El viraje hacia el modelo agroexportador dependiente de agroquímicos

Por Guillermo Villalobos M.

El uso de agroquímicos está estrechamente ligado al predominio de un modelo económico y de un paradigma agrícola que tiene sus orígenes en la Revolución Verde[1]. A la Revolución Verde se la entiende como un modelo de asistencia agrícola – impulsado principalmente por los Estados Unidos – que durante los años cincuenta y sesenta fue exportado a los países del sur global bajo el discurso de “modernización” y “lucha contra el hambre mundial” (Méndez, 2017).

La revolución verde se basó en cuatro paradigmas centrales: 1) la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, 2) la producción intensiva mediante la implementación de insumos químicos (esencialmente fertilizantes y pesticidas), 3) la mecanización del proceso agrícola (principalmente uso de tractor y sistemas de irrigación) y 4) la selección genética y desarrollo e implementación de nuevas semillas de alto rendimiento (Ceccon, 2008).       

El segundo gran impulso en el uso de agroquímicos se da desde los años ochenta hasta nuestros días, cuando la Revolución Verde entró en su segunda fase histórica, denominada también como “revolución genética o biotecnológica” (Picado, 2013). El elemento principal de esta segunda fase fue la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o transgénicos, así como los mercados más globales y liberalizados que profundizaron dinámicas extractivistas con base en la extracción de nuevos commodities agrarios, tales como la soya, el maíz y el trigo, entre otros (Hotz-Giménez et al., 2013).  

El desarrollo del modelo agroexportador y el aumento del uso de agroquímicos en Bolivia 

El empleo de agroquímicos en Bolivia siguió a escala el mismo patrón que se imponía al resto del sur global. Ya desde los años cuarenta, bajo el impulso del Plan Bohan, Bolivia se perfilaba a desarrollar un nuevo modelo agrario enfocado sobre todo en la parte oriental del país. Con la “Marcha al Oriente” a finales de la década de los cincuenta, y mediante programas de donación y apoyo humanitario enmarcadas en el discurso de revolución verde, el uso de agroquímicos – principalmente plaguicidas organoclorados y fertilizantes nitrogenados – comenzó paulatinamente a incrementarse en el país (Chilón, 2017; Bickel, 2018). A partir de los años sesenta – y a pesar de la alta variabilidad en los valores por área cultivada de un año al otro[2] – la tendencia en el uso de fertilizantes siempre fue ascendente (Gráfica 1). Así, bajo este nuevo modelo de desarrollo agrícola, Bolivia pasó de utilizar 0,55 kg de fertilizantes por hectárea en 1961 a 3,29 kg/hectárea en 1981[3]

El proceso de “modernización” de la agricultura impulsado por la primera etapa de la Revolución Verde plasmado en el plan Bohan significó, asimismo, un incremento paulatino en el uso de plaguicidas desde principios de la década de los sesenta hasta finales de los años ochenta. Se estima que en 1966 al país se introdujeron 188.000 kg de pesticidas, en tanto que para 1975 este valor ascendió a 1.342.000 kg (Cervantes, 2010).

A partir de mediados de los años ochenta y durante toda la década de los noventa, con la liberación económica y la introducción de nuevos paquetes tecnológicos, el paradigma agropecuario del país comenzó a afianzarse cada vez más hacia el modelo agroindustrial de exportación de commodities agrícolas; donde el cultivo de soya lentamente se impuso como el pilar central de este modelo. En consecuencia, la superficie cultivada con soya pasó de representar el 7,3% del total de la superficie cultivada del país entre 1985 y 1986 a ser el 38,6% del total de la superficie cultivada entre 2004-2005 (Gráfica 2) (INE, 2019).

El aumento de cultivos de soya correspondió a una política gubernamental enmarcada en el contexto histórico global; el cual, como señala la “Estrategia para la transformación productiva del agro” (Ministerio de Hacienda, 1996), procuraba una “modernización” de la agricultura y potenciar las bondades económicas del modelo agroindustrial exportador (soya) frente al “estancamiento” tecnológico y productivo de la agricultura tradicional. Esta “modernización” e industrialización de la agricultura implicó, asimismo, un aumento en el uso de paquetes tecnológicos como los plaguicidas.  Así pues, el uso de plaguicidas por área de cultivo pasó de 0,74 kg por hectárea en 1991 a 1,24 kg por hectárea en 2001 (Gráfica 3).

El hito histórico que terminó de consolidar este modelo agrario se dio a principios de 2005, año en el cual – bajo el gobierno de Carlos Mesa Gisbert – se aprueba la Resolución Ministerial N° 1 del 7 de abril de 2005, que autoriza la “producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2)”. Esta Resolución Ministerial sería elevada a rango de Decreto Supremo N° 28225 el 1 de julio de 2005 por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé[4]. Si bien la autorización del evento 40-3-2 resistente al glifosato – conocida también comercialmente como soya RR “Roundup Ready” patentado por Monsanto – solo legalizó un proceso que se venía consolidando desde la década de los noventa, representó formalmente un quiebre del arquetipo histórico que terminaría de asentar la reconfiguración del modelo agrario boliviano. 

La consolidación del nuevo paradigma agropecuario en 2005 significó no solo el aumento precipitado en el uso de semillas de soya evento 40-3-2 (Gráfica 4), sino también un renovado impulso en el uso de agroquímicos en el país. De acuerdo a la FAO, el uso de pesticidas en Bolivia se duplicó entre 2005 y 2018, pasando de 7.146 toneladas a 14.758 toneladas respectivamente[5]. Este incremento no solo se explica por la expansión del total de la superficie cultivada – que se incrementó en 1.308.967 ha desde 2005 a 2018 (Gráfica 2) – sino por el mayor uso por área de cultivo. Así, mientras el promedio de uso de pesticidas en 2005 era de 1,78 kg/ha, para 2018 este se elevó a 3,12 kg/ha (Grafica 3).

El mismo patrón, aunque de forma más errático, se presenta en el uso por área de cultivo de fertilizantes, el cual aumentó de 6,15 kg/ha en 2005 a 9,24 kg/ha en 2013 para luego descender nuevamente a 6,31 kg/ha en 2018 (Gráfica 1). Sin embargo, los datos presentados por Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) señalan que el consumo de fertilizantes en país puede ser mucho mayor, oscilando entre los 24,49 kg/ha en el 2018 (ANAPO, 2019b).

La gran mayoría de estos agroquímicos es consumido por el sector agroindustrial. De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 63% de los pesticidas que se introducen al país está destinado al sector agropecuario y un 25% va al comercio, el restante 11% se destina a la industria y el 1% a otras actividades (IBCE, 2019: 3). Un estudio publicado en 2019 señala que sólo en el municipio de San Pedro en Santa Cruz –uno de los municipios con mayor superficie cultivada con soya del país- el uso de agroquímicos en el sector soyero pasó de 12.691.000 kg en la campaña agrícola de 2002-2003 a 50.930.000 kg en la campaña del 2017- 2018. Esto es, un incremento del 301 % del uso de agroquímicos solo en este municipio agroindustrial soyero (Bascopé, 2019).

Asimismo, según la ANAPO, el 2018 la soya aparecía como el cultivo con mayor superficie fertilizada, alcanzando 277.486 hectáreas, seguido luego por la papa (109.210 hectáreas) y el maíz (92.787 hectáreas). Sin embargo, la soya aparece como el segundo cultivo con mayor consumo de fertilizantes (28.742 toneladas), siendo la papa el cultivo que mayor cantidad fertilizantes consumió durante el 2018 (51.661 toneladas) (ANAPO, 2019b).

La cadena agroindustrial y el negocio de los agroquímicos 

El viraje hacia una agricultura industrial de exportación de commodities agrícolas generó nuevas dinámicas socio-económicas. Al ser este tipo de agricultura altamente dependiente de paquetes tecnológicos externos – como ser: semillas, agroquímicos y maquinaria – la importación y comercialización de estos insumos se fue consolidando poco a poco como un negocio lucrativo en el país.

Por ejemplo, desde la autorización de la soya evento RR en 2005 hasta 2019, las importaciones de semillas de soya se incrementaron 11 veces, pasando de 354 toneladas a 3.901 toneladas respectivamente. Siendo el pico más alto en 2011 cuando se importaron más de 11.000 toneladas por un valor CIF de 6.9 millones de dólares americanos (AEMP, 2019). Si bien desde entonces hubo variaciones importantes en los volúmenes y valores de importación con tendencia siempre a la baja, este sector siguió generando importantes ganancias. Solo en 2019, las importaciones de semillas de soya al país representaron un valor CIF de 2.1 millones de dólares americanos (APIA, 2019) (Gráfica 5).  

Según el IBCE, en 2006 se importaron 39.159 toneladas de fertilizantes[6] por un valor 14 millones de dólares americanos; mientras que para 2013 las importaciones alcanzaron las 99.828 toneladas de fertilizantes, por unos 70 millones de dólares (IBCE, 2017b). Para 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que al país se importaron 79.732 toneladas de fertilizantes, por un valor CIF de 48.5 millones de dólares americanos (INE, 2019; IBCE, 2017b) (Gráfica 6).

Por otro lado, las importaciones de pesticidas[7] aumentaron de 11.365 toneladas en 2001 a 63.003 toneladas en 2017; es decir, un crecimiento de 454%. Sólo durante el periodo de 2007 a 2014 la importación de plaguicidas sumó 1.2 millones de dólares americanos (IBCE, 2015); siendo el pico más alto 2014, cuando las importaciones de pesticidas alcanzaron los 242 millones de dólares americanos (IBCE, 2017a). Posteriormente hubo un leve estancamiento hasta 2017, cuando las importaciones volvieron a incrementarse. Para 2019, se introdujeron al país 52.489 toneladas de pesticidas por un valor CIF de 256 millones de dólares (IBCE, 2015, 2017a; INE, 2019) (Gráfica 6).

A ello se suma que, desde 2017, una importante cantidad de plaguicidas son importaciones RITEX[8]. En 2019, por ejemplo, las importaciones de plaguicidas – del tipo fungicida – bajo la modalidad RITEX alcanzaron los 11.186 toneladas por un valor CIF de 37.745 dólares americanos (INE, 2019).

Los agroquímicos más allá de la agroindustria exportadora

Esta abrumadora cantidad de agroquímicos –y los millones de dólares que mueve– representa solo una parte de todos los agroquímicos que existen en el país. En 2017, se estimaba que hasta un 35% de los plaguicidas que se comercializaba a nivel nacional entraron al país de forma ilegal (PLAGBOL, 2017).  Recientemente el IBCE estimó que la venta de pesticidas ilegales supera los 45 millones de dólares y representa aproximadamente el 14% de la oferta nacional (IBCE, 2019).[9]

Por otro lado, de acuerdo al Plan nacional de fertilización y nutrición vegetal de la ANAPO, durante 2018 se consumieron 149.212 toneladas de fertilizantes, pero se importaron formalmente solo 70.263 toneladas. Por tanto, es de presumir que la mitad de los fertilizantes consumidos ese año fueron introducidos al país por medio del contrabando (ANAPO, 2019b).

Los plaguicidas que entran al país por medio del contrabando tiene un peso importante en el mercado nacional; y a pesar del riesgo de que sean falsos, adulterados, mezclados u obsoletos, son ampliamente consumidos. En 2017, por ejemplo, el SENASAG decomisó en diferentes municipios rurales de Santa Cruz 35 toneladas de plaguicidas por un valor de 2 millones de dólares y se sancionaron 24 empresas comercializadoras. Mientras que en 2019, el SENASAG decomisó 400 litros de productos vencidos, fraccionados y sin registro sanitario[10]. Estos datos evidencian que el uso de plaguicidas en Bolivia se extiende más allá de la agricultura industrial. 

Desde hace varios años existen diversos estudios sobre el uso extendido y excesivo de plaguicidas en la mediana y pequeña agricultura. Ya desde 2001, por ejemplo, se reportaba un uso excesivo e inapropiado de pesticidas – con ingredientes activos como Mancozeb, Metamidofos y Cialotrina, entre otros- entre productores hortícolas del municipio de Palos Blancos, en el departamento de La Paz (Peñafiel, 2001). Igualmente, un estudio dirigido por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reveló en 2012 un uso elevado de plaguicidas de alta toxicidad y medidas de dosificación elevadas en el cultivo de coca en la región de Sud Yungas, también en el departamento de La Paz (Rodríguez, 2012).

Asimismo, una investigación de 2013 encontró residuos de plaguicidas organofosforados en cultivos de tomates por encima de los límites permisibles en dos municipios distintos de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca[11]. En este mismo sentido, otro estudio sobre residuos de plaguicidas en vegetales de Bolivia halló que en el 50% de muestras de lechugas obtenidas en mercados y supermercados de la ciudad de La Paz se encontraron restos de Cipermetrin, Clorpirifos, Difenoconazol y Lambda-Cihalotrin, principales ingredientes activos en distintos fungicidas e insecticidas (véase capítulo III) (Skovgaard, 2015).

Por último, un sondeo llevado a cabo en un hospital de la ciudad de El Alto encontró residuos de plaguicidas organoclorados en la leche materna de 62 mujeres, de un total de 112 (IPDRS, 2018). Recientemente la Fundación PLAGBOL reparó que el 95% de agricultores en diferentes municipios de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca -donde trabaja dicha fundación-, han presentado síntomas de intoxicación aguda como consecuencia del uso de plaguicidas[12]. Así pues, estos distintos estudios resaltan la preocupante presencia de pesticidas en la agricultura de mediana y pequeña escala, cuyo destino fundamentalmente es el abastecimiento de la canasta alimentaria básica.


[1] Aunque el uso de agroquímicos se puede remontar hasta finales del siglo XIX, es a partir de los años 40 que el uso de plaguicidas – comenzando con los organoclorados como el DDT, para luego pasar a los organofosfatos – comienza a ser más extensivo. Véase: Pacheco, R. & Itatí, E. (2017). Manual de uso seguro y responsable de agroquímicos en cultivos frutihortícolas. 1a ed. – Bella Vista, Corrientes. INTA, pp. 7. 

[2] Datos elaborando en base a nutrientes nitrógenos, potásicos y a fertilizantes fosforados

[3] Véase: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP/visualize

[4] Véase: https://fundacionsolon.org/2021/03/26/la-historia-de-los-transgenicos-en-bolivia/ y https://fundacionsolon.org/2021/01/14/organismos-geneticamente-modificados-ogm-en-bolivia/

[5] Los datos presentados por la FAO derivan de una base de datos sobre el uso de los principales grupos de pesticidas (Insecticidas, herbicidas, fungicidas, reguladores de crecimiento y rodenticidas) y de sus familias químicas. Estos datos se basan en la cantidad en toneladas de ingredientes activos utilizados o vendidos al sector para cultivos y semillas. Véase: FAO (2020). World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2020. Rome, pp. 130, 135, 140 y 145. 

[6] Véase Nandina 3102 (Abonos minerales o químicos nitrogenados), 3103 (Abonos minerales o químicos fosfatados), 3104 (Abonos minerales o químicos potásicos), y 3105 (Abonos minerales o químicos que contengan dos o tres elementos fertilizantes y demás abonos)

[7] Véase Nandina 3808 (Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas)

[8] De acuerdo al Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), el RITEX es el Régimen aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo dentro el cual se permite el ingreso de ciertas mercancías a territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, con la condición que los mismos sean utilizados en el proceso productivo o incorporados en un bien, el cual debe ser exportado dentro de los plazos establecidos; de esta manera se pretende mejorar la competitividad de las empresas y la promoción de las exportaciones. Véase: https://www.senavex.gob.bo/index.php/guia-y-preg-frecuentes-ritex/

[9] El Decreto Supremo N° 572 en su artículo adicional 1, f, menciona que se prohíbe el ingreso de “Alimentos de consumo e insumos agropecuarios (plaguicidas, y medicamentos de uso veterinario), no registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG de acuerdo a la Ley Nº 2061, de 16 de marzo de 2000.”

[10] Véase: http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752  y http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html

[11] Véase: https://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=7721

[12] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190708/plagbol-95-agricultores-se-ha-intoxicado-plaguicidas

Referencias 

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Ceccon, E. (2008) La revolución verde tragedia en dos actos. En: Ciencia. Vol. 1, N. 91, UNAM: 21-29. 2008. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/644/64411463004.pdf

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Chilón, E. (2017). “Revolución Verde” Agricultura y suelos, aportes y controversias. En: Apthapi. Vol 3, N° 3, UMSA: 844-859. Sep. – Dic. 2017. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-03042017000300019&lng=en&nrm=iso

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