Deforestación e incendios Naturaleza

Revolución agraria para salvar a la Madre Tierra

Por Pablo Solón

La tierra debe ser de quien cuida a la Naturaleza. No estamos hablando de chaqueos tradicionales sino de incendios ecocidas que son provocados por razones económicas. Según la presentación del Instituto Nacional de Reforma Agraria titulada “Resultados de cuantificación de incendios VS. cicatrices (hasta 14 de agosto 2021)”, sólo en el departamento de Santa Cruz la superficie total incendiada sería de 215.001 hectáreas (ver cuadro resumen al final del artículo).

Según el INRA el 86 %[1] de la superficie incendiada en predios titulados corresponde a la propiedad empresarial.  Es decir que, sobre un total de 101.072 hectáreas tituladas incendiadas, 84.214 hectáreas corresponden a las propiedades más grandes que se denominan “empresariales”. Estos incendios habrían ocurrido en sólo 32 predios empresariales que de conjunto tienen una superficie titulada de 169.982 hectáreas. En otras palabras, estos “empresarios” habrían quemado casi la mitad de su propiedad titulada.

Con relación a los predios que están en proceso[2] el INRA afirma que la superficie incendiada es de 29.887 hectáreas de las cuales el 82% corresponderían a la propiedad empresarial. Nuevamente en el grupo de tierras en proceso de titulación los “empresarios” estarían incendiando casi la mitad de su propiedad que está en proceso. En otras palabras, los propietarios más grandes que aún no tienen consolidado su derecho propietario ya quemaron casi la mitad de su propiedad.

Si queremos frenar los incendios hay que paralizar los procesos de titulación y revertir la tierra titulada a estos “empresarios” incendiarios y ecocidas. Esta debe ser la principal medida para frenar los incendios. Las multas y la cárcel son sanciones que no son suficientes para frenar los incendios, porque son extremadamente bajas y están acompañadas de perdonazos constantes.

La propiedad mediana se ubica en el segundo lugar con un 10,4% de la superficie incendiada en las propiedades tituladas y el 18,1% de las propiedades en proceso de titulación. Llama la atención que las propiedades medianas mayores a las 50 hectáreas han quemado el 31% de su propiedad en la categoría de propiedades tituladas y el 80% en la categoría de propiedades en proceso de titulación. Nuevamente es inadmisible que quien tiene su derecho de propiedad en trámite queme más del 80% de la misma. Los procesos de titulación de estos predios medianos deben ser inmediatamente frenados y dichas tierras deben volver a ser de propiedad fiscal para entrar en una pausa ecológica que permita la recuperación de la Naturaleza.

Los pequeños propietarios, con menos de 50 hectáreas, serían responsables de sólo el 2,5% de los incendios en predios titulados y del 0,5% en predios en proceso de titulación, según los datos del INRA. Mientras las propiedades empresariales tituladas y en proceso han incendiado una superficie de 108.547 hectáreas, las medianas propiedades han quemado 15.932 hectáreas y las pequeñas propiedades 2.706 hectáreas. Las pequeñas propiedades contribuyen con menos del 2% de las hectáreas incendiadas, sin embargo, con relación a su superficie dotada o en proceso de dotación, aquellas identificadas por el INRA, quemaron un 36% de su tierra.

En la presentación del INRA aparecen las “comunidades autorizadas” como una categoría diferente a las pequeñas propiedades. Las “comunidades autorizadas” que figuran en el reporte del INRA, que normalmente se las conoce como colonos o asentamientos autorizados, habrían quemado 2.000 hectáreas de un total de 2.044 hectáreas que tendrían asignadas. La cantidad de hectáreas quemadas de esta categoría apenas supera el 1% de las hectáreas quemadas. Sin embargo, son las que más queman con relación al tamaño de su predio: 97,8%. En otras palabras, no tienen mucha tierra, pero casi toda la que tienen la queman.

Es claro que necesitamos aplicar y aprobar disposiciones urgentes para impulsar una revolución agraria y evitar que la Madre Tierra siga siendo calcinada. Estas acciones deben estar enfocadas sobre todo hacia las grandes propiedades por ser las principales responsables de los incendios, pero también deben comprender medidas dirigidas a los medianos y pequeños propietarios que muchas veces queman por los ofrecimientos económicos de los propietarios “empresariales”.

Según estos datos del INRA, los pequeños propietarios que defienden las quemas en el fondo sirven a los intereses de los grandes propietarios “empresariales” que son los más importantes pirómanos. Es tiempo que los pequeños propietarios, los campesinos y los pueblos indígenas exijan la reversión de las tierras de los grandes propietarios que son los principales responsables de este ecocidio que se repite cada año.

La situación de los incendios se hace más compleja cuando analizamos la situación de las tierras fiscales disponibles y no disponibles. El INRA hace una división entre tierras fiscales ejecutoriadas y tierras fiscales en proceso que no está claramente definida en su presentación. Las tierras fiscales ejecutoriadas incendiadas suman 61.715 hectáreas[3] y las tierras fiscales en proceso alcanzan a 22.327 hectáreas. Es decir que, de conjunto, los incendios abarcaron 82.042[4] hectáreas de tierras fiscales, ejecutoriadas y en proceso, que incluyen las disponibles y las no disponibles. Después de las propiedades “empresariales” las tierras fiscales son las que más han sufrido los incendios hasta el 14 de agosto en lo que va del año. Estas tierras que pertenecen a todos los bolivianos son las segundas más afectadas. Las tierras fiscales más incendiadas son las no disponibles[5] que comprenden a las áreas protegidas. El 65% de las tierras fiscales incendiadas corresponde a la categoría de no disponibles y suman la cifra de 55.298 hectáreas entre ejecutoriadas y en proceso.

La presentación del INRA no aclara cuáles son los factores de semejante superficie incendiada en tierras fiscales. Sin embargo, es claro que quienes las queman de manera premeditada lo hacen con el objetivo de luego ocupar y/o usar dichas tierras. Por ello, la revolución agraria para salvar a la Madre Tierra debe contemplar que en el caso de las tierras fiscales disponibles la norma debe establecer claramente que tierra fiscal disponible quemada sin ningún tipo de autorización no será dotada a nadie, y entrará en un programa de protección y pausa ecológica para lograr la recuperación de la Naturaleza. En torno a las tierras fiscales no disponibles que son quemadas, ejemplo las áreas protegidas, es fundamental adoptar mecanismos de incentivos y sanciones para que quienes tienen predios que colindan con estas tierras fiscales no disponibles no las quemen y por el contrario las protejan.

Evidentemente las acciones para evitar los incendios deben comprender la abrogación de las leyes incendiarias, el establecimiento de sanciones económicas y penales que realmente tengan sentido, la eliminación de cualquier tipo de perdonazo a quienes queman de manera ilegal sus predios, y otras. Sin embargo, es fundamental adoptar medidas que propicien la reversión de la tierra de quien no cuida a la Naturaleza. En este sentido el INRA y las autoridades deben asumir acciones, y la Asamblea Legislativa debe aprobar normas para avanzar en una revolución agraria para salvar a la Madre Tierra del ecocidio continuo.

En un próximo artículo: propuestas para una Reforma Agraria para salvar la Madre Tierra.


[1] Haciendo una revisión de las cifras y cálculos del INRA el porcentaje exacto según sus datos sería de 83,3% de la superficie incendiada en predios titulados de la propiedad empresarial.

[2] Aunque la presentación no lo dice de manera explícita consideramos que se está refiriendo a predios en proceso de titulación.

[3] El INRA incluye dentro de las tierras fiscales ejecutoriadas a las “comunidades autorizadas” que fueron responsables de 2.000 hectáreas incendiadas hasta el 14 de agosto. Excluyendo a este sector las tierras fiscales ejecutoriadas quemadas suman 59.715 hectáreas.

[4] No se incluyen las 2.000 hectáreas incendiadas de las “comunidades autorizadas”.

[5] En la presentación del INRA no hay una definición de cuáles son las tierras fiscales no disponibles ni una explicación de porqué las divide entre tierras fiscales no disponibles ejecutoriadas y en proceso.

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