ABT da marcha atrás y agrava peligro de ecocidio en Bolivia

Por Pablo Solón

A principio de año la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) determinó que las autorizaciones de quema sólo iban a estar vigentes hasta el 30 de junio, y que a partir del 1 de julio toda quema era ilegal. La ABT, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), acaba de informar que resolvió ampliar las autorizaciones de quema hasta el 31 de julio a pesar de que Bolivia está rompiendo récords de focos de calor.

Según cifras de la ABT, las cicatrices de quema en Bolivia alcanzaron la dantesca cifra de 5,3 millones de hectáreas el año 2019, y 5 millones de hectáreas en 2020. Esta es una superficie igual a todo el territorio de Costa Rica o superior a toda la extensión de Suiza. Un tercio de esta cicatriz de quema se realizó en bosques. Sólo en áreas protegidas se quemaron casi 1,5 millones de hectáreas.

En 2021 existe el riesgo que se repita esta tragedia. Desde mayo los focos de calor están en aumento.

Junio fue el mes con más focos de calor de la última década. El pasado mes hubo casi el doble de focos de calor que en junio de 2019.

El primer semestre de 2021 fue el que registró más focos de calor desde 2010.

Más de la mitad de los incendios de junio 2021 han sido en áreas boscosas.

Los bosques que más se han quemado en este primer semestre han sido los bosques chiquitano y chaqueño.

En el mes de junio de este año el bosque chiquitano se ha quemado ocho veces más que en junio de 2020 y casi cuatro veces más que en junio de 2019.

El 83 % de los focos de calor de junio se han concentrado en el departamento de Santa Cruz.

Más de la mitad del territorio de Santa Cruz se encuentra en riesgo de incendios forestales debido a las condiciones climáticas. La situación es extremadamente preocupante y existe el serio peligro de que se produzca un nuevo ecocidio este año.

La ABT reconoce que “a nivel nacional, en las gestiones 2018, 2019 y 2020, se incrementó la incidencia de focos de calor por cada año”, sin embargo, decide ampliar hasta el 31 de julio las autorizaciones de quemas por las siguientes razones:

1. “Sólo” el 38% de las quemas durante este primer semestre han sido autorizadas legalmente. El restante 62% han sido quemas ilegales que no cuentan con autorización. En consecuencia “las quemas autorizadas por la ABT no tienen mayor incidencia”.
2. “Que el pronóstico de las condiciones climáticas y atmosféricas son favorables y lo permiten”.
3. Que diferentes sectores productivos “solicitan la ampliación de autorización y ejecución de quemas controladas”.

El año 2015 en el marco de las contribuciones para el Acuerdo de París sobre cambio climático el gobierno de Evo Morales se comprometió a acabar totalmente con la deforestación ilegal en Bolivia hasta el año 2020. Estamos en 2021 y las quemas ilegales lejos de disminuir se han incrementado exponencialmente. Frente a esta situación, la ABT no reacciona con preocupación y consternación reconociendo su absoluta incapacidad para hacer cumplir este compromiso internacional, sino que dice: como la mitad más grande de quemas son ilegales entonces que sigan las quemas autorizadas. Suspender la autorización de quemas a partir del 1 de julio no iba a frenar los incendios en Bolivia, pero era una clara señal de que había que avanzar hacia una Chiquitania, un Chaco y una Amazonía sin fuego. Ampliar la vigencia de las autorizaciones de quemas alentará las quemas legales e ilegales.

Los informes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMIH) de “Pronósticos de condiciones atmosféricas para propagación o diminución de focos de calor” contradicen a la ABT al establecer una probabilidad “muy propensa” para las regiones de la Chiquitania Chiquitania y el Chaco de Santa Cruz. Una quema legal o ilegal tiene altas probabilidades de transformarse en un incendio.

Por las presiones de ganaderos y agricultores, la ABT prolonga las autorizaciones de quemas a pesar de los riesgos sin tomar en cuenta los graves peligros que existen. En 2019, los incendios sólo en la Chiquitania afectaron más de 40 millones de árboles. Según el estudio “Muerte de mamíferos por los incendios de 2019 en la Chiquitania”, seis millones de mamíferos fueron afectados. Según el “Plan de Recuperación de las zonas afectadas por los incendios en el departamento de Santa Cruz”, 15 de las 16 cuencas que tiene el departamento de Santa Cruz sufrieron algún grado de afectación, siendo las más afectadas por los incendios las cuencas de Curichi Grande, San Miguel, Itenez sur y Tucabaca. El pantanal boliviano que es un sitio RAMSAR que fue afectado en un 36 %.

Pero no sólo la Madre Tierra sufrió los graves efectos de los incendios sino también poblaciones humanas. En 2019, cuando no había covid-19, 14.753 personas fueron atendidas en centros hospitalarios y en atención ambulante por patologías producidas o agravadas por los incendios en Santa Cruz. “El humo de los incendios forestales puede irritar sus pulmones, causar inflamación, afectar su sistema inmunitario y hacerlo más propenso a infecciones pulmonares, incluso al SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19”, alertan instituciones de la región. El covid-19 no distingue entre el humo de las quemas autorizadas de la ABT y las quemas ilegales.

En 2019, los incendios provocaron cortes de servicios de agua en Roboré y déficit hídrico en 5 municipios. Según datos de la Gobernación de Santa Cruz, 397 comunidades sufrieron afectaciones vinculadas al agua producto de los incendios. También hubo una afectación al sector productivo agropecuario y dedicado al turismo en Santa Cruz. Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) casi 60.000 cabezas de ganado sufrieron algún grado de afectación por los incendios.

La determinación de la ABT de prohibir toda quema a partir del 1 de julio fue adoptada en febrero, después de consensuar la fecha con diferentes sectores productivos rurales. Lejos de hacer cumplir su determinación, ahora la ABT pone a Bolivia al borde de un tercer ecocidio.