Por Fernando Alcons
En Bolivia, nos hemos acostumbrado a escuchar hablar de millones de hectáreas cuando el fuego devora la Amazonía y el Chaco. Sin embargo, en las oficinas del Estado existe otra contabilidad que no mide lo que se quema, sino lo que se entrega. La ocupación minera que ya no se limita a los fríos cordones andinos, sino que se extiende como un nubarrón sobre los nueve departamentos del país.
El 15 de julio de 2026, bajo el cielo severo de Oruro, la voz en micrófono del Ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, fijó una cifra de infarto:
“Se han liberado 1.500.000 cuadrículas para poder pedir, y precisamente hacer trabajo minero en todo el país.”
Traduciendo la terminología burocrática minera, la cifra equivale a 37,5 millones de hectáreas puestas sobre la mesa para que cualquier actor solicite su porción del país. No es una proyección abstracta. El propio ministro admitió que, al instante del anuncio, ya acumulaba dos mil solicitudes impacientes por adjudicarse parte del mapa cuadriculado de Bolivia recién abierto.
Para entender la magnitud de este anuncio monumental, hay que mirar el pasado inmediato. Hasta 2025, la minería en Bolivia alcanzaba cerca de 6,7 millones de hectáreas entre derechos mineros vigentes y trámites pendientes (unas 268.000 cuadrículas). Lo que el gobierno busca liberar en un solo acto multiplica por cinco toda la superficie minera acumulada en la historia reciente del país.
Si se suma la superficie otorgada hasta el 2025 con la superficie recientemente aperturada, el resultado es escalofriante: los actores mineros reclamarían el control del 40% del territorio nacional. Es como si se le otorgara a los guardatojos y maquinaria pesada la superficie entera de seis departamentos juntos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija (41%).
Más allá de la alarma pública, el comunicado del ministro en Oruro flota en el aire dejando preguntas sin respuesta:
- ¿Bajo qué criterios técnicos o científicos se decidió abrir semejante inmensidad a los intereses mineros?
- ¿En qué regiones del país están ubicadas esas nuevas cuadrículas?
- ¿A qué territorios indígenas originarios campesinos (TIOCs) afectará estos 37,5 millones de hectáreas mineras, tomando en cuenta que todos los TIOCs suman sólo 26 millones de hectáreas?
- ¿Sobre qué ríos, áreas protegidas, áreas periurbanas, campos de cultivo o bosques se ha dibujado esta nueva frontera minera?
Hacerse estas preguntas es internarse en el silencio de los olvidados. Aquellos que siempre han quedado fuera de los despachos oficiales: las comunidades indígenas, los campesinos agroproductivos, los guardianes de las áreas protegidas. Para el poder ejecutivo, ellos han dejado de ser habitantes para convertirse en un mero trámite de «consulta», una formalidad en un expediente. Mientras en las oficinas de los burócratas, ruidosamente se organiza la distribución del territorio boliviano.
