Boletín Nº2: ¿Qué es una Defensoría de la Madre Tierra?

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Contenido:

Roles distintos en relación a la Madre Tierra

En Bolivia existen instituciones que tienen competencias relacionadas al control, fiscalización y protección ambiental pero que son de diferente índole que las de una Defensoría de la Madre Tierra. Algunas dependen del Órgano ejecutivo y otras son parte del órgano judicial. Entre las primeras figura por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Entre las segundas esta el Tribunal Agroambiental y sus juzgados.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)[1]tiene entre sus atribuciones “Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales”.

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT)[2] es una entidad que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que tiene por misión elaborar la Política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien, administrar los recursos del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, y coadyuvar en los procesos de negociación internacional sobre Cambio Climático.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)[3] fiscaliza, controla, supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario. Esta institución viene de las ex – superintendencias y actualmente está bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entre sus competencias figura: “Otorgar autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución”, “Ejecutar acciones de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales”, “imponer sanciones a los cambios de uso de suelo no permitidos ni autorizados”, “plantear ante la instancia competente la necesidad de expropiación de tierras por la causal de conservación y protección de la biodiversidad”, y “Requerir a autoridades políticas, administrativas, jurisdiccionales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, su participación en la tutela efectiva del Régimen Forestal”.

El Tribunal Agroambiental[4] y sus juzgados son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad.  Entre las competencias de los jueces agroambientales figura “Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano”, y “Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia”.

Normas, instituciones y su funcionamiento

Una buena norma es fundamental para el establecimiento de una institución que funcione de manera adecuada, sin embargo, no es garantía de que dicha entidad funcione siempre como corresponde. En la historia de la Defensoría del Pueblo, de las Tribunales Electorales, de los órganos judiciales y de otras instancias en Bolivia y en otros países, ha habido períodos en los que las instituciones, a pesar de contar con una normativa bien concebida, han atravesado períodos de un accionar negativo. Ello depende también de factores como las personas que los dirigen e integran; su independencia o relación con los otros órganos; la coyuntura política, económica y social; y la vigilancia e intervención de la sociedad civil para que dicha institución cumpla con las funciones para las que ha sido creada.

En el caso boliviano es de destacar que, desde la promulgación de la ley de Derechos de la Madre Tierra en el año 2010, son casi inexistentes las acciones judiciales interpuestas por la sociedad civil o las autoridades para el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En el Ecuador existen más de veinte sentencias sobre derechos de la naturaleza[5]. Algunas sobre tiburones, jaguares, minería, ríos, transgénicos, bosques y otros temas vinculados a los Derechos de la Naturaleza.

En relación a los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza no existe un amplio desarrollo doctrinario y jurisprudencial como existe en otros derechos. El camino de los derechos de la Madre Tierra está en construcción y toda norma evoluciona con el tiempo y se ajusta en función de la experiencia. En este sentido, es fundamental analizar y discutir de manera fundamentada y propositiva para profundizar el camino de los Derechos de la Madre Tierra.


[1] Decreto Supremo N° 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, 7 de febrero de 2009.

[2]Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien, 15 de octubre de 2012

[3] Decreto Supremo Nº 71, 9 de abril de 2009.

[4] Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 2010

[5] http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/

Defensoría de la Madre Tierra

En Ecuador la Defensoría de la Naturaleza la ejerce la Defensoría del Pueblo, mientras en el caso de Bolivia la ley 71 de 2010 estableció: “Se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, establecidos en la presente Ley. Una ley especial establecerá su estructura, funcionamiento y atribuciones”.

La ley especial que establezca la estructura, funcionamiento y atribuciones de la Defensoría de la Madre Tierra debe recoger las disposiciones constitucionales establecidas para la Defensoría del Pueblo y aplicarlas a la Madre Tierra como sujeto de derechos.  En el proyecto de ley de la Defensoría de la Madre Tierra que está siendo considerado en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados figuran las siguientes atribuciones:

  1. Recomendar el desarrollo e implementación de estrategias que busquen garantizar los derechos de la Madre Tierra
  2. Sugerir la implementación de políticas, planes y acciones que salvaguarden las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y dinámicas vitales de la Madre Tierra y de sus sistemas de vida.
  3. Recomendar el cumplimiento de los compromisos nacionales ambientales establecidos en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales.
  4. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  5. Interponer las acciones previstas ante la jurisdicción agroambiental, con la finalidad de prevenir daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  6. Interponer acciones ordinarias y constitucionales, para la protección y defensa de los derechos de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  7. Promover la protección de los derechos de la Madre Tierra con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el ámbito de sus competencias.
  8. Presentar anteproyectos de Ley o propuestas normativas en materia de su competencia.
  9. Solicitar a las autoridades, servidores públicos, representantes legales de empresas públicas y mixtas o autoridades indígenas originario campesinas de acuerdo a sus usos y costumbres, la información que requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.
  10. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de acciones correctivas y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos de la Madre Tierra, a las instituciones públicas y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.
  11. Elaborar los reglamentos y la normativa interna para el ejercicio de sus funciones, en el marco de la presente Ley, generando mecanismos de participación social que comprenda a las organizaciones sociales y sociedad civil organizada.
  12. Coordinar con la Defensoría del Pueblo cuando en la defensa de la Madre Tierra “Pachamama” se identifiquen vulneraciones a derechos individuales o colectivos.

Los mecanismos a través de los cuales intervendría la Defensoría de la Madre Tierra son:

  1. Orientación y asesoría sobre derechos de la Madre Tierra.
  2. Recordatorios ante omisión de respuesta.
  3. Facilitación.
  4. Investigación por denuncias.
  5. Investigación de oficio.
  6. Seguimiento a denuncias.
  7. Audiencias Públicas cuando se determine su pertinencia.
  8. Espacios permanentes de participación y control social para la defensa de la Madre Tierra.

La Defensoría de la Madre Tierra al igual que la Defensoría del Pueblo podría emitir las siguientes resoluciones:

Recomendaciones

  • Cuando se trate de la rectificación, modificación o medidas que eviten la violación de los derechos de la Madre Tierra.
  • Cuando se trate de interponer acciones legales para la restauración, reparación o rehabilitación de la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  • Cuando se trate de una política pública o acción que tenga incidencia en la afectación y deterioro relevante a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida.
  • Cuando la conducta de la autoridad o servidora o servidor público constituya afectación a los derechos de la Madre Tierra, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Recordatorios o exhortaciones

  • Cuando el Estado tenga la obligación de implementar o adoptar normas o procedimientos que emerjan de obligaciones asumidas en materia derechos de la Madre Tierra.

Sugerencias

  • Cuando sean necesarios ajustes o correcciones a normas de carácter administrativo, posibilitando su mejora y correcta aplicación o en su defecto la necesidad de su elaboración.

Censura Pública

  • Cuando la autoridad, servidora o servidor público no hubiera adoptado la recomendación o recordatorio, o las razones que estime para no adoptarlas no sean justificadas, la Defensoría de la Madre Tierra emitirá Censura Pública

Según este proyecto de ley en caso de existir los suficientes elementos de convicción de posibles daños a la Madre Tierra, sus componentes y sistemas de vida, la Defensoría de la Madre Tierra remitirá los antecedentes a la jurisdicción agroambiental, y en caso de evidenciar indicios de un hecho que configure delito ambiental, remitirá antecedentes al Ministerio Público.

Cuando la vulneración de los derechos de la Madre Tierra comprometa a la jurisdicción indígena originaria campesina, coordinará con sus autoridades y tendrá legitimación activa para la interposición de acciones constitucionales bajo los procedimientos definidos en la Constitución y las leyes en la defensa de la Madre Tierra.

Estructura de la Defensoría de la Madre Tierra

Según el proyecto de ley mencionado, esta Defensoría estaría dirigida por la Defensora o el Defensor de la Madre Tierra por un período de 6 años, similar al del Defensor del Pueblo, y sería elegido por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así mismo estaría conformada por Delegaciones Defensoriales Adjuntas y Defensorías Territoriales a ser definidas por su reglamento interno.

Derechos humanos y derechos de la Madre Tierra

La Defensoría de la Madre Tierra no es una instancia destinada a velar por el derecho a un medio ambiente sano para las personas, este es un derecho humano y vigilar su protección es una competencia de la Defensoría del Pueblo.  Claro que, si no se respetan y garantizan los derechos de la naturaleza, se vulnerarán también los derechos humanos. Por ejemplo, la contaminación o desaparición de un río no sólo afecta los derechos del río sino a los pobladores que usan dichas aguas. Los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra están interrelacionados, pero no son lo mismo. En el primer caso el sujeto de derechos es el ser humano mientras en el segundo caso es la Naturaleza con todos sus componentes: los lagos, los animales, las plantas, los glaciares, los bosques, la tierra, por citar sólo algunos.

Los derechos de la Madre Tierra

La defensoría de la Naturaleza o de la Madre Tierra es una institución que surge como consecuencia del reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza. Si la Naturaleza es sujeto de derechos entonces, al igual que los seres humanos, debe existir una instancia que proteja y defienda los derechos de la Naturaleza.

El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza está en permanente expansión a nivel internacional. Además de Ecuador y Bolivia que lo tienen reconocido a nivel nacional en su constitución o en una ley específica, existen a la fecha otros 25 países que cuentan con disposiciones legales locales, fallos judiciales y proyectos de leyes en torno a los Derechos de la Naturaleza.

En el caso de Bolivia la ley 71 reconoce los siguientes derechos de la Madre Tierra:

  1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.
  2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
  3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
  4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
  5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.
  6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.
  7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas.

En el caso de Ecuador su Constitución establece:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

En Bolivia la defensa y respeto de los derechos de la Madre Tierra es un deber de todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que deben “Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes”, y a “Acudir a la convocatoria de las autoridades competentes o la sociedad civil organizada para la realización de acciones orientadas a la conservación y/o protección de la Madre Tierra” (Ley 71, art. 9, incisos f y g)

La Madre Tierra/Naturaleza es un sujeto de derechos que ejerce sus derechos a través del accionar de los seres humanos, los pueblos indígenas campesinos originarios, la sociedad en su conjunto y las autoridades del Estado.

La experiencia boliviana

La Defensoría del Pueblo en Bolivia se creó por mandato constitucional a través de la Ley N° 1818 de 1997 que señalaba en su primer artículo “Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes”.

La Constitución de 2009 bajo el título de “Función de Defensa de la Sociedad”, ya no habla de la Defensoría del Pueblo como “Alto Comisionado del Congreso” y afirma que además de velar “por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos” tiene por misión “la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior”.

La nueva Constitución señala que la “Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa” y que “en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”. 

Sus atribuciones

Según la Constitución sus atribuciones son:

  1. Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.
  2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia.
  3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.
  4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.
  5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura publica por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.

La Constitución establece que la Defensora o el Defensor del Pueblo “no será́ objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones”. La Ley 870 del Defensor del Pueblo de 13 de diciembre de 2016 señala que “En caso de la comisión de delitos, se aplicará el procedimiento de juzgamiento previsto en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, “Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia…”

¿Qué no es una Defensoría?

La Defensoría del Pueblo al no ser una entidad del Órgano Ejecutivo no dicta ni aplica disposiciones de gestión gubernamental, no otorga ni revoca permisos, licencias u otro tipo de instrumentos que están bajo tuición de los distintos niveles de gobierno. La Defensoría del Pueblo no es un tribunal que juzga, dirime conflictos o sanciona a los transgresores de la ley. Las defensorías emiten recomendaciones y sugerencias para la inmediata corrección de ciertas determinaciones del Órgano Ejecutivo y judicial, pero ellas en sí mismas no tiene la facultad de aprobarlas, rechazarlas, ejecutarlas o juzgarlas. La Defensoría puede instar al Ministerio Público a iniciar una acción legal y ser coadyuvante en las acciones de defensa cuando constata que ha sido violado un derecho individual o colectivo, pero ella no remplaza las funciones del Ministerio Público.

El origen de las Defensorías

La figura de la Defensoría aparece por primera vez en Suecia en 1809 con el nombre de Ombudsman. Ombud en sueco quiere decir agente, representante, delegado y man hombre.

En sus orígenes suecos el Ombudsman era un órgano particular del poder legislativo destinado al control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios de la administración pública. El ombudsman estaba facultado para demandar ante la Justicia a quienes en el ejercicio de su función hubiesen cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. El Ombudsman tenía por misión prevenir los abusos de la administración pública y de los jueces.

El Ombudsman se fue expandiendo por diferentes países adoptando diferentes denominaciones. En Francia se denomina Mediateur de la Republic por considerar que actúa como un nexo o mediador entre la burocracia y el público. En Israel se le conoce como Comisionado Parlamentario para las Quejas del Público, en Sudáfrica Protector Público, en Italia Defensor Cívico. En algunos casos el Ombudsman es nombrado por el Parlamento, en otros por el Poder ejecutivo.

La incorporación de la figura del Ombudsman en la región latinoamericana, surge en los años 90 durante la “transición democrática” que siguió a las dictaduras militares, y tiene influencia de la variante española del Ombudsman. El primer Defensor del Pueblo de América Latina fue establecido en 1985, en Guatemala, con el nombre de “Procurador de los Derechos Humanos” con rango constitucional, como consecuencia de los acuerdos de paz. Desde entonces, la institución se ha extendido por todo el continente americano con diversos nombres y algunas variaciones en sus atribuciones.[1]

La función primordial del Ombudsman en América Latina, que asumió la denominación de Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisionado de los Derechos Humanos y otras, es la de velar por el respeto de los derechos del individuo. La Defensoría es una instancia de protección y defensa de los derechos humanos.

Tres rasgos caracterizan a esta institución: 1) Ser independiente tanto del poder ejecutivo como del poder judicial para ejercer su rol de vigilancia y defensa; 2) Atender las quejas o denuncias contra injusticias o errores administrativos; y 3) tener el poder de investigar, criticar, y dar publicidad a sus acciones.[2]

La Defensoría del Pueblo recibe financiamiento del Estado, pero tiene absoluta independencia para actuar frente a los diferentes órganos del Estado.

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[1]Revisar:

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2006). La figura del Ombudsman. Revista IIDH. Extraído de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/22612.pdf

Valladares, L. (1995). El Ombudsman como canal de acceso a la justicia. Revista IIDH.

Volio, L. G. (2009). Los Ombudsman en América Latina y su incidencia política. IIDH Magazine

Bousta, R. (2018). El Ombudsman francés: análisis crítico de una reforma constitucional. Cuestiones constitucionales, (39), 371-387.

Pareja, M. T. (2004). El defensor del pueblo: un estudio con especial referencia al Ecuador. Konrad Adenauer-Stiftung.

[2] Donal Roward, EL ombudsman, p 39

El debate internacional sobre el ecocidio

Por Ximena Montaño Sandoval

El crimen del ecocidio estaba presente en los primeros borradores de lo que posteriormente fue conocido como el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que fue adoptado en 1998 y entró en vigencia el 2002.  Según algunos expertos y estudiosos del tema, el delito de ecocidio fue eliminado de los borradores del Estatuto de Roma por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU de forma irregular, poco antes de su aprobación, debido al veto de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda y por presión de compañías multinacionales del sector de agroquímica y biotecnología, combustibles fósiles e industria nuclear. [1]

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Ecocidio y Genocidio en el siglo XXI

por José Carlos Solón

El ecocidio, como palabra, nació en 1970. Durante la guerra de Vietnam un grupo de científicos acuñó y propagó el término “ecocidio” para denunciar la destrucción que el agente naranja, un herbicida, había causado a la salud humana y los ecosistemas durante la guerra de Vietnam. La operación estadounidense ‘Operation Ranch Hand’, pretendía terminar con los bosques de Vietnam con la intención de exterminar rápidamente al Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Viet Cong). Esto generó la destrucción completa de plantas, animales y ecosistemas, pero también graves secuelas para la salud humana con la aparición de cáncer y malformaciones en aquellas poblaciones que fueron rociadas por el letal herbicida. Sin dejar de lado los varios otros crímenes ejecutados por el ejército estadounidense, éste fue un primer gran ejemplo de “ecocidio”. La palabra viene de “Eco”, de “Oikos” que quiere decir “hogar” en griego y “cidio” que significa destrucción en latín. Desde entonces, el término se ha incorporado en el léxico popular.

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¿Nuevos horizontes para el MAS?

Un dialogo entre Rafael Archondo y Pablo Solón sobre ¿Por qué ganó el MAS? ¿Cuáles son los desafíos del nuevo gobierno a nivel de la economía, el litio, el biodiesel de segunda generación, los medios de comunicación, la agenda medio ambiental, la justicia y la polarización social? ¿Quién va a gobernar realmente? ¿Evo o Luis? y muchos otros temas más.

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Porque ganó Lucho & David en las elecciones de Bolivia

Por Pablo Solón

[English version] El MAS ha ganado en primera vuelta las elecciones en Bolivia. Dos sondeos en boca de urna (Ciesmori y Tu Voto Cuenta) en base a diferentes muestras sostienen que Luis Arce y David Choquehuanca habrían obtenido más del 50% de los votos y tendrían una diferencia de más del 20% de los votos con el segundo: Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).  Todavía hay que esperar los resultados del conteo oficial que estarán disponibles el miércoles o jueves, pero la tendencia de los resultados de estas dos encuestas en boca de urna difícilmente cambiará de manera sustantiva.

¿Por qué ganó Lucho & David?

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El ADN desaparecido de mi madre

Por Pablo Solón

Mi hermano fue detenido y desaparecido el año 1972 durante la dictadura de Banzer, y los estudios de ADN de mi madre desaparecieron el 2008. Ahora, según un informe oficial enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de mayo del 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia “evalúa la posibilidad de extraer una muestra biológica de la madre de José Carlos Trujillo Oroza, la Sra. Gladys Oroza viuda de Solón (+)”, mi madre fallecida el 2012, para poderlos cotejar con el ADN de restos que pudieran encontrarse de mi hermano.

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Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

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Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por ecocidio en la Chiquitania

El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en los próximos meses una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.

Como medidas cautelares a ser ejecutadas por el gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa de Bolivia, el citado Tribunal Internacional dispuso: a) derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania; b) aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel; y c) implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

Según el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se debe declarar a toda la Amazonía y la Chiquitania como sujeto de derecho. En el caso de Bolivia este reconocimiento está respaldado por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra aprobada el año 2010.

Los miembros del Tribunal que visiten Bolivia verificarán si se está cumpliendo la legislación boliviana en relación a los derechos de la Madre Tierra y constatarán si ha habido avances o no en la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada por ley el 2010, y cuya implementación se exigió en la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso del TIPNIS el año 2019.

A continuación transcribimos el veredicto del Tribunal sobre el mencionado caso (haga click para ver el pdf completo).

Lettre Ouverte au Mouvement Alter Mondialiste sur la situation en Bolivie

[Versión en español / English version]

Mes chers amis,

Le Président Evo Morales a déclaré ce mercredi matin, lors d’une conférence de presse, qu’un coup d’état était en cours en Bolivie et « qu’il faisait à nouveau appel à la solidarité internationale pour défendre le Processus » (connu comme “Proceso de Cambio”) dans mon pays.

Avec une grande amertume, ayant participé au gouvernement entre les années 2006 et 2011, je suis très désolé de vous dire que cette affirmation d’Evo Morales est complètement fausse.

Certes, il est vrai que la Bolivie connaît aujourd’hui une très forte radicalisation et convulsion sociale. Pour preuve, les immeubles de plusieurs sièges de la Cour Électorale ont été brûlés dans plusieurs départements et il y a des manifestations dans le pays tout entier qui mobilisent des centaines de milliers de personnes. Continúa leyendo Lettre Ouverte au Mouvement Alter Mondialiste sur la situation en Bolivie

Letter to the Alternative Globalization Movement on the situation in Bolivia

[Versión en español / version française]

Dear friends,

The morning of October 23* President Evo Morales held a press conference saying that there is a coup taking place in Bolivia and calling for international solidarity to defend the ‘process of change’ in Bolivia.

With deep regret, as I was part of the government between 2006 and 2011, I must disagree completely with Evo Morales statement. It is certainly true that Bolivia is in a state of extreme polarization and social unrest. The buildings of various departmental electoral courts have been set on fire and there are massive mobilizations throughout the country.

What is the source for the social unrest that could lead to even worse scenes of violence? Is it possible that Bolivia is living through the fifth stage of a ‘soft coup’ against President Morales promoted by imperialism and Carlos Mesa [the main opposition candidate] as has been suggested by a former government Minister? Continúa leyendo Letter to the Alternative Globalization Movement on the situation in Bolivia

Carta al movimiento antiglobalizador sobre la situación en Bolivia

[English version / version française]

Estimad@s amig@s

El 23 de octubre en la mañana* el presidente Evo Morales realizó una conferencia de prensa diciendo que hay un golpe de estado en Bolivia y llamando a la solidaridad internacional para defender el proceso de cambio en Bolivia.

Con profunda vergüenza, ya que fui parte del gobierno entre el 2006 y el 2011, debo discrepar profundamente con la afirmación de Evo Morales. Es cierto que en Bolivia hay un estado de extrema polarización y convulsión social. Los edificios de varias cortes electorales departamentales han sido quemados y hay movilizaciones multitudinarias en todo el país.

¿Cuál es el origen de esta convulsión social que puede desencadenar escenarios de gran violencia? ¿Será que ha comenzado en Bolivia la quinta etapa del “golpe suave” contra el presidente Morales promovida por el imperialismo y Carlos Mesa cómo afirma un ex ministro de gobierno de Evo? Continúa leyendo Carta al movimiento antiglobalizador sobre la situación en Bolivia

Bolivia: ¿Nos la van hacer de nuevo?

Pablo Solón

Los gases lacrimógenos no me dejan respirar. “No te frotes los ojos” le dice una colegiala a su mama. “¿Como sabes eso?” le pregunta la mujer que apenas puede ver por donde camina. “¡Mama, yo ya estuve ayer!”. Más allá otra muchacha está desesperada por haber inhalado este humo que te irrita la cara. “¡Agáchate! abajo el aire está menos contaminado” le jala su amigo para que se siente en la acera. Son miles de jóvenes que están en las calles alrededor del Tribunal Electoral Plurinacional en la Plaza Avaroa. Petardos contra gases. Gritos y estribillos. Fogatas y humaredas que se confunden con gases lacrimógenos. Continúa leyendo Bolivia: ¿Nos la van hacer de nuevo?

Consulta previa: incertidumbre y omisiones

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dijo No.

La consulta previa libre e informada para toda población afectada (indígena o no indígena) por la explotación de recursos naturales está consignada en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado. La consulta libre, previa e informada debe realizarse cada vez que se “prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar” a los pueblos indígenas (art. 32 CPE) y no sólo cuando se esté por iniciar la construcción de una obra. La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse “mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones (art. 352 CPE). El convenio 169 de la OIT, que establece que la consulta es para el consentimiento y no sólo para informar a los pueblos indígenas, es parte del bloque de constitucionalidad de Bolivia por el art. 256 de la CPE. Continúa leyendo Consulta previa: incertidumbre y omisiones

TIPNIS: Justicia para la Madre Tierra

Por Pablo Solón

[Publicado en Animal Político, La Razón, 26/05/2019] Bolivia debería ser un ejemplo en el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En 2010 nuestro presidente, con la participación de más de mil invitados internacionales, organizó la cumbre de Tiquipaya que adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. A fines de ese año promulgó la Ley 71 que reconoce dichos derechos.

Bolivia fue el país que más promovió a nivel internacional la idea de que para garantizar los derechos humanos es necesario reconocer los derechos de la Madre Tierra. En 2014 un conjunto de personalidades y defensores de la naturaleza, que en su mayoría vinieron a la cumbre de 2010, crearon el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) que tiene un carácter ético y basa sus sentencias en la citada declaración. Según el propio tribunal, “sin ética ningún gobierno, institución o persona puede recuperar la humanidad que -hoy más que nunca- se necesita para evitar el colapso de los ciclos vitales de la Tierra”.

A dos años de haberse presentado al tribunal el caso del TIPNIS, y después de la visita de una comisión a Bolivia para verificar los hechos, el TIDN emitió una sentencia estableciendo que el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza e incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra.

Los 26 jueces y juezas que suscriben el fallo son o fueron amigos del “proceso de cambio” boliviano. Entre ellos figuran Vandana Shiva de la India, Fernando “Pino” Solanas senador de Argentina, Nnimmo Bassey de Nigeria, Enrique Leff de México, Arturo Escobar de Colombia y Blanca Chancoso presidenta de la Ecuarunari de Ecuador, a quien el presidente Evo Morales conoce desde antes de llegar al gobierno.

Las evidencias que sustentan la sentencia son varias; entre ellas destacan la no realización de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) integral del segundo tramo de la carretera que atraviesa por el corazón del TIPNIS, y tampoco de los tres puentes de gran envergadura construidos en el polígono 7. Así mismo, el tercer tramo de la carretera que en 2010 iba de San Ignacio de Moxos a Monte Grande fue extendido en 2015 hasta Santo Domingo, que está en la parte norte del TIPNIS, sin haber realizado el EEIA de los 48,3 km adicionales. A esto se suma la deforestación ya presente en el polígono 7 del TIPNIS, y -según un estudio del PIEB- el peligro de una deforestación de más de la mitad del TIPNIS por la construcción de la carretera.

Estas gravísimas violaciones a la Ley 1333 de Medio Ambiente eran de conocimiento de las más altas autoridades. En 2010, Juan Pablo Ramos renunció como viceministro de Medio Ambiente negándose a firmar la licencia ambiental para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y fue reemplazado por Cynthia Silva Maturana.

Cuando los pueblos indígenas marcharon en 2011 contra la carretera fueron reprimidos en Chaparina. Ante la gran indignación nacional, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 180 que declara la intangibilidad del TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera. Sin embargo, meses después, aprobó la Ley 222 para llevar adelante una consulta póstuma en la que manipuló el término de intangibilidad para de anular la Ley 180.

En un canal de televisión Álvaro García Linera dijo: “¿Qué significa intangibilidad? Que usted no puede sacar una hoja. Eso es intangibilidad. Que usted no puede levantar una rama. Que usted no puede tocar nada. Es decir, no puede hacer una escuela. No puede perforar para agua potable. Eso es intangibilidad”. Esta tergiversación alucinante del vicepresidente contradice totalmente el Decreto Supremo 1146 de febrero de 2012, que reglamenta la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS. Este decreto no prohíbe nada de lo que afirma García Linera. Las tres prohibiciones expresas que establece son de: “1. Asentamientos humanos externos u ocupación ilegal de tierras al interior del TIPNIS; 2. Autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles; 3. Ejecutar megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos”.

La sentencia ha puesto en evidencia las violaciones a los derechos de “la selva más hermosa del mundo”, como la calificó el famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny, y nos convoca a redoblar esfuerzos para que en Bolivia efectivamente haya justicia para la Madre Tierra.

¿Qué hacemos por los Derechos de la Naturaleza?

Pablo Solón*

No hay derechos humanos sin derechos de la Naturaleza. No hay derechos de la naturaleza sin derechos indígenas. No hay derechos indígenas sin derechos de la naturaleza. Todos los derechos están interrelacionados. Sin embargo cada uno tiene su propia especificidad.

Los derechos de la naturaleza no son los derechos ambientales. Los derechos ambientales son esencialmente derechos humanos. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia expresamente garantiza el “Derecho AL medioambiente” de las personas, no “los derechos DEL medioambiente”.

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