¿Cómo salir de los transgénicos en Bolivia?

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

28 de abril de 2021

En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR. Todas las otras semillas transgénicas que circulan por Bolivia han sido introducidas de manera ilegal y por lo tanto las empresas y personas que las contrabandean, comercializan y utilizan deben ser sancionadas de acuerdo a ley. Para salir de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) el primer paso es no ampliar las autorizaciones a nuevos transgénicos. Por eso es importante que se hayan abrogado recientemente los “decretos transgénicos” (4232 y 4238) que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. En la actualidad el procedimiento abreviado para evaluación de semillas modificadas genéticamente sólo esta vigente para la soya HB4 e Intacta destinada a la producción de biodiésel, y hasta la fecha no existe ninguna solicitud en trámite para autorizar alguno de estos dos eventos de soya transgénica. En síntesis, el tema central en Bolivia es no autorizar nuevas semillas transgénicas y establecer un procedimiento para salir gradualmente de la soya RR, como lo manda la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su Artículo 24.8:”Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.

En el camino de la exigencia de dejar el uso de semillas transgénicas y el modelo agrícola que lo sostiene, una primera pregunta a realizarse es ¿este modelo alimenta a Bolivia? ¿quién alimenta al país y en qué condiciones? La política agraria nacional ha estado históricamente enfocada en el gran proyecto de agricultura industrial, pero lo que tenemos es solo una agricultura monoproductora de materias primas a partir de la soya transgénica. Del otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina e indígena que produce -sin ser un proyecto de las élites empresariales ni del Estado- el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos que consumimos las y los bolivianos. Pese a estar comprobado que la agricultura familiar campesina e indígena es el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, es el sector menos favorecido por las políticas, al punto de estar en franco declive.

En búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Los pequeños agricultores alimentan a la humanidad, a pesar de que sólo son dueños de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta[1]. El Censo Agropecuario llevado a cabo el año 2013 señala que en el país existen unas 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) [2]. El 95 % de estas UPA corresponden a los productores de la agricultura familiar, que conforman unos 4 millones de personas, según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA [3].

En Bolivia, la agricultura familiar campesina e indígena produce el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres y cereales. El 65 % de los alimentos que consumimos en Bolivia son producidos por la agricultura familiar. Apenas el 3 % de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32 % es importado (Cartagena, 2020a). En otras palabras, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena.

¿Quién alimenta al país? ¿Y a quién alimenta el Estado?

Pamela Cartagena (2020b), citando a McKay (2018), señala que todas las empresas que se dedican al rubro de las oleaginosas en Bolivia (son seis y con capitales estadounidenses, peruanos y venezolanos) exportan su producción, y apenas dos de ellas producen para el consumo interno: aceites de cocina, margarina, jabón, torta de soya para alimentación avícola y porcina. En ese sentido, es falso afirmar que la producción soyera transgénica “garantiza la seguridad alimentaria del país”, como afirman los representantes del agronegocio.

Consecuente con una política agraria y de tierras que ha venido favoreciendo en gran medida al agronegocio (Cauthin, 2021), hasta 2013 los datos sostenían que el 78,3% del total del incremento de la producción agrícola del país obedecía a dos cultivos: soya (55,4%) y caña de azúcar (22,9%) -caña destinada a la producción de alcohol- (Ormachea; Ramírez 2013). Esto expresa que la política agrícola ha favorecido un modelo por sobre otro que diversifique la producción destinada al mercado interno. Debido a esta premeditada inclinación, es que sobre todo la última década se reportan porcentajes de producción negativos para cultivos que están a cargo de familias campesinas, como la cebolla, la papa, el plátano, la alfalfa, la yuca, el tomate, la cebada en grano, la arveja e incluso el maíz fresco (Ormachea; Ramírez 2013).

Siendo la agricultura familiar campesina e indígena el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, este sector es el que menos creció en comparación a la agroindustria. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente. Siendo que la mayoría de su producción se destina a la exportación. Entre 2005 y 2019 este sector exportó en promedio el 79% de su producción (Villalobos, 2021). En contraste, la superficie cultivada con papa se incrementó en 35.466 hectáreas entre 2005 y 2018. Mientras que la superficie cultivada con maíz, tomate, cebolla y haba aumentaron solo en 3.469, 1.162, 1.448 y 4.959 hectáreas respectivamente, durante el mismo periodo (INE, 2019).

La falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina afectó profundamente la seguridad alimentaria nacional, haciendo de Bolivia un país cada vez más dependiente de los alimentos que se importan de los países vecinos. Las importaciones de papa, por ejemplo, pasaron de 1.282 toneladas en 2006 a 51.805 toneladas en 2016. De igual manera, las importaciones de tomates aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6.943 toneladas importadas en el mismo periodo. Mientras que, de no importar cebolla en 2005, en 2017 se importaron 14.328 toneladas (Prudencio, 2019).

Prohibiciones, moratorias y etiquetados: países que rechazan los OGM

Medio centenar de países han desarrollado legislaciones para controlar, restringir o prohibir la introducción, comercialización o producción de transgénicos en sus territorios, ya sea mediante leyes de moratoria para semillas, de prohibiciones a cultivos o de etiquetado de advertencia para productos procesados que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Actualmente, al menos 39 países han prohibido mediante leyes los cultivos transgénicos en sus territorios, sobre todo por motivos de salud humana y ambiental. Casi la totalidad de Europa prohíbe los cultivos transgénicos en su territorio y sólo permite la importación de algunos productos transgénicos bajo normas de etiquetado y sobre todo para consumo animal. La Unión Europea obliga etiquetar todos los productos transgénicos que tengan hasta milésimas de componente OGM, Estados Unidos se ha comprometido a implementar el etiquetado desde enero de 2022. Otros países que exigen etiquetados pero con más flexibilidad [4], son: Indonesia, Tailanda, Australia, Nueva Zelandia, África del sur, Kenia, Canadá, Brasil, Colombia, Nicaragua, Mali, Togo, China, Japón, Taiwan, Vietnam e India.

El caso de Perú: Ley de moratoria por 15 años

En enero de 2021, Perú promulgó la Ley 31111 que amplía el plazo de la moratoria al ingreso, comercialización y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente” por 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2035 [5]. Esta Ley es una ampliación de la Ley 29811 de 2011 que ya había puesto una primera moratoria por 10 años. Aunque la Ley excluye de esta moratoria: a) los OVM para fines de investigación, b) los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios autorizados, c) los OVM y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, d) otros OVM sujetos al análisis de riesgos previos.

La Ley de moratoria propone la salvaguarda de la “agrobiodiversidad” para cultivos, animales y organismos e incluso ecosistemas, esto significa crear un programa para conservar los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad (Art. 23), como las semillas nativas por ejemplo. Al mismo tiempo, en el Art. 28 instruye la generación de Líneas de Base para obtener información científica y tecnológica, relativa al estado de la biodiversidad nativa, incluyendo la diversidad genética de las especies nativas, que puede potencialmente ser afectada por OVM.

Otra iniciativa relevante es la que explica el reglamento de la Ley en el Art. 32 sobre la realización de listas y mapas de los Centros de Origen y Diversificación de Especies, según la prioridad: a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen, b) Especies de las cuales Perú es centro de diversificación, c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para la bioseguridad en el Perú, d) Diversidad y variabilidad existente en Perú de los principales cultivos, crianzas y de sus parientes silvestres de los cuales existan OVM. Las penalidades por contravenir esta Ley son: a) Amonestación, b)Multa, c) Decomiso, temporal o definitivo con destrucción del producto [6].

El caso de México: Decreto contra el glifosato y el maíz transgénico

Recientemente México se incorporó a la creciente lista de países que buscan contrarrestar el uso de OGM en sus territorios. Como parte de una política para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos[7], el gobierno de México, mediante Decreto presidencial aprobado el pasado 31 de diciembre de 2020, determinó sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación del glifosato (principal herbicida utilizado en la agricultura comercial), disponiendo un periodo de tres años -hasta 2024- para lograr tal objetivo. Además, el decreto determina la revocación de los permisos y la abstención de otorgar nuevos permisos para la liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados. 

Para lograr dicho fin, se encarga a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promover “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Disponiendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el desarrollo de tecnologías e investigaciones que permitan promover alternativas al glifosato. Estas instituciones estatales también tendrán que promover reformas legales correspondientes para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado. 

¿Hacia dónde va Bolivia?

Después de la abrogatoria de los “decretos transgénicos” en Bolivia se barajan tres opciones: a) Aprobar una ley de biotecnología que nuevamente de curso a la aprobación de nuevas semillas transgénicas, esta propuesta es promovida por el agronegocio y sectores del gobierno, b) Hacer respetar la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y a través de una ley establecer las acciones y plazos para la eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país, y c) Aprobar una ley de moratoria a la importación, comercialización y uso de semillas transgénicas por 15 o 30 años, postergando una decisión definitiva al respecto mientras el país desarrolla y fortalece su capacidad técnica e institucional en la materia.

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” lejos de resolver el conflicto con el agronegocio lo va a llevar a un nuevo nivel, en el que este sector a través de una ley intentará volver a abrir las puertas a nuevos transgénicos, mientras organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil buscarán una salida definitiva de los organismos genéticamente modificados, pues queda claro que no se logrará la seguridad y soberanía alimentaria con base en el modelo agroindustrial de exportación, sino por medio de otros enfoques agrícolas y pecuarios que prioricen la producción de alimentos para el consumo nacional; apoyando y fortaleciendo -para ello- la agricultura familiar campesina e indígena. 


[1]  Véase:  http://www.fao.org/news/story/es/item/1195759/icode/

[2]  Véase: https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[3]  Véase: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/fortalecer-la-agricultura-familiar-para-mitigar-los-impactos-del-covid-19

[4] Véase: https://www.infogm.org/spip.php?page=carte&lang=fr

[5] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-29811.pdf

[6] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/113252603-reglamento-ley-moratoria-ovm.pdf

[7] Actualmente México importa unos 16 millones de toneladas de maíz amarillo, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Véase: https://www.reuters.com/article/agricultura-mexico-glifosato-idLTAKBN2AJ2BN

Fuentes:

APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA.

Cartagena, P. (2020a). La producción campesino indígena: soporte alimentario y de salud integral en tiempos de coronavirus. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 08/04/2020

Cartagena, P. (2020b). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

Cauthin, M (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundacionsolon.org.

Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Prudencio, J., Plata, W., Velasco, S. & Colque, G. (2019). Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. Fundación Tierra.

Se abrogan “Decretos transgénicos” de Añez y el agronegocio

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

22 de abril de 2021

Mediante Decreto Supremo 4490, el presidente Luis Arce abrogó este 21 de abril los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, emitidos en 2020 por la presidenta interina Jeanine Añez, que permitían la introducción de semillas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos; así como la identificación de áreas para cultivo de maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología.

El decreto de abrogación menciona contravenciones de estos decretos a la seguridad y soberanía alimentaria, así como a la biodiversidad, que están protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes 144 y 300, además de acuerdos internacionales firmados por Bolivia sobre biodiversidad.

La única semilla transgénica aprobada desde 2005 en Bolivia es la soya genéticamente modificada evento (40-3-2) resistente a glifosato. Así mismo, aun se encuentra vigente el procedimiento abreviado para la evaluación de los eventos HB4 e Intacta de soya transgénica destinadas a la producción de biodiésel, según autoriza el Decreto Supremo 3874 de 2019, firmado por Evo Morales.

¿Qué decían los decretos abrogados?

El Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo 2020 en su Artículo Único autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB): “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”. Para ello, en su Disposición Transitoria, otorgaba un plazo de apenas diez días para que el CNB apruebe los procedimientos abreviados, e instruía tomar en cuenta “acciones y medidas adoptadas por los países vecinos”.

En Bolivia, el Reglamento sobre Bioseguridad aprobado en 1997 establece un procedimiento para la evaluación de semillas transgénicas que comprende:

  1. Los posibles riesgos que pueda tener la liberación del OGM para la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.
  2. La clasificación de los riesgos.
  3. Las condiciones en que se liberará el OGM.
  4. La factibilidad de las medidas de gestión del riesgo propuestas por el solicitante.
  5. Los posibles beneficios económicos que pudieran producir las actividades con el OGM.

En base a esta evaluación el CNB puede recomendar o no la introducción de una determinada semilla transgénica.

El decreto de Añez lo que hacía era crear una vía rápida para evaluar las semillas transgénicas basada fundamentalmente en análisis realizados en otros países y no en Bolivia. Así, se omitía realizar una evaluación exhaustiva de sus impactos sobre el medio ambiente, la diversidad biológica específica del país, el patrimonio de semillas nativas de los pueblos indígenas y la salud humana.

Ante la imposibilidad de establecer procedimientos abreviados en un plazo ridículo de diez días, el gobierno transitorio de Añez promulgó una semana después el Decreto Supremo 4238 de 14 de mayo de 2020, para alargar el plazo a cuarenta días para la elaboración de dicho procedimiento abreviado de evaluación.

Meses después, el 22 de septiembre de 2020, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 4348, que disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Este Decreto se aprobó a pesar de que hasta esa fecha no se había autorizado ninguna semilla transgénica de maíz, es decir que se daba por hecho que habrían zonas para maíz genéticamente modificado.

“Decretos transgénicos” que contravenían el marco legal

Entre los considerandos que menciona el Decreto de abrogación 4490 están los mandatos de la Constitución Política del Estado, como el Art. 16 sobre la obligación del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y el Art. 409, que establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley y no así por un normas de menor jerarquía como es un decreto.

También señala que los decretos abrogados contravienen el Artículo 15 de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que dispone: “no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”. Así mismo, establece que vulneran el Art. 24 de la Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, que establece acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio boliviano, de las que el país es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Respecto a los tratados internacionales que se vulneraron con los decretos de Añez están: el Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena del Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Bolivia a través de la Ley 2274.

La demanda de la sociedad civil

Varios actores de la sociedad civil boliviana se pronunciaron ante el riesgo que representan las semillas transgénicas. Todos enfatizaron que esto se agravaba para cultivos como el maíz de los que Bolivia es centro de origen. Entre estas articulaciones figuran la Asamblea en Defensa de los Bosque y la Vida -que agrupa colectivos, instituciones, y asociaciones académic@s y científic@s-, así como el colectivo Bolivia Libre de Transgénicos y la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, que congrega a productores, apicultores, recolectores, transformadores, entre otros.

Entre las acciones que realizaron estaban pedir la excusa de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad por existir conflictos de intereses, pues varios de ellos estaban ligados al sector del agronegocio y empresas importadoras de semillas transgénicas, por lo que eran juez y parte. También presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, argumentando que los decretos constituían una amenaza directa al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia; una amenaza a la biodiversidad y el medio ambiente; una afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa debido al uso de agroquímicos como el glifosato; una afectación a los bosques y los suelos por la ampliación de la frontera agrícola; y una amenaza a la salud humana, pues el herbicida glifosato -parte del paquete tecnológico de los OGM- fue clasificado como “probable cancerígeno para los humanos” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” debería ser seguida por la abrogación del Decreto 3874 aprobado por Evo Morales, que también establece un procedimiento abreviado para dos eventos transgénicos ligados a la producción de biocombustible y etanol, y de otras normas que de una u otra forma afectan a los bosques y la biodiversidad. Entre ellas están la Ley 1098 de 2018, que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel; la RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp, para ser implementados en plantaciones forestales; la Ley 741 de 2015, que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades; la Ley 1171 de 2019, que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha); la Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni, entre otras.

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Por Guillermo Villalobos M.

El uso de agroquímicos está estrechamente ligado al predominio de un modelo económico y de un paradigma agrícola que tiene sus orígenes en la Revolución Verde[1]. A la Revolución Verde se la entiende como un modelo de asistencia agrícola – impulsado principalmente por los Estados Unidos – que durante los años cincuenta y sesenta fue exportado a los países del sur global bajo el discurso de “modernización” y “lucha contra el hambre mundial” (Méndez, 2017).

La revolución verde se basó en cuatro paradigmas centrales: 1) la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, 2) la producción intensiva mediante la implementación de insumos químicos (esencialmente fertilizantes y pesticidas), 3) la mecanización del proceso agrícola (principalmente uso de tractor y sistemas de irrigación) y 4) la selección genética y desarrollo e implementación de nuevas semillas de alto rendimiento (Ceccon, 2008).       

El segundo gran impulso en el uso de agroquímicos se da desde los años ochenta hasta nuestros días, cuando la Revolución Verde entró en su segunda fase histórica, denominada también como “revolución genética o biotecnológica” (Picado, 2013). El elemento principal de esta segunda fase fue la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o transgénicos, así como los mercados más globales y liberalizados que profundizaron dinámicas extractivistas con base en la extracción de nuevos commodities agrarios, tales como la soya, el maíz y el trigo, entre otros (Hotz-Giménez et al., 2013).  

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Por Marielle Cauthin

20 de abril de 2021

Lejos de estar abandonadas por el Estado, las élites empresariales de Santa Cruz se crearon gracias a los apoyos públicos: tierras, capital y un sin fin de políticas hechas a su medida. Con un discurso y una agenda hábilmente adecuadas al tiempo que les toca vivir, actualmente abanderan la defensa de la alimentación nacional y la modernización agrícola para consolidar sus privilegios, a través de la introducción de más eventos transgénicos y replicar el modelo extractivista soyero.

La élite extractivista de oriente

A decir de Soruco (2008), la élite empresarial de Santa Cruz es producto de auges extractivos (goma, algodón, soya), que lejos de responder al mercado interno y a la sociedad nacional, históricamente se vinculó de forma umbilical a los mercados internacionales de materias primas. Esta élite fue erigida por una serie de políticas estatales que tuvieron como momentos centrales, según Peralta-Rivero (2020), los planes de desarrollo estatales de 1955, 1962, 1970 y 1975: “estos impulsaron las recomendaciones del Plan Bohan a través de la planificación estatal lo que ayudó a consolidar la agroindustria en tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz”.

Por vía del Estado esta élite obtuvo beneficios directos con inversiones en infraestructura (caminos), capital (subsidios, créditos), tecnología (equipamiento), fuerza de trabajo (mano de obra de occidente vía colonización) y por supuesto dotación de tierras -de una forma “irracional y clientelar”- sobre todo durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008); hasta 1985 la política agraria permitió la consolidación de la mediana y gran propiedad sobre todo en el oriente boliviano. Según Paz (2004), los casos “paradigmáticos de apoyo estatal” fueron la caña de azúcar en Santa Cruz, la ganadería bovina en Beni y, posteriormente, las oleaginosas y cereales en Santa Cruz hasta el quiebre del ciclo neoliberal. La etapa posneoliberal, a la cabeza de Evo Morales, tuvo dos tipos de gestión frente al agronegocio: la primera de 2006 a 2009, con un discurso rupturista con esta élite parte de la llamada “media luna” (Soruco, 2008). Y el periodo 2010 a 2019, donde se va reconfigurando el escenario de pactos y acuerdos, logrando reencauzar algunas consignas de su agenda -como se verá más adelante-, para llegar a 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, con la plenitud de lograr las reformas legales y políticas arañadas en años anteriores. Con Luis Arce se inicia una nueva etapa que podría ser de ruptura y/o de continuidad.

El “grano de oro” no es lo que parece

En estos últimos años, al sector agroempresarial solo le fue necesario generar un dispositivo efectivo para volver a consolidar una nueva ola de apoyos estatales y una nueva agenda política, que garantice su continuidad clánica empresarial. Este dispositivo se generó a partir del boom de los precios internacionales de la soya transgénica, sector que “se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente” (McKay, 2018), y que ha crecido en la región ante el declive de este modelo de producción agrícola en los países europeos, lo que hizo que economías “emergentes” -como Sudamérica- ocuparan el lugar denostado de producción primaria de alimentos y materias primas (Ormachea, 2013) o de commodities para el mercado global (Svampa, 2013).

El modelo del agronegocio “se vende como un modelo de éxito”, explica Colque (2020), pues solo resalta los factores positivos: inyección a la economía nacional, generación de “miles sino millones” de empleos directos e indirectos, seguridad y soberanía alimentaria del país, e incluso afirma ser un sector ambientalmente sostenible; cuando casi el 100% de la soya cultivada en Bolivia es transgénica y ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas (Cartagena, 2020) de monocultivo, con fuertes impactos socioambientales, pues requiere de insumos como semillas patentadas, agroquímicos, maquinaria pesada para terreno, etc. La mecanización del proceso hace que la fuerza de trabajo local se haga excedentaria, lo que agudiza la migración campo – ciudad, e incluso los pequeños agricultores se estancan pues hay escasas posibilidades de ascenso social (McKay, 2018).

Respecto a la tierra, en la zona de producción soyera en Santa Cruz pervive un inequitativo sistema de distribución de la tierra: el 78% son pequeños productores (con 50 hectáreas o menos) que manejan el 9% de la superficie productiva de soya, mientras que el 2% son grandes productores (con más de 1.000 hectáreas) que manejan el 71% de la superficie productiva de soya (Cartagena, 2020). Por otra parte, de una comparación entre la producción de 2003 con soya no transgénica y la de 2019 con soya transgénica (evento 40-3-2), resulta que el rendimiento por hectárea de soya no transgénica es mayor: 2,4 y 1,85 TM/ha respectivamente (Peralta, 2020; Villalobos, 2021).

Desde una mirada feminista, el complejo del agronegocio abarca solo a hombres en las direcciones: “dada la estructura patriarcal del complejo soyero” y de la ”cultura” machista de que son los hombres los que deciden y saben sobre producción agrícola (McKay, 2018). Ambientalmente, el uso constante de agroquímicos con alto grado de toxicidad -según la OMS y la FAO- puede afectar a animales (sobre todo polinizadores), humanos, suelos y agua (Villalobos, 2020). Un terrible efecto ambiental del agronegocio -subrayado por varios estudios- es la relación que tiene la actividad con el alarmante incremento de tasas de deforestación e incendios forestales, los peores de Bolivia fueron en 2019 y 2020 (Vos; Gallegos et al. 2020).

Entonces, el trasfondo del relato de la élite soyera es otro distinto al del modelo agrícola “exitoso” que quiere vender. Cartagena (2020) coincide con Colque (2020) en que subyacen “razones extra productivas” en este gremio, que tienen que ver la consolidación de tenencia de sus tierras y el incremento de su valor, por ejemplo, vendiéndolas o rentándolas para otros cultivos; o las ganancias que produce el resto de la cadena productiva de la soya, como el mercado de los insumos agrícolas.

En efecto, según los datos de campo relevados por McKay (2018), hay una cadena de varios actores involucrados en el negocio de los insumos de la soya transgénica, desde las transnacionales Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras corporaciones que “colaboran” con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “promover” variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. MacKay (2018) sostiene, por ejemplo, que otro de los efectos es la dependencia a la tecnología. El caso de los capitales y tecnología brasileña usado por el agronegocio boliviano condujo a una ola de “extranjerización”: entre 2006 y 2007 los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento que representaban en 1994 y 1995 (Urioste, 2012).

Sin embargo, estos mismos sectores vienen presionando al Estado para tener más beneficios políticos directos (Ormachea; Ramírez 2013), donde resalta un consorcio complejo: ANAPO, CAO, IBCE, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) -parte del grupo CropLife- y hasta la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. De hecho, muchas de estas gestiones han tenido como resultado eventos públicos de intercambios de acuerdos entre el gobierno de Evo Morales y el consorcio soyero, como el Encuentro Plurinacional de 2011 y 2012 (Gomez, 2013); la ExpoSoya de 2014, la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015; incluso la ExpoSoya de 2020 que tuvo como participante a la presidenta transitoria, Jeanine Añez.

Las leyes hechas a medida del agronegocio

En un debate de 2020, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), volvía a afirmar que frente a la pandemia el sector se reactivaría sólo con el apoyo del Estado y demandaba: acceso a tecnología e insumos; ampliar la Función Económica Social (FES); y garantizar mercados externos, así como contar con infraestructura específica como puertos, carreteras, hubs y ferrocarriles. Esta ha sido la agenda del agronegocio los últimos 15 años y -como se verá a continuación- en buena parte ha sido atendida con un marco legal hecho a medida del agronegocio.

Transgénicos e insumos

El agronegocio ha venido usando una narrativa de “emergencia” de incrementar rendimientos en la producción de alimentos, para satisfacer el mercado interno cada vez que impulsa una medida a favor del sector, ya sean argumentos climáticos -como la sequía- o incluso la pandemia de Covid-19. En 2016, con pretexto de la sequía, aprobaron el DS 2857 para la importación de maíz transgénico amarillo proveniente de Argentina destinado al consumo animal, lo que ocasionó la siembra ilegal de maíz BT y maíz RR en el chaco cruceño (Cartagena, 2020). En 2919 alegaron baja productividad y problemas por la sequía para conseguir el DS 3874, que permite la evaluación de la soya transgénica evento HB4 y la soya evento Intacta, destinados a biodiésel. En 2020 lograron la aprobación del Decreto 4232 para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, y pusieron como argumento que la iniciativa era parte del Plan Nacional de Emergencia por el Covid-19 para el abastecimiento del consumo interno.

Normas que la viabilizanDS 28225 de 2005 que permite el uso, procesamiento y comercialización interna y externa de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) y sus derivados.
Ley 314 de 2012 que permite la expropiación para iniciar la construcción de la Planta Industrializadora de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo.
DS 2857 de 2016 que permite la importación de maíz amarillo transgénico proveniente de la Argentina.
Ley 1098 de 2018 que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel.
DS 3874 de 2019 que autoriza procedimientos abreviados para soya HB4 y soya Intacta, con fines de producción de biocombustibles.
DS 4232 de 2020 que establece procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.
RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp para ser implementados en plantaciones forestales.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Tierra: Función Económica Social (FES), desmontes y frontera agrícola

La Ley 337 que paradógicamente crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en realidad consolida un terrible “perdonazo” a desmontes realizados entre 1996 y 2011. Con leyes de este tipo, los últimos años se ha visto una paulatina legalización de desmontes y quemas, pagando apenas pequeñas multas, evitando sanciones penales y reforestando pequeñas partes. Al mismo tiempo, con la Ley 740 de ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades, el agronegocio ha logrado evitar la reversión de tierras, aunque el horizonte del sector es la cancelación o eliminación de la FES, arguyendo que su carácter temporal dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía (CAO, 2020). Mediante la Ley departamental 93 de Beni, en 2019, lograron ampliar la frontera agrícola en este departamento con 10 millones de hectáreas destinadas al sector ganadero, modificando el Plan de Uso de los Suelos (PLUS), con cinco categorías generales: tierras de uso agropecuario (9.026.912 ha.); de uso agrosilvopastoril (946.064 ha.); de uso forestal (3.276.067 ha.); de uso restringido (2.203.290 ha.); Áreas naturales protegidas (6.855.760 ha). Según el estudio de Rojas (2020), la falta de datos técnicos en el PLUS de 2019, solo ratifica que fue una decisión política y no con base científica, que beneficia en primera línea a los ganaderos, pero también a intereses agroindustriales nacionales y extranjeros (Rojas, 2020).

Normas que la viabilizanLey 337 de 2013 que crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece el perdonazo de desmontes realizados entre 1996 y 2011.
Ley 502 de 2014 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 12 meses más.
Ley 740 de 2015 que ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades.
Ley 739 de 2015 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 18 meses más.
Ley 741 de 2015 que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades.
Ley 1171 de 2019 que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha).
DS 3973 de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Beni y Santa Cruz.
Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Mercados y exportación

En 2008, producto de un boicot del sector agroempresarial, el gobierno emitió el Decreto 29460 que restringe la exportación de alimentos ante déficit de abastecimiento interno. A partir de ese momento, el objetivo del agronegocio es lograr la libre exportación de productos agrícolas o agroindustriales sin restricciones temporales y sin bandas de precios, un objetivo que habían logrado con el Decreto 4139 de 2020 firmado por Añez y derogado por Arce ese mismo año. Este es un tema latente en el sector y un espacio en disputa con el Gobierno, sobre todo estos años que los precios internacionales de la soya volvieron a repuntar, prueba de ello fueron los bloqueos de carreteras convocado por ANAPO exigiendo la eliminación de la banda de precios a derivados de la soya.

Normas de restringen
y controlan en mercado interno
DS 29460 de 2008 que prohíbe la exportación temporal de alimentos ante desabastecimiento interno.
DS 1514 de 2013 que autoriza la cuota anual de exportación de soya de 400.000 toneladas.
DS 1925 de 2014 que aumentó la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3127 de 2017 que aumentó de la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3920 de 2019 que autorizó la exportación de 60% de la producción nacional de soya.
DS 4417 de 2020 que abroga los Decretos 4139 y 4181.
Normas que la viabilizanDS 4139 de 2020 que libera plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya (derogado).
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Fuentes:

Colque, G. (2020). Detrás de la expansión de la frontera agrícola: sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Cartagena, P. (2020). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Osinaga, E. (2020). Perspectivas del sector agropecuario [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Peralta, C. (2020). Impactos y tendencias del modelo agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia. Revista Mundos Rurales 15(01), 10-2020.

Rojas, J. y Anzaldo, A. (2020). El nuevo PLUS del Beni, excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. Revista Mundos Rurales, 15(1).

Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Villalobos, G. (2021). ¿Qué son los agroquímicos?. Fundacionsolon.org.

Vos, V., Gallegos, S. et al. (2020) Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya

Por: Guillermo Villalobos M.

Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2]. 

En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial. Así, bajo este modelo, la superficie cultivada con esta leguminosa se incrementó a pasos acelerados, pasando de significar apenas el 7,3% del total de superficie cultivada en 1985-1986 a representar el 38,6% del total de superficie cultivada del país en el 2004-2005 (Gráfica 1).

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La historia de los transgénicos en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos M.

La historia de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Bolivia es intrincada. A grandes rasgos, podemos identificar cinco grandes períodos que marcaron la historia normativa de los OGM en el país. El primer periodo se remonta a principios de la década de los 90 con los primeros ensayos con papa Genéticamente Modificado (GM) variedad Desiree. Sin embargo, fue recién después de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 (ratificado por Bolivia en 1994 mediante la Ley 1580) y la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1996 que regula un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos que Bolivia aprueba en 1997 su Reglamento sobre Bioseguridad. Con este reglamento -cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos por el uso y liberación de OGM- se crea el Comité Nacional de Bioseguridad como organismo encargado de asesorar en temas relacionados al manejo y evaluación técnica para realizar actividades con OGM.

Es en base al Reglamento sobre Bioseguridad que en 2005 se autoriza por primera vez en el país la producción y comercialización de soya genéticamente modificada resistente al glifosato evento (40-3-2), constituyéndose en el único OGM formalmente aprobado hasta la fecha  en el país. A partir de esta autorización, que da inicio al segundo periodo, es que poco a poco toda la soya convencional que se producía en el país se reemplaza por soya transgénica. Desde 2012 prácticamente toda la soya producida en Bolivia es transgénica.

Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, se inicia un tercer periodo histórico, caracterizado por la aprobación de un amplio marco legal que norma la utilización de transgénicos en el país. Así, partiendo desde la misma CPE (Art. 255, I., No. 8) y mediante la aprobación de distintas leyes entre 2010 y 2014, el país construyó un marco legal que buscó normar, desincentivar y prohibir la importación, uso, producción, liberación al medio y comercialización de OGM en el país.

Empero, y pese a todo este marco legal, desde 2011 se comienza a observar la conformación de un cuarto periodo, caracterizado por una “apertura” de la norma a favor de los OGM. Dicha “apertura” se dio fundamentalmente por medio de la Ley 144; la cual – a la par de prohibir la introducción de OGM al país (Art. 15, No 2) – establece que todo producto OGM destinado al consumo humano tiene que estar debidamente etiquetado y que se establezcan disposiciones para controlar la producción, importación y comercialización de productos GM (Art 19, No 5). Años después, esta Ley dio paso al Reglamento sobre etiquetado de productos que contengan OGM, donde se establece que todo alimento producido, fabricado e importado al país que contenga o derive de OGM obligatoriamente tenga una etiqueta (DS 2452 Art. 4).

El quinto y último periodo consolida ese viraje hacia una apertura a los OGM y una flexibilización de la normativa nacional. Este viraje comenzó a concretarse con el Decreto Supremo N° 1098 del 2018, que autoriza la producción de aditivos de origen vegetal (etanol y biodiésel), para luego pasar al Decreto Supremo N° 3874 del 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dos nuevos tipos de soya transgénica (evento HB4 e Intacta) para la producción de biodiésel. El punto más alto de este periodo lo representó la promulgación de los Decretos Supremos 4232 y 4348 en el 2020. El DS N° 4232 autorizó nuevamente al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados, solo que esta vez para un número indefinido de eventos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. Mientras que el DS N° 4348 autoriza la zonificación de áreas para el cultivo de maíz transgénico, a pesar de no estar aún autorizados legalmente.

¿Qué son los agroquímicos?

“A pesar de las recientes estimaciones de que las repercusiones económicas de los plaguicidas en las especies no destinatarias (incluidos los seres humanos) ascienden aproximadamente a 8.000 millones de dólares anuales en los países en desarrollo, el uso de plaguicidas está aumentando y se utilizan millones de toneladas de ingredientes activos de plaguicidas en la agricultura” (FAO, 2018)

Por Guillermo Villalobos M.

Cada año en los campos de cultivos de todo el mundo se aplica millones de toneladas de agroquímicos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a nivel global se rocían unos 4.6 millones de toneladas de plaguicidas químicos al año y unos 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados.[1] Solo durante el 2018, la FAO estima que se usaron unos 188 millones de toneladas de fertilizantes, 40% más que en el 2000. Mientras que, para el 2018, se usaron 4,1 millones de toneladas de pesticidas, 33% más que en el 2000 (FAO 2020).

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Agroquímicos: El país de las normas pisoteadas

Por: Guillermo Villalobos M. y Blanca Ramírez

Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uso de plaguicidas en Bolivia se duplicó entre 2005 y 2018, pasando de 7.146 toneladas a 14.758 toneladas respectivamente.[1] El mayor uso de plaguicidas está estrechamente vinculado con la introducción de la soya durante los 90 y más específicamente con la legalización de la soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2) en el 2005.[2] De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las importaciones de plaguicidas se incrementaron en 491% desde el 2007 al 2016, pasando de 6.594 toneladas en el 2007 a 39.000 toneladas el 2016, por un valor acumulado de 1.652 millones de dólares americanos.[3] Solo el año 2019, Bolivia importó un total de 52.489 toneladas de plaguicidas[4] por un valor FOB total de 247 millones de dólares americanos.[5]

Muchos de los plaguicidas que se importan legalmente al país tienen niveles de toxicidad elevados y son restringidos en otros países. Un estudio en 2018 reveló que, de los 229 ingredientes activos con registro sanitario de ese año, 164 eran considerados altamente tóxicos y 105 estaban prohibidos en otros países.[6] Paradójicamente Bolivia cuenta con un amplio marco legal que regula e incluso prohibió el uso de agroquímicos – plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etc. – en el país; comenzando desde la misma Constitución Política del Estado, numerosas leyes y resoluciones administrativas, hasta varios tratados internacionales. A pesar de este marco legal, los datos develan que el país va en contra marca a lo dispuesto en su normativa.

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Luis Arce y los transgénicos: Entre promesas y contradicciones

Por Guillermo Villalobos

El pasado 7 de mayo del 2020, en medio de una situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo N° 4232 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa” en base a medidas tomadas en países vecinos. Estos procedimientos abreviados para facilitar la introducción de transgénicos debían aprobarse en un plazo de diez días, periodo que fue ampliado a cuarenta días por el DS N° 4238 del 14 de mayo de 2020. Posteriormente, el gobierno de Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4348 de 22 de septiembre del 2020 para “identificar las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología” antes de que el Comité Nacional de Bioseguridad hubiera aprobado la introducción de maíz transgénico.

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Infográfica: Quemar bosques para alimentar vacas

Más de dos tercios de las emisiones de gases efecto invernadero del país se deben a la deforestación y a la actividad agropecuaria.  En toda Sudamérica, el 71% de la deforestación es producto de la expansión de pastizales para la ganadería. En Bolivia, la ganadería es el principal causante de los incendios en tierras de uso ganaderas, pero también en reservas forestales y en áreas protegidas. Incendios que se genera debido a las quemas de pastizales y bosques para expandir las áreas de pastoreo para el ganado.

Actualmente en el país existen unos 9 millones de cabezas de ganado, una vaca por cada boliviano. No obstante, el Gobierno, en acuerdo con los grandes ganaderos, pretende ampliar la exportación de carne hasta el 2025. Desde el 2019 Bolivia comenzó a exportar carne a la China, y desde entonces las exportaciones en general van en crecimiento. Esto se traducirá en más deforestación y más quemas. Ante este escenario, es urgente tomar medidas drásticas para frenar este ecocido en curso.

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Noviembre 2020: sequía y cuatro veces más focos de calor que el año pasado

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA), mediante su Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) registro en todo el mes de noviembre de este año 63.515 focos de calor. Esto es cuatro veces más que el 2019, cuando se registraron 15.645 focos de calor en todo noviembre.  

De acuerdo al Boletín Informativo N° 031 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), de los 7.965 focos de calor registrados en la última semana de noviembre de este año, solo el 9,6% fueron en áreas autorizadas por la ABT[1]; esto a pesar de que aún se mantiene vigente las Resoluciones Administrativas N° 149/2020 y N° 275/2020 que paralizan temporalmente la autorización de quemas en todo el territorio nacional.

A nivel departamental, Santa Cruz concentró el 58% del total de los focos de calor registrados en noviembre, seguido en segundo lugar por Beni con el 26%; porcentajes muy similares al mes de noviembre del 2019. Los principales municipios con mayor incidencia de focos de calor en el 2020 fueron: San Iganacio de Velazco (8211 focos), Concepción (5416 focos), San Ignacio (departamento del Beni) (3209 focos), San Miguel (3010) y San José de Chiquitos (2591).

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Focos de calor mes de noviembre 2020

Focos de calor mes de noviembre 2019

Fuente: MMAyA

De acuerdo con los dados del SIMB, el 45% de los focos de calor registrados en noviembre del 2020 (28.561 focos) fueron en áreas con cobertura boscosa. El tipo de bosque con mayor recuento de focos de calor fue el Chiquitano, con 11.597 focos de calor (40,6% del total registrado en áreas boscosas), seguido por el bosque amazónico con 7.483 (26,2%), el bosque chaqueño 3.501 (12,3%) y el bosque tucumano-boliviano (10,5%). En términos porcentuales, el mes de noviembre del 2020 presentó un aumento significativo de los focos de calor en el bosque amazónico en comparación al mismo periodo del 2019 (11,5% del total de focos de calor registrados en área boscosa). El mismo patrón se observó en el bosque tucumano-boliviano. Sin embargo, los focos de calor registrados en el bosque chaqueño señalan una disminución porcentual importante respecto a noviembre del 2019, cuando en este tipo de bosque registraba el 25,9% de todos los focos de calor en área boscosa.

Los focos de calor contabilizados en reservas forestales fueron 11.205, equivalentes al 17,8% de todos los focos registrados en noviembre del 2020. Esto es ocho veces más que en noviembre del 2019.

Los focos de calor registrados en áreas protegidas durante noviembre del 2020 fueron más del doble de los registrados durante el mismo mes en 2019. Sin embargo en términos porcentuales en relación al total de focos de calor durante el mes de noviembre bajaron de 11,8% en el 2019 a 7,4% en el 2020.

Las áreas protegidas con mayor incidencia de focos de calor durante 2020 fueron: Noel Kempff Mercado (1.513 focos), Isiboro Secrué (1303 focos) Iñao (547 focos) y San Matías (421 focos). Mientras que las reservas forestales con mayores registros de focos de calor fueron: Guarayos  (2564 focos), El Chore (1929 focos) y Ríos Blanco y Negro (1335 focos) en Santa Cruz; Bajo Paragua (1930 focos) en el Beni; y Chapare (1219 focos) en Cochabamba.

Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Noviembre 2020

Focos de calor registrados en reservas forestales y áreas protegidas. Noviembre 2019

Fuente: MMAyA

El elevado número de focos de calor registrado durante los últimos meses de este año es atípico, según reporta la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). De acuerdo al monitoreo realizado por la FAN, a lo largo de los últimos 19 años existía una clara tendencia a la disminución de los focos de calor en el último trimestre del año.[2] Parte de este fenómeno atípico se explica por las altas temperaturas reportadas durante este mes, sumado a las bajas precipitaciones, que coadyuvaron a la expansión de los incendios hasta finales del mes.[3] En este contexto, un informe del Observatorio de la Tierra de la NASA de finales de octubre de este año detalla como el subcontinente sudamericano estaría enfrentando la segunda sequia más intensa desde el 2002.

Fuente: Observatorio de la Tierra, NASA

Según dio a conocer el reporte de la NASA, las carencia de precipitaciones esta, asimismo, afectando drásticamente el almacenamiento de agua subterránea, donde en algunas regiones muestran condiciones de sequía que anteriormente ocurría aproximadamente una vez cada 50 años.[4] De a cuerdo la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde octubre del 2020 se instaló un nuevo episodio de La Niña,[5] este fenómeno generalmente implica condiciones de mayor humedad en el norte de la Amazonia, pero mayor sequedad en el sur del continente. Se prevé que este episodio de la Niña sea moderado a intenso y que se pueda extender hasta el primer trimestre del 2021.[6] Ante este escenario, cabe la posibilidad de que para la próxima temporada de chaqueos las condiciones atmosféricas sean aún más favorables para la propagación de incendios forestales en gran parte del país.


[1] Mientras que el 48,0% de los focos de calor registrados esa semana se dieron en áreas sin autorización (ilegales), 23,5 % en Territorios Comunales de Origen (TCO) y 18,9 % en áreas protegidas. Véase: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2020/11/Boletin-031.pdf

[2] Véase: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/situacion-de-incendios-forestales-en-bolivia/

[3] https://www.periodicobolivia.com.bo/sube-riesgo-de-incendios-por-altas-temperaturas-y-falta-de-lluvias/

[4] https://earthobservatory.nasa.gov/images/147480/severe-drought-in-south-america?utm_source=TWITTER&utm_medium=NASAEarth&utm_campaign=NASASocial&linkId=103648183

[5] La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, a saber, los vientos, la presión y las precipitaciones. Por lo general, tiene efectos en el tiempo y el clima contrarios a los de El Niño, que es la fase cálida del fenómeno denominado. Véase: https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-ni%C3%B1a-se-consolida

[6] Véase: https://news.un.org/es/story/2020/10/1483212

Octubre del 2020 presenta tres veces más focos de calor que en el 2019

Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) durante el mes de octubre de este año se registraron 122.738 focos de calor en todo el país. En comparación, durante el mismo periodo el 2019, se contabilizaron 31.190 focos de calor. Esto significa un incremento de 293% con relación a octubre del año pasado.

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Mes de septiembre del 2020 presenta 41% más focos de calor que el 2019

Bolivia está nuevamente envuelta en llamas. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), durante el mes de septiembre de este año se registraron 85.228 focos de calor en todo el país. Mientras que, durante el mismo periodo el 2019, se contabilizaron 60.076 focos de calor. Dicho de otra manera, el mes de septiembre del 2020 presenta 41,8% más focos de calor que el año pasado.

Santa Cruz sigue encabezando la lista de los departamentos más afectados, concentrando el 49% (42.087 focos) del total de los focos de calor. Sin embargo, este porcentaje significa una reducción significativa en comparación con el año pasado, cuando solo en ese departamento se concretaba el 66 % de los focos registrados. Por el contrario, el departamento del Beni tuvo un aumento considerable; en septiembre del 2019 este departamento concentró el 21% de los focos de calor, pero durante el mismo periodo del 2020 esta cifra subió al 34% [1] .

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Transgénicos: Tras el voto del agronegocio

A pesar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 255 prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM), ninguno de los programas de los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones plantea medidas concretas para efectivizar dicha prohibición. El MAS y Comunidad Ciudadana eluden hablar con nombre y apellido de los transgénicos u OGM y prefieren utilizar el término de biotecnología o de transferencia de tecnología para la agricultura. La alianza Creemos es la única que en su programa de gobierno se pronuncia abiertamente a favor de los OGM. En relación a los biocombustibles -que van de la mano de los transgénicos- el MAS y Creemos se pronuncian explícitamente a favor de ellos mientras que CC guardia silencio.

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Bosques: Sin lecciones de fondo de la Chiquitania

El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].

Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.

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¿Qué es la Acción Popular contra los transgénicos?

Este 25 de septiembre se llevará a cabo en Santa Cruz la audiencia de Acción Popular contra el gobierno de Jeanine Añez por instruir al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar un procedimiento abreviado para la evaluación de cientos de eventos transgénicos de cinco productos: maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.

La sentencia del ecocidio en la Chiquitania

El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.


Ecocidio y derechos de la naturaleza en la Chiquitania

Los derechos de la naturaleza buscan reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) es una entidad internacional que busca dar una voz a la naturaleza y a los defensores de la naturaleza. Esta surge de la sociedad civil y bajo el mandato de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza que nació durante la cumbre de Tiquipaya el año 2010 en Cochabamba. Debido al ecocidio suscitado por los incendios del año pasado, el Tribunal llevará a cabo audiencias virtuales el lunes 17 y miércoles 19 de agosto, por el caso “Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía”.


Infierno en Sudamérica

Por: Guillermo Villalobos

El año pasado los bosques de Sudamérica, y en particular de la Amazonía y la Chiquitanía, padecieron un verdadero infierno. Lo lógico hubiera sido que este año bajaran significativamente las cifras de incendios y que las autoridades de todos los países hubieran tomado todas las medidas necesarias para evitar que se repita el ecocidio. Sin embargo, la situación es muy diferente:


Cuatro veces más incendios en el Pantanal

Uno los ecosistemas más afectados este año es el Gran Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Según el reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),[1] del 01 de enero al 04 de agosto de este año 768 mil hectáreas en el Pantanal fueron afectadas por incendios forestales. Siendo el Pantanal brasilero el más dañificado con 534 mil (70%) hectáreas quemadas, seguido por Bolivia y posteriormente Paraguay, con 147 mil (19%) y 86 mil (11%) hectáreas respectivamente.

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Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza. 2020. Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. Santa Cruz, Bolivia. p. 5.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Brasil, en todo el mes de agosto del 2019 se registraron 34.806 focos de quema,[2] frente a los 175.644 computados durante el mismo periodo en el 2020; esto significa, un aumento del 405% de los focos de quema en relación al año pasado.[3] Se estima que el fuego ya consumió el 10% de todo el bioma del Pantanal brasilero, siendo estos incendios uno de los más devastadores en los últimos tiempos.[4]

Del otro lado de la frontera, en Bolivia, en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis el Sistema de Información y Monitoreo del Bosque (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) registró 3.752 focos de calor entre el 01 de enero al 31 de agosto, quemándose siquiera 95.765 hectáreas, sin olvidar las ya 6.528 hectáreas que se quemaron durante el mes de marzo de este año. A lo que se suma las 14.500 hectáreas quemadas en el Área Natural de Manejo Integral San Matías.[5] Mientras que, en la frontera paraguaya, se reportan que en la Reserva Pantanal Paraguayo se han quemado unas 4.000 hectáreas.[6]

La situación en el Pantanal es alarmante. El estrepitoso aumento de las quemas en el bosque de pantanal se complementa con la sequía que fustiga esta región. Según un informe de la ONG SOS Pantanal, entre enero a mayo hubo una disminución del 50% de las precipitaciones en todo el ecosistema del Pantanal, enfrentando uno de las menor inundaciones en los últimos 47 años.[7] Este escenario, sumado al importante aumento de la temperatura, hace que el ambiente sea aún más propenso a la propagación de los fuegos. 

La Amazonía sigue ardiendo

Los incendios trasfronterizos en el Pantanal representan apenas un eslabón de esta compleja problemática. A pesar de que los datos de focos de quemas en el Pantanal brasileños registrado durante el mes de agosto de este año son absolutamente alarmantes, solo corresponden al 15.9% del total de focos de quema registrados por el INPE. Mientras que el 59.9% (661.890 focos) de los focos de quema se encuentra en el bosque amazónico. Solo hasta julio de este año, el área quemada en el bosque amazónico brasilero asciende ya a los 13.703 km2 (1.370.300 hectáreas).[8] 

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Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2019)

Brasil: Focos de quema por bioma (01 al 31 de agosto 2020)

Fuente: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal Datos obtenidos el 01/09/2020

Tras los pasos de Brasil:

Si bien en Bolivia durante el mes de agosto hubieron menos focos de calor que el año pasado,[9] los registros acumulados hasta la fecha no dejan de ser inquietantes.

De los 45.770 focos de calor registrados en el mes de agosto, 11.899 (el 26 %) se registraron en áreas con cobertura boscosa, según datos SIMB. El tipo de bosque más afectado en el país sigue siendo el bosque chiquitano, contabilizándose durante el mes de agosto 4.117 focos (equivalente al 34,6 % del total de focos de calor registrados en áreas boscosas), seguido por el bosque amazónico con 3.083 focos de calor (25,9 %), el bosque de llanuras inundables con 1.532 focos de calor (12,9 %), el bosque de pantano con 1.165 focos de calor (9,8 %) y el bosque chaqueño con 891 focos de calor (7,5 %).

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Así, y a pesar de la devastación causada por los incendios forestales del 2019 siguen latentes en la memoria colectiva, los fuegos nuevamente se presentan en los ecosistemas boscosos boliviano.

Los datos del SIMB revelan que la amazonia es el segundo tipo bosque más afectado por el fuego. En términos porcentuales, durante el mes de agosto de este año la amazonia registró un mayor porcentaje de concentración de focos de calor (el 25,9%) que el mismo periodo en el 2019, fecha en que el bosque amazónico concentró solo el 13% del total de focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa.

Sin embargo, los bosques bolivianos no son los únicos que se encuentran asediados por las llamas. Lastimosamente los fuegos son una condición regional que traspasa las fronteras de los Estados, afectando directa e indirectamente de forma sistémica a toda la región.

En Colombia, por ejemplo, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) señala que en tan solo los primeros cuatro meses del 2020 se deforestaron 75.000 hectáreas de bosque amazónico – equivalente al 47,4% del total deforestado en 2019.[10] Igualmente, según WWF Colombia, entre enero a abril del 2019 hubo 23.358 focos de calor Amazonia colombiana, pero en el mismo periodo del 2020 se registraron 63.178 focos de calor – un aumento del 37 %.[11]

El acelerado avance de la deforestación y de las quemas en la Amazonía en general afectan dramáticamente la resiliencia del bosque, acelerado su degradación y haciéndolo cada vez más vulnerable a condiciones extremas. Asimismo, la afectación sistémica producto de la deforestación y quema del bosque amazónico conlleva a una reducción importante de la humedad y las lluvias que alimenta otras cuencas subtropicales, influenciando sustancialmente a los bosques aledaños – como el caso del Pantanal – y en la región en general.[12]

Incendios en el bosque chaqueño

El bosque chaqueño es otro de los ecosistemas boscosos transfronterizos que se encuentra afectado por los fuegos. Según el reporte del Instituto Forestal Nacional (Infona) del Paraguay, en el mes de julio se registraron 14.400 focos de calor, donde los departamentos fronterizos con Brasil, Bolivia y Argentina son los más damnificados.[13] Solo durante el 1 de septiembre de este año se detectaron 1.334 focos de calor, de las cuales 854 (el 64 %) se encuentran en el Chaco paraguayo.[14]

La misma situación se observa en las provincias que conforman la mayor parte del Gran Chaco argentino: Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta. Entre mediados de marzo al final de julio alrededor de 30.000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas.[15] Entre tanto, durante el primer quincena del mes de agosto de este año, se quemaron solo en la provincia del Chaco más de 20.000 hectáreas; a la vez que los incendios siguen proliferando y expandiéndose en otras provincias.[16] 

Por otro parte, en Bolivia durante el mes de agosto el bosque chaqueño registró 891 focos de calor, haciéndolo el quinto bosque con mayor concentración de focos de calor registrado en área con cobertura boscosa. Siendo la provincia Chiquitos y las provincias fronterizas de Cordillera y Gran Chaco las más afectadas, según los datos presentados por el SIMB. 

Los focos de calor registrado en el chaco son extremadamente inquietantes. No solo porque el bosque chaqueño es uno de los más deforestados a nivel mundial, sino porque también alberga una importante población de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PISAC).[17] Un reciente informe trinacional sobre Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (Brasil – Bolivia – Paraguay) revela que, entre el 2018 y 2019, en estos países hubo un alarmante aumento de los focos de calor registraos en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas con presencia de PISAC.[18]

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Focos de incendio en 2019 y áreas de presencia de PIA en Paraguay y Bolivia.

Fuente: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, p. 31.

En suma, los datos presentados nos develan que, a pesar de la devastación de los incendios forestales del 2019, los bosques sudamericanos siguen estando asediados por los fuegos; donde, el bosque amazónico sigue siendo uno de los más aquejado por las llamas. Sin embargo, no es menos alarmante la precipitosa marcha de las llamas en los demás ecosistemas boscosos de la región.

Los fuegos que se están registrando en los distintos bosques de sudamericanos son en su absoluta mayoría provocadas por los seres humanos. La falta de control y de fiscalización por parte de los Estados y de la sociedad es evidentemente uno de los elementos principales que permite la vertiginosa propagación de los incendios. Sin embargo, es fundamentar visualizar que el origen de los fuegos corresponden a una política de Estado – siendo los ejemplos más evidentes los casos de Brasil y Bolivia[19]. Esta política tiene un propósito claro: fomentar y potencializar el modelo extractivo de commodities específicos – como por ejemplo, el agrícola – en desmedro de los bosques y de los territorios indígenas.    

La pandemia del Covid-19 – así como las políticas de contingencia tomadas por los gobiernos – lejos de frenar el avance de la deforestación e incendios en los bosques le proporcionó un renovado impulso. Ante la latente crisis socio-económica generado por el Covid-19, los gobiernos y las elites dominantes apuntan a afianzar y profundizar aún más el modelo extractivista depredador, donde los business as usal es el único paradigma posible para “salir” de la crisis generado por la pandemia. Omitiendo, por supuesto, que es justamente este modelo el que nos llevó a esta crisis en un primer lugar. 


[1] http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf

[2] Sobre la diferencia entre focos de calor y focos de quema véase: https://eldeber.com.bo/137001_foco-de-quema-y-foco-de-calor-es-lo-mismo-conoce-los-terminos-sobre-la-actividad-del-fuego

[3] Mientras que en entre el 01 de enero al 31 de agosto del 2020 se registraron 303.422 focos de quema acumulados, un aumento del 377% en comparación al 2019, donde se registraron 63.646 focos de quema en el mismo periodo. Véase: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal

[4] https://www.dw.com/pt-br/fogo-j%C3%A1-consumiu-mais-de-10-do-pantanal-em-2020/a-54630524

[5] A todo ello, en el Parque Nacional Otuquis se añaden las 313.744 hectáreas quemadas durante los incendios forestales del 2019 (correspondiente al 35% de su superficie). Véase: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf y https://erbol.com.bo/nacional/tribunal-de-la-naturaleza-declara-que-incendios-del-2019-fueron-un-%E2%80%9Cecocidio-ocasionado-por

[6] https://es.mongabay.com/2020/08/incendios-forestales-pantanal-bolivia-brasil-paraguay/

[7] Según una nota de Mongabay, los niveles del río Paraguay son tan bajos que “En el puerto de Asunción la altura del agua no supera los 70 cm”. Véase: https://es.mongabay.com/2020/08/incendios-forestales-pantanal-bolivia-brasil-paraguay/#:~:text=El%20reporte%20de%20FAN%20indica,mil%20hect%C3%A1reas%20en%20territorio%20boliviano.

[8] Véase: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/

[9] Según la ABT, en el mes de agosto “se registró 69% menos de focos de calor en todo el país, comparados con el mismo mes del 2019”, hecho que la ABT atribuye al permanente trabajo de fiscalización, a la Resolución Administrativa ABT N° 149/2020 de prohibición de quemas y a las lluvias. Sin embargo, de acuerdo al Boletín Informativo N° 18 de la ABT, del total de focos de calor registradas durante del 24 al 30 de agosto, solo el 5,3% se dieron en áreas donde la ABT ha emitido alguna autorización (quemas legales), mientras que 75,7 % se dieron en áreas donde no ha proporcionado una autorización (quemas ilegales) y el 19 % se encuentran en otra jurisdicción (por ejemplo: en Territorios Comunitarios de Origen TCO y Áreas Protegidas). Véase: https://www.mmaya.gob.bo/2020/09/agosto-cierra-con-69-menos-focos-de-calor-registrados-en-comparacion-con-el-mismo-mes-del-2019/ y http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2020/09/Boletin-018.pdf

[10] Véase: https://fcds.org.co/ni-la-covid-19-detiene-la-deforestacion-en-la-amazonia/

[11] Véase: https://www.wwf.org.co/sala_redaccion/?uNewsID=364635

[12] Zemp, D. C., C.-F. Schleussner, H. M. J. Barbosa, and A. Rammig (2017), Deforestation effects on Amazon forest resilience, Geophys. Res. Lett., 44, 6182–6190. Disponible en: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/2017GL072955#:~:text=deforestation%20could%20reduce%20the%20resilience,of%20deforestation%20on%20continental%20rainfall.

[13] Estos departamentos son: Presidente Hayes (6.654 focos de calor), Alto Paraguay (2.070 focos de calor) y Boquerón (964 focos de calor). Departamentos que abarcan tanto el bosque Seco Chaqueño como el bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay. Véase: http://www.infona.gov.py/index.php?cID=296 y http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/en-julio-se-detectaron-mas-de-14400-focos-de-calor-en-todo-el-territorio-nacional

[14] Véase: http://guyra.org.py/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-informativo-de-riesgos-de-incendios-01_09.pdf

[15] Véase: https://es.mongabay.com/2020/08/argentina-el-peligro-de-la-reactivacion-economica-para-los-bosques-del-gran-chaco/

[16] Véase: https://www.chacodiapordia.com/2020/08/14/incendios-en-chaco-ya-se-quemaron-20-000-hectareas-en-lo-que-va-de-agosto/ y https://www.ambito.com/informacion-general/incendios/grave-ya-son-nueve-las-provincias-afectadas-forestales-n5127758

[17] Véase: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/08/2020/puntos-de-calor-no-dejan-de-aumentar-en-la-amazonia-y-amenazan-piaci

[18] De los 99 territorios indígenas (TI) con registros de PIA en Bolivia, Brasil y Paraguay, se constató en el 2019 un aumento de focos de calor en relación al 2018 de 258.25% en Bolivia; 259,28% en Brasil y 185.12% en Paraguay. Mientras que los focos de calor detectadas en las 32 unidades de conservación (áreas protegidas) con presencia de PIA en 2019, en comparación con 2018, aumentaron en un 744.38% en Bolivia, un 347.87% en Brasil y un 44.150% en Paraguay. Véase: Vaz, A. (2020). Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolívia – Brasil – Paraguay. Brasília-DF (Brasil): GTI PIACI, pp. 42-48.

[19] En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, bajo el slogan de “abrir la amazonia y los territorios indígenas al desarrollo”, fomenta una clara política “anti-ambientalista” propiciando la minería, la agroindustria y explotación forestal en la amazonia.  Mientras que, en Bolivia, Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) resolvió que los incendios del 2019 fueron un “ecocido provocado por la política del Estado y el Agronegocio” y estableció la abolición de las “leyes incendiarias”.  Véase: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/amazon-fires-brazil-rainforest-bolsonaro-destruction?CMP=Share_iOSApp_Other y https://es.mongabay.com/2020/08/bolivia-tribunal-de-la-naturaleza-culpa-a-morales-y-anez-por-incendios-del-2019/

Asamblea Mundial por la Amazonía | Hoy es Todavía

El pasado 18 y 19 de julio, organizaciones indígenas, activistas, instituciones, colectivos, entre otros se autoconvocaron a la primer Asamblea Mundial por la Amazonía, para lanzar un grito de defensa a la amazonia y la vida, y para articular acciones conjuntas en torno a tres grupos de trabajo: Covid-19, Boicot y Movilización