La participación social es un tema fundamental en la nueva Constitución Política del Estado de 2009 y está regulada por la ley No 341 que establece “espacios permanentes” de participación y control social en las empresas públicas. Sin embargo, estas disposiciones que hacen a los principios que dieron nacimiento al proceso de cambio en Bolivia no son implementadas en la realidad. La participación y control social se ha reducido a audiencias públicas de “rendición de cuentas” que se realizan una vez al año en base a presentaciones y discusiones muy generales.
La participación social en la estructura de gestión de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni no fue incorporada en el diseño del plan de industrialización del litio. En el caso de CIRESU, creado en 1985, aunque de manera cada vez más formal, existió participación mayoritaria de representantes de la Universidad Tomás Frías de Potosí, el Comité Cívico Potosinista, la Central Obrera Departamental de Potosí y tres delegados de los Comités Cívicos Provinciales de la zona del Salar de Uyuni. En 2020, la FRUTCAS planteó la creación de una Comisión Nacional de Salares y Lagunas Saladas (CONASAL) como máximo órgano de decisión y definición de lineamientos estratégicos institucionales y de control y fiscalización, con participación de seis representantes de ministerios, un representante del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, otro por
los gobiernos municipales adyacentes al salar y uno de parte de la FRUTCAS.
La Consulta Previa Libre e Informada a las comunidades que viven alrededor del Salar de Uyuni nunca se aplicó a lo largo de la última década, a pesar de las demandas de Tierras Comunitarias de Origen que se sobreponen con regiones del Salar de Uyuni.
La transparencia y el acceso a la información, que son fundamentales para los procesos de participación y control social, nunca se desarrollaron de manera plena en el caso del litio en Bolivia.
La participación y control social, la transparencia y el acceso a la información son temas medulares para cualquier proceso de industrialización que busque establecer un “nuevo patrón de desarrollo”. La existencia y aplicación efectiva de estos mecanismos permite mayores posibilidades de evaluar y reconducir los procesos de industrialización frente a los diferentes problemas que se presentan a nivel económico, social, ambiental, tecnológico y de gestión. El establecimiento de relaciones clientelares entre el Estado y las organizaciones sociales inviabiliza la posibilidad de construir mecanismos efectivos de participación y control social.
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