Julio del 2020: más incendios en Áreas Protegidas y en el bosque Chiquitano que el 2019

Por: Guillermo Villalobos

Bolivia termina el mes de julio con un escenario ambiental perturbarte. Según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), entre el 01 y el 29 de julio de este año se registraron 19.205 focos de calor. Mientras que, durante el mismo periodo, el 2019 se registraron 16.532 focos de calor. Dicho de otra manera, durante julio del 2020 los focos de calor se incrementaron en un 16.2% en relación al 2019. En los picos más altos, se llegó a registrar hasta 1.605 focos de calor en un solo día.[1]


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19.205 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 2020
16.532 focos de calor entre el 01 al 29 de julio de 2019

Fuente: MMAyA. Datos obtenidos el 29/07/2020 en: http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

Los datos del SIMB muestran, asimismo, que hay un aumento porcentual considerable de los focos de calor registrados tanto en el bosque chiquitano como en Áreas Protegidas. Los reportes señalan que, durante 01 al 29 de julio del 2019, del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa el 50,5 % sucedieron en el bosque chiquitano; mientras que, durante el mismo periodo en el 2020, el 65,1 % del total de los focos de calor registrados en áreas con cobertura boscosa se dieron en el bosque chiquitano. 

focos_calor_2019_2020-01-01

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Por otro lado, llama la atención el aumento de focos de calor identificados en áreas protegidas. De acuerdo a los datos del SIMB, el porcentaje de focos de calor registrados en áreas protegidas durante el 01 al 29 de julio pasó de 5,2% el 2019 a 12,7% el 2020. Siendo Carrasco, Otuquis y San Matías las más afectadas el 2019; mientras Otuquis, San Matías y Tunari fueron las más dañificadas este año.

Desde hace una semana el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis, en el municipio de Puerto Suarez en Santa Cruz, se encuentra en llamas. En solo los primeros cuatro días de incendio se registraron 685 focos de calor.[2] Según declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pickert, se estima que 25.000 hectáreas están siendo afectadas por los fuegos;[3] en tanto la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) informó que ya se quemaron 60 mil hectáreas de pasturas naturales.[4] A todo esto, hay que sumar los 5.000 hectáreas que se quemaron en el incendio suscitado en marzo de este año,[5] y los 326.743 hectáreas quemadas en los incendios del año pasado.[6]

Lamentablemente el latente incendio en el Parque Nacional y Área de Manejo Integral Otuquis no es el único evento de este tipo. En lo que va del mes de julio, hubo incendios de magnitud en diferentes áreas protegías, donde resaltan: el Área Protegida Paramani (zona de amortiguación del Parque Nacional y Área de Manejo Integral Madidi), el Parque Nacional Tunari, el Área Natural de Manejo Integral San Matías y – en dos ocasiones distintas – el Parque Nacional Carrasco[7]

Si a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, el mes de julio nos presenta este panorama tan desolador ¿Qué nos espera para los meses de agosto y septiembre? ¿Cuántos miles de hectáreas en bosques y áreas protegidas, y todos los seres que habitan en ellos, quedaran calcinados por los incendios? ¿Es necesario tener que precipitarnos nuevamente a un desastre ambiental para el gobierno derogue de una vez las leyes incendiarias? Si no frenamos el ecocido en curso, muy pronto nos hallaremos en el punto de no retorno, donde ya no se podrá recuperar los ecosistemas que se incineraron por la codicia de unos cuantos.  


[1] MMAyA (2020). Reporte oficial de focos de Calor e incendios forestales. Boletín N° 115. Viernes 24 de julio. Disponible en: https://datos.siarh.gob.bo/simb/focosdecalor

[2] http://www.cejis.org/el-parque-nacional-otuquis-registra-685-focos-de-calor-en-cuatro-dias-de-incendio/

[3] https://eldeber.com.bo/pais/incendio-forestal-afecta-a-25000-hectareas-del-parque-nacional-otuquis_192613

[4] http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1687:abt-brinda-apoyo-logistico-para-combatir-incendio-en-otuquis&catid=8&Itemid=211&lang=es

[5] https://fundacionsolon.org/2020/03/16/incendio-en-el-parque-nacional-otuquis-y-673-focos-de-calor-en-el-resto-del-pais/#_ftn1

[6] http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[7] Véase: https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/guardaparques-del-parque-nacional-madidi-sofocaron-incendio-en-el-area-protegida-paramarani/; https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/sernap-sofoco-incendio-en-el-parque-nacional-tunari/; http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:ante-incremento-de-focos-de-calor-abt-no-descarta-paralizar-actividades-de-quema-en-municipios-de-riesgo&catid=8&Itemid=211&lang=es; y https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/sernap-logro-sofocar-incendio-en-el-parque-nacional-carrasco/ y https://www.mmaya.gob.bo/2020/07/sernap-sofoco-incendio-en-el-parque-nacional-carrasco/

Al 19 de abril Bolivia supera registro de quemas de los últimos 10 años

Por Guillermo Villalobos

Hasta el 19 de abril del 2020 se registraron en Bolivia 3.368 focos de calor. Esta cifra es la más alta de la última década según los datos del Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (gráfica I).  

Gráfica I. Evolución histórico nacional de focos de calor acumulado al 19 de abril. 2010 a 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020 (has click en la imagen para agrandar)

Si observamos la pequeña barra en gris de focos de calor acumulados hasta el 19 de abril veremos que ninguno de los años anteriores Bolivia superó los 3.368 registrados oficialmente este año. El año pasado se registraron 2.761 incendios y el 2016 hubieron 2.538. Algunos años ni siquiera se llegó a los 1.000 focos de calor. Este es el primer año que pasamos la barrera de los 3.000 focos de calor acumulados hasta el 19 de abril.

El incremento de los focos de calor es extremadamente preocupante por dos razones: primero por el ecocido suscitado el 2019 que afectó más de 2 millones de hectáreas de bosque[1] y, segundo por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la cuarentena que ha semiparalizado las actividades económicas del país.

Los departamentos que al 19 de abril acumularon la mayor cantidad de focos de calor fueron: Santa Cruz con 2.664, Beni con 319 y Tarija con 285. Según el mismo informe del MMAyA, desde el 2010 al 2020 Santa Cruz encabeza la lista con la mayor cantidad de focos de calor acumulados al 19 de abril (gráfica II).

Gráfica II. Evolución histórica de focos de calor acumulados por departamento al 19 de abril. 2010 al 2020.

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
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Asimismo, del 1 al 19 de abril de este año se registraron 1,564 focos de calor en todo el país. Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.063 focos de calor (equivalente al 67%), seguido de Beni con 340 (21%) y La Paz con 61 (4%). Los principales municipios afectados en Santa Cruz son: Charagua con 132, San Ignacio de Velazco con 118, Pailón con 112 y Cabezas con 105 focos. En el Beni el municipio mas afectado es Exaltación con 124 incendios (gráfica III).

Gráfica III. Evolución mensual de los focos de calor nacional y por departamento. 1 al 19 de abril 2020.  

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
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En Santa Cruz, según los datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) de esa gobernación, del 1 al 21 de abril se registraron 1.078 focos de quema[2] (gráfica IV). Esta cifra supera el promedio histórico de quemas del mes de abril para Santa Cruz.[3]

Gráfica IV. Evolución histórica focos de quema departamento de Santa Cruz. 1 al 21 de abril 2020

Fuente: Boletín del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales 21 de abril 2020, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. (has click en la imagen para agrandar)

De acuerdo a los datos presentado por el MMAyA, del total de focos de calor registrados entre el 1 y el 19 de abril, 48 se dieron en reservas forestales, principalmente en: Guarayos (21), El Chore (11) y la Cuenca del Río Boopi (7). Este mismo reporte muestra que 65 focos de calor se dieron en áreas protegidas, destacándose en Santa Cruz el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (39) y el Parque Nacional Amboró (7), en Cochabamba el Parque Nacional Carrasco (6) y en el Beni el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiborro Secruré (4).

Los tipos de bosques en donde más focos de calor se registraron fueron: bosque chaqueño (182), bosque chiquitano (166), bosque de yungas (37), bosque amazónico (32) y bosque de pantano (29) (gráfica V).

Gráfica V. Focos de calor en Reservas Forestales, Áreas Protegidas y por tipo de bosque. 1 al 19 de abril 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020. (has click en la imagen para agrandar)

Llama profundamente la atención que hasta la fecha se hayan registrado más focos de calor que el año pasado a pesar de la cuarentena nacional que está en vigencia desde el 22 de marzo, la misma que a limitado la movilidad de las personas y a ralentizando todo el aparato productivo y comercial del país. ¿Cómo es que en una cuarentena nacional se sigan dando chaqueos de esta magnitud? ¿Cómo es que Santa Cruz, que es el departamento más golpeado por el covid-19, al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de focos de calor?

Sería muy importante que, así como cada noche el Ministerio de Salud anuncia los casos confirmados de covid-19, el MMAyA informe diariamente por televisión los incendios registrados en el día para evitar que el ecocidio se repita en Bolivia.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Sobre la diferencia entre focos de calor y focos de quema véase: https://eldeber.com.bo/137001_foco-de-quema-y-foco-de-calor-es-lo-mismo-conoce-los-terminos-sobre-la-actividad-del-fuego

[3] https://eldeber.com.bo/175132_aumentan-los-chaqueos-en-santa-cruz-ya-se-supero-el-promedio-de-quemas-del-mes-de-abril

Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

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Las leyes incendiarias en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].

Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]

Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019

NormativaTítulo
Ley 337. 11/02/2013Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 502.
26/02/2014
Ley de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 739.
29/02/2015
Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 740.
29/09/2015
Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social
Ley 741.
29/09/2015
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley 952.
26/05/2017
Ley de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 1098.
17/09/2018
Ley que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
DS 3874.
18/04/2019
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley 1171.
25/04/2019
Ley de uso y manejo racional de quemas
DS 3973.
10/07/2019
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia

De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales 

Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.

Clase de propiedadÁreaPago al contado (ufv/hectárea)Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y MedianaTierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)235313
Empresa y MedianaOtras áreas157235
Pequeña MedianaTPFP y otras áreas117117
ComunidadTPFP y otras áreas3939
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013

La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).   

Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]

Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos

Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.

A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].

La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].

Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).  

Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171

TIPO DE PROPIEDADMonto UFV por hectárea quemadaMonto en UFV
Por tipo de propiedad
Propiedades colectivas (comunidades indígena originario campesinas)1100
Pequeña propiedad agrícola120
Pequeña propiedad ganadera350
Mediana propiedad agrícola350
Mediana propiedad ganadera360
Propiedad empresarial agrícola6100
Propiedad empresarial ganadera6100
Fuente: Ley 1171 del 25 de abril del 2019

Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.

Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].

En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/evo-defiende-campesinos-culpa-al-capitalismo-incendios

[3] Véase el veredicto final del quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del Caso Amazonía: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2020/01/veredicto-caso-amazonc3ada_tidn.pdf

[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html

[5] ABT (2019) Reconstrucción del modelo de aprovechamiento y uso forestal-agrario: “Desarrollo Integral de bosques y tierras”. Disponible en: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf

[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.

[7] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181114/que-dijo-gobierno-del-etanol-que-pasa-realidad

[8] https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-el-fuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html

[9] Recientemente se aprobó el Plan de Uso de Suelos del Beni, zonificando en cinco categorías y neuve sub categorías el uso del suelo. El nuevo PLUS fue duramente cuestionado, tanto porque se aprobó sin el consentimiento y participación del sector indígena y porque prioriza las áreas agropecuarias, disponiendo unos 9 millones de hectáreas adicionales para este sector. Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/promulgan-ley-de-plan-de-uso-del-suelo-del-beni-y-en-medio-de-cuestionamientos-402770

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por ecocidio en la Chiquitania

El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en los próximos meses una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.

Como medidas cautelares a ser ejecutadas por el gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa de Bolivia, el citado Tribunal Internacional dispuso: a) derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania; b) aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel; y c) implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

Según el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se debe declarar a toda la Amazonía y la Chiquitania como sujeto de derecho. En el caso de Bolivia este reconocimiento está respaldado por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra aprobada el año 2010.

Los miembros del Tribunal que visiten Bolivia verificarán si se está cumpliendo la legislación boliviana en relación a los derechos de la Madre Tierra y constatarán si ha habido avances o no en la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada por ley el 2010, y cuya implementación se exigió en la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso del TIPNIS el año 2019.

A continuación transcribimos el veredicto del Tribunal sobre el mencionado caso (haga click para ver el pdf completo).