Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos
28 de abril de 2021
En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR. Todas las otras semillas transgénicas que circulan por Bolivia han sido introducidas de manera ilegal y por lo tanto las empresas y personas que las contrabandean, comercializan y utilizan deben ser sancionadas de acuerdo a ley. Para salir de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) el primer paso es no ampliar las autorizaciones a nuevos transgénicos. Por eso es importante que se hayan abrogado recientemente los “decretos transgénicos” (4232 y 4238) que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. En la actualidad el procedimiento abreviado para evaluación de semillas modificadas genéticamente sólo esta vigente para la soya HB4 e Intacta destinada a la producción de biodiésel, y hasta la fecha no existe ninguna solicitud en trámite para autorizar alguno de estos dos eventos de soya transgénica. En síntesis, el tema central en Bolivia es no autorizar nuevas semillas transgénicas y establecer un procedimiento para salir gradualmente de la soya RR, como lo manda la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su Artículo 24.8:»Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica».
En el camino de la exigencia de dejar el uso de semillas transgénicas y el modelo agrícola que lo sostiene, una primera pregunta a realizarse es ¿este modelo alimenta a Bolivia? ¿quién alimenta al país y en qué condiciones? La política agraria nacional ha estado históricamente enfocada en el gran proyecto de agricultura industrial, pero lo que tenemos es solo una agricultura monoproductora de materias primas a partir de la soya transgénica. Del otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina e indígena que produce -sin ser un proyecto de las élites empresariales ni del Estado- el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos que consumimos las y los bolivianos, según investigaciones preliminares. Pese a estar comprobado que la agricultura familiar campesina e indígena es el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, es el sector menos favorecido por las políticas, al punto de estar en franco declive.
En búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Los pequeños agricultores alimentan a la humanidad, a pesar de que sólo son dueños de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta[1]. El Censo Agropecuario llevado a cabo el año 2013 señala que en el país existen unas 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) [2]. El 95 % de estas UPA corresponden a los productores de la agricultura familiar, que conforman unos 4 millones de personas, según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA [3].
En Bolivia, la agricultura familiar campesina e indígena produce el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres y cereales. El 65 % de los alimentos que consumimos en Bolivia son producidos por la agricultura familiar. Apenas el 3 % de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32 % es importado (Cartagena, 2020a). En otras palabras, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena.
¿Quién alimenta al país? ¿Y a quién alimenta el Estado?
Pamela Cartagena (2020b), citando a McKay (2018), señala que todas las empresas que se dedican al rubro de las oleaginosas en Bolivia (son seis y con capitales estadounidenses, peruanos y venezolanos) exportan su producción, y apenas dos de ellas producen para el consumo interno: aceites de cocina, margarina, jabón, torta de soya para alimentación avícola y porcina. En ese sentido, es falso afirmar que la producción soyera transgénica “garantiza la seguridad alimentaria del país”, como afirman los representantes del agronegocio.
Consecuente con una política agraria y de tierras que ha venido favoreciendo en gran medida al agronegocio (Cauthin, 2021), hasta 2013 los datos sostenían que el 78,3% del total del incremento de la producción agrícola del país obedecía a dos cultivos: soya (55,4%) y caña de azúcar (22,9%) -caña destinada a la producción de alcohol- (Ormachea; Ramírez 2013). Esto expresa que la política agrícola ha favorecido un modelo por sobre otro que diversifique la producción destinada al mercado interno. Debido a esta premeditada inclinación, es que sobre todo la última década se reportan porcentajes de producción negativos para cultivos que están a cargo de familias campesinas, como la cebolla, la papa, el plátano, la alfalfa, la yuca, el tomate, la cebada en grano, la arveja e incluso el maíz fresco (Ormachea; Ramírez 2013).
Siendo la agricultura familiar campesina e indígena el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, este sector es el que menos creció en comparación a la agroindustria. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente. Siendo que la mayoría de su producción se destina a la exportación. Entre 2005 y 2019 este sector exportó en promedio el 79% de su producción (Villalobos, 2021). En contraste, la superficie cultivada con papa se incrementó en 35.466 hectáreas entre 2005 y 2018. Mientras que la superficie cultivada con maíz, tomate, cebolla y haba aumentaron solo en 3.469, 1.162, 1.448 y 4.959 hectáreas respectivamente, durante el mismo periodo (INE, 2019).
La falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina afectó profundamente la seguridad alimentaria nacional, haciendo de Bolivia un país cada vez más dependiente de los alimentos que se importan de los países vecinos. Las importaciones de papa, por ejemplo, pasaron de 1.282 toneladas en 2006 a 51.805 toneladas en 2016. De igual manera, las importaciones de tomates aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6.943 toneladas importadas en el mismo periodo. Mientras que, de no importar cebolla en 2005, en 2017 se importaron 14.328 toneladas (Prudencio, 2019).
Prohibiciones, moratorias y etiquetados: países que rechazan los OGM
Medio centenar de países han desarrollado legislaciones para controlar, restringir o prohibir la introducción, comercialización o producción de transgénicos en sus territorios, ya sea mediante leyes de moratoria para semillas, de prohibiciones a cultivos o de etiquetado de advertencia para productos procesados que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Actualmente, al menos 39 países han prohibido mediante leyes los cultivos transgénicos en sus territorios, sobre todo por motivos de salud humana y ambiental. Casi la totalidad de Europa prohíbe los cultivos transgénicos en su territorio y sólo permite la importación de algunos productos transgénicos bajo normas de etiquetado y sobre todo para consumo animal. La Unión Europea obliga etiquetar todos los productos transgénicos que tengan hasta milésimas de componente OGM, Estados Unidos se ha comprometido a implementar el etiquetado desde enero de 2022. Otros países que exigen etiquetados pero con más flexibilidad [4], son: Indonesia, Tailanda, Australia, Nueva Zelandia, África del sur, Kenia, Canadá, Brasil, Colombia, Nicaragua, Mali, Togo, China, Japón, Taiwan, Vietnam e India.
El caso de Perú: Ley de moratoria por 15 años
En enero de 2021, Perú promulgó la Ley 31111 que amplía el plazo de la moratoria al ingreso, comercialización y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente” por 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2035 [5]. Esta Ley es una ampliación de la Ley 29811 de 2011 que ya había puesto una primera moratoria por 10 años. Aunque la Ley excluye de esta moratoria: a) los OVM para fines de investigación, b) los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios autorizados, c) los OVM y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, d) otros OVM sujetos al análisis de riesgos previos.
La Ley de moratoria propone la salvaguarda de la “agrobiodiversidad” para cultivos, animales y organismos e incluso ecosistemas, esto significa crear un programa para conservar los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad (Art. 23), como las semillas nativas por ejemplo. Al mismo tiempo, en el Art. 28 instruye la generación de Líneas de Base para obtener información científica y tecnológica, relativa al estado de la biodiversidad nativa, incluyendo la diversidad genética de las especies nativas, que puede potencialmente ser afectada por OVM.
Otra iniciativa relevante es la que explica el reglamento de la Ley en el Art. 32 sobre la realización de listas y mapas de los Centros de Origen y Diversificación de Especies, según la prioridad: a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen, b) Especies de las cuales Perú es centro de diversificación, c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para la bioseguridad en el Perú, d) Diversidad y variabilidad existente en Perú de los principales cultivos, crianzas y de sus parientes silvestres de los cuales existan OVM. Las penalidades por contravenir esta Ley son: a) Amonestación, b)Multa, c) Decomiso, temporal o definitivo con destrucción del producto [6].
El caso de México: Decreto contra el glifosato y el maíz transgénico
Recientemente México se incorporó a la creciente lista de países que buscan contrarrestar el uso de OGM en sus territorios. Como parte de una política para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos[7], el gobierno de México, mediante Decreto presidencial aprobado el pasado 31 de diciembre de 2020, determinó sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación del glifosato (principal herbicida utilizado en la agricultura comercial), disponiendo un periodo de tres años -hasta 2024- para lograr tal objetivo. Además, el decreto determina la revocación de los permisos y la abstención de otorgar nuevos permisos para la liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados.
Para lograr dicho fin, se encarga a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promover “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Disponiendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el desarrollo de tecnologías e investigaciones que permitan promover alternativas al glifosato. Estas instituciones estatales también tendrán que promover reformas legales correspondientes para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado.
¿Hacia dónde va Bolivia?
Después de la abrogatoria de los «decretos transgénicos» en Bolivia se barajan tres opciones: a) Aprobar una ley de biotecnología que nuevamente de curso a la aprobación de nuevas semillas transgénicas, esta propuesta es promovida por el agronegocio y sectores del gobierno, b) Hacer respetar la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y a través de una ley establecer las acciones y plazos para la eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país, y c) Aprobar una ley de moratoria a la importación, comercialización y uso de semillas transgénicas por 15 o 30 años, postergando una decisión definitiva al respecto mientras el país desarrolla y fortalece su capacidad técnica e institucional en la materia.
La abrogatoria de los «decretos transgénicos» lejos de resolver el conflicto con el agronegocio lo va a llevar a un nuevo nivel, en el que este sector a través de una ley intentará volver a abrir las puertas a nuevos transgénicos, mientras organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil buscarán una salida definitiva de los organismos genéticamente modificados, pues queda claro que no se logrará la seguridad y soberanía alimentaria con base en el modelo agroindustrial de exportación, sino por medio de otros enfoques agrícolas y pecuarios que prioricen la producción de alimentos para el consumo nacional; apoyando y fortaleciendo -para ello- la agricultura familiar campesina e indígena.
[1] Véase: http://www.fao.org/news/story/es/item/1195759/icode/
[2] Véase: https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf
[4] Véase: https://www.infogm.org/spip.php?page=carte&lang=fr
[5] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-29811.pdf
[6] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/113252603-reglamento-ley-moratoria-ovm.pdf
[7] Actualmente México importa unos 16 millones de toneladas de maíz amarillo, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Véase: https://www.reuters.com/article/agricultura-mexico-glifosato-idLTAKBN2AJ2BN
Fuentes:
APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA.
Cartagena, P. (2020a). La producción campesino indígena: soporte alimentario y de salud integral en tiempos de coronavirus. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 08/04/2020
Cartagena, P. (2020b). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.
Cauthin, M (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundacionsolon.org.
Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones.
McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.
Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.
Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.
Prudencio, J., Plata, W., Velasco, S. & Colque, G. (2019). Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. Fundación Tierra.
fundacionsolon.org 
Pingback: Boletín Nº3: Transgénicos en Bolivia, ¿cómo llegamos y cómo salimos? – Fundación Solón