Por Fernando Alcons
Las cooperativas mineras han acaparado los reflectores a lo largo de los últimos años debido a su activa relación con los gobiernos de turno, y a las constantes denuncias sobre su impacto ambiental y la vulneración de derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, esta merecida atención mediática viene nublando la presencia de otro actor minero reconocido por la Constitución Política del Estado: el actor minero privado.
Según nuestras estimaciones al 2025, el sector privado habría realizado aproximadamente 7.440 solicitudes mineras en todo el país. Esta cifra significa casi el doble de las solicitudes de las cooperativas (3.140) y casi cuatro veces la correspondiente a la minería estatal (1.960).
Cuando hablamos de minería privada en Bolivia no debemos pensar únicamente en megaproyectos de capitales transnacionales como la Minera San Cristóbal en Potosí. El espectro del sector privado es heterogéneo: abarca desde actores unipersonales, hasta grandes emprendimientos pasando por empresas medianas de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y otras. Todos estos actores privados superan ya con creces las solicitudes del actor cooperativista y estatal.
Antes de la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia (2014), la presencia de este sector ya era considerable. La minería privada ya alcanzaba las 2.120 áreas mineras en trámite. De ellas, únicamente 170 habrían regularizado su situación adquiriendo su Contrato Administrativo Minero por Adecuación (CAMA). Las restantes 1.950 áreas tenían la autorización para operar sin contrato minero amparadas bajo la figura de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs).
Tras la aprobación de la Ley 535, la brecha respecto a los otros actores se amplió inclusive más. Los trámites sobre nuevas áreas hasta el 2025 por parte de la minería privada ascendieron a cerca de 4.950, superando ampliamente las 2.200 tramitadas por el sector cooperativo. Las actividades mineras en estas nuevas áreas solicitadas post ley 535 son ilegales al no contar con un contrato que otorgue el derecho minero.
El actor privado cuenta con 230 Contratos Administrativos Minero (CAM) que representan el 65% del total de contratos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el terreno, rara vez el actor minero privado se identifica como “empresa privada”. Según el “Anuario Estadístico y Situación de la Minería” del 2022, el 99,5% del oro fue producido por cooperativas, pero sólo el 5% de dicho oro fue exportado por el sector cooperativista, mientras el 95% restante fue comercializado por empresas privadas.
En regiones como el norte de La Paz, el empresario suele camuflarse bajo la denominación de «inversionista» que aporta capital e insumos necesarios para la extracción de oro. Estos inversionistas no formalizan su relación con las cooperativas mineras porque las cooperativas son organizaciones “sin fines de lucro” que están prohibidas por ley de asociarse con empresas privadas que obviamente tienen “fines de lucro”. Actuar de manera invisible a través de las cooperativas resulta muy provechoso para el “inversionista” en términos de pago de regalías de sólo el 2,5% o menos, no pago de impuesto a las utilidades y otros beneficios propios de las cooperativas.
Los “inversionistas” buscan acuerdos directos con las comunidades locales colindantes a las áreas mineras para que estos se atribuyen la titularidad del derecho minero a través de la forma de “cooperativa”, a cambio de empleos temporales o porcentajes de las ganancias en compensación por la «licencia y respaldo social». Esta estrategia les permite a los actores mineros privados no solo asegurar mano de obra para la extracción de oro, sino también tener un salvaguardia ante amenazas de avasallamiento o supervisiones por parte de otras poblaciones de afectados o autoridades competentes. De esta forma el actor privado logra legitimidad local e inicia operaciones extractivas aun sin contar con un contrato administrativo legal.
Este mecanismo entre otros opera con diferentes matices en los nueve departamentos de Bolivia logrando expandirse a la sombra del sector cooperativo que actúa como el frente visible y ruidoso de la minería encubriendo de manera consciente o inconsciente el crecimiento de la actividad privada sin regularizar.
Si bien el debate público sobre los impactos de la minera se ha detenido en el primer plano ocupado por las cooperativas por su innegable peso político y reciente peso económico, resulta urgente ampliar la mirada hacia todo el sector minero. La minería privada debe convertirse también en objeto prioritario de análisis y fiscalización, más aún en el contexto actual donde se promueve la apertura a nuevas inversiones y se denuncian los estragos de la minería ilegal.
