Conflicto de intereses y falta de justicia en la Evaluación de Impacto Ambiental

Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) vienen siendo realizados en Bolivia por las mismas empresas interesadas en la ejecución de dichos  proyectos. En este contexto no cumplen con los criterios de objetividad para evaluar los posibles impactos ambientales.

La normativa boliviana no fija criterios para garantizar la independencia y neutralidad de quienes  realizan los estudios de impacto ambiental. Esta situación se agrava cuando se trata de proyectos promovidos por el poder ejecutivo.

Según la normativa vigente, la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) encargada de la categorización, revisión de los EEIA, aprobación de las Licencias Ambientales y seguimiento de los proyectos de mayor envergadura, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Desde que Juan Pablo Ramos Morales renunciara en el 2010 como Viceministro de Medio Ambiente, por negarse a firmar la licencia ambiental para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio Moxos que atraviesa por el TIPNIS, el gobierno de Evo Morales designó a funcionarios absolutamente sumisos para facilitar la aprobación ambiental de los proyectos del ejecutivo. Está situación se mantiene durante el gobierno de Añez y lo más seguro es que continúe mientras no se cree una Autoridad Ambiental Competente que tenga autonomía del gobierno central.

Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley 1333 es evidente que se necesita una profunda reforma institucional para que la AACN pueda actuar con la libertad necesaria para evaluar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a los procesos de EIA. 

La construcción de una institucionalidad ambiental autónoma del poder ejecutivo requiere de una articulación con nuevas instancias como la Defensoría de la Madre Tierra, que fueron creadas hace una década atrás, pero que no fueron implementadas precisamente para no entorpecer a nivel ambiental la aprobación de los proyectos del gobierno central.

Aunque la normativa ambiental establece recursos para que la población pueda impugnar las decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, la práctica es que en general hay una denegación de justicia en casi todos los reclamos que se han presentado por temas ambientales.

El problema de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia es extremadamente complejo de resolver porque no existe la independencia necesaria entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta subordinación de jueces y fiscales al gobierno de turno no es exclusiva del anterior gobierno de Evo Morales. En la actualidad los jueces y fiscales designados por el anterior régimen se han vuelto funcionales al nuevo gobierno para mantenerse en sus cargos sin entrar en conflicto con los nuevos gobernantes.

El acceso a la justicia en materia ambiental requiere de cambios profundos a nivel de la cultura de los servidores públicos y de la población en general entorno al ejercicio del poder, la justicia y la gestión ambiental.

La Evaluación de Impacto Ambiental y el derecho internacional

Diferentes tribunales internacionales se han pronunciado sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entre ellos figuran entre otros la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha emitido una opinión consultiva en 2017 en la que señala:

Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes. Atributos fundamentales de los derechos humanos como la dignidad, la igualdad y la libertad dependen de un medio ambiente que les permita florecer.

Para garantizar los derechos a la vida e integridad los Estados deben:

(i) regular las actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente, con el propósito de disminuir el riesgo a los derechos humanos,

(ii) supervisar y fiscalizar actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente, para lo cual deben poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas, entre los cuales se incluyan tanto medidas preventivas como medidas de sanción y reparación;

(iii) exigir la realización de un estudio de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente, independientemente que la actividad o proyecto sea realizado por un Estado o por personas privadas. Estos estudios deben realizarse de manera previa, por entidades independientes bajo la supervisión del Estado, abarcar el impacto acumulado y respetar las tradiciones y cultura de pueblos indígenas que podrían verse afectados.

(iv) establecer un plan de contingencia, a efecto de disponer de medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, y

(v) mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas del Estado.

Para la CIDH los procesos de EIA deben incluir el principio precautorio y asegurar:

(1) el acceso a la información. En el marco de la de protección del medio ambiente, esta obligación implica tanto la provisión de mecanismos y procedimientos para que las personas individuales soliciten la información, como la recopilación y difusión activa de información por parte del Estado.

(2) la participación pública. El Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar el público sobre estas oportunidades de participación. Los mecanismos de participación pública en materia ambiental incluyen entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial.

(3) el acceso a la justicia. Los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental.

Los Quijotes del pintor boliviano Walter Solón, una lanza contra el olvido

La Razón Digital / EFE / Carlos Heras / La Paz / 24 de octubre de 2016

El personaje cervantino siempre fue motivo de fascinación para el muralista. De 1967 es la serie a tinta “El Quijote y San Francisco”, que reproduce hipotéticos diálogos entre los dos personajes.

Los centenares de Quijotes dibujados y pintados por el boliviano Walter Solón fueron una lanza contra el olvido cuando la dictadura del militar Hugo Bánzer hizo desaparecer en 1972 al hijo de su esposa, José Carlos Trujillo. Continúa leyendo Los Quijotes del pintor boliviano Walter Solón, una lanza contra el olvido

Hace más de 25 años que no se donde poner estas flores

José Carlos Trujillo Oroza “Jó” fue detenido desaparecido junto a otros dos jóvenes de la prisión de El Pari en Santa Cruz, Bolivia, durante la dictadura de Banzer el año 1972. Su madre Gladys Oroza de Solón Romero buscó la verdad, la justicia y sus restos por 40 años hasta su muerte en el año 2012. Hoy la búsqueda continúa #JoHastaEncontrarlo