Luis Arce y los transgénicos: Entre promesas y contradicciones

Por Guillermo Villalobos

El pasado 7 de mayo del 2020, en medio de una situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo N° 4232 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa” en base a medidas tomadas en países vecinos. Estos procedimientos abreviados para facilitar la introducción de transgénicos debían aprobarse en un plazo de diez días, periodo que fue ampliado a cuarenta días por el DS N° 4238 del 14 de mayo de 2020. Posteriormente, el gobierno de Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4348 de 22 de septiembre del 2020 para “identificar las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología” antes de que el Comité Nacional de Bioseguridad hubiera aprobado la introducción de maíz transgénico.

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¿Qué es la Acción Popular contra los transgénicos?

Este 25 de septiembre se llevará a cabo en Santa Cruz la audiencia de Acción Popular contra el gobierno de Jeanine Añez por instruir al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar un procedimiento abreviado para la evaluación de cientos de eventos transgénicos de cinco productos: maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.

La sentencia del ecocidio en la Chiquitania

El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.