Para poder llevar a cabo una crítica seria del proceso de expansión chino, es necesario partir de una premisa muy simple: más allá de las justificaciones discursivas y del uso de nociones que parecen sugerentes, como el multilateralismo o la armonía social, no existe desarrollo capitalista armonioso. Y, el caso chino es un ejemplo paradigmático abreviado de la historia del desarrollo capitalista en el mundo. Las políticas de transición hacia una economía capitalista emprendidas por China significaron un desarrollo ambivalente, como en la mayoría de los países industrializados, sólo que de manera más acelerada.
En el lapso de una década surgieron inmensas metrópolis como Shangai, Zhengzhou, Shenzhen, además de Pekín (Beijing). De la misma manera, tuvo lugar un desarrollo sin precedentes de una clase media urbana, conforme la economía se fue especializando en el desarrollo de áreas como la tecnología. Sin embargo, también conllevó a un significativo proceso de proletarización y estratificación de su población, sobre todo de migrantes de las provincias campesinas del interior, hacia los nuevos centros metropolitanos e industriales.
Para comprender estos procesos de proletarización y las relaciones de explotación que derivaron de la acelerada industrialización es necesario considerar dos factores principales.
- Primero, el desarrollo económico de China fue desigual en términos regionales. En los años ochenta, se crearon cuatro zonas económicas especiales: Xiamen, Shenzhen, Zhuhai y Shantou, donde la economía se liberalizó, permitiéndose el emprendimiento privado y donde se impulsó la inversión privada.
- Segundo, una de las principales ofertas de China para atraer inversiones extranjeras fueron las condiciones laborales favorables para la explotación laboral intensiva (Chan, 2012). Condiciones que se fundamentan en el desarrollo regional desigual interno: las poblaciones mayormente explotadas por las empresas, tanto privadas como estatales, en las grandes urbes, fueron principalmente migrantes rurales, provenientes de las provincias campesinas.
En un artículo titulado “Labor Standards and Human Rights: The Case of Chinese Workers under Market Socialism”, Anita Chan (1998) compara el régimen de explotación y discriminación de los migrantes rurales chinos en las grandes urbes, con el modelo del apartheid.
La autora señala que las poblaciones rurales que migraban hacia las ciudades industrializadas a trabajar, en los años 90, eran tratadas como migrantes extranjeros: debían solicitar permisos de residencia, tener contratos de trabajo pre-acordados para tramitar la residencia. Además, carecían de derechos básicos como por ejemplo la adquisición de propiedades, o la posibilidad de mudar a su familia a las ciudades de las zonas económicas especiales.
El artículo también señala que el incumplimiento, por parte de los empleadores, de los salarios mínimos era una práctica recurrente, además de las penalizaciones excesivas, por ejemplo, por charlar o reír durante el trabajo. Este tipo de prácticas situaban a los trabajadores en contextos de semi-esclavitud, donde los empleadores se sentían facultados de exigirles el cumplimiento del trabajo incluso mediante la violencia física (golpes, castigos corporales, e incumplimiento intencional de los estándares de seguridad industrial).
Ahora bien, estas condiciones laborales paupérrimas, así como las relaciones de superexplotación que permitieron el desarrollo exponencial de la base productiva china no han cambiado a presente. Aunque en las últimas décadas el Estado chino se mostró más interesado en imponer estándares laborales y ambientales, la condición para la prosecución del desarrollo productivo del gigante asiático sigue siendo la continua superexplotación de su mano de obra.
Por ejemplo, un reporte elaborado por el China Labor Watch, en 2016, describe las condiciones de trabajo en las fábricas de Pegatron, que producen los equipos para compañías como Apple. Los hallazgos muestran el estado de las condiciones laborales en el presente, en China: Los trabajadores son obligados a trabajar más allá del tiempo establecido legalmente; los aumentos impuestos por el gobierno son controlados a partir de recortes en otros gastos sociales; se cambian los talonarios de registro de los pagos, para evitar controles sobre estos abusos, entre otras prácticas injustas.
El informe demuestra, además, que Apple conoce de estos abusos, aunque aparenta un conocimiento parcial y, en consecuencia, lleva a cabo acciones insuficientes para evitar estas prácticas de disciplinamiento excesivas sobre los trabajadores. De hecho, otro aspecto que caracteriza la explotación laboral en China es la recurrente violencia física infligida por los propios empleadores hacia los trabajadores. Esta violencia se presenta de diversas formas, desde castigos físicos y agresiones en el trabajo, hasta represalias fuera del ámbito laboral (Friedman, 2014).
Y, paradójicamente, ante la escalada de conflictos laborales en china en los últimos veinte años, producto de estos abusos y de la explotación, la respuesta del gobierno ha sido una mayor represión policial contra los trabajadores. Esto tiene que ver principalmente con el hecho que la mayoría de los sindicatos de trabajadores en China son estatales, lo que hace que carezcan de legitimidad entre sus miembros, por su falta de autonomía.
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