Por Fernando Alcons
El repliegue de funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ocurrido el 2 de julio de 2026 en el municipio de Mapiri se suma a una larga lista de episodios similares en los que servidores públicos y policiales se vieron obligados a resguardarse ante amenazas a su integridad por la minería ilegal. A través de sus redes sociales, la AJAM ha denunciado al menos 14 casos de minería ilegal desde la posesión del nuevo gobierno. En aproximadamente la mitad de ellos se registraron distintos niveles de resistencia a las inspecciones.
La minería ilegal no nació con este gobierno pero ahora le toca tomar una decisión que definirá el futuro de las actividades mineras ilegal y el destino de las fuentes de agua, la biodiversidad, la producción agroecológica y los pueblos afectados y contaminados.
En este sentido el gobierno ha anunciado que busca formalizar las actividades mineras que no cuentan con contrato minero. En otras palabras, busca legalizar las actividades mineras que hoy operan en la ilegalidad, porque nadie que no tenga Contrato Administrativo Minero o Autorización Transitoria Especial puede realizar actividades mineras. Para legalizar esta actividad minera ilegal el gobierno busca flexibilizar la normativa que permite su adecuación y legalización. ¿Será este el camino correcto? La realidad parecería estar mostrando lo contrario.
Los 14 municipios mencionados por la AJAM reflejan distintos escenarios. En algunos casos se logró identificar a los responsables de actividades ilegales; en otros se encontraron lo que la AJAM califica como “indicios” que son evidencias de explotación minera ilegal. Sin embargo, existen situaciones aún más preocupantes, donde las brigadas de inspección ni siquiera pudieron llegar a los puntos de intervención debido a la acción de grupos que recurrieron a amenazas, agresiones físicas, lanzamiento de piedras e incluso disparos para impedir el trabajo de fiscalización.
Municipio del departamento de La Paz con presencia de minería ilegal según comunicados de la AJAM noviembre 2025 – junio 2026
Cada vez que la AJAM publica estos hechos en sus canales oficiales corresponde preguntarse si la formalización sigue siendo una respuesta adecuada cuando determinados actores rechazan, con estos actos, el cumplimiento de la ley y responden con violencia a cualquier intento de control estatal.
En vez de legalizar la minería ilegal habría que fortalecer la coordinación interinstitucional para ponerle freno a la ilegalidad, realizar inspecciones en terreno y ejecutar decomisos, desmantelar maquinaria, recuperar áreas intervenidas e impulsar procesos judiciales contra los infractores.
La lucha contra la minería ilegal no puede avanzar por el camino de su formalización. Más aún, cuando determinados actores organizan, financian y defienden sus actividades ilegales mediante la fuerza.
Una de las respuestas urgentes ante esta situación es fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional que involucren a las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, los gobiernos municipales y otras entidades competentes como el SERNAP o la Defensoría del Pueblo, según corresponda. De esta manera, no solo se obtendría una sumatoria de fuerzas, sino la complementariedad de competencias frente a una actividad que en muchos casos, dispone de más recursos y capacidad de movilización que los propios fiscalizadores del Estado. Bajo el mismo tenor, la participación de las organizaciones sociales y municipales también puede contribuir al esfuerzo conjunto, involucrándose en tareas de vigilancia, denuncia y protección de los ríos, los bosques y los suelos.
Un ejemplo de esta sinergia institucional se puede encontrar en la firma del Protocolo Interinstitucional de Actuación contra la Minería Ilegal, impulsado por los municipios de Palos Blancos y Alto Beni del 2025. Este acuerdo busca articular esfuerzos para la prevención, detección, investigación e intervención a actividades mineras ilegales. De esta manera se busca efectivizar las sanciones para quienes atenten contra la vocación agroecológica de estos municipios. Esta experiencia junto a otras puede nutrir el trabajo de lucha contra la minería ilegal en otros contextos.
Frente a este problema cada vez más complejo, organizado y en expansión; la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad debe ser integral. Combatir la minería ilegal requiere un esfuerzo coordinado, sostenido y respaldado por todos los niveles del Estado y la sociedad civil. Así, entre todos podemos garantizar la protección de los derechos, de la salud de la población, la naturaleza y el respeto al Estado de derecho.
Fundación Solón 