A pesar de las continuas referencias a la armonía social y de las recientes afirmaciones sobre que China considera importante un modelo de desarrollo cuidadoso del medio ambiente, el desarrollo exponencial de su base productiva industrial también supuso una economía de alto impacto sobre el medio ambiente. Las principales zonas afectadas en términos ambientales han sido, lógicamente, las grandes urbes industrializadas de las zonas económicas especiales. Sin embargo, los impactos hoy se extienden a todo su territorio.
Una de las consecuencias más perniciosas y visibles de este modelo de crecimiento exponencial acelerado es la polución del aire. En 2013 este país fue noticia mundial por la aparición de una nube de polución con partículas altamente tóxicas. La nube llegó a afectar a doce provincias del país, además de países vecinos como la India.
Desde entonces, cada año tiene lugar una situación similar, en que el gobierno debe tomar medidas debido a que el número de partículas toxicas se eleva por encima de cualquier límite racional. Según un reporte elaborado por Bloomberg en marzo de 2018, desde 2005 China se convirtió en el primer emisor de gases de efecto invernadero del mundo (Kearns, Dormido y McDonald, 2018).
En 2015, una investigación de la Universidad de Berkeley estableció que la contaminación del aire en China fue responsable de 1,6 millones de muertes por año en el país asiático (Kearns et al., 2018). Las emisiones se concentran sobre todo en las áreas industriales y donde se realizan las actividades extractivas (carbón, por ejemplo, que durante varios años fue la principal matriz energética del país).
Esta situación planteó nuevamente la necesidad a la élite política de debatir la cuestión medio ambiental. Decimos nuevamente, porque la cuestión ambiental ya fue discutida por el Estado Chino varios años antes, en 1994, cuando el Consejo de Estado elaboró el White Paper: China’s Population and Development in the 21st Century. En este documento se discuten los objetivos de China con cara al siglo XXI, en lo que respecta a la cuestión ambiental y de desarrollo humano. Lo curioso de este documento tiene que ver con su aproximación malthusiana a las problemáticas que el Estado ya observaba en el desarrollo económico del país.
Según el documento, para asegurar un desarrollo sostenible de la economía, un uso racional de los recursos y una reducción de la pobreza, había que implementar políticas de control de natalidad. Los hechos, no obstante, demuestran que esta aproximación estaba errada. El verdadero problema reside en el modelo económico por el que China optó para lograr el desarrollo exponencial de su base productiva.
En los siguientes años, el Estado chino asumió la necesidad de enfocar sus políticas ambientales en el sector económico. Para la primera década del siglo XXI, los desafíos ambientales de China ya eran superiores a cualquier otro país industrializado. En este marco, el Estado Chino comenzó a mejorar su legislación ambiental. De hecho, como señala Alex Wang (2007), en el presente se considera que la legislación ambiental de China es relativamente completa, el principal desafío no obstante se halla en su aplicación.
A pesar de los avances legislativos en esta materia, son bastante recurrentes los casos en que la población realiza denuncias de contaminación por parte de las industrias, pero los jueces locales se rehúsan a limitar las acciones de las empresas, para no perjudicar el desarrollo económico nacional.
Por otra parte, si bien la implementación de este tipo de legislación en todo el mundo ha sido siempre problemática y ha tomado tiempo, otro problema estructural que acucia al caso chino tiene que ver con la corrupción. Por ejemplo, en muchas obras o proyectos de desarrollo industrial la Oficina de Protección Ambiental de China permitió “maquillajes” en los Estudios de Impacto Ambiental.
Un caso paradigmático, que además compete a Bolivia considerando la obsesión reciente del gobierno del MAS con la construcción de hidroeléctricas, es el de las Tres Gargantas. Esta hidroeléctrica es hasta la fecha el esfuerzo hidráulico más importante de China, con una capacidad de 22,500 MW y hasta 100 millones de MWh. Se construyó debido a la creciente demanda de energía, tanto para consumo de la población, como para la industria. Entre los beneficios previstos de esta obra, además de la provisión de energía, se incluyó el control de inundaciones; facilitar las navegaciones; la provisión de agua para irrigación, notablemente, y el desarrollo regional de la zona afectada.
A pesar de ser la estación de energía más grande del mundo, y cumplir inicialmente con los objetivos energéticos, el proyecto también tuvo consecuencias negativas. El impacto más importante fue, sin duda, de tipo social: más de 1 millón de personas fueron desplazadas, y despojadas de sus medios de producción (tierra), la mayoría sin conocer los efectos positivos del desarrollo prometido. La mayoría ingresó a una situación de precariedad mayor, por la menor productividad de las tierras reasignadas; otra parte se proletarizó en ciudades industriales cercanas; y una parte significativa tuvo migrar aún más lejos.
Los efectos ambientales se suman a los sociales: la sedimentación río arriba no facilita la navegación; la contención de inundaciones no fue tan eficaz como se pensó; se perdió gran parte de las tierras productivas de la región; y se produjo una mayor erosión de los suelos. El costo de relocalización continúa elevándose, ya que en 2009 se previó la necesidad de relocalizar otros 4 millones de personas. Esto sin contar los problemas de corrupción que caracterizaron al proceso de reasentamiento de las poblaciones. Además, en 2011, la Administración Sísmica China admitió que la represa incrementó significativamente la actividad sísmica de la región.
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