Por Juan Pablo Neri y Pablo Solón
Hidroituango debía ser la más grande hidroeléctrica de Colombia y hoy es una tragedia de incalculables proporciones. Cuando se empezó a llenar la presa de manera apresurada uno de los túneles se obstruyó por un derrumbe. El agua se empezó a acumular peligrosamente amenazando con colapsar la presa que aún no estaba terminada. Para que el agua fluyera la empresa decidió inundar la casa de máquinas de la hidroeléctrica. Decenas de miles de personas fueron evacuadas. Debido a la presión del agua, el cerro alrededor de la represa empezó a tener rajaduras y cientos de miles de toneladas de tierra se desplomaron. Los 1.500 trabajadores de la presa han sido evacuados en varias ocasiones.
Los más optimistas prevén que la hidroeléctrica podría entrar en funcionamiento en dos años, con un incremento significativo de sus gastos que ya llegan a los 5.000 millones de dólares. Las personas afectadas y la asociación Ríos Vivos de Antioquia plantean desmantelar de manera controlada la presa para que el río fluya normalmente, termine la situación de alerta roja y la gente vuelva a su vida de antes. Esta es sin duda uno de los más grandes desastres de megaconstrucciones en Sudamérica.
Esta tragedia provocada por la irresponsabilidad de quienes definieron, construyeron y supervisaron la construcción de Hidroituango nos debe hacer reflexionar a los bolivianos y en particular al gobierno de Evo Morales y a las autoridades del Ministerio de Energía, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Una megahidroeléctrica requiere amplios estudios que deben ser verificados por entidades independientes, que no tienen ningún interés económico en el proyecto ni están sujetos a los caprichos políticos de las autoridades que buscan realizar a como dé lugar la obra.
Para que exista una valoración lo más objetiva de los riesgos que involucra una hidroeléctrica de esta magnitud toda la documentación debe ser pública, de fácil acceso y puesta bajo el escrutinio de la población en general, de las comunidades más próximas a la megaobra y de las instituciones técnicas especializadas a nivel geológico, hidrológico, medioambiental, social, antropológico, etc.
El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) no puede ser visto como una simple formalidad que hay que cumplir para obtener la licencia ambiental y para construir el megaproyecto. El EEIA es clave para evaluar los impactos, riesgos y peligros de una megaobra como Rositas. Este estudio debe ser realizado por entidades independientes especializadas que puedan libremente expresar una posición crítica e incluso contraria al proyecto. Actualmente el EEIA de la hidroeléctrica Rositas está siendo realizado por la propia empresa ENDE, interesada en la construcción de esta megaobra.
Jamás se debió haber firmado un contrato con la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la construcción de la presa antes de contar con el EEIA. Las irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del EEIA de Rositas son varios, y ENDE ha incumplido el plazo impostergable del 16 de marzo de 2018 para entregar este estudio al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Los estudios y el diseño de estas megaobras, que deben tener una vida útil de más de 50 años, deben ser extremadamente exhaustivos y tomar situaciones extremas de graves desastres naturales que se irán agravando por el cambio climático. No se puede diseñar una obra sólo con base en los datos de las últimas décadas porque el futuro no será una mera repetición del pasado.
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