Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por caso TIPNIS

El 8 de noviembre de 2017, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en su cuarta sesión realizada en Bonn, Alemania, escuchó el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) presentado por el presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, Fabián Gil y la presidenta de la Organización de Mujeres del TIPNIS Marqueza Teco Moyoviri de Maleca (ver resolución del TIDN sobre el TIPNIS). Continúa leyendo Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por caso TIPNIS

TUNUPA 104: Consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado de los Pueblos Indígenas

Invitamos a leer el TUNUPA Nº104 dedicado al tema de la Consulta y Consentimiento a los pueblos indígenas en Bolivia. Formato PDF

Índice: 

Mega Hidroeléctricas: La “consulta” sin consentimiento

En los Términos De Referencia (TDR) de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de las mega hidroeléctricas de El Bala-Chepete (Beni) y Rositas (Santa Cruz) se establece una “consulta pública” que no guarda ninguna relación con la consulta libre, previa e informada establecida en el Artículo 30 y el Artículo 352 de la Constitución Política del Estado, ni con el Convenio Nº169 de la OIT o con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Continúa leyendo Mega Hidroeléctricas: La “consulta” sin consentimiento

La consulta a los pueblos indígenas en el sector de hidrocarburos

La consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas en el sector de hidrocarburos está reglamentada en Bolivia por el Decreto Supremo 29033 de 16 de febrero de 2007. Esta norma establece los procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas (exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y distribución de gas natural por redes) en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso.

Según esta norma el proceso de consulta tiene las siguientes características:

07.PNGEsta norma ha sido modificada en tres oportunidades por los Decretos Supremos 29124, 29574 y 2298 con el objetivo de acelerar el proceso de consulta en perjuicio de los pueblos indígenas. El Decreto Supremo 2298 establece que en los casos que no pueda desarrollarse o concluirse el proceso de Consulta y Participación por causas no atribuibles a la autoridad competente, ésta emitirá una resolución administrativa para concluir con el proceso de Consulta y Participación. Esta resolución administrativa será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental, y pasar a la fase de ejecución de las actividades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la consulta para el consentimiento previo, libre e informado

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una instancia legalmente vinculante y cuya jurisdicción es reconocida por Bolivia. Esta Corte ha emitido sentencias con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado. Su jurisprudencia es una de las fuentes de derecho más importantes al respecto.

En su sentencia del año 2012 sobre el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador señala en el parágrafo 177: “La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por último, la consulta debe tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. El incumplimiento de esta obligación, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, comprometen la responsabilidad internacional de los Estados.”

Y en el parágrafo 186 remarca que “la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como ‘un verdadero instrumento de participación’ ‘que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas’”.

En ese sentido, la Corte señala que “la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”.

Así mismo, la Corte en el parágrafo 205 determina que “los Estudios de Impacto Ambiental ‘sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad’, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, ‘con conocimiento y de forma voluntaria’”.

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Fiscal rechaza denuncia contra Rafael Archondo y Pablo Solón

Hoy, 2 de Marzo, llegue a mi apartamento con una sopa de maní y otra de chairo. Caminaba con la cabeza baja controlando que mis dos sopas no sufrieran ningún percance. De repente al levantar la mirada me tope con estas hojas pegadas a la puerta. Mi primera reacción fue de sorpresas. Luego las empecé a leer con detenimiento:

“La suscrita Fiscal de materia… RECHAZA LA DENUNCIA a favor de RAFAEL JOSÉ ARCHONDO Y PABLO SOLÓN ROMERO OROZA por el supuesto delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y ANTICIPACIÓN O PROLONGACIÓN DE FUNCIONES….”

Volví a leer nuevamente hasta estar seguro. Una sonrisa se dibujo en mi rostro y con mucho trabajo empecé a desprender la cinta adhesiva.

Todo empezó, el 26 de septiembre del 2016, por una acusación que presentó el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción alegando que cuando era Representante Permanente de Bolivia ante la ONU nombré a Rafael Archondo Quiroga como mi sucesor en esa misión diplomática. La acusación era totalmente tirada de los pelos y la prueba mas contundente de que no hubo ningún delito es que ni el Canciller, ni el Vicecanciller, ni el Presidente que lo visitaron a Rafael Archondo durante sus 14 meses de gestión al frente de la Mision Permanente de Bolivia ante la ONU denunciaron los supuestos delitos de “nombramiento ilegal” y “anticipación o prolongación de funciones”.

En mi descargo presente 103 cartas oficiales dirigidas desde altas autoridades y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al Emb. Rafael Archondo Quiroga, Representante Permanente Alterno de la Misión de Bolivia ante la ONU. Este centenar de notas muestra sin lugar a dudas que Archondo era el Representante Permanente Alterno y que el denominativo de “embajador” era ampliamente usado al dirigirse a este alto funcionario.

En su resolución de rechazo de la denuncia, la Fiscal de Materia dice textualmente “que la parte denunciante no propuso actuados investigativos útiles y pertinentes para esclarecer los hechos denunciados y de esta manera probar la denuncia realizada…”

En consecuencia “Vencidos los plazos previstos y permitidos por ley para la etapa preparatoria y las investigaciones preliminares, habiéndose superado el tiempo prudente establecido de manera superabundante y verificando que no se tienen elementos suficientes que sustenten la denuncia, tanto en la existencia real del acto delincuencial tipificado, como de la participación del encausado en el mismo…. se RECHAZA LA DENUNCIA…”

Ahora, el Ministerio de Justicia tiene cinco días para objetar esta resolución ante el Fiscal Departamental y este tiene diez días para revocar o ratificar el rechazo. El caso no está terminado. Muchas cosas pueden pasar. Sin embargo, hoy nadie me borra esta sonrisa.

Pablo Solón

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Características de la Consulta para el Consentimiento Libre Previo Informado y de Buena Fe


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Los elementos de la consulta para un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe están interrelacionados y no deben ser aislados o fragmentados. El objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas antes de la adopción y aplicación de cualquier ley, proyecto u acción susceptible de afectarlos (previo), no debe haber interferencias ni presiones (libre), debe facilitar toda la información de manera oportuna, objetiva, precisa y adecuada (informado), debe darse en un clima de confianza (buena fe) y respetando los usos y costumbres, formas de organización y autoridades de los pueblos indígenas.

Consulta y Consentimiento en la Constitución de Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia contiene un capítulo especial sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y cuatro de sus artículos desarrollan el tema de la consulta libre, previa, informada y de buena fe.03Según estos artículos:

• La consulta libre, previa, informada y de buena fe es un derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y una obligación del Estado Plurinacional de Bolivia.

• Esta consulta se debe aplicar cada vez que se prevean medidas legislativas, ejecutivas o administrativas susceptibles de afectarles. Es decir que antes de la aprobación de un decreto, una ley, una licitación, o la firma de un contrato que pudiera afectar a una comunidad o pueblo indígena originario campesino el Estado debe realizar esta consulta.

• Esta consulta libre, previa, informada y de buena fe debe ser concertada con los pueblos indígenas involucrados. Es decir que el gobierno tiene que acordar previamente con la población a ser consultada cuándo, dónde y a través de qué procedimientos se realizará la misma.

• Esta consulta debe realizarse respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, es decir sus usos y costumbres, sus autoridades e instituciones.

El Artículo 30 de la Constitución pareciera limitar la consulta sólo a los casos de explotación de recursos naturales no renovables (ej. hidrocarburos, minerales y otros) que se encuentren territorios indígena originario campesinos. Sin embargo, el propio Artículo 30. II. señala que la consulta procede cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Además, esta disposición más general es respaldada por el Bloque de Constitucionalidad, establecido en el Artículo 256 de la Constitución, que eleva a rango constitucional tanto al Convenio Nº 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y que de manera textual dice: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.

La referencia al Bloque de Constitucionalidad, para una interpretación más garantista del texto constitucional, también está reforzada por el Artículo 13 de la Constitución, que establece que “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. Esta disposición abre la posibilidad para una ampliación en la interpretación de los Derechos Humanos, considerando que los derechos colectivos de los pueblos indígenas forman parte del Bloque de Constitucionalidad.

Por otra parte, el carácter genérico de la consulta para todas las situaciones que los afectan también está reforzado por el Artículo 304 sobre las facultades de las autonomías indígenas. Además, cabe señalar que según el Artículo 403 las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en su territorio, lo que significa que cualquier aprovechamiento o afectación a estos recursos naturales debe realizarse con la autorización y la posterior participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El Artículo 352 amplía la consulta libre previa e informada a la población afectada por la explotación de recursos naturales en un territorio. Es decir que la población no indígena a ser afectada por una mina, hidroeléctrica, exploración petrolera u otra actividad de explotación de recursos naturales, también tiene el derecho a ser consultada de manera libre, previa e informada.

Una debilidad del texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es que no menciona de manera explícita que el objetivo de la consulta a los pueblos indígenas es obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo, en torno a las medidas que se pretenden ejecutar. Tanto en el Convenio Nº169 de la OIT como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se establece la obligación de los Estados de consultar de buena fe a los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Esto es muy importante ya que no se trata de consultar sólo para informar o discutir medidas de compensación, sino para obtener el consentimiento, el acuerdo de los pueblos indígenas para decidir si ese proyecto que los pueda afectar se realiza o no.

Historia de la Obligación Internacional de Bolivia para la Consulta a los Pueblos Indígenas

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El Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1957, fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los Estados al respecto. Este convenio usaba términos condescendientes e incluso hacía referencia a estas poblaciones como “menos avanzadas” promoviendo una visión desarrollista.

El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, adoptado en 1989, contempla varias medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Estas consultas deben “efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Bolivia ratificó el Convenio Nº169 el año 1991.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas -después de más de dos décadas de negociación- fue adoptada el año 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un año más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó con el voto a favor de 143 estados. El Artículo 19 de esta declaración dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

El 7 de noviembre de 2007, mediante Ley Nº 3760, Bolivia eleva a rango de ley los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum y promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de su Artículo 256 eleva a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como son el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Sombath Somphone: Your spirit is also in Bolivia

Today I found this letter. I looked for it because it’s December and on the 15th of December of 2012, Sombath Somphone was abducted in Vientiane. After five years, the Lao Government still has not clarified his disappearance.

Dear Sombath

Today (May 30 2015) I left Asia. Among my memories yours is for sure the most brief and none the less the most deepest. We meet very shortly in Vientiane during the Asia Europe Peoples Forum in 2012 and we shacked hands saying that we would continue chatting. Nonetheless, that never happened. Few months later you were last seen going into a police station and since then the authorities of Laos have never giving an explanation of what happened to you. Continúa leyendo Sombath Somphone: Your spirit is also in Bolivia

TIPNIS: la saga por los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas

Por Pablo Solón

[English version] La historia de TIPNIS es una historia de dignidad, lucha, gloria, traición, heroísmo, represión, victoria y nueva traición contra los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Continúa leyendo TIPNIS: la saga por los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas

TIPNIS: the saga for the rights of nature and indigenous people

by Pablo Solón

[Versión en español] The story of TIPNIS is a story of dignity, struggle, glory, betrayal, heroism, repression, victory and renewed betrayal against the rights of Mother Earth and of indigenous people. Continúa leyendo TIPNIS: the saga for the rights of nature and indigenous people

Cepite, agua misteriosa

Quijote de Solon

Alfonso Gumucio, Bitácora memoriosa

Además de su obra plástica monumental y de su compromiso con Bolivia, nuestro querido Walter Solón Romero nos dejó otro legado: la Fundación Solón que desde 1994 se ha dedicado no solo a mantener, conservar, exhibir y difundir en la casa-museo de la Av. Ecuador la obra de de nuestro gran artista plástico, sino también a indagar de manera inédita la realidad del país y aportar investigaciones sobre temas tan cruciales como el agua. Continúa leyendo Cepite, agua misteriosa

103 evidences of the false accusation against Solon and Archondo

Versión en español

While on July 27 the Minister of Justice and Transparency stated that the case against Pablo Solón and Rafael Archondo for alleged crimes of “Illegating Appointments,” “Failure of Duties” and “Anticipation and Prolongation of Functions” was turned over to the Ministry of Foreign Affairs, on Monday, August 21 at 2:45 pm Pablo Solón was summoned to testify to the Public Prosecutor’s Office. In his statement, Solon issued 103 official letters or notes from senior officials and officials of the Ministry of Foreign Affairs to Ambassador Rafael Archondo Quiroga, Alternate Permanent Representative of the Bolivian Mission to the UN. These hundred notes undoubtedly show that Archondo was the Alternate Permanent Representative and that the word “ambassador” was widely used when addressing higher officials. The notes are mostly from the Deputy Minister of Foreign Affairs, Juan Carlos Alurralde, and other Deputies of Foreign Affairs, many ad interim at the time, Fernando Huanacuni Mamani, Esteban Elmer Catarina and José Crespo Fernández. Other communications with the same titling of “Ambassador” were underlined in the notes referring to correspondence from the Chief of Staff of the Chancellor, the State Ceremonial Directorate, the General Directorate of Administrative Affairs and the General Directorate of Legal Affairs (see list below).
The dossier of notes and other proofs annexed to Solon’s declaration proved that Rafael Archondo Quiroga was indeed the Alternate Permanent Representative of the Mission of Bolivia to the UN and that Pablo Solón only introduced him to officials at the United Nations. They also show that, under common law referred in Bolivia as “usos y costumbres”, the term “ambassador” was used as a word of distinction to refer to people who exercised high diplomatic duties.

 

Fax huanacuni

In these notes, in many cases, the high officials of the Ministry of Foreign Affairs use the term “ambassador” or “Amb.” to refer to their own person because, by common law, they were called “ambassadors,” although they did not have an express designation as such, as were the cases of many deputies and the then Director of State Ceremonial. This form of common law was subsequently regulated by Law No. 465 of the Foreign Service at the Plurinational State of Bolivia on December 23, 2013. Articles 7, 8 and 9 point that both the Minister, Deputies and the General Directors in the Ministry of Foreign Affairs have the rank of Ambassador. In other words, until the end of 2013, many of the people who held these positions used the term “ambassador” because in their daily practice they related to foreign ambassadors even though there was no formal ambassadorial designation by the President of Bolivia.

 

LIBRO AZUL

Additionally, Pablo Solón presented a list of Permanent Representatives and Alternate Permanent Representatives to the UN that Bolivia has had from 2004 to 2016, based on the records of the UN Protocol Department, to demonstrate how both representatives held posts and to explain that both were responsible for important roles and parallel functions, and that the alternate is not only a substitute. Likewise, he showed that Rafael Archondo was not the only Alternate Permanent Representative who was called “ambassador” and that the Permanent Representatives appointed by the President and ratified by the Senate are classified as Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary.

 

Furthermore, Pablo Solón stated that there was no fraud or economic damage to the State in the alleged acts of which they were accused them as evidenced by the Deputy of the Fight against Corruption. At the end of his statement, he expressed surprise that no authority questioned the actions of his person or Rafael Archondo for more than six years, and that it is striking that this case is submitted to criminal proceedings without an internal process beforehand inside the Ministry of Foreign Affairs.

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Versión en español

 

103 evidencias de la falsa acusación contra Solón y Archondo

English version

A pesar de que el 27 de Julio el Ministro de Justicia y Transparencia declaró que el caso contra Pablo Solón y Rafael Archondo por supuestos delitos de “Nombramientos Ilegales”, “Incumplimiento de Deberes” y “Anticipación y Prolongación de Funciones” había pasado a la Cancillería, el lunes 21 de Agosto a las 14:45 Pablo Solón fue citado a declarar a la Fiscalía. En su declaración Solón dio a conocer 103 cartas oficiales dirigidas desde altas autoridades y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al Emb. Rafael Archondo Quiroga, Representante Permanente Alterno de la Misión de Bolivia ante la ONU.Este centenar de notas muestra sin lugar a dudas que Archondo era el Representante Permanente Alterno y que el denominativo de “embajador” era ampliamente usado al dirigirse a este alto funcionario. Las notas son en su mayoría del Viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde y de los Viceministros de Relaciones Exteriores a.i., Fernando Huanacuni Mamani, Esteban Elmer Catarina y José Crespo Fernández. Así mismo figuran otras comunicaciones con el mismo denominativo de “embajador” de la Jefe de Gabinete del Canciller, de la Dirección de Ceremonial del Estado, de la Dirección General de Asuntos Administrativos y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (Ver listado de notas abajo).

Este conjunto de documentos y otros más que se anexaron a la declaración prueban que efectivamente Rafael Archondo Quiroga era el Representante Permanente Alterno de la Misión de Bolivia en la ONU y que Pablo Solón sólo lo presentó ante las Naciones Unidas. Así mismo evidencian que por usos y costumbres el término de “embajador” era empleado como denominativo de distinción para referirse a personas que ejercían altas funciones diplomáticas.

En las referidas notas, en muchos casos los propios altos funcionarios de la Cancillería usan el denominativo de “embajador” o “Emb.” para referirse a sus propias personas porque por usos y costumbres se les decía también “embajadores” a los Viceministros y Director de Ceremonial del Estado aunque no contaban con una designación expresa al respecto.

Este uso y costumbre de alguna forma fue posteriormente normado por la ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia el 23 de diciembre del 2013. Esta ley en sus artículos 7, 8 y 9 señala que tanto el Ministro, los Viceministros y los Directores Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen el rango de Embajador. En otras palabras, hasta fines del 2013 muchas de las personas que ejercían estos cargos usaban el denominativo de “embajador” porque en su práctica cotidiana se relacionaban con otros embajadores de otros países aunque no existía una designación formal de embajador por el Presidente de Bolivia.

De otra parte, Pablo Solón presentó una relación de los Representantes Permanentes y Representantes Permanentes Alternos ante la Organización de las Naciones Unidas que ha tenido Bolivia desde el 2004 hasta el 2016, basados en los libros del Servicio de Enlace y Protocolo de las Naciones Unidas, para demostrar cómo estos se sucedieron en el tiempo y explicar como ambos juegan un rol y una función paralelas muy importantes, y que el alterno no es solamente un suplente. Así mismo, mostró que Rafael Archondo no fue el único Representante Permanente Alterno al que se le decía “embajador” y que los Representantes Permanentes designados por el Presidente y ratificados por el Senado figuran con el rango de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios.

Pablo Solón hizo constar que no hubo dolo ni daño económico al Estado en los supuestos hechos de los que los acusan según se evidencia por los propios documentos presentados por la parte acusadora que es el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción. Al terminar su declaración expresó que le sorprende que ninguna autoridad cuestionara el accionar de su persona o Rafael Archondo durante más de seis años, y le llama la atención que este caso se presente por la vía penal sin que hubiera existido antes un proceso interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

English version

TIPNIS: De la tragedia a la farsa

[Pablo Solón, 8 de Agosto de 2017] Carlos Marx escribió en El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice, en alguna parte, que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten, para decirlo de alguna manera, dos veces. Pero se olvidó agregar: la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa”. 

Hoy la historia del TIPNIS se vuelve a repetir seis años más tarde. Ayer fue como tragedia del proceso de cambio, hoy es una farsa inexplicable en el cual se invoca una consulta amañada a los indígenas en nombre de un pretendido “desarrollo” que supuestamente estaría prohibido por la “intangibilidad” del TIPNIS, que establece la ley 180 aprobada por la mayoría parlamentaria del gobierno, y promulgada por el propio presidente Evo Morales el 24 de Octubre de 2011.

El debate sobre por qué quieren anular ahora la ley 180 se ha vuelto una discusión que sólo engendra vergüenza ajena cuando escuchamos decir al Vicepresidente: “estamos hablando de la intangibilidad, que significa que usted no puede sacar una hoja, usted no puede levantar una rama, usted no puede tocar nada, es decir, no puede hacer una escuela, un hospital, no puede hacer perforaciones para colocar agua potable para los compañeros”. ¿Será que los indígenas del TIPNIS han vivido sin levantar ni una sola rama durante estos últimos seis años? o ¿creerá el vicepresidente que no sabemos leer noticias como esta del 15 de agosto del 2015 en la que el titular dice “El Gobierno entrega escuelas en el TIPNIS“?

Para ponerle más condimento a esta comedia, el Viceministro de Transporte declara cuatro días después del Vicepresidente “Podemos señalar que tenemos un territorio del TIPNIS con explotación forestal, hay concesiones en el área de turismo, pistas clandestinas que están instaladas, hay caminos y sendas que abrieron las empresas madereras, hay concesiones de pesca y caza, hay 50 mil hectáreas de actividad ganadera y hay una industria de cuero y carne de lagarto“. ¿En que quedamos? ¿No que “no se puede tocar nada” por la “intangibilidad” del TIPNIS según el Vicepresidente,  y ahora su Viceministro afirma que hay de todo en el TIPNIS? Si la intangibilidad prohibe hasta “levantar una sola rama” ¿cómo es posible que el gobierno ha permitido que se instalen concesiones de turismo, aprovechamiento de madera, caza, pesca, industrias de cuero y carne de lagarto e incluso pistas de aterrizaje?

Pero la farándula continua cuando el Viceministro afirma que “el TIPNIS es la ruta del narcotráfico”. De ser así ¿cuál es el origen de la materia prima que utiliza dicha ruta del narcotráfico? ¿Será la hoja de coca del Perú o quizás la de Colombia que es traída en avionetas a esas pistas clandestinas para ser transformada en pasta base o cocaína? Cualquiera que conoce la zona sabe la respuesta y el Viceministro lo único que hace es dispararle en el pie a los productores de hoja de coca del Chapare.

Hace cuatro días el TIPNIS era un rincón marginado del progreso por “ambientalistas coloniales” según el Vicepresidente, hoy resulta que el TIPNIS es un antro del narcotráfico que será limpiado gracias a una carretera. Cada día los voceros del gobierno esgrimen un argumento diferente: árboles intocables, imposibilidad de hacer escuelas, existencia de 50 mil hectáreas de actividad ganadera y rutas del narcotráfico de una materia prima de origen desconocido… Hemos pasado de la tragedia a la farsa, como diría Carlos Marx.

Hace casi seis años escribí esta carta pública al Presidente Evo Morales cuando consideraba que el conflicto de la carretera por el TIPNIS era una tragedia. Hoy la releo pensando en este nuevo momento en el cuál la burla a la inteligencia de los bolivianos ha tomado el centro de la escena.

 

Septiembre 28 del 2011 – [English version]

Presidente y Hermano Evo Morales

Desde el 2006 Bolivia ha mostrado liderazgo al mundo en entorno a los desafíos mas cruciales de nuestro tiempo. Hemos logrado la aprobación del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento en las Naciones Unidas, e impulsado una visión de sociedad basada en el Vivir Bien en vez del consumismo.

No obstante, debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera “imperdonable” los derechos humanos.

Cómo país impulsor del Día Internacional de la Madre Tierra tenemos la gran responsabilidad de dar el ejemplo a nivel mundial. Nosotros no podemos repetir las recetas del “desarrollismo” fracasado que ha llevado a la relación de la humanidad con la Madre Tierra a un punto de quiebre.

Es incomprensible que promovamos la realización de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para el 2014 si no somos vanguardia en la aplicación de la “consulta previa, libre e informada” a los pueblos indígenas dentro de nuestro propio país.

La Octava Marcha Indígena tiene planteamientos incoherentes e incorrectos en relación a temas como hidrocarburos y la venta de bonos de carbono de los bosques que mercantilizan la Madre Tierra (conocido como REDD). Pero su preocupación por la construcción de la carretera es justa.

Miles de delegados de los cinco continentes que participaron en la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra están profundamente contrariados por la posición del gobierno de Bolivia.

El conflicto del TIPNIS nunca debió haber existido. La integración caminera es necesaria pero no a través del “Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure” (TIPNIS). Es cierto que será mas caro construir una carretera que no va a través del TIPNIS. Pero tratar de ahorrar 200 o 300 millones de dólares sin tomar cuenta los costos socio ambientales es ir en contra de los principios del Vivir Bien.

Para cerrarle el paso a la derecha que quiere instrumentalizar la protesta para retornar al pasado debemos ser mas consecuentes que nunca en la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra.

Aun es posible resolver esta crisis si se suspende definitivamente la construcción de la carretera a través del TIPNIS, llevamos a la justicia a los responsables de la represión a la marcha indígena, e iniciamos un amplio proceso participativo de debate nacional para definir una nueva agenda de acciones en el marco del Vivir Bien.

Pablo Solón

Más allá del TIPNIS

Confesiones de un ex viceministro sobre los verdaderos móviles 

[Pablo Solón, agosto 4-2017] El 24 de septiembre del 2011, un día antes de la intervención a la VIII marcha del TIPNIS, Marcos Farfán, en esa entonces Viceministro de Gobierno, dio la siguiente explicación a un grupo de policías que quedó registrada en un video que se filtró a la prensa:

“Hay que tener una visión global, integral del tema, aunque se reduzca al operativo que vamos a llevar mañana adelante, pero tiene que ver con temas de fondo en relación a lo que establece nuestra Constitución Política y el programa por supuesto que se ha planteado, que radica en industrializar, carreteras, hidroeléctricas, electricidad, energía.

Pero están con este programa tratando de evitar que se lleve adelante. Tienen sus objetivos políticos ahí atrás. (Mientras) menos pueda dar cumplimiento a sus programas este gobierno, menos posibilidades va tener en el futuro de ganar más votos.

Porque si no producimos, no creamos industrias, no construimos carreteras, no diversificamos la producción, no transformamos nuestro gas en otro elemento, no generamos valor agregado a nuestro producto, este gobierno va a fracasar. Todo se viene al tacho. Este es el objetivo de fondo que se tiene, para decir estuvo el Evo con sus lindas propuestas pero no las cumplió. No las cumplió porque hay este tipo de elementos que ponen trabas y obstáculos para que se pueda dar cumplimiento a eso que no es en función de nadie mas que del país. Un país que hemos estado reducidos al atraso, a la dependencia económica, a la dependencia política durante años y años y años.

Lo que necesitamos es consolidar nuestra soberanía como nación. Para ser soberanos tenemos que ser productivos, ricos como nación, para ser ricos tenemos que producir e industrializar nuestro país.

Gracias por escucharme no tenía mucho que ver con el tema pero creo que es importante aclarar estos elementos que tienen que ver con todos los bolivianos, policías no policías, con todo el país. Pero en ese marco es que estamos, lamentablemente, entrando a realizar este operativo… Mañana vamos a estar trabajando”.

El tema central del “operativo” no era el peligro de enfrentamiento entre indígenas y colonizadores, ni la importancia de la carretera por si misma, sino la necesidad de evitar que algunos “elementos” sigan poniendo “trabas y obstáculos” al “programa” de “industrializar, carreteras, hidroeléctricas, electricidad, energía”.

El TIPNIS es más que el TIPNIS. En el TIPNIS, el gobierno no sólo ve el problema de una carretera sino la necesidad de sentar un precedente, de afirmar su autoridad para imponer sus obras que supuestamente harían rica y soberana a Bolivia y… le traerían más votos para su reelección. A seis años de haber sufrido la derrota de la aprobación de la ley 180, el gobierno relanza el tema de la carretera por el TIPNIS para enviar una señal contundente de que no va a permitir más que “pequeños grupos” frenen o pongan en duda sus mega proyectos.

El gobierno de Evo Morales tiene la mayoría en el parlamento para aprobar una ley que abrogue la intangibilidad del TIPNIS. Sin embargo: ¿tiene la razón?

¿Es posible realmente en el siglo XXI implementar una visión de industrialización del siglo pasado con mega represas, ingenios azucareros, industrias del plástico, agroindustria transgénica, minería a cielo abierto y energía nuclear? ¿No está siguiendo el gobierno del MAS los mismos pasos de Trump que fracasará en el intento de reabrir las minas de carbón porque ya no son competitivas frente a una energía solar y eólica en franca expansión?

La visión de industrialización que tiene el gobierno es suicida. No son unos pequeños grupos los que se oponen a sus grandes proyectos: es la realidad.

El Bala y el Chepete no verán la luz porque no son rentables con los precios actuales de la electricidad. Si llegan a construirlos serán una lapida gigante en el Amazonas que triplicará la deuda externa de Bolivia. Lo mismo ocurrirá con el centro de investigación nuclear. Generar electricidad a partir de fisión nuclear será cada vez más un resabio del pasado. Es un verdadero despropósito hervir agua para mover un generador eléctrico con una reacción nuclear que deja deshechos radiactivos, cuando las tecnologías de aprovechamiento de la energía solar están en pleno auge. Es como apostar a las maquinas de escribir cuando ya estamos entrando a la era de las computadoras de inteligencia artificial.

El siglo XXI es un siglo marcado por el desequilibrio del sistema de la Tierra que tiene una de sus manifestaciones en el cambio climático. Los países más avanzados del siglo XXI serán aquellos que logren preservar, regenerar y convivir con la naturaleza. Un país sin bosques y con ríos secos o contaminados será más vulnerable a los impactos ambientales crecientes. Cada año será más caliente que el anterior. Desforestar cientos de miles de hectáreas por año, en nombre de una expansión agroindustrial que nunca llega, y que sobre todo beneficia a unas pocas elites ligadas a capitales extranjeros es una verdadera locura. Apostar a ser un país extractor y exportador de combustibles fósiles (gas y petróleo) cuando en el siglo XXI la realidad empuja a dejarlos bajo la tierra es otra política suicida. Lo mismo podemos decir del plástico, del azúcar, del papel… Todos ellos fueron grandes símbolos de desarrollo en el siglo XX, pero son un gran flagelo en este siglo.

El siglo XXI nos obliga a repensar nuestro futuro. No se trata de volver al pasado de una vida silvestre sino de imaginarnos un tipo diferente de porvenir en el que saltemos etapas y no sigamos el ejemplo trágico de los país desarrollados que destrozaron la Tierra.

El potencial más grande que tiene Bolivia está en sus pueblos y en la naturaleza. Lejos de partir en dos el TIPNIS para construir una carretera que muy bien podría tener otro trazo, deberíamos pensar en como recuperar nuevas áreas de nuestro territorio para que sean como el TIPNIS. El futuro de la humanidad y de la vida en la Tierra depende de que cada vez hayan más TIPNIS en el planeta. Esto significa que envés de pensar en términos de una agroindustria de transgénicos tenemos que promover una agro-forestería ecológica. Destruir el bosque para producir alimentos es un absurdo. El bosque es una gran fuente de alimentos, medicinas y lluvia cuando sabemos convivir con él.

En el siglo XXI, un desarrollo a costa de la naturaleza es una locura suicida. Construir un nuevo modelo de bienestar para todos no es una tarea que se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere de una transición y de que se vayan abandonando gradualmente una serie de prácticas obsoletas para ir incorporando lo más pronto posible otras alternativas ecológicas más acordes con las necesidades de nuestro tiempo. El gran problema es que el gobierno apuesta por una visión del siglo pasado como si fuera la salvación del mañana. La oposición parlamentaria de derecha enarbola la bandera del TIPNIS pero en realidad no entiende su verdadero significado porque está anclada igualmente en el pasado.

El verdadero debate sobre el TIPNIS es muy profundo. La confesión filmada del ex viceministro de Gobierno no condujo al enjuiciamiento de quienes reprimieron a la VIII marcha Indígena por el TIPNIS. Sin embargo, sus palabras develan la locura de un gobierno empecinado en implementar un modelo de desarrollo que esta a contramarcha de la realidad del siglo XXI.

Gobierno de Bolivia enfrenta presión internacional para levantar falsas acusaciones contra Pablo Solón y Rafael Archondo y frenar mega represas de El Bala y el Chepete.

Comunicado de prensa, 27 de julio de 2017 [English version] 

Mas de 70 organizaciones y 700 personas de más de 50 países han llamado al Gobierno boliviano a levantar las falsas acusaciones en contra de sus ex representantes en las Naciones Unidas, Pablo Solón y Rafael Archondo y para detener los mega proyectos hidroeléctricos de El Bala y el Chepete. Continúa leyendo Gobierno de Bolivia enfrenta presión internacional para levantar falsas acusaciones contra Pablo Solón y Rafael Archondo y frenar mega represas de El Bala y el Chepete.

Bolivian government comes under international pressure to drop false charges against Pablo Solón and Rafael Archondo, and stop the El Bala and Chepete dams

Press Release, 27 July 2017 [Versión en español]

More than 70 organisations and 700 people from over 50 countries have called on the Bolivian government to drop its false charges against its former UN representatives, Pablo Solón and Rafael Archondo and to stop the proposed hydroelectric power projects, El Bala and Chepete. Continúa leyendo Bolivian government comes under international pressure to drop false charges against Pablo Solón and Rafael Archondo, and stop the El Bala and Chepete dams