7 razones porque es legal declararse libre de minería
Por Pablo Solón
Es cierto que la Constitución Política del Estado establece que son “competencias exclusivas del nivel central del Estado los recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales…” (Art. 298.II CPE). Sin embargo, el que la minería sea una competencia exclusiva del nivel central del Estado no implica que puede otorgar derechos mineros donde quiera y como quiera. Ninguna competencia exclusiva del Estado da derecho a destruir ríos, a contaminar poblaciones con mercurio y a avasallar la vocación agroecológica y ecoturística de municipios. En síntesis una competencia exclusiva del nivel central del Estado no es un permiso para matar.
1.- Los “derechos” mineros no están por encima de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza. Los “derechos” mineros son contratos temporales para la explotación de minerales que no pueden afectar el derecho a la vida (art. 15.1 CPE), el derecho al agua y a la alimentación (art. 16 CPE), el derecho a la salud (art. 18 CPE), el derecho a un hábitat (art. 19.I CPE), y el “derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado” que “debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (art. 33 CPE).
2.- Los municipios se declaran libres de minera para garantizar los derechos de su población, los derechos de la Naturaleza y para preservar su vocación agroecológica y ecoturística para las generaciones presentes y futuras.
3.- Los municipios agroecológicos y ecoturísticos libres de actividad y contaminación minera son legales. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0097/2024 declaró válidos y vigentes los artículos primero, segundo y sexto de la Ley Municipal 097 del Gobierno Municipal de Alto Beni por la cual se declara municipio ecológico libre de minería. Está sentencia le recuerda al gobierno nacional que hay una diferencia entre regular la minería y defender la vida:
“Si bien la Ley [Municipal de Alto Beni] incluye en su contenido la materia de ‘minería’ —que, en cuanto a su regulación, es de competencia privativa del nivel central del Estado—, se advierte que el legislador municipal de Alto Beni no regula respecto de esta materia, sino que su finalidad gira en torno a la protección del medio ambiente en el Municipio de Alto Beni, pretendiendo que con esta Ley se tome en cuenta la intencionalidad de que no se contamine el medio ambiente y, consecuentemente, se afecte a la naturaleza”.
4.- Los municipios libres de minería solicitan al nivel central del Estado paralizar todo trámite minero en su territorio y restringir la superficie de su municipio para nuevas solicitudes mineras. Esta solicitud se ampara en la Sentencia de la Acción Popular 004/2023 del juzgado de Palos Blancos que determina:
“Exhortar al Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni hacer conocer a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera sobre las áreas geográficas superficiales libres de explotación minera para su restricción”.
Es en cumplimiento de esta sentencia que fue ratificada y ampliada por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1326/2023-S1 que la AJAM suspende 60 trámites mineros y restringe la superficie de ambos municipios para nuevas solicitudes mineras.
5.- El nivel central de Estado no puede otorgar contratos mineros en cualquier parte del territorio nacional. El artículo 93.III de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia señala que “no se podrán realizar actividades mineras” en ciudades, carreteras, aeropuertos, cuarteles monumentos históricos y “en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses”. Si se pretende otorgar un contrato minero en una de estas fuentes de agua, la citada ley dispone que previamente se realicen “Estudios Ambientales con enfoque multisectorial”.
6.- Aunque tenga la competencia exclusiva el nivel central de Estado debe acatar las determinaciones de la justicia. El artículo 103 de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia establece que las “Autoridades jurisdiccionales” tienen la facultad de “impedir u ordenar la suspensión de actividades mineras”. Ese es el caso de la Resolución de la Acción Popular N° 05/2023 del juez de Rurrenabaque que a solicitud de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) ordena a la AJAM:
“…suspender la otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas o riberas del Río Beni y Madre de Dios, así como también e n los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni, Tequeje, hasta en tanto se realicen controles eficaces sobre los pasivos ambientales mineros y se ejecuten programas para rehabilitar las aguas”.
7.- Los municipios tienen competencias exclusivas que deben que ser respetadas por el nivel central del Estados a la hora de otorgar “derechos” mineros. Estas competencias municipales susceptibles de ser afectadas por la actividad minería son: la planificación del desarrollo humano en su jurisdicción; la preservación y protección del medio ambiente y la fauna silvestre; los Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos; la calidad y sanidad de los productos alimenticios; la conservación del patrimonio natural municipal, y las políticas de turismo local (art. 302.I CPE)
Bolivia es un país diverso con múltiples vocaciones productivas que deben respetar ciertos límites y salvaguardas para el bienestar de todos y el pleno ejercicio de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza. Nadie tiene permiso para matar en Bolivia.
