TUNUPA 111: La Lupa Perdida, Análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

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Recuperemos y revolucionemos la lupa perdida

El presente texto está dirigido sobre todo a los defensores de la naturaleza y a los representantes de los pueblos indígenas.  En esta publicación hemos buscado sistematizar de manera accesible algunos de los elementos centrales sobre la Evaluación de Impacto Ambiental tanto a nivel internacional como nacional.

Los procesos e instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental son fundamentales para evitar que se produzca un nuevo ecocidio en Bolivia como el ocurrido durante los incendios en la Chiquitania el año 2019.

La problemática de la Evaluación de Impacto Ambiental en general ha estado constreñida a círculos de especialistas en la materia. Nuestro objetivo no es hacer una cartilla sobre buenas prácticas de Evaluación de Impacto Ambiental. Buscamos analizar los avances y retrocesos que se han producido en las últimas décadas y proponer algunos caminos que nos permitan no sólo incorporar los avances a nivel internacional, sino  explorar nuevos caminos para incorporar los principios de los Derechos de la Madre Tierra en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Estamos convencidos que el desafío es no sólo recuperar la lupa perdida de la evaluación de impactos ambientales sino pulir su lente para que nos permita develar la complejidad de esta problemática que se ha agravado por la crisis sistémica que  vivimos en el planeta.

Lo invitamos a leer el TUNUPA N°111 en su totalidad aquí en formato pdf o lea los artículos individuales en el siguiente índice:

Conflicto de intereses y falta de justicia en la Evaluación de Impacto Ambiental

Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) vienen siendo realizados en Bolivia por las mismas empresas interesadas en la ejecución de dichos  proyectos. En este contexto no cumplen con los criterios de objetividad para evaluar los posibles impactos ambientales.

La normativa boliviana no fija criterios para garantizar la independencia y neutralidad de quienes  realizan los estudios de impacto ambiental. Esta situación se agrava cuando se trata de proyectos promovidos por el poder ejecutivo.

Según la normativa vigente, la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) encargada de la categorización, revisión de los EEIA, aprobación de las Licencias Ambientales y seguimiento de los proyectos de mayor envergadura, es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Desde que Juan Pablo Ramos Morales renunciara en el 2010 como Viceministro de Medio Ambiente, por negarse a firmar la licencia ambiental para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio Moxos que atraviesa por el TIPNIS, el gobierno de Evo Morales designó a funcionarios absolutamente sumisos para facilitar la aprobación ambiental de los proyectos del ejecutivo. Está situación se mantiene durante el gobierno de Añez y lo más seguro es que continúe mientras no se cree una Autoridad Ambiental Competente que tenga autonomía del gobierno central.

Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley 1333 es evidente que se necesita una profunda reforma institucional para que la AACN pueda actuar con la libertad necesaria para evaluar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a los procesos de EIA. 

La construcción de una institucionalidad ambiental autónoma del poder ejecutivo requiere de una articulación con nuevas instancias como la Defensoría de la Madre Tierra, que fueron creadas hace una década atrás, pero que no fueron implementadas precisamente para no entorpecer a nivel ambiental la aprobación de los proyectos del gobierno central.

Aunque la normativa ambiental establece recursos para que la población pueda impugnar las decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, la práctica es que en general hay una denegación de justicia en casi todos los reclamos que se han presentado por temas ambientales.

El problema de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia es extremadamente complejo de resolver porque no existe la independencia necesaria entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta subordinación de jueces y fiscales al gobierno de turno no es exclusiva del anterior gobierno de Evo Morales. En la actualidad los jueces y fiscales designados por el anterior régimen se han vuelto funcionales al nuevo gobierno para mantenerse en sus cargos sin entrar en conflicto con los nuevos gobernantes.

El acceso a la justicia en materia ambiental requiere de cambios profundos a nivel de la cultura de los servidores públicos y de la población en general entorno al ejercicio del poder, la justicia y la gestión ambiental.

Sin información ni consulta real en la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

A pesar de que la normativa ambiental establece el derecho de la población a tener acceso a la información, en los hechos no son de acceso público las Fichas Ambientales, los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), los Programas de Prevención y Mitigación (PPM), los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), las Auditorias Ambientales y otros documentos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental sólo consigna licencias ambientales (Declaratoria de Impacto Ambiental) sin incluir EEIA, PPM, PASA y otros documentos fundamentales.

En las reuniones de consulta pública las empresas tanto públicas como privadas sólo comparten información muy escueta enfocada a destacar las virtudes del proyecto y no a mostrar los diferentes impactos que se pueden producir en el mediano y largo plazo.

Sin acceso a la información es imposible poder realizar EEIA participativos que tomen en cuenta las preocupaciones de las poblaciones a ser afectadas.

La normativa sobre EIA en Bolivia no ha incorporado de manera efectiva la consulta para el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. El año 2007 hubo un avance relativo y coyuntural en el sector de hidrocarburos con la aprobación del DS 29033, pero pronto esta norma se empezó a flexibilizar y no se generalizó, ni amplió a todos las actividades, obras y proyectos de otros sectores como correspondía. 

Tampoco se incorporó en la reglamentación de la EIA el proceso de consulta previa libre e informada a toda población afectada (no sólo indígena) por la explotación de recursos naturales, establecido en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado.

En los EEIA sólo se consigna una consulta pública que es de carácter informativo para escuchar las preocupaciones de la población afectada. Está consulta en varios casos como los del TIPNIS, la mega hidroeléctrica Rositas y otros no se ha realizado de manera previa, informada y de buena fe. En el caso de Rositas se firmó de manera publica un contrato con una asociación de empresas chinas para la construcción de la mega hidroeléctrica antes de realizar el EEIA, efectuar cualquier tipo de consulta y contar con la respectiva licencia ambiental.

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EEIA no integrales y sin alternativas

A pesar de que la norma establece que los EEIA deben analizar los impactos acumulativos y sinérgicos, el gobierno de Evo Morales optó por realizar EEIA fraccionados, que no toman en cuenta los impactos a largo plazo y que sólo consideran los efectos durante la construcción de la obra. Ese ha sido el caso de la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Lejos de hacer un EEIA de toda la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, se fraccionó la carretera en tres tramos, se hizo estudios sólo de dos tramos y no se realizó EEIA del tramo de mayor impacto que atraviesa por el TIPNIS.

Los emprendimiento del estado se han venido definiendo al más alto nivel y los EEIAs han tenido solamente la finalidad cumplir la forma para la obtención de la Licencia Ambiental. No se han considerado alternativas a los proyectos planteados. En el caso del sector eléctrico se han promovido mega proyectos sin considerar las opciones de proyectos de energías alternativas.

No se han realizado Evaluaciones Ambientales Estratégicas para la definición de políticas y programas centrales. Se han definido los proyectos a partir de criterios de impacto mediático o de expectativas desmesuradas de ingresos económicos para luego proceder a obtener las licencias ambientales sin considerar todas las opciones posibles.

 

Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

“Tenemos que aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático”[1]

En Bolivia y todo el mundo vivimos una nueva situación marcada por la pandemia del covid-19 y varias crisis simultáneas: económica, climática, sanitaria, política y social, situación que ha provocado que la atención de los gobiernos, y los recursos económicos, se concentren en atender la crisis sanitaria, dejando de lado temas vitales como el cambio climático, que según señaló las Naciones Unidas “es más mortal que el coronavirus”[2].

La actual pandemia es posterior a la presentación de las propuestas de los partidos políticos, sin embargo la alerta tan catastrófica sobre el cambio climático que los organismos de Naciones Unidas han advertido no es nueva. Actualmente las muertes por coronavirus en todo el mundo sobrepasan el medio millón de personas, mientras la Organización Mundial de la Salud en el 2018 ya había previsto que “entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico[3]. Continúa leyendo Partidos eluden compromisos de Bolivia en el Acuerdo de Paris

De la ficha ambiental al formulario de categorización para favorecer el extractivismo

La Ficha Ambiental, establecida en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 fue definida como el documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la categoría de EEIA. El RPCA aconsejaba que su llenado se haga en la fase de pre factibilidad incluyendo información sobre la inversión total, los recursos naturales a ser aprovechados, la identificación de impactos “clave”, la formulación de medidas de mitigación y la elaboración de una matriz de identificación de impactos ambientales.

La Ficha Ambiental ha sido flexibilizada con el tiempo y en el Decreto Supremo  3856 del 3 de abril del 2019 se menciona solamente un “Formulario de nivel de categorización ambiental” que sólo debe ser llenado por el representante legal de las actividades, obras o proyectos que se encontrarían en las categorías 1, 2 y 3 que se encuentran listadas en un anexo del decreto.  Así mismo este DS, a diferencia de su predecesor (DS 3549 de 2018)  consigna una lista de emprendimientos que entrarían en la categoría 4 y no requerirían de llenado de dicho formulario.

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) del año 1995 establecía que la categorización sería determinada mediante la metodología de Identificación de Impactos Ambientales (IIA) de la Ficha Ambiental a través del Procedimiento Computarizado de Evaluación de Impactos Ambientales (PCEIA). Esta metodología de identificación de impactos ambientales ha sido remplazada por una suerte de auto categorización que realiza el representante legal de la actividad, obra o proyecto en base de un listado que incluye como anexo el DS 3856 de 2019.

A manera de ejemplo, la extracción de salmueras de los salares que tiene una importante incidencia en las aguas subterráneas y superficiales está clasificada en la categoría 2. En general las actividades del sector de Hidrocarburos sólo están clasificadas en la categoría 1 cuando se encuentren en áreas protegidas, sitios Ramsar o Territorios Indígenas Originarias Campesinas.

En el caso del sector agropecuario, la absoluta mayoría de actividades están en la categoría 4 que no necesita ningún requerimiento. En la categoría 1, que requiere EEIA integral, sólo figura un tipo de emprendimiento agropecuario: proyectos multipropósito con el componente riego de aprovechamiento de aguas de represa para producción agrícola de más de 500 hectáreas. En la categoría 2 sólo existen cuatro actividades agropecuarias que necesitaría EEIA específico.

Según las Directrices para la Evaluación del Impacto Ambiental para los Proyectos de campo de la FAO requieren estudios de evaluación de impacto ambiental entre otros: Proyectos agro-industriales de gran escala, cambios a tecnologías de producción intensiva; Provisión de grandes niveles de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, etc.); Aforestación/Reforestación a gran escala, incluyendo operaciones madereras; Operaciones de la industria forestal, tales como aserraderos e industria papelera y de pulpa; Embalses de agua, sistemas de drenaje o de riego de mediana y gran escala; Ganadería a gran escala; Nuevas introducciones de especies no nativas de plantas, insectos y animales, incluyendo organismos genéticamente modificados. Grandes programas de mecanización agrícola.

A pesar de los visibles impactos sobre la deforestación, los incendios forestales, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de agua y suelos por uso de agrotóxicos y las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático, el sector agropecuario está prácticamente exento de realizar EEIA.

Los derechos de la Madre Tierra y la Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 71) define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (Art. 3). La Ley 71 avanza en la dirección de superar la división entre seres humanos y naturaleza y sienta las bases para que todo proceso de Evaluación de Impacto “Ambiental” sea integral (ambiental, social, cultural), y evalúe los impactos sobre todos los componentes de los sistemas de vida susceptibles de ser afectados por una actividad, obra o proyecto.

Así mismo, la Ley 71 establece un nuevo marco para que no sólo se evalúen impactos sino para que se garanticen los derechos de los diferentes seres que conforman los sistemas de vida. Ninguna de las reglamentaciones posteriores sobre EIA ha intentado incorporar criterios y parámetros para que en los procedimientos (fichas ambientales, categorización, EEIA, licencias ambientales, seguimiento y otros)  se identifiquen los derechos de la Madre Tierra que pueden ser afectados y se establezcan medidas de protección de los mismos.

Los diferentes reglamentos modificatorios de la EIA no han recogido ni operativizado los principios de armonía/equilibrio, precaución, integralidad, no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, restauración de la Madre Tierra, regeneración de la Madre Tierra, complementariedad y otros consignados en la Ley 71 y la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).

Bolivia ha vivido una suerte de esquizofrenia a nivel ambiental. Por un lado ha aprobado dos leyes de la Madre Tierra que cuestionan la visión antropocéntrica de la naturaleza, y por otro lado ha aplicado reglamentos profundamente neoliberales  orientados a facilitar el extractivismo de toda índole en el territorio nacional incluyendo sus áreas protegidas.

Evolución e involución de la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia

La Ley de Medio Ambiente 1333, promulgada el 27 de abril 1992, inició la legislación ambiental nacional que contempla la EIA. La Ley 1333 que se encuentra vigente, define la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enumera las actividades que pueden degradar el medio ambiente, establece cuatro categorías para la realización o no de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), crea la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) que es la forma principal de Licencia Ambiental, define mecanismos de participación ciudadana y establece infracciones administrativas y delitos ambientales.

En 1995 se promulgaron seis reglamentos a la Ley 1333. Los dos principales que tienen que ver con la EIA son el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).

El RGGA establece que no se puede iniciar una actividad, obra o proyecto sin la respectiva Licencia Ambiental y desarrolla las infracciones, sanciones y multas. El RPCA desarrolla los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ficha Ambiental, la categorización, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y diferentes mecanismos de seguimiento y adecuación.

A lo largo de más de dos décadas los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente han sido en general debilitados a pesar de que en el país se dieron pasos importante con la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2008), la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) y otras disposiciones nacionales e internacionales.

La Constitución Política del Estado del 2009 señala que “las políticas de gestión ambiental se basarán en (…) la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente” (Art. 345.2). Así mismo establece que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (Art. 33).

La Ley de Derechos de la Madre Tierra amplia el derecho humano al medio ambiente a los derechos de todos los componentes de la Madre Tierra. Señala que “El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra” (Art. 6). Establece que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de “Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra” (Art. 8.1).

Esta visión no fue incorporada ni recogida en ninguno de los reglamentos que se emitieron posteriormente en relación a la EIA. Por el contrario se debilitó la normativa para permitir actividades en áreas protegidas, se flexibilizó la presentación de la Ficha Ambiental, la categorización, la realización de EEIA, la consulta pública y otros aspectos fundamentales.

¿Cómo es la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia?

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo identificar y predecir, los impactos que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar sobre el medio ambiente y la población con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos e incentivar aquellos positivos.

El proceso de EIA comprendía la Ficha Ambiental, la categorización para definir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  (EEIA), la realización del EEIA, la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), y el seguimiento a la implementación, operación y abandono de la obra. En los últimos años, estas etapas se han venido flexibilizando en particular en relación a la Ficha Ambiental y la categorización debilitando el proceso de EIA.

Ficha Ambiental

Formulario de categorización

Según el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) de 1995, la Evaluación de Impacto Ambiental comenzaba con la presentación de la Ficha Ambiental que era un documento de sistematización de  la información de un determinado proyecto en una etapa inicial de prefactibilidad.

El artículo 7 del RPCA definía a la Ficha Ambiental como el “Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA (…) incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para los impactos negativos

La Ficha Ambiental debía incluir entre otros una descripción del proyecto, duración, alternativas y tecnología, inversión total, recursos naturales a ser aprovechados, generación de residuos, identificación de impactos “clave”, formulación de medidas de mitigación y prevención, y una matriz de identificación de impactos ambientales.

Este documento desde el año 2018 ha sido remplazado por el llenado de un “Formulario de Nivel de Categorización Ambiental” que contiene menos información y requerimientos que la original Ficha Ambiental, y que no se aplica a obras, actividades y proyectos comprendidos en la categoría 4 del listado del DS 3856 del 2019.

Categorías

Categoría 1: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral

Incluye el análisis detallado de todos los factores del sistema ambiental
a nivel físico, biológico, socioeconómico, cultural, y jurídico-institucional y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Explotación a cielo abierto de minerales, mega hidroeléctricas…

Categoría 2: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico

Incluye el análisis de algunos factores del sistema ambiental, y contiene un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Extracción de salmueras de los salares, construcción de planta para reactor de investigación de energía nuclear.

Categoría 3

Solamente requieren presentar Programa de Previsión y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

Ej. Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado.

Categoría 4

No requiere de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

Ej. Mayoría de actividades del sector agropecuario

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental – EEIA

El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) tiene por objetivo identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA busca establecer las medidas necesarias para evitar, mitigar o controlar los impactos negativos e incentivar los efectos positivos.

La identificación de los impactos debe incluir un inventario, valoración cuantitativa y cualitativa de los efectos del proyecto sobre los aspectos ambientales y socioeconómicos del área de influencia del mismo. Debe distinguir los efectos positivos de los negativos, los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes, los a corto plazo de los a largo plazo, los reversibles de los irreversibles, y los acumulables y sinérgicos.

Durante la realización del EEIA se debe hacer una consulta pública a la población afectada “para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público”.

El EEIA debe formular medidas de mitigación para la prevención, reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos negativos evaluados como importantes, así como considerar alternativas y justificar las soluciones adoptadas.

El EEIA debe incluir un PPM y un PASA para la implementación de las medidas de mitigación durante las diferentes fases de un proyecto, obra o actividad.

El EEIA puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente.

Licencia Ambiental – LA

La Licencia Ambiental es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente que autoriza desde el punto de vista ambiental el inicio o la continuidad de un proyecto, obra o actividad.

La Licencia Ambiental tiene carácter de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos, obras y actividades de las categorías 1 y 2, y de Certificado de Dispensación de EEIA para quienes están en la categoría 3 previa aprobación del PPM y PASA.

La DIA, conjuntamente con el EEIA, el PPM y el PASA, fija las condiciones ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono o terminación de un proyecto, obra o actividad.

La Autoridad Ambiental Competente (AAC) puede decidir no conceder la DIA si el proyecto obra o actividad provoca o agrava seria y/o irreversiblemente problemas de salud de la población; afecta gravemente o destruye ecosistemas sensibles, así como áreas asignadas por el Gobierno a etnias o grupos originarios, “siempre que no sean considerados como de necesidad nacional”; pone en riesgo de ser destruidas a áreas declaradas como naturales protegidas, históricas, arqueológicas, turísticas o culturales; incrementa concentraciones contaminantes en el aire y el agua; produce radiaciones ionizantes; provoca impactos negativos socioeconómicos o culturales de gran magnitud, imposibles de ser adecuadamente controlados o compensados. (Art. 85 RPCA)

La Licencia Ambiental tienen vigencia de 10 años y puede ser renovada.

Seguimiento

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), contenido en el EEIA e incorporado en la DIA, definirá las modalidades y los períodos de inspección y vigilancia en la fase de implementación, operación y abandono del proyecto, obra o actividad.

El PASA incluirá los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental, los puntos y frecuencias de muestreo, estimación del costo y cronograma del Plan, y análisis o parámetros de verificación de cumplimiento del Plan.

El representante legal de un proyecto, obra o actividad debe realizar un Monitoreo Ambiental permanente y presentar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) reportando el avance y situación ambiental, con referencia a lo establecido en su respectiva Licencia Ambiental. (DS 3549, 2018)

La AAC principalmente a nivel departamental y municipal realizará inspecciones de seguimiento y vigilancia.

En los casos que corresponda se realizará una Auditoria Ambiental (AA) para verificar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Estas auditorias pueden aplicarse en diferentes etapas de un proyecto. En caso de infracciones y contravenciones a lo establecido en su Licencia Ambiental, la AAC aplicará sanciones que podran llegar hasta la revocación de la Licencia Ambiental y el pago de multas.

Ademas de estas sanciones administrativas se podrán iniciar acciones penales por la comisión de delitos ambientales establecidos en la Ley 1333, el Código Penal y su Procedimiento. En este caso, la AAC debe denunciar los hechos ante la Fiscalía del Distrito y constituirse en parte civil, coadyuvante o querellante.

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Suicidio Transgénico

Por Pablo Solón y Guillermo Villalobos

El gobierno transitorio de Añez promulgó el Decreto Supremo 4232 que “autoriza al Comité́ Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados…” vulnerando su carácter “transitorio” y violando la constitución y las leyes.

Este decreto ha sido rechazado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Las razones de este masivo rechazo tienen que ver con los impactos en la salud humana, el medio ambiente, la economía y la propia legalidad de este decreto.

Empecemos aclarando que los organismos genéticamente modificados o transgénicos son producidos en laboratorios y no surgen de manera natural en la Madre Tierra. A las semillas transgénicas se les altera su material genético a través de ingeniería genética.  En muchos casos se mezclan genes que nunca se juntan en la naturaleza. Los alimentos transgénicos pueden combinar genes extraídos de animales, insectos, bacterias y plantas. Esta combinación artificial de genes puede ser dañina para la salud humana.

Según un informe de la Comisión Europea, “el proceso de creación de organismos genéticamente modificados está rodeado de incertidumbres, que pueden dar lugar a multitud de efectos imprevistos[1].

Frente a estas incertidumbres debe primar el principio precautorio aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Este principio señala que “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente[2].

En la actualidad sobre un total de 194 países, sólo 26 cultivan semillas transgénicas[3] por los riesgos y peligros asociados a estas semillas. Varios países en el mundo han prohibido los transgénicos o los destinan sólo para el consumo de animales[4].

Los transgénicos en Bolivia

Los primeros ensayos con eventos transgénicos se realizaron a principios de la década de los 90. En esa entonces el Programa de Investigación de la Papa PROIMPA llevó a cabo pruebas de campo con papas transgénicas de la variedad Desiree resistente a heladas en Cochabamba. Así mismo, a finales de los 90 se llevaron a cabo pruebas con distintos eventos transgénicos de algodón y soya en el departamento de Santa Cruz.

Recién el 2005, bajó el gobierno de Carlos Mesa, se legalizó por primera vez el uso de una variedad de semilla transgénica de soya. La Resolución Multiministerial N° 1 de los Ministros de Desarrollo Sostenible, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Salud y Deportes y, Desarrollo Económico del 7 de abril del 2005 “…autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2)”.

Esta resolución ministerial fue elevada a rango de Decreto – Decreto Supremo 28225 – el 1 de Julio del 2005 por el gobierno de Rodríguez Veltzé.

El curso a favor de las semillas transgénicas que promueve la agroindustria fue frenado con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 2009. Esta constitución estableció en su artículo 255 la “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

La ley de Derechos de la Madre Tierra aprobada en diciembre del 20110 ratificó la prohibición de los transgénicos señalando en su artículo 7 “…los seres que componen la Madre Tierra tienen derecho a no ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro”.

El 2011 la ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria continuó en la misma línea y estableció que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

El 2012 la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien dio un paso más adelante determinó “Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país…”.

El 2014 la Ley de alimentación escolar estableció “Queda prohibida la contratación de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) para la Alimentación Complementaria Escolar”.

Lamentablemente el gobierno de Evo Morales violó la constitución y las leyes.  Lejos de eliminar progresivamente los cultivos y alimentos transgénicos permitió que continúen en Bolivia. Para el año 2012 la soya transgénica representaba ya el 98% de toda la producción de soya del país[5].

El año 2015, el gobierno de Evo Morales aprobó el DS 2452 que reglamenta el etiquetado de productos que tengan o deriven de organismos genéticamente modificados “producidos en el ámbito nacional o importados”, y a fines del 2018 promulgó la Ley 1098 de producción y comercialización de Aditivos de Origen Vegetal como el biodiesel que se produce en base a aceite de soya transgénica.

Por último, el 18 de abril del 2019 y con el objetivo de ganarse el apoyo de los agroindustriales el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la introducción de dos eventos de soya, la HB4 y la Intacta.

El DS 4232 promulgado por Añez en mayo del 2020 amplía ese procedimiento abreviado para la evaluación de otras semillas transgénicas de soya y para nuevos productos como el maíz, el algodón, la caña de azúcar y el trigo.

Los decretos supremos jamás pueden estar por encima de la Constitución y las leyes, y sin embargo Evo Morales y Jeanine Añez emitieron estas normas anticonstitucionales con el único fin de favorecer al agronegocio.

Los cultivos transgénicos en el mundo y sus impactos

Estados Unidos es el principal productor con 75 millones de hectáreas y 10 productos transgénicos. Le sigue Brasil con 51 millones de hectáreas y 4 productos genéticamente modificados y luego Argentina con 24 millones de hectáreas y 3 productos transgénicos.

Bolivia está en el onceavo lugar de los 26 países productores de transgénicos con 1,4 millones de hectáreas cultivadas y una sola variedad de soya transgénica. Esto significa que de las 191 millones de hectáreas de cultivos transgénicos que existían en el mundo el año 2018, Bolivia representaba menos del 1% y era absolutamente irrelevante.

En el mundo, tres grandes empresas transnacionales controlan el negocio de los transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta y DuPont. Mientras que, en Bolivia seis compañías controlan el 95% del negocio de la soya transgénica, y el 2 % de los grandes productores de soya transgénica controlan el 70% de las tierras cultivadas. Los que más se benefician con la soja transgénica son las transnacionales y los grandes propietarios.

Las semillas transgénicas requieren de plaguicidas y agrotóxicos como el glifosato que son de propiedad de las mismas transnacionales. Entre el 2006 y el 2018 Bolivia importó plaguicidas por más de 2.000 millones de dólares. Los agrotóxicos envenenan la naturaleza y semillas transgénicas como las del maíz pueden acabar contaminando semillas nativas de las cuáles somos país de origen.

Los transgénicos están destinados principalmente a la producción en gran escala demandando grandes extensiones de tierra por lo cual contribuyen a los incendios, la deforestación y el ecocidio.

Lejos de violar la constitución y las leyes lo que corresponde en Bolivia es salir gradualmente de las semillas transgénicas y abrazar con renovada fuerza la producción agroecológica que produce alimentos sanos, no contamina la naturaleza y no provoca dependencia de transnacionales químicas.

Aún estamos a tiempo de evitar el suicidio transgénico y construir una Bolivia Ecológica. Hoy es todavía…

[1] https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/zonas-libres-transgenicos.pdf

[2] https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

[3] https://gastronomiaycia.republica.com/2019/08/27/crecimiento-de-los-cultivos-transgenicos-en-el-mundo-2018/

[4] https://www.lavanguardia.com/natural/20151003/54437867271/paises-comunican-ue-prohibiran-transgenicos.html

[5] Guzmán, N. (2017). Tierra, agroindustria y transgénicos: Conflictos sociales populares en la Bolivia de la Madre Tierra. En: Perspectivas Rurales. Año 15, N° 30, EISSN: 2215-5325, pp. 31-44. Disponible en: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/10083

China & Bolivia: Deuda, comercio, inversiones

La presencia de la China en Bolivia está cargada de mitos y realidades. En el ámbito comercial, es una realidad que Bolivia importa de la China más de dos mil millones de dólares. Una cifra que es cuatro veces las exportaciones a ese país, y que duplica el saldo de la deuda externa con la China.

Es un mito que la China es el mayor acreedor de la deuda externa de Bolivia. La deuda externa con China a agosto del 2019 fue de 966 millones de dólares, el equivalente al 9% del total de la deuda externa del país (10,747 millones de dólares). Así, la China se posiciona como el cuarto acreedor de Bolivia después del BID, la CAF y los Títulos de Deuda. No obstante, a nivel bilateral la China ocupa de lejos el primer lugar con un 75% de toda la deuda bilateral de Bolivia

Es un mito que la China invierte de manera directa en Bolivia. Según el Banco Central de Bolivia el flujo de inversión extranjera directa bruta de la China a Bolivia fue de apenas 29 millones de dólares el 2018, y el año que más invirtió de manera directa fue el 2015 con 72 millones de dólares, equivalente a un 6% de toda la inversión extranjera directa recibida ese año.

Es una realidad que varias empresas chinas trabajan en Bolivia con créditos de la China. Ese es el caso de la China Railway Construction Corporation que construye la carretera Rurrenabaque-Riberalta con un prestamo de 492 millones de dólares de la China. Tambien es el caso de Sinosteel Equipment y Engineering Co. que construye la siderurgia del Mutún con un crédito de 396 millones de dólares de la China.

Sin embargo, dos terceras partes del valor de los contratos con empresas chinas no son financiados por prestamos de la China. Por ejemplo, la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos que construye la China Harzone Industry Corp. tiene un financiamiento de la CAF de 191 millones de dólares, y Synohidro que trabaja la carretera Montero-Yapacani lo hace en base a un credito del BID de 92 millones de dólares.

Las empresas chinas son tambien financiadas con recursos propios de Bolivia. Algunos ejemplos son: Synohidro que construye la hidroeléctrica Ivirizu con un financiamiento del Banco Central de Bolivia de 553 millones de dólares, y la china CAMC que construyó la fabrica de Cloruro de Potasio en el salar de Uyuni con 178 millones de dólares provistos por el Estado de Bolivia.

De 3.265 millones de dólares que tienen repartidos empresas chinas en 25 contratos, 1.006 millones de dólares fueron financiados por deuda externa con la China, y el saldo de 2.259 millones de dólares fue cubierto por la CAF, el BID, FONPLATA y recursos propios de Bolivia.

Entre los dólares que entran y salen del país, la China se queda con la parte del dragón.

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La pesadilla exportadora

Exportar en si mismo no es malo, pero se convierte en una pesadilla cuando afecta la naturaleza, las áreas protegidas, los territorios indígenas, la deuda externa, las finanzas públicas y además no genera utilidades económicas. Este es el caso de Bolivia corazón energético de Sud América. El gobierno de Evo Morales avanzó en la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas sin previamente sopesar todos estos factores. Continúa leyendo La pesadilla exportadora

Geotérmica: La más cara

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Según ENDE hay dos proyectos en ejecución de energía geotérmica en Laguna Colorada. La energía geotérmica se obtiene con el aprovechamiento de fluido geotérmico (rocas y fluidos calientes) extraído de la profundidad de la tierra y posteriormente se lo
devuelve al reservorio geotérmico por reinyección (Memoria ENDE, 2018).

El primer proyecto es una planta piloto de 5 MW de potencia para la electrificación rural en las zonas aledañas al campo: comunidades Quetena Chico, Quetena Grande, Huayllajara, la zona hotelera de Laguna Colorada y la zona donde se emplazarían proyectos de humedales del Silala (Memoria ENDE, 2018). Esta planta piloto entraría en funcionamiento el 2021 y es financiada con recursos propios de Bolivia. El costo de inversión por MW de está planta piloto es de 5,6 millones de dólares.

El segundo proyecto es una central geotérmica de 100 MW de potencia con contrato firmado en marzo de 2016 (1). Esta central estaría conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión para esta planta asciende a 691 millones de dólares lo que representa un costo por MW de 6,91 millones de dólares cifra que hasta sextuplica el costo de inversión por MW de termoeléctricas, eólicas y solares. Esta central geotérmica es financiada por la agencia de cooperación japonesa JICA y recursos propios del estado. El contratista (supervisor de la perforación) es el Consorcio Nippon Koei LAC – ISOR.

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Llama profundamente la atención que el costo por MW de la planta más grande sea más alto que el de la planta piloto, y que el país asuma un proyecto de 691 millones de dólares para sólo generar 100 MW para el SIN cuando ya existe una sobre oferta de potencia instalada.

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(1) https://www.ecoticias.com/eco-america/193260/P 17 lanta-geotermica-en-Bolivia

Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

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Las centrales de generación eléctrica a partir de biomasa son termoeléctricas que en vez de utilizar gas natural o diesel emplean biomasa como combustible. En Bolivia la energía de biomasa se produce con el bagazo resultante del proceso de industrialización de la caña de azúcar de los ingenios azucareros. Las principales generadoras eléctricas a partir de biomasa son Guabirá Energía, UNAGRO, EASBA y Aguaí que recién aporta al SIN desde el 2019. Continúa leyendo Biomasa: Del bagazo de caña al pasto de Uganda

Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

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La potencia instalada hidroeléctrica se mantuvo estancada entre 2006 y 2016 durante el gobierno de Evo Morales. El año 2006 la potencia instalada hidroeléctrica conectada al Sistema Integrado Nacional (SIN) era de 476 MW y el 2016 apenas subió a 493 MW. A partir del 2017 recién empezó un incremento del sector hidroeléctrico con la entrada en funcionamiento de Misicuni, San Jose I, el aumento de la capacidad de Corani y San Jose II. En los últimos 3 años la potencia instalada hidroeléctrica se incrementó en un 52%. Continúa leyendo Hidroeléctricas: Entre la necesidad y la pesadilla

Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad

00 GRAFICAS TUNUPA 110 termo-11Las centrales termoeléctricas que funcionan principalmente a gas natural han sido las que más han crecido en los últimos 13 años. Durante el gobierno de Evo Morales las termoeléctricas se duplicaron pasando de una potencia instalada de 926 MW en 2006 a 1.855 MW en 2018. El año 2019 pegaron un nuevo salto con la inauguración de tres plantas de ciclo combinado con una capacidad total de 1.000 MW, lo que eleva la potencia instalada termoeléctrica a 2.855 MW en el Sistema Integrado Nacional (SIN) Continúa leyendo Termoeléctricas: Sobreoferta de electricidad

El desencuentro entre la demanda y oferta

En casi cincuenta años, la demanda total de electricidad en Bolivia (SIN, SA y Auto productores) ha pasado de 709 GWh en 1970 a 8.450 Gwh en 2018. El crecimiento promedio anual en estas cinco décadas ha sido de 5,3%. En los últimos tres años la tasa de crecimiento anual ha disminuido a 4,1% el 2016, 2,1% el 2017 y 0,9% el 2018. La potencia instalada conectada a al SIN pasó de 865 MW en 1997 a 2.424 MW en 2018. El excedente de potencia subió de 321 MW a 913 MW, equivalente a un 60% de la potencia máxima demandada ese año. Continúa leyendo El desencuentro entre la demanda y oferta

Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar y biomasa

En Bolivia existen:

a) termoeléctricas que funcionan a gas natural y diesel,
b) hidroeléctricas que funcionan con el empuje del agua,
c) plantas eólicas que utilizan la fuerza del viento,
d) plantas fotovoltaicas que aprovechan la radicación solar, y
e) plantas que utilizan biomasa (bagazo de caña de azúcar) como combustible para mover sus turbinas.

Algunas de las ventajas y desventajas de estas centrales eléctricas son: Continúa leyendo Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar y biomasa