Por Guillermo Villalobos
El pasado 7 de mayo del 2020, en medio de una situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo N° 4232 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa” en base a medidas tomadas en países vecinos. Estos procedimientos abreviados para facilitar la introducción de transgénicos debían aprobarse en un plazo de diez días, periodo que fue ampliado a cuarenta días por el DS N° 4238 del 14 de mayo de 2020. Posteriormente, el gobierno de Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4348 de 22 de septiembre del 2020 para “identificar las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología” antes de que el Comité Nacional de Bioseguridad hubiera aprobado la introducción de maíz transgénico.
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