Por Fernando Alcons
Las imágenes de maquinaria pesada ardiendo a orillas del río Boopi concentraron la atención sobre La Asunta durante el último fin de semana. Comunarios intervinieron un campamento minero, quemaron parte de la maquinaria y retuvieron otras unidades, después de varias denuncias de actividades mineras ilegales, afectaciones ambientales y el desvío del cauce del río cercano a varias comunidades.
El cabildo realizado después de los hechos aprobó ocho determinaciones entre las cuáles figura la decisión de avanzar hacia “cero minería” en el municipio de La Asunta para evitar graves impactos ambientales y preservar sus medios de vida.
La Asunta colinda con los municipios de Palos Blancos y Alto Beni que ya se han declarado libres de minería y que han logrado suspender más de medio centenar de trámites mineros en sus territorios. En ambos municipios, comunidades interculturales e indígenas rechazaron el avance de la actividad minera porque afectaba su producción agroecológica que cuenta incluso con certificaciones internacionales para la exportación de cacao orgánico.
Las leyes de municipios libres de minería de Palos Blancos y Alto Beni fueron aprobadas en 2021por sus respectivos Consejos Municipales. En 2023 el juez de Palos Blancos, ante una Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo, exhortó a las autoridades de ambos municipios a presentar a la AJAM los planos geo referenciados de las áreas que debían ser restringidas. En julio de 2024 las autoridades municipales, con el respaldo masivo de las organizaciones agrícolas campesinas e indígenas del pueblo Mosetén, presentaron los planos de sus municipios acompañados del fallo del juez de Palos Blancos que para entonces ya tenía una sentencia en revisión favorable del Tribunal Constitucional Plurinacional. Frente a la determinación de los municipios y la justicia, la AJAM en 2024 procedió a suspender todos los trámites que estaban en curso, no existiendo en la actualidad actividad minera en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni.
En 2025, las autoridades originarias de Jach’a Karangas, también reafirmaron su mandato de “Cero Minería” en su territorio ancestral.
Así mismo, en abril de 2026 el municipio de Caranavi aprobó una ley municipal de “Cero Actividad y Contaminación Minera” que aún no ha sido entregada de manera oficial a la AJAM con los planos geo referenciados para que esta proceda a la restricción de la otorgación de derechos mineros.
Las denominaciones pueden ser distintas. Unos hablan de “territorios libres de minería”, otros de “cero minería”, pero en si todos apuntan a frenar el avance del oro que está destruyendo los ríos, los bosques, contaminando comunidades y pueblos indígenas, y afectando severamente la vocación agroecológica y ecoturística de varios municipios.
La maquinaria quemada será probablemente la imagen más visible de lo sucedido en La Asunta. Sin embargo, detrás del humo comienza a distinguirse un proceso menos espectacular pero quizá más trascendente: la urgencia de paralizar toda nueva otorgación de derechos mineros para salvar la vida en el norte de La Paz. En el caso de La Asunta esto es urgente ya que según el Director Nacional de la AJAM en el rio Boopi que cruza este municipio hay 164 solicitudes mineras, y sólo 7 contarían con un derecho preconstituido que les permite operar.
