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Litio: ¿Cuándo y cómo asociarse con empresas privadas?

Por José Carlos Solón

Desde 2021 varias organizaciones han trabajado y elaborado diferentes proyectos de ley sobre el proceso de industrialización del litio. Este es un análisis comparativo de cuatro proyectos: 1) Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), 2) Federación Regional Única de Trabajadores del Altiplano Sud (FRUTCAS), 3) Municipio de Coroma y exdirigentes de la FRUTCAS, y 4) Departamento de Oruro a través de la senadora Mery Rosalía Choque Torrez.

Este es el primer artículo de una serie de cuatro textos que buscan comparar las diferentes propuestas en los temas de: i) asociación, ii) participación social, iii) medio ambiente; y, iv) regalías y redistribución de ingresos. Este texto se centra en como las diferentes propuestas de ley regulan las asociaciones con empresas privadas nacionales o internacionales en la cadena productiva del litio.

Lo vigente

Los contratos de asociación con empresas privadas nacionales o internacionales en la cadena productiva del litio están regulados por el inciso III del artículo único de la Ley 928 del 27 de abril de 2017:

Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación cien por ciento (l00%) estatal para la producción y comercialización de: Cloruro de Litio, Sulfato de Litio, Hidróxido de Litio y Carbonato de Litio; Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica. Procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos, se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado (resaltado propio).

La normativa vigente establece que todo el proceso de química básica que comprende la producción de carbonato o hidróxido de litio debe realizarse al 100% por la empresa estatal YLB. Sólo es posible asociarse con empresas privadas en procesos de “semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos” que comprenden –por ejemplo– la producción de materiales catódicos y baterías de litio.

Las propuestas de ley de los cuatro actores que presentamos plantean formulaciones diferentes, algunas entran en mayor detalle, otras cambian la esencia de aquello que establece la Ley 928. Las propuestas tienen puntos de encuentro y desencuentro, en los que a veces es perceptible un consenso con pequeñas variables sobre el alcance y en otros casos desencuentros absolutos sobre la visión de los procesos de asociación.

Casi un punto de encuentro

El punto de encuentro de los cuatro proyectos de ley se da entorno a la participación mayoritaria del Estado en cualquier asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras. Todos consideran que las asociaciones deben darse manteniendo la “participación mayoritaria del Estado”. Las diferencias se dan en la cifra porcentual de participación mayoritaria del Estado.

El hecho de establecer la participación estatal con un porcentaje es un elemento que no estaba presente en la Ley 928, esta es una dimensión nueva que tiene su importancia. Más allá de la ambiciosa posición del 60% que sostiene la FRUTCAS, desde un punto de vista general, establecer la cifra de 51% podría parecer reiterativo de la expresión “participación estatal mayoritaria”; sin embargo, en circunstancias en las cuales existen varios socios en un contrato de asociación, un porcentaje menor al 50% podría ser interpretado como “mayoritario”. En este sentido, es de destacar que fijar un piso porcentual es importante para garantizar el control estatal sobre el proceso de industrialización del litio.

El desencuentro

El artículo 9 de la propuesta de COMCIPO dice:

YLB Corporación podrá desarrollar actividades de prospección, exploración, extracción, beneficio o concentración, refinación, industrialización y comercialización de los Recursos Evaporíticos por cuenta propia y/o mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras […].

Esta posición va en contra de la Ley 928 que establece que los procesos de asociación solo pueden realizarse para las actividades de “semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos”. COMCIPO, en su propuesta, abre la posibilidad de contar con participación de capital y socios privados en toda la cadena evaporítica. En el mismo artículo proponen un “reglamento especial” para regular los contratos de asociación, sin embargo, no sientan las bases para avanzar sobre el plazo de asociaciones o los requisitos necesarios para establecer las mismas.

La propuesta de Oruro no se encuentra muy lejos de la posición de COMCIPO. El artículo 15 sobre “regímenes de contratos: contratos de producción compartida, operación y asociación” establece que YLB podrá “desarrollar contratos con empresas nacionales y/o extranjeras para fomentar y desarrollar la industrialización de los Recursos evaporíticos y otros derivados de estos”. Luego especifica en su texto que “en la modalidad de operaciones de plantas de industrialización de Evaporíticos y química Básica con inversión privada, el estado podrá subcontratar operaciones de producción especializadas en evaporíticos […]”. Esto quiere decir que –según la propuesta orureña– se podrá contar con contratos de asociación en toda la cadena productiva, hasta en la etapa de “química básica”. En el artículo 15 de la propuesta de Oruro se utiliza la palabra industrialización, no como un estadio de la cadena productiva, sino como la totalidad de la misma.

Por el contrario, el artículo 5 de su propuesta sobre la “política de los recursos evaporíticos” establece que: “la explotación y el transporte de los recursos evaporíticos (salmuera), será 100% desarrollada por el estado boliviano”. La propuesta de ley de Oruro entra en contradicción consigo misma, por un lado, dicen que podrán contar con inversión privada, es decir, con un socio del sector privado en las plantas de industrialización y los procesos de química básica, y, por otro lado, dice que la explotación de la salmuera –que es parte de la química básica– y el transporte de la salmuera debe realizarse al 100% por el Estado.

Las otras dos propuestas de ley se acomodan mejor a los principios que establece la normativa vigente: la Ley 928. El proyecto de ley de la FRUTCAS, en su artículo 10 dice: “YLB Corporación en sus procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización, se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado”. Un párrafo antes, establece que le corresponde a la empresa nacional desarrollar “los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos para la producción y comercialización de sales y otros productos”. La posición de la FRUTCAS está también en conformidad a la normativa vigente.

La propuesta de Coroma y de los exdirigentes de la FRUTCAS es más precisa y busca no dejar rienda suelta a interpretaciones. En el artículo 5 de su proyecto, sobre el “carácter estratégico de la industrialización”, dice:

Los procesos de química básica de los recursos evaporíticos de Cloruro de Litio, Sulfato de Litio, Hidróxido de Litio y Carbonato de Litio; Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica se desarrollarán con una participación cien por ciento (100%) estatal en su producción y comercialización. Procesos posteriores de semi-industrialización e industrialización, incluyendo aquellos que se realicen a través de la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL), se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo un porcentaje mínimo de participación mayoritaria del Estado del cincuenta y un por ciento (51%)” (resaltado propio).

El proyecto de Coroma establece que los procesos de química básica serán realizados al 100% por el Estado, en concordancia con la Ley 928. Cuando la propuesta de ley de Coroma aborda el tema de las asociaciones establece que la semi-industrialización e industrialización son actividades que pueden contar con procesos de asociación. Es de destacar que la propuesta de Coroma establece que la Extracción Directa de Litio (EDL) puede realizarse a través de procesos de asociación. Esto es importante porque pone en la misma categoría el concepto de industrialización y extracción. Mientras que la Ley 928 establece que las actividades de extracción o química básica deben ser realizadas al 100% por actores nacionales. ¿Qué es la EDL? ¿Es una actividad industrial? Esa es una pregunta que responderemos en otra publicación.

La precisión necesaria

Después de lo que pasó con la asociación entre YLB y la empresa alemana ACISA, en 2019, uno hubiera esperado que todos los proyectos sean más precisos para que no se repitan los graves errores de esa asociación que llevaron a su disolución. Sin embargo, el único proyecto que avanza en dichas precisiones es el de Coroma y los exdirigentes de la FRUTCAS.

El artículo 26 de su propuesta establece que la asociación con una empresa extranjera podrá realizarse por un plazo de 20 años prorrogable.

En su artículo 28 sienta los requisitos para que YLB pueda asociarse con el sector privado. Para ello, la contraparte del Estado deberá contar con amplia experiencia en la industrialización de recursos evaporíticos, así como con capacidad de inversión demostrable, y tecnología de punta para la instalación de plantas. Además, el proyecto establece que la socia debe poder garantizar mercado para los productos de YLB.

ARTÍCULO 28. (REQUISITOS PARA ESTABLECER ASOCIACIONES).-

  1. El CONASAL aprobará mediante Resolución Administrativa la constitución de asociaciones con socios estratégicos.
  2. Los requisitos indispensables que deben cumplir los socios estratégicos que pretenden conformar asociaciones con YLB Corporación son:
    a. Contar con amplia experiencia en la industrialización de Recursos Evaporíticos.
    b. Contar con experiencia, tecnología probada y de punta para la instalación y operación de plantas.
    c. Contar con capacidad de inversión demostrable.
    d. Garantizar mercado para los productos producidos.
    e. Disposición para celebrar un contrato de asociación con participación mayoritaria estatal de YLB Corporación, de por lo menos un cincuenta y uno por ciento (51%).
  3. La selección de socios estratégicos para la conformación de asociaciones, se establecerá según reglamentación específica de YLB Corporación, desde un punto de vista económico-financiero, técnico, medio ambiental y legal.

La propuesta de Coroma y los exdirigentes de la FRUTCAS plantea un proceso de regulación mucho más detallado en comparación al resto de propuestas. Esto es importante de precisar para no repetir los mismos errores.

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