¿Cómo salir de los transgénicos en Bolivia?

Por Marielle Cauthin y Guillermo Villalobos

28 de abril de 2021

En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR. Todas las otras semillas transgénicas que circulan por Bolivia han sido introducidas de manera ilegal y por lo tanto las empresas y personas que las contrabandean, comercializan y utilizan deben ser sancionadas de acuerdo a ley. Para salir de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) el primer paso es no ampliar las autorizaciones a nuevos transgénicos. Por eso es importante que se hayan abrogado recientemente los “decretos transgénicos” (4232 y 4238) que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. En la actualidad el procedimiento abreviado para evaluación de semillas modificadas genéticamente sólo esta vigente para la soya HB4 e Intacta destinada a la producción de biodiésel, y hasta la fecha no existe ninguna solicitud en trámite para autorizar alguno de estos dos eventos de soya transgénica. En síntesis, el tema central en Bolivia es no autorizar nuevas semillas transgénicas y establecer un procedimiento para salir gradualmente de la soya RR, como lo manda la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su Artículo 24.8:”Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.

En el camino de la exigencia de dejar el uso de semillas transgénicas y el modelo agrícola que lo sostiene, una primera pregunta a realizarse es ¿este modelo alimenta a Bolivia? ¿quién alimenta al país y en qué condiciones? La política agraria nacional ha estado históricamente enfocada en el gran proyecto de agricultura industrial, pero lo que tenemos es solo una agricultura monoproductora de materias primas a partir de la soya transgénica. Del otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina e indígena que produce -sin ser un proyecto de las élites empresariales ni del Estado- el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos que consumimos las y los bolivianos. Pese a estar comprobado que la agricultura familiar campesina e indígena es el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, es el sector menos favorecido por las políticas, al punto de estar en franco declive.

En búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Los pequeños agricultores alimentan a la humanidad, a pesar de que sólo son dueños de una cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta[1]. El Censo Agropecuario llevado a cabo el año 2013 señala que en el país existen unas 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) [2]. El 95 % de estas UPA corresponden a los productores de la agricultura familiar, que conforman unos 4 millones de personas, según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA [3].

En Bolivia, la agricultura familiar campesina e indígena produce el 96 % de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres y cereales. El 65 % de los alimentos que consumimos en Bolivia son producidos por la agricultura familiar. Apenas el 3 % de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32 % es importado (Cartagena, 2020a). En otras palabras, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena.

¿Quién alimenta al país? ¿Y a quién alimenta el Estado?

Pamela Cartagena (2020b), citando a McKay (2018), señala que todas las empresas que se dedican al rubro de las oleaginosas en Bolivia (son seis y con capitales estadounidenses, peruanos y venezolanos) exportan su producción, y apenas dos de ellas producen para el consumo interno: aceites de cocina, margarina, jabón, torta de soya para alimentación avícola y porcina. En ese sentido, es falso afirmar que la producción soyera transgénica “garantiza la seguridad alimentaria del país”, como afirman los representantes del agronegocio.

Consecuente con una política agraria y de tierras que ha venido favoreciendo en gran medida al agronegocio (Cauthin, 2021), hasta 2013 los datos sostenían que el 78,3% del total del incremento de la producción agrícola del país obedecía a dos cultivos: soya (55,4%) y caña de azúcar (22,9%) -caña destinada a la producción de alcohol- (Ormachea; Ramírez 2013). Esto expresa que la política agrícola ha favorecido un modelo por sobre otro que diversifique la producción destinada al mercado interno. Debido a esta premeditada inclinación, es que sobre todo la última década se reportan porcentajes de producción negativos para cultivos que están a cargo de familias campesinas, como la cebolla, la papa, el plátano, la alfalfa, la yuca, el tomate, la cebada en grano, la arveja e incluso el maíz fresco (Ormachea; Ramírez 2013).

Siendo la agricultura familiar campesina e indígena el eslabón más importante para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, este sector es el que menos creció en comparación a la agroindustria. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente. Siendo que la mayoría de su producción se destina a la exportación. Entre 2005 y 2019 este sector exportó en promedio el 79% de su producción (Villalobos, 2021). En contraste, la superficie cultivada con papa se incrementó en 35.466 hectáreas entre 2005 y 2018. Mientras que la superficie cultivada con maíz, tomate, cebolla y haba aumentaron solo en 3.469, 1.162, 1.448 y 4.959 hectáreas respectivamente, durante el mismo periodo (INE, 2019).

La falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina afectó profundamente la seguridad alimentaria nacional, haciendo de Bolivia un país cada vez más dependiente de los alimentos que se importan de los países vecinos. Las importaciones de papa, por ejemplo, pasaron de 1.282 toneladas en 2006 a 51.805 toneladas en 2016. De igual manera, las importaciones de tomates aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6.943 toneladas importadas en el mismo periodo. Mientras que, de no importar cebolla en 2005, en 2017 se importaron 14.328 toneladas (Prudencio, 2019).

Prohibiciones, moratorias y etiquetados: países que rechazan los OGM

Medio centenar de países han desarrollado legislaciones para controlar, restringir o prohibir la introducción, comercialización o producción de transgénicos en sus territorios, ya sea mediante leyes de moratoria para semillas, de prohibiciones a cultivos o de etiquetado de advertencia para productos procesados que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Actualmente, al menos 39 países han prohibido mediante leyes los cultivos transgénicos en sus territorios, sobre todo por motivos de salud humana y ambiental. Casi la totalidad de Europa prohíbe los cultivos transgénicos en su territorio y sólo permite la importación de algunos productos transgénicos bajo normas de etiquetado y sobre todo para consumo animal. La Unión Europea obliga etiquetar todos los productos transgénicos que tengan hasta milésimas de componente OGM, Estados Unidos se ha comprometido a implementar el etiquetado desde enero de 2022. Otros países que exigen etiquetados pero con más flexibilidad [4], son: Indonesia, Tailanda, Australia, Nueva Zelandia, África del sur, Kenia, Canadá, Brasil, Colombia, Nicaragua, Mali, Togo, China, Japón, Taiwan, Vietnam e India.

El caso de Perú: Ley de moratoria por 15 años

En enero de 2021, Perú promulgó la Ley 31111 que amplía el plazo de la moratoria al ingreso, comercialización y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente” por 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2035 [5]. Esta Ley es una ampliación de la Ley 29811 de 2011 que ya había puesto una primera moratoria por 10 años. Aunque la Ley excluye de esta moratoria: a) los OVM para fines de investigación, b) los OVM usados como productos farmacéuticos y veterinarios autorizados, c) los OVM y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, d) otros OVM sujetos al análisis de riesgos previos.

La Ley de moratoria propone la salvaguarda de la “agrobiodiversidad” para cultivos, animales y organismos e incluso ecosistemas, esto significa crear un programa para conservar los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad (Art. 23), como las semillas nativas por ejemplo. Al mismo tiempo, en el Art. 28 instruye la generación de Líneas de Base para obtener información científica y tecnológica, relativa al estado de la biodiversidad nativa, incluyendo la diversidad genética de las especies nativas, que puede potencialmente ser afectada por OVM.

Otra iniciativa relevante es la que explica el reglamento de la Ley en el Art. 32 sobre la realización de listas y mapas de los Centros de Origen y Diversificación de Especies, según la prioridad: a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen, b) Especies de las cuales Perú es centro de diversificación, c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para la bioseguridad en el Perú, d) Diversidad y variabilidad existente en Perú de los principales cultivos, crianzas y de sus parientes silvestres de los cuales existan OVM. Las penalidades por contravenir esta Ley son: a) Amonestación, b)Multa, c) Decomiso, temporal o definitivo con destrucción del producto [6].

El caso de México: Decreto contra el glifosato y el maíz transgénico

Recientemente México se incorporó a la creciente lista de países que buscan contrarrestar el uso de OGM en sus territorios. Como parte de una política para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos[7], el gobierno de México, mediante Decreto presidencial aprobado el pasado 31 de diciembre de 2020, determinó sustituir gradualmente el uso, adquisición, promoción e importación del glifosato (principal herbicida utilizado en la agricultura comercial), disponiendo un periodo de tres años -hasta 2024- para lograr tal objetivo. Además, el decreto determina la revocación de los permisos y la abstención de otorgar nuevos permisos para la liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados. 

Para lograr dicho fin, se encarga a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promover “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Disponiendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el desarrollo de tecnologías e investigaciones que permitan promover alternativas al glifosato. Estas instituciones estatales también tendrán que promover reformas legales correspondientes para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado. 

¿Hacia dónde va Bolivia?

Después de la abrogatoria de los “decretos transgénicos” en Bolivia se barajan tres opciones: a) Aprobar una ley de biotecnología que nuevamente de curso a la aprobación de nuevas semillas transgénicas, esta propuesta es promovida por el agronegocio y sectores del gobierno, b) Hacer respetar la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y a través de una ley establecer las acciones y plazos para la eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país, y c) Aprobar una ley de moratoria a la importación, comercialización y uso de semillas transgénicas por 15 o 30 años, postergando una decisión definitiva al respecto mientras el país desarrolla y fortalece su capacidad técnica e institucional en la materia.

La abrogatoria de los “decretos transgénicos” lejos de resolver el conflicto con el agronegocio lo va a llevar a un nuevo nivel, en el que este sector a través de una ley intentará volver a abrir las puertas a nuevos transgénicos, mientras organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil buscarán una salida definitiva de los organismos genéticamente modificados, pues queda claro que no se logrará la seguridad y soberanía alimentaria con base en el modelo agroindustrial de exportación, sino por medio de otros enfoques agrícolas y pecuarios que prioricen la producción de alimentos para el consumo nacional; apoyando y fortaleciendo -para ello- la agricultura familiar campesina e indígena. 


[1]  Véase:  http://www.fao.org/news/story/es/item/1195759/icode/

[2]  Véase: https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[3]  Véase: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/fortalecer-la-agricultura-familiar-para-mitigar-los-impactos-del-covid-19

[4] Véase: https://www.infogm.org/spip.php?page=carte&lang=fr

[5] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-29811.pdf

[6] Véase: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/113252603-reglamento-ley-moratoria-ovm.pdf

[7] Actualmente México importa unos 16 millones de toneladas de maíz amarillo, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Véase: https://www.reuters.com/article/agricultura-mexico-glifosato-idLTAKBN2AJ2BN

Fuentes:

APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA.

Cartagena, P. (2020a). La producción campesino indígena: soporte alimentario y de salud integral en tiempos de coronavirus. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 08/04/2020

Cartagena, P. (2020b). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

Cauthin, M (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundacionsolon.org.

Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

Villalobos, G. (2021). El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya. Fundaciónsolon.org.

Prudencio, J., Plata, W., Velasco, S. & Colque, G. (2019). Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. Fundación Tierra.

La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño

Por Marielle Cauthin

20 de abril de 2021

Lejos de estar abandonadas por el Estado, las élites empresariales de Santa Cruz se crearon gracias a los apoyos públicos: tierras, capital y un sin fin de políticas hechas a su medida. Con un discurso y una agenda hábilmente adecuadas al tiempo que les toca vivir, actualmente abanderan la defensa de la alimentación nacional y la modernización agrícola para consolidar sus privilegios, a través de la introducción de más eventos transgénicos y replicar el modelo extractivista soyero.

La élite extractivista de oriente

A decir de Soruco (2008), la élite empresarial de Santa Cruz es producto de auges extractivos (goma, algodón, soya), que lejos de responder al mercado interno y a la sociedad nacional, históricamente se vinculó de forma umbilical a los mercados internacionales de materias primas. Esta élite fue erigida por una serie de políticas estatales que tuvieron como momentos centrales, según Peralta-Rivero (2020), los planes de desarrollo estatales de 1955, 1962, 1970 y 1975: “estos impulsaron las recomendaciones del Plan Bohan a través de la planificación estatal lo que ayudó a consolidar la agroindustria en tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz”.

Por vía del Estado esta élite obtuvo beneficios directos con inversiones en infraestructura (caminos), capital (subsidios, créditos), tecnología (equipamiento), fuerza de trabajo (mano de obra de occidente vía colonización) y por supuesto dotación de tierras -de una forma “irracional y clientelar”- sobre todo durante la dictadura de Banzer (Soruco, 2008); hasta 1985 la política agraria permitió la consolidación de la mediana y gran propiedad sobre todo en el oriente boliviano. Según Paz (2004), los casos “paradigmáticos de apoyo estatal” fueron la caña de azúcar en Santa Cruz, la ganadería bovina en Beni y, posteriormente, las oleaginosas y cereales en Santa Cruz hasta el quiebre del ciclo neoliberal. La etapa posneoliberal, a la cabeza de Evo Morales, tuvo dos tipos de gestión frente al agronegocio: la primera de 2006 a 2009, con un discurso rupturista con esta élite parte de la llamada “media luna” (Soruco, 2008). Y el periodo 2010 a 2019, donde se va reconfigurando el escenario de pactos y acuerdos, logrando reencauzar algunas consignas de su agenda -como se verá más adelante-, para llegar a 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, con la plenitud de lograr las reformas legales y políticas arañadas en años anteriores. Con Luis Arce se inicia una nueva etapa que podría ser de ruptura y/o de continuidad.

El “grano de oro” no es lo que parece

En estos últimos años, al sector agroempresarial solo le fue necesario generar un dispositivo efectivo para volver a consolidar una nueva ola de apoyos estatales y una nueva agenda política, que garantice su continuidad clánica empresarial. Este dispositivo se generó a partir del boom de los precios internacionales de la soya transgénica, sector que “se ha desarrollado de manera similar a un enclave extractivo, social y sectorialmente” (McKay, 2018), y que ha crecido en la región ante el declive de este modelo de producción agrícola en los países europeos, lo que hizo que economías “emergentes” -como Sudamérica- ocuparan el lugar denostado de producción primaria de alimentos y materias primas (Ormachea, 2013) o de commodities para el mercado global (Svampa, 2013).

El modelo del agronegocio “se vende como un modelo de éxito”, explica Colque (2020), pues solo resalta los factores positivos: inyección a la economía nacional, generación de “miles sino millones” de empleos directos e indirectos, seguridad y soberanía alimentaria del país, e incluso afirma ser un sector ambientalmente sostenible; cuando casi el 100% de la soya cultivada en Bolivia es transgénica y ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas (Cartagena, 2020) de monocultivo, con fuertes impactos socioambientales, pues requiere de insumos como semillas patentadas, agroquímicos, maquinaria pesada para terreno, etc. La mecanización del proceso hace que la fuerza de trabajo local se haga excedentaria, lo que agudiza la migración campo – ciudad, e incluso los pequeños agricultores se estancan pues hay escasas posibilidades de ascenso social (McKay, 2018).

Respecto a la tierra, en la zona de producción soyera en Santa Cruz pervive un inequitativo sistema de distribución de la tierra: el 78% son pequeños productores (con 50 hectáreas o menos) que manejan el 9% de la superficie productiva de soya, mientras que el 2% son grandes productores (con más de 1.000 hectáreas) que manejan el 71% de la superficie productiva de soya (Cartagena, 2020). Por otra parte, de una comparación entre la producción de 2003 con soya no transgénica y la de 2019 con soya transgénica (evento 40-3-2), resulta que el rendimiento por hectárea de soya no transgénica es mayor: 2,4 y 1,85 TM/ha respectivamente (Peralta, 2020; Villalobos, 2021).

Desde una mirada feminista, el complejo del agronegocio abarca solo a hombres en las direcciones: “dada la estructura patriarcal del complejo soyero” y de la ”cultura” machista de que son los hombres los que deciden y saben sobre producción agrícola (McKay, 2018). Ambientalmente, el uso constante de agroquímicos con alto grado de toxicidad -según la OMS y la FAO- puede afectar a animales (sobre todo polinizadores), humanos, suelos y agua (Villalobos, 2020). Un terrible efecto ambiental del agronegocio -subrayado por varios estudios- es la relación que tiene la actividad con el alarmante incremento de tasas de deforestación e incendios forestales, los peores de Bolivia fueron en 2019 y 2020 (Vos; Gallegos et al. 2020).

Entonces, el trasfondo del relato de la élite soyera es otro distinto al del modelo agrícola “exitoso” que quiere vender. Cartagena (2020) coincide con Colque (2020) en que subyacen “razones extra productivas” en este gremio, que tienen que ver la consolidación de tenencia de sus tierras y el incremento de su valor, por ejemplo, vendiéndolas o rentándolas para otros cultivos; o las ganancias que produce el resto de la cadena productiva de la soya, como el mercado de los insumos agrícolas.

En efecto, según los datos de campo relevados por McKay (2018), hay una cadena de varios actores involucrados en el negocio de los insumos de la soya transgénica, desde las transnacionales Syngenta, Monsanto, John Deere, New Holland, Nidera, entre otras corporaciones que “colaboran” con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “promover” variedades de semillas, cosechadoras, tractores, fumigadores, sembradoras, agroquímicos e incluso servicios crediticios y financieros. MacKay (2018) sostiene, por ejemplo, que otro de los efectos es la dependencia a la tecnología. El caso de los capitales y tecnología brasileña usado por el agronegocio boliviano condujo a una ola de “extranjerización”: entre 2006 y 2007 los brasileños controlaban el 40,3 por ciento del área total de las plantaciones de soya, frente al 19,6 por ciento que representaban en 1994 y 1995 (Urioste, 2012).

Sin embargo, estos mismos sectores vienen presionando al Estado para tener más beneficios políticos directos (Ormachea; Ramírez 2013), donde resalta un consorcio complejo: ANAPO, CAO, IBCE, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) -parte del grupo CropLife- y hasta la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. De hecho, muchas de estas gestiones han tenido como resultado eventos públicos de intercambios de acuerdos entre el gobierno de Evo Morales y el consorcio soyero, como el Encuentro Plurinacional de 2011 y 2012 (Gomez, 2013); la ExpoSoya de 2014, la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015; incluso la ExpoSoya de 2020 que tuvo como participante a la presidenta transitoria, Jeanine Añez.

Las leyes hechas a medida del agronegocio

En un debate de 2020, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), volvía a afirmar que frente a la pandemia el sector se reactivaría sólo con el apoyo del Estado y demandaba: acceso a tecnología e insumos; ampliar la Función Económica Social (FES); y garantizar mercados externos, así como contar con infraestructura específica como puertos, carreteras, hubs y ferrocarriles. Esta ha sido la agenda del agronegocio los últimos 15 años y -como se verá a continuación- en buena parte ha sido atendida con un marco legal hecho a medida del agronegocio.

Transgénicos e insumos

El agronegocio ha venido usando una narrativa de “emergencia” de incrementar rendimientos en la producción de alimentos, para satisfacer el mercado interno cada vez que impulsa una medida a favor del sector, ya sean argumentos climáticos -como la sequía- o incluso la pandemia de Covid-19. En 2016, con pretexto de la sequía, aprobaron el DS 2857 para la importación de maíz transgénico amarillo proveniente de Argentina destinado al consumo animal, lo que ocasionó la siembra ilegal de maíz BT y maíz RR en el chaco cruceño (Cartagena, 2020). En 2919 alegaron baja productividad y problemas por la sequía para conseguir el DS 3874, que permite la evaluación de la soya transgénica evento HB4 y la soya evento Intacta, destinados a biodiésel. En 2020 lograron la aprobación del Decreto 4232 para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, y pusieron como argumento que la iniciativa era parte del Plan Nacional de Emergencia por el Covid-19 para el abastecimiento del consumo interno.

Normas que la viabilizanDS 28225 de 2005 que permite el uso, procesamiento y comercialización interna y externa de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) y sus derivados.
Ley 314 de 2012 que permite la expropiación para iniciar la construcción de la Planta Industrializadora de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo.
DS 2857 de 2016 que permite la importación de maíz amarillo transgénico proveniente de la Argentina.
Ley 1098 de 2018 que permite producción, almacenaje, transporte y comercio de etanol y biodiésel.
DS 3874 de 2019 que autoriza procedimientos abreviados para soya HB4 y soya Intacta, con fines de producción de biocombustibles.
DS 4232 de 2020 que establece procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.
RA 084/2020 Senasag de 2020, que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucaliptus spp para ser implementados en plantaciones forestales.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Tierra: Función Económica Social (FES), desmontes y frontera agrícola

La Ley 337 que paradógicamente crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en realidad consolida un terrible “perdonazo” a desmontes realizados entre 1996 y 2011. Con leyes de este tipo, los últimos años se ha visto una paulatina legalización de desmontes y quemas, pagando apenas pequeñas multas, evitando sanciones penales y reforestando pequeñas partes. Al mismo tiempo, con la Ley 740 de ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades, el agronegocio ha logrado evitar la reversión de tierras, aunque el horizonte del sector es la cancelación o eliminación de la FES, arguyendo que su carácter temporal dificulta o restringe el acceso al crédito agrícola basado en la propiedad de la tierra como garantía (CAO, 2020). Mediante la Ley departamental 93 de Beni, en 2019, lograron ampliar la frontera agrícola en este departamento con 10 millones de hectáreas destinadas al sector ganadero, modificando el Plan de Uso de los Suelos (PLUS), con cinco categorías generales: tierras de uso agropecuario (9.026.912 ha.); de uso agrosilvopastoril (946.064 ha.); de uso forestal (3.276.067 ha.); de uso restringido (2.203.290 ha.); Áreas naturales protegidas (6.855.760 ha). Según el estudio de Rojas (2020), la falta de datos técnicos en el PLUS de 2019, solo ratifica que fue una decisión política y no con base científica, que beneficia en primera línea a los ganaderos, pero también a intereses agroindustriales nacionales y extranjeros (Rojas, 2020).

Normas que la viabilizanLey 337 de 2013 que crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece el perdonazo de desmontes realizados entre 1996 y 2011.
Ley 502 de 2014 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 12 meses más.
Ley 740 de 2015 que ampliación de la verificación de la FES en medianas y grandes propiedades.
Ley 739 de 2015 de ampliación del plazo para el “perdonazo” por 18 meses más.
Ley 741 de 2015 que autoriza los desmontes de 5 a 20 hectáreas de tierras forestales en pequeñas propiedades.
Ley 1171 de 2019 que autoriza y “sanciona” quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16.4Bs/ha).
DS 3973 de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Beni y Santa Cruz.
Ley departamental 93 de Beni de 2019 que aprueba el Plan de Uso de Suelos del Beni.
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Mercados y exportación

En 2008, producto de un boicot del sector agroempresarial, el gobierno emitió el Decreto 29460 que restringe la exportación de alimentos ante déficit de abastecimiento interno. A partir de ese momento, el objetivo del agronegocio es lograr la libre exportación de productos agrícolas o agroindustriales sin restricciones temporales y sin bandas de precios, un objetivo que habían logrado con el Decreto 4139 de 2020 firmado por Añez y derogado por Arce ese mismo año. Este es un tema latente en el sector y un espacio en disputa con el Gobierno, sobre todo estos años que los precios internacionales de la soya volvieron a repuntar, prueba de ello fueron los bloqueos de carreteras convocado por ANAPO exigiendo la eliminación de la banda de precios a derivados de la soya.

Normas de restringen
y controlan en mercado interno
DS 29460 de 2008 que prohíbe la exportación temporal de alimentos ante desabastecimiento interno.
DS 1514 de 2013 que autoriza la cuota anual de exportación de soya de 400.000 toneladas.
DS 1925 de 2014 que aumentó la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3127 de 2017 que aumentó de la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales.
DS 3920 de 2019 que autorizó la exportación de 60% de la producción nacional de soya.
DS 4417 de 2020 que abroga los Decretos 4139 y 4181.
Normas que la viabilizanDS 4139 de 2020 que libera plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya (derogado).
Elaboración propia con datos de Colque (2019); Ormachea et al. (2013); ISA, 2019; Peralta-Rivero (2020); Vos; Gallegos, et al., (2020).

Fuentes:

Colque, G. (2020). Detrás de la expansión de la frontera agrícola: sostenibilidad económica, social y ambiental del agro-modelo cruceño. [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Cartagena, P. (2020). Producción de transgénicos en Bolivia: Expectativas y problemas. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Osinaga, E. (2020). Perspectivas del sector agropecuario [Ponencia]. Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Serie Bolivia Debate: un futuro sustentable, N°2. La Paz: ISA Bolivia, UCB, Fundación Jubileo, Plataforma Digital “La Pública”, Organización de Naciones Unidas en Bolivia.

Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal”. La Paz: CEDLA.

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Soruco, X. coord. (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación TIERRA, 2008.

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Vos, V., Gallegos, S. et al. (2020) Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Revista Mundos Rurales Nº 15, 10-2020.

Infográfica: Quemar bosques para alimentar vacas

Más de dos tercios de las emisiones de gases efecto invernadero del país se deben a la deforestación y a la actividad agropecuaria.  En toda Sudamérica, el 71% de la deforestación es producto de la expansión de pastizales para la ganadería. En Bolivia, la ganadería es el principal causante de los incendios en tierras de uso ganaderas, pero también en reservas forestales y en áreas protegidas. Incendios que se genera debido a las quemas de pastizales y bosques para expandir las áreas de pastoreo para el ganado.

Actualmente en el país existen unos 9 millones de cabezas de ganado, una vaca por cada boliviano. No obstante, el Gobierno, en acuerdo con los grandes ganaderos, pretende ampliar la exportación de carne hasta el 2025. Desde el 2019 Bolivia comenzó a exportar carne a la China, y desde entonces las exportaciones en general van en crecimiento. Esto se traducirá en más deforestación y más quemas. Ante este escenario, es urgente tomar medidas drásticas para frenar este ecocido en curso.

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Bosques: Sin lecciones de fondo de la Chiquitania

El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie [1], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas [2]. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2,3 millones de hectáreas quemadas [3]. No toda superficie quemada son bosques. Gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre los años 2012 a 2016 Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosques [4]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial [5].

Los incendios del año pasado y este año representan un verdadero ecocidio que al final se abre paso en el programa de los partidos políticos que participan de las elecciones, pero que ninguno se atreve a calificarlo como un ecocidio. Todos mencionan los incendios y la Chiquitania, pero ninguno quiere referirse al bosque como sujeto de derechos, ni a las causas estructurales de los incendios: la ganadería y el modelo del agronegocio de la soya transgénica.

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La sentencia del ecocidio en la Chiquitania

El año pasado Bolivia vivió un ecocidio en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la que condena las acciones políticas que promovieron la tragedia. La verdadera problemática del ecocidio radica en las acciones humanas que quemaron más de 6 millones de hectáreas, acabando con la vida de miles de seres. Todo provocado por un modelo productivo que debe cambiar en el país. La sentencia, marca la continuación de la búsqueda de la defensa de los derechos de la naturaleza y asimismo de la importancia de la biodiversidad que nuestro país alberga.


Ecocidio y derechos de la naturaleza en la Chiquitania

Los derechos de la naturaleza buscan reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) es una entidad internacional que busca dar una voz a la naturaleza y a los defensores de la naturaleza. Esta surge de la sociedad civil y bajo el mandato de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza que nació durante la cumbre de Tiquipaya el año 2010 en Cochabamba. Debido al ecocidio suscitado por los incendios del año pasado, el Tribunal llevará a cabo audiencias virtuales el lunes 17 y miércoles 19 de agosto, por el caso “Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía”.


Devorando bosques para alimentar vacas

Por: José Carlos Solón y Guillermo Villalobos

La noche de San Juan de este año dejó 659 incendios en todo el país. Sin embargo, esta cifra representa un pequeño pico en el total de incendios que se vienen desarrollando en el año. Al finalizar junio habremos superado los 7000 incendios sólo en este mes. De estos incendios, más de 1700 habrán sido en zonas boscosas y unos 150 en áreas protegidas según los datos oficiales del MMAyA publicados hasta la fecha.[1]

La actividad ganadera es la responsable de la mayoría de estos incendios. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el año 2015 el 41% de los incendios se produjeron en áreas de uso ganadero.[2] La ganadería no sólo es responsable de los incendios en tierras de uso ganadero sino en gran parte de las tierras boscosas. El 2015, por ejemplo, hubo 20.000 incendios en áreas de producción forestal, reservas forestales y áreas protegidas, además de otros 21.000 incendios en áreas de uso ganadero. Los incendios que provoca la ganadería bovina son sobre todo para “recuperar” pastizales para alimentar el ganado y limpiar terrenos de cobertura forestal para ampliar los pastizales para las vacas.


Según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 71 % de la deforestación en Sudamérica se debe a la expansión de las superficies de pastizales para la ganadería bovina[3]. Otro estudio titulado “El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia” afirma que en nuestro país el 60% de la deforestación entre el 2005 y el 2010 se debió a actividades ganaderas[4].

En Bolivia existen dos grandes tipos de ganadería bovina: Por un lado, la extensiva que se realiza en grandes extensiones de tierra para que el ganado pastee libremente y, por el otro lado, la intensiva en la cual los animales están confinados y se los alimenta para que crezcan más rápido.

La primera es de bajo costo productivo[5] mientras la segunda requiere una inversión más alta. En el país predomina la ganadería extensiva, con inmensas superficies para pastoreo. De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad del departamento del Beni está cubierto por pastos naturales dedicados a la ganadería. Mientras que Santa Cruz concentra tres cuartas partes de los pastizales cultivados en Bolivia.[6]

Según el informe de Fundación Tierra sobre los incendios en la Chiquitania del 2019,[7]los principales protagonistas del incendio son los grandes ganaderos situados a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria y están localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías”. Este informe señala que en la zona de San Matías “al menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente”.

Del total de estas propiedades ganaderas, quince fueron tituladas durante el gobierno del MAS entre el 2016 y el 2018. Este tipo de titulaciones de tierra alientan aún más la expansión de las actividades ganaderas a gran escala a costa del bosque, generando mayor cantidad de quemas, las mismas que varias veces derivan en incendios descontrolados que incluso afectan al mismo sector ganadero.

Según el INE, en Bolivia existen alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino. Podríamos decir que hay casi una vaca por cada boliviano y la demanda de carne está abastecida en el país. Asimismo, el 2019 se produjo un total de 204.203 toneladas de carne y se exportaron 4.915 toneladas.[8] Las exportaciones de carne deshuesada congelada tienen como destino principal el Perú, Vietnam y China desde agosto del 2019. También se exporta carne procesada (principalmente hamburguesas), conservas y despojos comestibles de carne al Perú y Ecuador.[9]

El plan de los ganaderos y los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez es ampliar la exportación de carne. Asimismo, La Federación de Ganaderos de Santa Cruz plantea multiplicar por 15 sus exportaciones de carne hasta el 2025. Si el agronegocio logra exportar 75.000 toneladas de carne tendrían un ingreso de 250 millones de dólares[10]. Para ello necesitan ampliar sus mercados, apuntando principalmente a la China, Rusia y otros países.

Lo que está provocando los incendios en Bolivia son las características de una ganadería que devora bosques para alimentar vacas. Situación que se agrava por el sueño de algunas elites de exportar carne y ganar millones de dólares para sus bolsillos. El impacto de la ganadería sobre los bosques de Bolivia es ya trágico. Pretender ampliar las exportaciones de carne en este contexto sólo agravará el ecocidio en curso.


[1] http://simb.siarh.gob.bo/simb/map_heat_source

[2] ABT, Reporte Nacional de focos de Calor Gestión 2015, Disponible en:

[3] http://www.fao.org/3/i5588s/i5588s.pdf

[4] Müller R., Pacheco P., y Montero JC. 2014. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100. CIFOR.

[5] Sin embargo, de alto costo ambiental, ya que la ganadería bovina extensiva es la que más superficie quema para regenerar pastizales.      

[6] https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/CENSO-AGROPECUARIO-BOLIVIA_final.pdf

[7] http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194

[8] https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/derribe-de-ganado-bovino-2018-2019/

[9] https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/Cifras-763-Bolivia-Exportaciones-carne-bovinos-derivados.pdf

[10] Asimismo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) plantea en su Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2020-2030 llegar a un hato bovino de 17 millones de cabezas de ganado – esto es, una tasa de crecimiento de alrededor del 5% anual – y exportar 150 mil toneladas por un valor de al menos 500 millones de dólares para el 2030. Para dicho fin, el sector ganadero propone pasar de 13 millones a 20 millones de hectáreas de uso ganadero. Véase: https://www.notiboliviarural.com/pecuaria/ganaderos-plantean-al-gobierno-un-plan-de-desarrollo

Al 19 de abril Bolivia supera registro de quemas de los últimos 10 años

Por Guillermo Villalobos

Hasta el 19 de abril del 2020 se registraron en Bolivia 3.368 focos de calor. Esta cifra es la más alta de la última década según los datos del Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (gráfica I).  

Gráfica I. Evolución histórico nacional de focos de calor acumulado al 19 de abril. 2010 a 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020 (has click en la imagen para agrandar)

Si observamos la pequeña barra en gris de focos de calor acumulados hasta el 19 de abril veremos que ninguno de los años anteriores Bolivia superó los 3.368 registrados oficialmente este año. El año pasado se registraron 2.761 incendios y el 2016 hubieron 2.538. Algunos años ni siquiera se llegó a los 1.000 focos de calor. Este es el primer año que pasamos la barrera de los 3.000 focos de calor acumulados hasta el 19 de abril.

El incremento de los focos de calor es extremadamente preocupante por dos razones: primero por el ecocido suscitado el 2019 que afectó más de 2 millones de hectáreas de bosque[1] y, segundo por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la cuarentena que ha semiparalizado las actividades económicas del país.

Los departamentos que al 19 de abril acumularon la mayor cantidad de focos de calor fueron: Santa Cruz con 2.664, Beni con 319 y Tarija con 285. Según el mismo informe del MMAyA, desde el 2010 al 2020 Santa Cruz encabeza la lista con la mayor cantidad de focos de calor acumulados al 19 de abril (gráfica II).

Gráfica II. Evolución histórica de focos de calor acumulados por departamento al 19 de abril. 2010 al 2020.

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
(has click en la imagen para agrandar)

Asimismo, del 1 al 19 de abril de este año se registraron 1,564 focos de calor en todo el país. Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.063 focos de calor (equivalente al 67%), seguido de Beni con 340 (21%) y La Paz con 61 (4%). Los principales municipios afectados en Santa Cruz son: Charagua con 132, San Ignacio de Velazco con 118, Pailón con 112 y Cabezas con 105 focos. En el Beni el municipio mas afectado es Exaltación con 124 incendios (gráfica III).

Gráfica III. Evolución mensual de los focos de calor nacional y por departamento. 1 al 19 de abril 2020.  

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020
(has click en la imagen para agrandar)

En Santa Cruz, según los datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) de esa gobernación, del 1 al 21 de abril se registraron 1.078 focos de quema[2] (gráfica IV). Esta cifra supera el promedio histórico de quemas del mes de abril para Santa Cruz.[3]

Gráfica IV. Evolución histórica focos de quema departamento de Santa Cruz. 1 al 21 de abril 2020

Fuente: Boletín del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales 21 de abril 2020, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. (has click en la imagen para agrandar)

De acuerdo a los datos presentado por el MMAyA, del total de focos de calor registrados entre el 1 y el 19 de abril, 48 se dieron en reservas forestales, principalmente en: Guarayos (21), El Chore (11) y la Cuenca del Río Boopi (7). Este mismo reporte muestra que 65 focos de calor se dieron en áreas protegidas, destacándose en Santa Cruz el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (39) y el Parque Nacional Amboró (7), en Cochabamba el Parque Nacional Carrasco (6) y en el Beni el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiborro Secruré (4).

Los tipos de bosques en donde más focos de calor se registraron fueron: bosque chaqueño (182), bosque chiquitano (166), bosque de yungas (37), bosque amazónico (32) y bosque de pantano (29) (gráfica V).

Gráfica V. Focos de calor en Reservas Forestales, Áreas Protegidas y por tipo de bosque. 1 al 19 de abril 2020

Fuente: MMAyA. Reporte Oficial de Focos de Calor e Incendios Forestales, Boletín N° 26, 2020. (has click en la imagen para agrandar)

Llama profundamente la atención que hasta la fecha se hayan registrado más focos de calor que el año pasado a pesar de la cuarentena nacional que está en vigencia desde el 22 de marzo, la misma que a limitado la movilidad de las personas y a ralentizando todo el aparato productivo y comercial del país. ¿Cómo es que en una cuarentena nacional se sigan dando chaqueos de esta magnitud? ¿Cómo es que Santa Cruz, que es el departamento más golpeado por el covid-19, al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de focos de calor?

Sería muy importante que, así como cada noche el Ministerio de Salud anuncia los casos confirmados de covid-19, el MMAyA informe diariamente por televisión los incendios registrados en el día para evitar que el ecocidio se repita en Bolivia.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Sobre la diferencia entre focos de calor y focos de quema véase: https://eldeber.com.bo/137001_foco-de-quema-y-foco-de-calor-es-lo-mismo-conoce-los-terminos-sobre-la-actividad-del-fuego

[3] https://eldeber.com.bo/175132_aumentan-los-chaqueos-en-santa-cruz-ya-se-supero-el-promedio-de-quemas-del-mes-de-abril

Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Las leyes incendiarias en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].

Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]

Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019

NormativaTítulo
Ley 337. 11/02/2013Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 502.
26/02/2014
Ley de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 739.
29/02/2015
Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 740.
29/09/2015
Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social
Ley 741.
29/09/2015
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley 952.
26/05/2017
Ley de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 1098.
17/09/2018
Ley que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
DS 3874.
18/04/2019
Decreto que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley 1171.
25/04/2019
Ley de uso y manejo racional de quemas
DS 3973.
10/07/2019
Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia

De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales 

Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.

Clase de propiedadÁreaPago al contado (ufv/hectárea)Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y MedianaTierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)235313
Empresa y MedianaOtras áreas157235
Pequeña MedianaTPFP y otras áreas117117
ComunidadTPFP y otras áreas3939
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013

La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).   

Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]

Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos

Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.

A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].

La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].

Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).  

Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171

TIPO DE PROPIEDADMonto UFV por hectárea quemadaMonto en UFV
Por tipo de propiedad
Propiedades colectivas (comunidades indígena originario campesinas)1100
Pequeña propiedad agrícola120
Pequeña propiedad ganadera350
Mediana propiedad agrícola350
Mediana propiedad ganadera360
Propiedad empresarial agrícola6100
Propiedad empresarial ganadera6100
Fuente: Ley 1171 del 25 de abril del 2019

Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.

Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].

En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/evo-defiende-campesinos-culpa-al-capitalismo-incendios

[3] Véase el veredicto final del quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del Caso Amazonía: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2020/01/veredicto-caso-amazonc3ada_tidn.pdf

[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html

[5] ABT (2019) Reconstrucción del modelo de aprovechamiento y uso forestal-agrario: “Desarrollo Integral de bosques y tierras”. Disponible en: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf

[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.

[7] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181114/que-dijo-gobierno-del-etanol-que-pasa-realidad

[8] https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-el-fuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html

[9] Recientemente se aprobó el Plan de Uso de Suelos del Beni, zonificando en cinco categorías y neuve sub categorías el uso del suelo. El nuevo PLUS fue duramente cuestionado, tanto porque se aprobó sin el consentimiento y participación del sector indígena y porque prioriza las áreas agropecuarias, disponiendo unos 9 millones de hectáreas adicionales para este sector. Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/promulgan-ley-de-plan-de-uso-del-suelo-del-beni-y-en-medio-de-cuestionamientos-402770

REPAM: El extractivismo es la principal causa de conflictos en la Panamazonía

La Red Eclesial Panamazónica REPAM presentó recientemente su Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental en el cual expone diferentes datos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales de esta región. La panamazonía comprende el territorio conformado por la Cuenca del Amazonas. Políticamente este territorio alcanza parte de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela. De conjunto comprende 8 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 40% de la extensión de toda Sudamérica, y alberga aproximadamente a 33.6 millones de personas.

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La panamazonía contiene el bosque tropical continuo más extenso de la tierra. El 15% de toda la biodiversidad terrestre del planeta y el 15% de toda el agua dulce del mundo se encuentran en esta región. La cuenca amazónica alberga a 377 pueblos indígenas, y cuenta con más de 250 lenguas originarias. Por lo que, la panamazonía es una de las regiones de mayor diversidad biocultural del planeta.

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Amazonía y conflictos socioambientales

La panamazonía es una región de grandes conflictos socioambientales producto de las dinámicas económicas de carácter extractivista impulsadas por los diferentes Estados que conforman su territorio. De acuerdo a la REPAM, las principales actividades que provocan el conflicto socioambiental en esta región son la minería (tanto legal como ilegal), la explotación petrolífera, las hidroeléctricas, las quemas y la deforestación.

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Producto de las actividades extractivistas, la deforestación y la expansión de la frontera agraria, se generan una diversidad de problemáticas sociales. Según el sondeo realizado por la REPAM, las principales problemáticas sociales en la amazonia están relacionadas con:

  1. el extractivismo y los megaproyectos
  2. la crisis socioambiental
  3. la tenencia, legalización o presión sobre los territorios
  4. la ausencia institucional
  5. la fragilidad organizativa
  6. la pérdida cultural e identitaria
  7. la violencia, y
  8. la persecución política
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Sin duda, una de las poblaciones más vulnerable a las problemáticas suscitadas por el modelo extractivista son los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) o “Pueblos libres”. En todo el territorio amazónico se estima que habitan alrededor de 130 PIAV. Estos pueblos, son los más vulnerables a los daños ambientales producto de la explotación económica de la amazonia; y están sujetos a constante desplazamiento, dislocación, persecución y perdida cultural por parte de los megaproyectos, empresas extractivas y deforestación.

De los principales problemas sociales arriba identificados, la REPAM destaca las más relevantes a nivel de cada país panamazónico, siendo estas: la ausencia institucional por parte de Gobiernos y otras instituciones (Brasil y Colombia), Salud (Venezuela y Guyana), rasgos de la crisis socioambiental (Bolivia y Ecuador), y Violencia (Perú).

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Los mayores problemas culturales en la amazonia se centran en: la perdida identitaria y cultural, la tenencia y la presión sobre los territorios, y el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada. Estas problemáticas se suman y articulan con la violación de los derechos básicos, como ser: el derecho de las minorías étnicas a vivir su cultura, el derecho a la identidad y nacionalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otras.   

Específicamente, los problemas sociales identificados por el Atlas Panamazónico relativos a temas culturales por país se centrarían en: la perdida cultural e identitaria (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela), la tenencia y la presión sobre los territorios (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada (Colombia y Perú) y la falta de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural (Ecuador).

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Experiencias de justicia socioambiental

A nivel panamazónico, existen diferentes experiencias que surgen como alternativas en búsqueda de una justicia socioambiental en la región. El estudio del REPAM se enfoca específicamente en tres experiencias: producción alternativa, cuidado ambiental y capacitación productiva. Bajo la propuesta de este marco comparativo se puede observar que, a nivel porcentual, Venezuela se posicionaría como el país con menor experiencias de justicia social y ambiental de la región, seguido por Perú y luego Bolivia. Mientras que, en contraste, Colombia se posiciona como el país amazónico con mayores experiencias de justica a las problemáticas socioambientales. Estos datos revelan la gran brecha que existe entre los diferentes países panamazónicos respecto a cómo crear experiencias para la búsqueda de una justicia socioambiental y para crea alternativas frente al modelo extractivista.

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El Atlas Panamazónico presentado por el REPAM es una herramienta valorable para una visualización y análisis global del territorio de la Cuenca Amazónica. Sin embargo, como su mismo nombre lo indica, más que un instrumento de referencia local que permita un análisis focalizado y especifico, el Atlas Panamazónico en realidad es una herramienta de aproximación a la realidad de la Amazonía. En este sentido, el Atlas Panamazónico solo permite una contextualización global de esta vasta región.     

Agroindustria: Énfasis en el agronegocio exportador

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.

Los programas de los partidos políticos en general destacan al sector agroexportador. BdN es el que más prioriza a este sector, seguido por CC y luego el MAS. Este último es el único que explícitamente habla de expandir la frontera agropecuaria aunque ya no habla de triplicar las cabezas de ganado como lo hacía en la Agenda Patriótica del 2013. Todos proponen “alianzas estratégicas entre el sector público y privado” y mencionan ciertos beneficios para incentivar la productividad del sector agropecuario exportador. El que más lejos va es BdN que propone eliminar las barreras y restricciones “injustificadas” a la exportación agroalimentaria y plantea negociar nuevos acuerdos (de libre) comercio.

Ninguno hace la conexión entre el sector agropecuario exportador y la deforestación galopante. Ninguno plantea evaluar los costos y beneficios reales de este sector. Ninguno hace mención a la fuerte presencia de extranjeros en el sector del agro negocio. Ninguno propone hacer una reingeniería del agro negocio por sus graves impactos ambientales. Continúa leyendo Agroindustria: Énfasis en el agronegocio exportador

TUNUPA 108: Litio Boliviano, ¿industrialización o extractivismo?

tapa tunupa 108 final

Invitamos a leer el TUNUPA Nº108 que realiza un análisis de la asociación estratégica boliviana-alemana en el tema del litio. Formato PDF

Índice:

¿Quién controlará la empresa mixta del litio?

Por Guillermo Villalobos

La empresa mixta de litio tendrá una repartición accionaria del 51% para la estatal YLB (socia mayoritaria) y 49% para ACISA (socia minoritaria). Normalmente el socio mayoritario controla la empresa en su conjunto y, cuando existen diferencias, toma la decisión final. Esta regla no se aplica a la empresa mixta YLB-ACISA, puesto que el socio mayoritario no tendrá la palabra final y siempre deberá buscar el apoyo de parte de los socios minoritarios. Continúa leyendo ¿Quién controlará la empresa mixta del litio?

¿ACISA líder en tecnología del litio?

Por Guillermo Villalobos

Según el gerente ejecutivo de YLB Juan Carlos Montenegro: “Hemos [YLB] optado por la alternativa de buscar un socio estratégico que tenga la tecnología adecuada para procesar salmuera residual [de la planta industrial de carbonato de litio de YLB]” (1). En otras palabras, Bolivia habría elegido a ACISA como su socia estratégica para la “industrialización del litio” por su “alta capacidad tecnológica en el rubro” (2).

Continúa leyendo ¿ACISA líder en tecnología del litio?

Alemanes tendrán monopolio de mercado europeo para litio boliviano

Por Guillermo Villalobos

El Decreto Supremo 3738 en su artículo 70 establece: “La Empresa [YLB-ACISA] tiene derechos exclusivos de venta y comercialización dentro de Europa (excluyendo la Federación Rusa), por lo que, cualquier otra empresa estatal mixta o empresa mixta en asociación con YLB deberá respetar dichos mercados, absteniéndose de realizar actividades comerciales en cuanto a los productos ofertados por la Empresa en dichos mercados.” El mismo artículo también señala: “YLB en el marco de sus atribuciones, se encuentra facultada para comercializar libremente los productos de su cadena de producción en cualquier país, con excepción de los mercados que atenderá a través de la Empresa [YLB-ACISA]”.

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La “inversión alemana” se redujo a un crédito de 255 millones de dólares

Por Guillermo Villalobos

A principios de 2019 el periódico Cambio publicó una nota mencionando que ACI Systems, propuso una inversión de 1.329 millones de dólares para construir cuatro plantas: 1) hidróxido de litio, 2) hidróxido de magnesio, 3) materiales catódicos y 4) baterías (1). Esta noticia, que fue también reproducida por otros medios de comunicación, daba a entender que los alemanes iban a invertir más de 1.300 millones de dólares en la industrialización del litio. Sin embargo, según el Decreto Supremo 3738 la inversión será de sólo 300 millones de dólares para la única planta a construirse, que es la de hidróxido de litio. La cifra de 1.329 millones de dólares -que habría propuesto ACI Systems- se ha reducido a menos de la cuarta parte.

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Bolivia otorga por 70 años recurso estratégico del litio a alemanes

Por Guillermo Villalobos

Según el artículo 5 del Decreto Supremo 3738, la empresa mixta YLB-ACISA tendrá un “plazo de duración de 70 años, computables a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia”. Gracias a este contrato, la empresa alemana tendrá acceso durante 70 años a un total de, como mínimo, 126 millones de toneladas de salmuera residual, equivalente a 1,8 millones de toneladas al año.

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