El ministro de Energía, Rafael Alarcón, respondió a un cuestionario de cuatro puntos sobre impactos y procedimientos técnicos y legales en el proyecto hidroeléctrico Rositas, con la frase: “Una vez que se cuente con toda la información del proyecto, se contará con la información suficiente para contestar esta pregunta”.
La Petición de Informe Escrito (PIE) corresponde al senador por Beni, Yerko Nuñez, y fue solicitada el pasado 6 de abril, siendo respondida recién este 10 de agosto. El cuestionario pide respuestas a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), mediante el Ministerio de Energía, sobre el momento en el que se realizará la consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas campesinas originarias que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico; detalle las afectaciones, perjuicios y cantidad de afectados, así como las medidas de mitigación; y presente el Estudio de Impacto ambiental Analítico Integrado.
Pese a estas respuestas escuetas, sobre la consulta el ministro respondió que aplicarían lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE): “Una vez que se cuente con toda la información del proyecto, se realizará la consulta previa, libre e informada en cumplimiento a la CPE”.
Sin embargo, ya en 2016 el gobierno lanzó una licitación internacional que se adjudicó la Asociación Accidental Rositas (AAR), con empresas y capitales chinos, para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, sin contar con el estudio ambiental ni con el consentimiento de las comunidades inundadas por el embalse.
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El ministro de Energía, Rafael Alarcón, respondió a un cuestionario de cuatro puntos sobre impactos y procedimientos técnicos y legales en el proyecto hidroeléctrico Rositas, con la frase: “Una vez que se cuente con toda la información del proyecto, se contará con la información suficiente para contestar esta pregunta”.
La Petición de Informe Escrito (PIE) corresponde al senador por Beni, Yerko Nuñez, y fue solicitada el pasado 6 de abril, siendo respondida recién este 10 de agosto. El cuestionario pide respuestas a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), mediante el Ministerio de Energía, sobre el momento en el que se realizará la consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas campesinas originarias que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico; detalle las afectaciones, perjuicios y cantidad de afectados, así como las medidas de mitigación; y presente el Estudio de Impacto ambiental Analítico Integrado.
Pese a estas respuestas escuetas, sobre la consulta el ministro respondió que aplicarían lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE): “Una vez que se cuente con toda la información del proyecto, se realizará la consulta previa, libre e informada en cumplimiento a la CPE”.
Sin embargo, ya en 2016 el gobierno lanzó una licitación internacional que se adjudicó la Asociación Accidental Rositas (AAR), con empresas y capitales chinos, para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, sin contar con el estudio ambiental ni con el consentimiento de las comunidades inundadas por el embalse.
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