La marca de la exportación de carne: incendios, deforestación, contaminación y calentamiento global

Por: Marielle Cauthin

09/11/2021

En una estantería de un mercado chino se encuentran varios empaques de carne bovina deshuesada y congelada bajo el sello “BO#3 Origin Bolivia” que junto al eslogan Bolivian Natural Beef (carne natural boliviana) deben vender la idea de ser un producto “natural, sustentable e inclusiva socialmente”. Pero cuán natural y sustentable es este producto, si la huella ecológica de la producción en su lugar de origen indica que la actividad extractiva cárnica tiene un alto impacto ambiental, que no posee salvaguardas de prevención ni precaución socioambiental, no invierte en reparación de pasivos ambientales e incluso está exento de realizar estudios de impacto; por lo tanto, no tiene ningún seguimiento del Estado sobre sus supuestas cualidades “naturales y sustentables”, mucho peor, el sector presiona por obtener la libre exportación, eliminar la exigencia de los Certificados de Abastecimiento Interno y Precio Justo y –con el mismo ímpetu- abrirse a los mercados japonés y europeo (Fegasacruz, 2021).

Los últimos tres años -que coinciden con el inicio de las exportaciones de carne a China- se han disparado los impactos de la actividad agropecuaria con relación a la deforestación, megaincendios forestales, pérdida de biodiversidad, incremento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que agravan el cambio climático, junto al descontrolado uso de aguas y su contaminación, así como el empobrecimiento de suelos.

Sin embargo, el sector cárnico sigue apoyado por las políticas del gobierno, como postula el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 que el siguiente quinquenio busca aplicar “acciones que garanticen una población ganadera óptima y mejoras en los índices de productividad”, para lo cual ya se han aprobado al menos dos Decretos Supremos (DS): el DS 4561 por un monto de Bs. 235.721.602 destinado a facilitar el acceso a agua mediante pozos para población bovina con un monto adicional de Bs. 18.007.012 para consultorías del proyecto; y el DS 4560 por un monto de Bs. 443.625.928 para inversión directa y Bs. 21.338.434 para consultorías para el “Programa de fomento de la ganadería bovina para pequeños productores, con el objetivo de incrementar la producción y productividad del sector ganadero, considerando la diversidad de las ecorregiones y mejorando los procesos de producción para el mercado interno y exportación de carne bovina”. A continuación exploraremos los indicadores de la huella ecológica de la producción de carne y cuánto se puede profundizar si esta política de fomento a la producción destinada a la exportación cárnica continúa.

Un modelo para engordar vacas y producir más carne

La tasa de extracción del ganado bovino nacional se mantenía en 15 % hasta 2020, según la metodología utilizada por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) esta tasa se calcula de acuerdo a la cantidad de ganado que se puede vender por cada 100 cabezas de bovinos. El sector ganadero apuntaría a un aumento significativo de esta tasa en el contexto de las exportaciones de carne llegando incluso al 30 %, según proyecciones de Jica y Cadex (2020). La apuesta del aumento productivo en un modelo agropecuario altamente extractivo se daría a través de: a) reconversión de pasturas naturales en pastos cultivados, b) aumento de la carga animal por hectárea, ya sea duplicando o triplicándolo, c) corrección de suelos y fertilización de pasturas con urea u otros para producir más gramíneas (Jica; Cadex; 2020), y claramente más consumo de cereales.

Actualmente a nivel nacional el alimento para ganado consiste en un producto balanceado con al menos los siguientes cereales: solvente (harina de soya), sorgo molido, afrecho de maíz, afrecho de arroz, afrecho de trigo, maíz en grano, arrocillo y cascarilla de soya. Hay que subrayar que la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) también está produciendo alimento para ganado: afrecho de arroz, colilla de arroz, arrocillo, afrecho de trigo (Fegasacruz, 2021), por lo que gran cantidad de los cereales producidos en las tierras bajas tienen como destino la misma alimentación animal.

Los indicadores de productividad del sector sostienen que actualmente la ganancia de peso diario (GDP) tiene un promedio general de 0,342 kg UA/día (Unidad Animal por día). Una de las proyecciones del sector es incrementar la GDP de 342 g a 500 g por animal, lo que incrementaría la producción cárnica en miles de toneladas (Jica, Cadex; 2020). Este modelo funcionaría para sistemas intensivos con una carga animal entre 0,98 a 1,49 UA/ha (Unidad Animal por hectárea); pero el incremento de GDP también es una meta para los sistemas extensivos, si se toma en cuenta el interés de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y el frigorífico Fridosa para trabajar específicamente con base en el modelo cruceño y en engorde de animales (Fegabeni, 2021).

Los sistemas de ganadería extensivos (que se aplican sobre todo en Beni y el Chaco cruceño) y los sistemas intensivos (que se vienen aplicando los últimos años en Santa Cruz pese a que la capacidad de uso del suelo identificada por el PLUS departamental es de uso forestal y ganadero extensivo, no apto para actividades productivas agrícolas o ganadero intensivo (GADSC, 2020) han sido observados por sus impactos ambientales, según estudios de Wildlife Conservation Society (WCS) y del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). WSC Bolivia (2017) apunta que la ganadería extensiva incrementa los conflictos entre humanos y vida silvestre, produce mayores problemas de degradación de pasturas y bosques como el sobrepastoreo; mientras los sistemas intensivos son agresivos con el uso de recursos como agua y producción de aguas contaminadas, más producción GEI y mayor consumo de alimentos producidos para engorde de ganado (CGIAR, 2018).

Tomando en cuenta ello, el aumento productivo que se proyecta implicaría cambios acelerados en el manejo del hato, en la nutrición y sanidad animal y en su entorno de ecorregión, lo que conllevaría a la profundización de la huella ecológica e hídrica del modelo ganadero. La huella ecológica es la cantidad de recursos naturales usados para producir un bien o servicio, así como los deshechos que produce. Los principales factores de esta huella son la cantidad de emisión de GEI y la cantidad y calidad de agua utilizada en el sistema extractivo según su procedencia, sistema de extracción y clasificación (Vargas; Portillo et al, 2019). Esta huella contribuye de manera significativa al cambio climático y un crecimiento de la producción ganadera no planificado desde el punto de vista ambiental hará que en el mediano plazo este modelo sea insostenible para los ecosistemas nacionales.

Agua para el ganado

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), son necesarios 15.400 litros de agua dulce para producir un (1) kilogramo de carne bovina. El 94 % de esta huella hídrica procede de fuentes de “agua verde”, que es el agua de lluvia almacenada en el suelo. Estos más de 15 mil litros no corresponden a toda la cadena de la industria cárnica, sino solamente a la alimentación del ganado: el agua que cada animal consumirá a lo largo de su vida y el agua que se necesita para producir las pasturas y los cereales que cada res va a consumir; se estima que en un sistema industrial intensivo para producir un bovino que rinda 200 kg de carne deshuesada se requiere en promedio 1.300 kg de granos (con una huella hídrica de 1.500 l/kg en promedio), 7.200 kg de forrajes (con una huella hídrica de 650 l/kg en promedio), 31 m3 de agua para consumo directo y para mantenimiento del lugar (Vargas; Portillo et al, 2019).

Esta huella hídrica depende del tipo de modo de producción ganadero: intensivo, semiintensivo o extensivo, siendo muy superior si la producción es de tipo intensivo – industrial, pues no solo se añade el agua potabilizada o de ríos o acuíferos que la misma instalación industrial utiliza (agua azul) sino también la producción de agua contaminada (agua gris): descargas de aguas al drenaje o directamente a los suelos que pueden portar antibióticos, desparasitantes, detergentes, nitratos, fósforo, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, coliformes y fecales, que contribuyen a la acidificación de los ecosistemas (Vargas; Portillo et al, 2019). Por otra parte, la huella hídrica de la carne vacuna solo se compara al consumo de grandes industrias procesadoras como la de los agrocombustibles: un (1)  litro de biodiesel a partir de soya necesita 14.000 litros de agua (Acción por la biodiversidad, 2020). Al mismo tiempo, la huella hídrica de la carne bovina es la más elevada respecto a las otras extracciones cárnicas, como se ve en el cuadro siguiente.

Según la FAO, hasta el 40 % de los alimentos que se cultivan a nivel mundial se destinan a la alimentación animal y si la producción cárnica aumenta aceleradamente esta cifra podría llegar al 60 %. En ese sentido, la misma FAO (2019) subraya que actualmente a nivel mundial la agricultura utiliza el 70 % de toda el agua extraída de acuíferos, ríos y lagos, el restante 20 % es consumido por la industria y el 10 % es destinado al uso doméstico.

Bolivia es el país de la región que más agua dulce destina a la actividad agrícola – pecuaria, pues no hay que olvidar que un alto porcentaje de los cereales y forrajes tienen como destino la alimentación bovina, como ya se ha demostrado. En el país más del 80% del agua se emplea en el sector agrícola, aproximadamente el 17 % va al uso doméstico y menos del 3% al sector industrial, según los datos de Urquidi y España (2019), que también establecen que el 40 % del territorio nacional actualmente pasa por períodos secos, por lo tanto casi la mitad del país sufre estrés hídrico. Este alto consumo de agua dulce por parte de los procesos agrícolas – pecuarios amerita que el impacto del crecimiento del sector esté necesariamente vinculado a estudios de consumo, uso y destino de aguas.

Por el contrario, el Estado ha acentuado las inversiones públicas y de la cooperación en el incremento de dotación de agua al sector bovino. En 2016 el gobierno creó la Unidad Ejecutora de Pozos, una Entidad Pública Desconcentrada que tiene como objetivo el incremento de la cobertura de agua para la producción agropecuaria, mediante la perforación, rehabilitación e implementación de pozos de agua de fuente subterránea. Desde su creación hasta fines de 2020 esta entidad había implementado 889 sistemas de dotación de agua vía pozos para riego y consumo pecuario, y para 2021 se tienen programados otros 200 sistemas de agua implementados. Este programa fue respaldado recientemente con el Decreto Supremo 4561 que transfiere recursos del Tesoro General de la Nación por un monto de Bs. 235.721.602 a ser ejecutados entre 2021 a 2025; además de un monto adicional para consultorías de línea para el programa pozos para construcciones de bienes públicos de dominio privado por Bs. 18.007.012.

En el caso de Santa Cruz hasta 2020 se habían realizado 204 pozos y en Beni 59 (MDRyT, 2021). Para 2021 Santa Cruz tiene previsto otros 91 proyectos de este tipo con una población pecuaria beneficiaria de 44.668 cabezas de ganado, y Beni 16 proyectos de dotación de agua que beneficiará a 12.135 cabezas de ganado (MDRyT, 2021). Entre 2018 y 2021, Fegabeni firmó un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por un monto de USD 694.268 para la perforación de 120 pozos, de los cuales 82 corresponderían a la “provisión de agua para el ganado” y 38 estarían destinados a municipios con población indígena originario campesina (PNUD, 2021). Otro ejemplo de la importancia que está cobrando el acceso permanente a agua en los sistemas ganaderos es que en 2019, producto de los megaincendios en Santa Cruz, Fegasacruz realizó un remate de ganado que recaudó USD 23.000 para la perforación de pozos y mejoras a pozos existentes en las asociaciones de ganaderos afectadas por las quemas sobre todos en la región chiquitana.

Ganadería y Gases de Efecto Invernadero

Los Gases de Efecto Invernadero de Larga Vida (GEILV) son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), llamados así porque persisten en la atmósfera durante décadas, siglos o más tiempo, de modo que sus emisiones influencian en el clima y por lo tanto en el calentamiento global. A nivel mundial, la FAO (2018) estima que las cadenas de producción ganadera emitieron un total de 8,1 gigatoneladas de CO2-eq (dióxido de carbono equivalente). El metano representa un 50 por ciento del total, el óxido nitroso con 24 % y el dióxido de carbono con 26 %. El ganado vacuno es el mayor emisor de GEI con alrededor de 5,0 gigatoneladas de CO2-eq que representan el 62 % de todas las emisiones; siendo que la carne con 3,0 CO2-eq y la leche con 1,6 CO2-eq son los dos productos bovinos con mayores emisiones. Mientras los cerdos, las aves de corral, búfalos y pequeños rumiantes tienen niveles de emisión menores entre el 7 % y el 11 % de las emisiones totales.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2020)  en su último informe ha afirmado que el gas metano es responsable de cerca del 25 % del aumento de la temperatura global desde la era preindustrial y afirma que una tonelada de metano equivaldría a 30 de CO2 en cuanto a su potencial de contribuir al calentamiento global. En la última década las emisiones de metano y su acumulación en la atmósfera crecen más rápido que las de dióxido de carbono debido sobre todo a la actividad ganadera y los combustibles fósiles (CSIRO, 2020). La preocupación de los expertos está girando en torno a cómo contener las emisiones que provienen de la ganadería y la agricultura dedicada a alimentar ganado, sabiendo que el 40 % de los alimentos producidos a nivel mundial son destinados a la alimentación de animales para engorde, las actividades relativas a la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra representan alrededor del 13 % de las emisiones de CO2 (IPCC, 2020).

Según el Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) del World Resources Institute (WRI), las emisiones de GEI de Bolivia se han mantenido en un rango de 150 a 200 MtCO2eq (medida en millones de toneladas de la huella de carbono que es el nombre dado a la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero) hasta 2015, a partir de ese año las emisiones se fueron incrementando, teniendo como récord las emisiones de 2019 con más de 400 MtCO2eq (de las que aproximadamente 250 MtCO2eq corresponden a la deforestación ilegal y unas 70 MtCO2eq a la deforestación legal); en 2020 los GEI habrían llegado a los 250 MtCO2eq (170 MTCO2eq corresponden a la deforestación legal e ilegal).

La última década la ganadería aportó directamente con la emisión de aproximadamente 20 MtCO2eq, según los datos históricos de CAIT y WRI (2001 – 2020); esta actividad se ubica en el cuarto lugar de sectores que emiten GEI, luego de la deforestación ilegal, la deforestación legal y los procesos industriales (CAIT; WRI, 2020). Hay que tomar en cuenta que la deforestación está ligada al cambio de uso de suelo para los sectores de agricultura y ganadería.

En Bolivia el sector agropecuario es un gran emisor de GEI debido a la fermentación entérica, manejo de estiércol, de suelos agrícolas y quemas de sabanas y pastizales. Según el “Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero de Bolivia y su análisis tendencial por regiones”, se muestra que las zonas cálidas y tropicales contienen la mayor cantidad de emisiones de gases agrícolas – pecuarios porque ahí se concentra la mayor cantidad de ganado. La línea base del inventario explica que en estas zonas y bajo sistemas extensivos existe una digestibilidad bovina del 65 % con un factor de emisión de entre 42,09 kg a 76,64 kg de metano/cabeza/año aproximadamente. De la misma manera, un sistema de manejo de estiércol de almacenamiento, deposición en pasturas y potreros alcanza una excreción total de nitrógeno del estiércol de 718,290 kg de nitrógeno/año (Ministerio de desarrollo sostenible y planificación, 2003).

El metano producido por la descomposición del estiércol bajo condiciones anaeróbicas, ocurre cuando un gran número de animales es manejado en áreas confinadas, como son los sistemas de crianza y engorde intensivo. El almacenamiento de estiércol provoca que parte del nitrógeno que contiene sea convertido y liberado a la atmósfera como óxido nitroso antes de incorporarse al suelo, y posteriormente incorporado como enmiendas orgánicas para la producción agrícola que también emiten óxido nitroso (N2O). La quema de biomasa in situ (chaqueos) genera inmediatamente grandes cantidades de dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, óxido nitroso y óxidos de nitrógeno. El GEI más importante en este rubro es el CO2, que proviene de las actividades de conversión de bosques y praderas, es decir, de la deforestación.

Ganadería y deforestación

Según el Atlas global de bosques de la Universidad de Yale (2014), la ganadería se constituye en el principal factor de deforestación en la región amazónica con el 80 %. Global Forest Watch (GFW, 2021) había establecido un margen entre el 60 % y el 80 % de pérdida forestal en los bosques amazónicos para convertirlos en pasturas ganaderas, subrayando que desde 2018 las tasas de deforestación han registrado récords en la región; de hecho, hasta el 18 de septiembre de 2021, Maaproject estimaba que la pérdida anual de esta gestión estaba ya en más de 860.000 hectáreas de bosque primario en los nueve países que comparten la región amazónica.

En 2020, Bolivia se posicionó en el tercer lugar dentro la lista de países con una mayor pérdida de bosques primarios tropicales húmedos (después de Brasil y el Congo) y era el segundo a nivel Latinoamérica en destinar bosques para actividades agroextractivistas, según Global Forest Watch (2021). La última década los principales motores de la expansión de la frontera agrícola y de la consiguiente deforestación en bosques tropicales han sido la agricultura mecanizada a gran escala, la agricultura a pequeña escala y la expansión ganadera hacia áreas boscosas (PNUD, 2013; Müller et al. 2012). El estudio de Müller (2014) observaba un fuerte avance de la expansión ganadera, estimando que el 60 % de la deforestación en Bolivia ha sido causada por esta actividad. El investigador también explica que tomando en cuenta los incentivos a la deforestación por ganadería, como lo es actualmente la exportación de carne a China, se puede proyectar una destrucción adicional de unas 100.000 hectáreas de bosque por cada diez mil toneladas de carne exportada (Méndez, 2021).

La misma Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reconoce que la deforestación en Bolivia se viene incrementado “debido principalmente a la expansión continúa de la frontera agrícola y pecuaria, dotación de tierras por el INRA a favor de las comunidades campesinas, interculturales e indígenas, y a las nuevas políticas económicas implementadas para garantizar la seguridad alimentaria del país” (ABT, 2017).

Históricamente Bolivia mantenía una tasa de deforestación entre las 250 a 350 mil hectáreas anuales y hasta 2018 se mantenía esta tendencia, según el Mapa de deforestación de Bolivia (2013) y la ABT (2018; 2019): Santa Cruz es el departamento con los más altos índices de deforestación, representando entre 78 % y 85 % de la deforestación total nacional; las ecorregiones más deforestadas son el Gran Chaco, el sudoeste de la Amazonía y el bosque seco chiquitano, zonas que concentran históricamente el 80 % de la superficie total deforestada en el país.

En términos de deforestación ilegal, el año 2012 llegaba al 92 %, en 2015 había reducido al 64 % y en 2018 llegó al 57 %, pero no se debió a acciones de reducción y eliminación sino a un marco normativo que legalizó la actividad y que afectó al Gran Chaco, el bosque chiquitano y el Cerrado. Con el argumento de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria se fueron aplicando leyes que en realidad incentivan la deforestación y las quemas con perdonazos de multas, ampliación de plazos para cumplir sanciones e incluso la autorización para desmontar hasta 20 hectáreas sin mayores trámites, todas estas prerrogativas amparadas por la Ley 337 de 2013, Ley 502 de 2014, Ley 739 y Ley 741 de 2015. La misma ABT ha reconocido que “la tendencia de incremento de la deforestación legal se ha debido a la implementación de políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2016 – 2020 y la Agenda Patriótica (2025) con relación al incremento progresivo de 3.5 millones de hectáreas a 4.7 millones de hectáreas productivas”.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 2001 se han dado autorizaciones para desmontar 1.866.295 hectáreas, sin embargo solo los últimos diez años se ha emitido y autorizado el 81 % (1.516.329) de todos los desmontes y el 88,5 % de los desmontes de la última década se han realizado en Santa Cruz con 1.342.655 ha. Si se hace una aproximación a los desmontes por tipo de propiedad, resulta que la última década la propiedad privada ha desmontado el 75 % de sus predios, lo que representa 1.128.340 ha, seguido con un 20 % por las comunidades campesinas (307.586 ha) y comunidades indígenas en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) con 75.792 ha (5 %).

Focos de calor e incendios por ganadería

Los focos de calor y/o focos de incendios inician con la eliminación -mediante fuego- de los “restos” de la deforestación, que se realiza sin condiciones técnicas y que bajo las condiciones climáticas de la época de sequía se transforman en incendios (FCBC, 2020). Las quemas para expandir ganado históricamente han generado entre el 45 % al 65 % de los focos de calor a nivel nacional, después está la agricultura con el 10 % al 15 %, el resto de focos de calor se distribuyen entre las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), las Reservas Forestales y Áreas Protegidas (ABT, 2012; Fundación Solón 2021).

En el periodo 2015 a 2020 se han producido un total de 1.474.440 focos de calor con una media anual de 245.740, pero en la gestión 2019 y 2020 se registraron los picos más altos de focos de calor: 383.039 y 308.941 respectivamente (ABT, 2021); los incendios –que afectan casi en su totalidad a los ecosistemas de la Amazonía, el Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado, el Pantanal y el Chaco (Maaproject, 2021; WWF, 2020)- sumaron entre 2019 y 2020: 9.037.605 ha, según la rendición de cuentas pública de la ABT de 2021. En 2019, el país emitió aproximadamente 159 megatoneladas de CO2 producto de los incendios forestales, representando el 15% del total de emisiones en Sudamérica el 2019, según datos de Copernicus (WWF, 2020).

El reporte de la ABT indica que la mayor cantidad de superficie quemada en 2020 se concentró en los departamentos de Santa Cruz con el 51 % (1,9 millones de hectáreas quemadas) y Beni con 41 % (1,5 millones de hectáreas quemadas), que en conjunto representan el 92 % del área de afectación de todo el territorio nacional la pasada gestión. Preliminarmente, la ABT mencionó en medios de comunicación que hasta el 21 de septiembre de 2021 en todo el territorio nacional se habían registrado 2.1 millones hectáreas quemadas acumuladas la presente gestión (Fundación Solón, 2021).

El informe de la ABT sostiene que en 2020 la institución realizó 256 inspecciones con reportes de desmontes ilegales y 748 controles de quemas ilegales, siendo la propiedad privada la más reportada con 452 controles, las comunidades con 270, la propiedad fiscal con 13, controles en áreas protegidas 9 y 4 en colonias menonitas. Producto de ello se abrieron 1.542 procesos administrativos para sanciones: 962 por quemas ilegales y 199 por desmontes ilegales, encabezado por Santa Cruz con 671 procesos administrativos y en Beni 305. Además de los procesos administrativos, la ABT habría iniciado 50 procesos penales, la mayoría en Santa Cruz (38). Las quemas ilegales por tipo de propiedad indican que en 2020 el 71 % de las quemas fueron en predios privados, seguidas por las comunidades campesinas con el 20 % y las comunidades indígenas con el 4 %.

En 2021, según un reporte preliminar sobre incendios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hasta el 14 de agosto, se estableció que el 48,22 % de la superficie quemada correspondía a la propiedad empresarial (42 predios); es decir que, sobre un total de 225.093 ha, 108.547 hectáreas fueron quemadas: en otras palabras, los llamados empresarios habrían quemado casi la mitad de sus propiedades, incluso los propietarios más grandes que aún no tienen consolidado su derecho propietario (Solón, 2021). Otra característica es que a diferencia de otros años, en 2021 el INRA declara que 55.298 ha de tierras fiscales no disponibles y 26.744 ha de tierras fiscales disponibles fueron afectadas por los incendios en segundo y tercer lugar de importancia.

Otros de los pasivos más relevantes de los incendios vinculados a la actividad ganadera son los daños a las cuencas y a la flora y fauna. Datos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC, 2019) y de la Gobernación de Santa Cruz (2020) evidencian que hubo afectación a 15 cuencas que proveen de agua al departamento, “colocando en un estado de vulnerabilidad importante a la población que las habita”: la cuenca Curichi Grande es la más afectada con el 30,6 %, luego San Miguel con 27,1 %, Iténez Sur con 26,1 %, Tucabaca con el 21 %, Paragua con el 17,9 % y San Martín con 14,5 %.

La FCBC alerta con que la pérdida de bosque en el sector Chaco Noroccidental y el área no boscosa en el sector Chiquitano Central afectó el hábitat de especies sensibles como el jaguar, donde las propiedades ganaderas tienen mayor concentración (5.696 propiedades): en 19 años el fuego afectó el 42 % del hábitat del jaguar por sobre otras especies. Sobre la flora, la Gobernación de Santa Cruz estableció que 38 sistemas ecológicos fueron afectados por incendios y que de estos los bosques subhúmedos semidecíduos de la Chiquitanía y el Beni y las sabanas inundables de los bajíos del Beni vienen sufriendo efectos complejos sumados a la actividad ganadera.

Ganadería y protocolos ambientales

Pese a los indicadores sobre la potencial huella hídrica, huella de carbono e impactos ecológicos de la ganadería en el contexto de la exportación de carne a China y el cambio climático, en el país el sector agropecuario no es considerado como una actividad altamente extractiva, lo que provoca que se le demande pocos o nulos requerimientos ambientales y no se le haga un seguimiento ambiental estricto. Sumado a ello, los últimos años las exigencias ambientales para actividades, obras o proyectos (AOP) han sido flexibilizadas; por ejemplo, el DS 3856 de 2019 -que modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental- redujo el proceso de obtención de ficha ambiental a un solo formulario de nivel de categorización ambiental, que debe ser llenado por la parte interesada (representante legal) de la actividad extractiva; de la misma manera el rol del Estado ha sido reducido, dejando –en el caso agropecuario- las funciones de fiscalización y control ambiental, como establece el DS 3549 de 2018.

Según el Decreto 3856 el sector agrícola y pecuario es ubicado en las siguientes categorías ambientales del 1 al 4: Categoría 1, cuando requiere Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) integral y donde sólo figuran proyectos multipropósito con el componente riego de aprovechamiento de aguas de represa para producción agrícola de más de 500 hectáreas. En la categoría 2 existen cuatro actividades agropecuarias que necesitarían EEIA específico. En la categoría 3 las AOP a las que se les exige un Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) con el que accede a un Certificado de Dispensación. Las AOP que entran en esta categoría son: centros de investigación agrícola y pecuaria, almacenes de plaguicidas e infraestructuras para granjas comerciales. El nivel de categoría 4 ninguna APO requiere de EEIA ni PPM-PASA; en esta categoría están centros de investigación pecuaria, infraestructura de apoyo pecuario familiar (incluye centros de inseminación artificial), centros de acopio, producción pecuaria familiar o comunal.

La normativa ambiental nacional exige que la gestión ambiental, los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP) y los Procedimientos Técnico Administrativos (PTA) se apliquen a todas las actividades, obras o proyectos que se desarrollen en el territorio nacional, ya sean acciones desarrolladas por el Estado o por el sector privado. Los instrumentos de regulación de gestión ambiental aplicadas actualmente son: licencias ambientales, manifiestos ambientales, programas y planes de prevención, mitigación, aplicación y seguimiento; y EEIA. Sin duda el instrumento más importante es el EEIA, y vemos que en un seguimiento histórico de diez años al sector agropecuario apenas se le han exigido 25 EEIA, cuando está década coincide con el repunte de exportación de la soya, los agrocombustibles, la ganadería y la ampliación de la frontera agrícola.

La importancia de los estudios de evaluación reside en que permiten evaluar los probables impactos en el medio ambiente y proponer medidas adecuadas de mitigación de una AOP cuando es una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); y cuando es una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) evalúa los probables impactos de políticas, planes o programas propuestos y se analizan en una etapa temprana de la adopción de decisiones desde lo económico, social y cultural. Así mismo, según Rada y Solón (2020), diferentes tribunales internacionales exigen la aplicación de estudios de evaluación de impacto ambiental, como la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; empero, el contexto político nacional ha hecho que estos estudios se subordinen a los intereses de las empresas y el poder ejecutivo, por lo que la máxima Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) como es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, solo debe viabilizar y flexibilizar las categorizaciones, revisión de los EEIA, aprobación de licencias ambientales y el mismo seguimiento ambiental.

El Tribunal Agroambiental es otra instancia que cobra relevancia en este contexto, pues posee atribuciones para resolver demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y puede resolver en única instancia procesos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Artículo 190 de la Constitución Política del Estado).

Conclusiones

• Estudios de impacto ambiental para predios y frigoríficos habilitados para exportar

El Estado debe aplicar las mismas rutas de Categorización Ambiental 1 y 2 al sector agropecuario exportador, esto implica exigirles el cumplimiento de uso de los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP) y los Procedimientos Técnico Administrativos (PTA); y por sobre todo la cadena de predios y frigoríficos habilitados para exportar deben contar con los estudios de evaluación de impacto ambiental, que contemplen la huella de carbono, la huella hídrica, así como el historial técnico de desmontes y quemas. Solo estos estudios permitirán la aplicación de dos principios: el principio de prevención, que supone que el riesgo ambiental puede ser conocido anticipadamente y donde pueden adoptarse medidas para evitar daños seguros y mesurables; y el principio de precaución, que opera cuando el riesgo de daño ambiental aun no puede ser evaluado en toda su magnitud y busca impedir riesgos cuando existe la duda sobre los mismos (Rada; Solón, et al. 2020).

Exigir al sector agrícola ganadero exportador estudios de evaluación del impacto ambiental no es algo novedoso, pues la misma FAO actualmente subraya la importancia del requerimiento de este tipo de estudios en proyectos agroindustriales de gran escala, cambios a tecnologías de producción intensiva; provisión de grandes niveles de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, etc.); deforestación / reforestación a gran escala, sistemas de drenaje o de riego de mediana y gran escala; ganadería a gran escala; introducciones de especies no nativas de plantas, insectos y animales, incluyendo organismos genéticamente modificados; y grandes programas de mecanización agrícola.

• Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) deben incluir cláusulas ambientales estrictas

El mismo sector ganadero, a través de sus federaciones departamentales de Santa Cruz y Beni, así como sus organizaciones matrices como la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y sus socias, debe elaborar y aplicar protocolos ambientales internos, elevando el nivel de exigencia de estándares en indicadores ambientales relativos a agua, residuos, alimentación, bienestar animal, trazabilidad; ya que actualmente el manejo ganadero de tipo empresarial industrial apenas aplica algunas directrices de BPG. En ese contexto, definitivamente las prácticas de quemas y desmontes ya no pueden ser vistas como prácticas productivas ni culturales toleradas y encubiertas por el sistema asociativo ganadero. El fuego debe dejar de ser una herramienta para la frontera agropecuaria.

• La trazabilidad debe convertirse en una herramienta de seguimiento del ganado ligado a actividades de quemas y desmontes ilegales

La trazabilidad es una herramienta poco usada en los sistemas ganaderos bolivianos siendo fundamental para el consumidor final y para futuras sanciones vía auditorías. La trazabilidad permite la identificación del animal, su historial veterinario y su rastreo a través de la cadena de producción, comercialización y transformación, hasta su origen en la estancia de nacimiento (WCS Bolivia, 2017). La trazabilidad del ganado vacuno puede permitir saber si las estancias de procedencia tienen observaciones sobre titulación del predio, quemas y desmontes legales e ilegales e incluso denuncias laborales, como un antecedente para que los frigoríficos, por ejemplo, no compren este ganado como parte de un protocolo de ética socioambiental hasta el predio haya reparado el daño. En el caso de Brasil, el gobierno emite multas a frigoríficos que adquieran ganado proveniente de haciendas denunciadas por deforestación ilegal.

• Presionar a los mercados extranjeros para que exijan protocolos ambientales estrictos de productos libres de deforestación

La trazabilidad también debe estar ligada a los mercados de exportación, pues por ejemplo la Unión Europea impone exigencias sobre la trazabilidad del ganado: los Estados amazónicos de Brasil están excluidos de exportar carne bovina a Europa por ser una zona no tradicional y de expansión de frontera agropecuaria con base en la deforestación. Esta misma cláusula puede aplicarse a la carne boliviana que provenga de zonas que han sufrido megaincendios o de zonas no aptas para la ganadería como son las áreas protegidas o las tierras habilitadas por el Plan de Uso de Suelos del Beni.

Los protocolos de exportación a China se preocupan más sobre la calidad sanitaria de la carne y los precios de venta final que los impactos ambientales que provocan su demanda, pero la presión social puede provocar cambios en la lógica del mercado chino y de otros mercados cárnicos. A los ganaderos no les preocupan los desastres ambientales que están provocando a nivel nacional, pero sí les preocuparían si fueran una exigencia del gobierno chino o de otro país al que estén interesados en vender su producto.

Finalmente, l@s consumidores deben aplicar una ética de consumo consciente sobre los productos cárnicos y en especial el bovino en el contexto de la crisis climática que enfrentamos (Dominick, 1997).

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