Bolivia está nuevamente envuelta en llamas. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), durante el mes de septiembre de este año se registraron 85.228 focos de calor en todo el país. Mientras que, durante el mismo periodo el 2019, se contabilizaron 60.076 focos de calor. Dicho de otra manera, el mes de septiembre del 2020 presenta 41,8% más focos de calor que el año pasado.
Santa Cruz sigue encabezando la lista de los departamentos más afectados, concentrando el 49% (42.087 focos) del total de los focos de calor. Sin embargo, este porcentaje significa una reducción significativa en comparación con el año pasado, cuando solo en ese departamento se concretaba el 66 % de los focos registrados. Por el contrario, el departamento del Beni tuvo un aumento considerable; en septiembre del 2019 este departamento concentró el 21% de los focos de calor, pero durante el mismo periodo del 2020 esta cifra subió al 34% [1] .
El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].
Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.
Bolivia termina el mes de julio con un escenario ambiental perturbarte. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), entre el 01 y el 29 de julio de este año se registraron 19.205 focos de calor. Mientras que, durante el mismo periodo, el 2019 se registraron 16.532 focos de calor. Dicho de otra manera, durante julio del 2020 los focos de calor se incrementaron en un 16.2% en relación al 2019. En los picos más altos, se llegó a registrar hasta 1.605 focos de calor en un solo día.[1]
(has clic en la imagen para agrandar)
19.205 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 202016.532 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 2019
Los datos del SIMB muestran, asimismo, que hay un aumento porcentual considerable de los focos de calor registrados tanto en el bosque chiquitano como en Áreas Protegidas. Los reportes señalan que, durante 01 al 29 de julio del 2019, del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa el 50,5 % sucedieron en el bosque chiquitano; mientras que, durante el mismo periodo en el 2020, el 65,1 % del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa se dieron en el bosque chiquitano.
(has clic en la imagen para agrandar)
Por otro lado, llama la atención el aumento de focos de calor identificados en áreas protegidas. De acuerdo a los datos del SIMB, el porcentaje de focos de calor registrados en áreas protegidas durante el 01 al 29 de julio pasó de 5,2% el 2019 a 12,7% el 2020. Siendo Carrasco, Otuquis y San Matías las más afectadas el 2019; mientras Otuquis, San Matías y Tunari fueron las más dañificadas este año.
Desde hace una semana el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis, en el municipio de Puerto Suarez en Santa Cruz, se encuentra en llamas. En solo los primeros cuatro días de incendio se registraron 685 focos de calor.[2] Según declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pickert, se estima que 25.000 hectáreas están siendo afectadas por los fuegos;[3] en tanto la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) informó que ya se quemaron 60 mil hectáreas de pasturas naturales.[4] A todo esto, hay que sumar los 5.000 hectáreas que se quemaron en el incendio suscitado en marzo de este año,[5] y los 326.743 hectáreas quemadas en los incendios del año pasado.[6]
Lamentablemente el latente incendio en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis no es el único evento de este tipo. En lo que va del mes de julio, hubo incendios de magnitud en diferentes áreas protegías, donde resaltan: el Área Protegida Paramani (zona de amortiguación del Parque Nacional y Área de Manejo Integral Madidi), el Parque Nacional Tunari, el Área Natural de Manejo Integral San Matías y – en dos ocasiones distintas – el Parque Nacional Carrasco[7].
Si a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, el mes de julio nos presenta este panorama tan desolador ¿Qué nos espera para los meses de agosto y septiembre? ¿Cuántos miles de hectáreas en bosques y áreas protegidas, y todos los seres que habitan en ellos, quedaran calcinados por los incendios? ¿Es necesario tener que precipitarnos nuevamente a un desastre ambiental para el gobierno derogue de una vez las leyes incendiarias? Si no frenamos el ecocido en curso, muy pronto nos hallaremos en el punto de no retorno, donde ya no se podrá recuperar los ecosistemas que se incineraron por la codicia de unos cuantos.
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dijo No.
Los programas de todos los partidos ofrecen construir más infraestructura de intercomunicación en la forma de carreteras, trenes e hidrovías. Todos destacan el corredor bioceánico del Pacífico hacía el Atlántico pero ninguno hace mención a sus Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) ni se compromete a optar por la opción y el trazo menos dañino para los bosques y la naturaleza en su conjunto. Todos obvian mencionar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS y la prohibición de construir carreteras en áreas protegidas. Continúa leyendo Infraestructura: Omisión de Estudios de Impacto Ambiental
