democratización de la gestión energética con participación social, establecimiento del derecho humano a la energía y construcción de mecanismos que garanticen efectivamente los derechos de la naturaleza. En el actual contexto la transición energética será compleja y escabrosa, pero es mejor encararla ahora antes que la situación se descontrole.
[13] https://funsolon.files.wordpress.com/2019/02/tunupa-107-color.pdf
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fundacionsolon.org 
En Bolivia no ha habido una política coherente de transición energética. El sueño de los gobernantes y también de la oposición no es salir de los combustibles fósiles, sino encontrar nuevas reservas, y desear que suban los precios internacionales del petróleo para que se incrementen los ingresos por exportación de gas natural.
El proceso de cambio estuvo muy marcado por la nacionalización de los hidrocarburos. La premisa no fue salir lo más pronto posible de los combustibles fósiles para cambiar la matriz energética del país. Sino encontrar cada vez más gas natural para incrementar las exportaciones, industrializar el país y promover procesos de redistribución del ingreso. Hasta 2014, y gracias a una coyuntura favorable de alza de precios del petróleo, está política de extractivismo populista avanzó e incrementó los ingresos por exportaciones de gas natural, permitió otorgar ciertos bonos a la población, aseguró un precio bajo y subvencionado para los combustibles en Bolivia, cubrió el costo de las importaciones de gasolina especial y diésel oil, y financió algunos proyectos de industrialización de hidrocarburos en Bolivia.
Este extractivismo populista basado en los hidrocarburos comenzó a hacer aguas en 2015 con la caída de las exportaciones y reservas de gas natural. A partir de ese momento el gobierno de Evo Morales articuló un plan de extractivismo hidroeléctrico para compensar la caída de las exportaciones de gas natural. Esta propuesta de transformar a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica fue presentada como parte de una estrategia de transición energética para hacer frente al cambio climático. El proyecto hidroenergético exportador fue incorporado como un esfuerzo para avanzar hacia las energías renovables en la Contribución Nacionalmente Determinada de Bolivia para el Acuerdo de París. En realidad, las mega hidroeléctricas del Chepete, El Bala, Rositas, Cachuela Esperanza y la binacional iban a generar grandes cantidades de gas metano por la inundación de más de dos mil kilómetros cuadrados de biodiversidad en la Amazonia y los valles; además de desplazar a 8.000 pobladores locales y afectar el hábitat de 2.707 especies de plantas y animales13. No obstante, lo que hizo fracasar el plan mega hidroeléctrico exportador fue el hecho de que el gobierno no aseguró primero contratos de compra de electricidad a largo plazo con los países vecinos, ni consideró que los costos de producción de estas megahidroeléctricas podrían estar por encima de los precios de compra por MWh. El discurso mega exportador de electricidad se vino abajo cuando poco a poco los estudios preliminares empezaron a mostrar que no estaban garantizadas las utilidades, ni la capacidad de recuperar la cuantiosa inversión que duplicaría la deuda externa de Bolivia.
El plan mega exportador de electricidad no se hizo realidad, pero si generó el desarrollo de termoeléctricas e hidroeléctricas de mediana escala que duplicaron la oferta (3.589 MW) en relación a la demanda máxima de capacidad instalada en 2021 (1.574 MW). Hasta la fecha el gobierno no logra concretar la única exportación de electricidad de 120 MW a la Argentina y diferentes estudios muestran que más que beneficios traerá riesgos para Bolivia por la grave situación e inestabilidad económica del vecino país.
En 2018 los agrocombustibles (etanol y biodiésel) surgieron no pensando en la transición energética sino en mitigar los graves costos de las importaciones crecientes de gasolina especial y diésel oil. El primer ensayo de gasolina Super Etanol 92 muestra que es absolutamente marginal y que ha tenido un impacto en la reducción de gasolina especial de menos del 0,2% hasta 2020. El análisis de los proyectos de biodiésel, sus promesas e impactos, serán materia de una próxima publicación.
Los proyectos de energías fotovoltaicas y eólicas realizados por el Estado comenzaron en Bolivia en 2014. Su avance es de destacar, pero no es significativo ya que en 2021 contribuyeron solamente con el 4,6% de la electricidad generada. La generación de electricidad está dominada por el Estado y este, aunque se ha abierto a la generación distribuida, no ha adoptado verdaderos mecanismos para promover proyectos fotovoltaicos a nivel residencial, empresarial y comunitario, porque no quiere ver cuestionado su monopolio.
La transición energética en Bolivia está en una encrucijada, o sigue tratando de encontrar parches al modelo extractivista-exportador de hidrocarburos que está en franco declive, o se abre a un nuevo modelo no centrado en las exportaciones, que articule lo estatal con lo comunitario, lo residencial y lo empresarial, que se adelante a la imposibilidad de continuar con los hidrocarburos, y que persiga un cambio no sólo del subsector eléctrico, sino de todos los componentes de la matriz energética, promoviendo un transporte público en base a energías alternativas, frenando la importación de vehículos a combustibles fósiles, e incentivando el desarrollo de proyectos de diferente escala a nivel solar, eólico y pequeñas hidroeléctricas.
La transición energética en Bolivia no será suave ni sin traumas. Después de perder una década tratando de continuar con el modelo extractivista exportador basado en hidrocarburos, se han acumulado tensiones insostenibles a nivel de subsidios, importación de combustibles y generación de renta para el Estado. Un camino es seguir como hasta ahora, postergando el debate en relación al problema e inventando parches, a sabiendas de que se avanza hacia una grave crisis cuando no se puedan mantener los subsidios, ni cubrir las importaciones de carburantes. La única alternativa es anticiparse al desastre, reflexionar abiertamente sobre a dónde nos dirigimos, analizar entre los diferentes sectores sociales las distintas posibilidades, y trazar una ruta crítica que incluya todos los componentes de la transición energética, empezando por la salida de la concepción extractivista y promoviendo medidas de redistribución y redimensionamiento del consumo, democratización de la gestión energética con participación social, establecimiento del derecho humano a la energía y construcción de mecanismos que garanticen efectivamente los derechos de la naturaleza. En el actual contexto la transición energética será compleja y escabrosa, pero es mejor encararla ahora antes que la situación se descontrole.
[13] https://funsolon.files.wordpress.com/2019/02/tunupa-107-color.pdf
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