Por Cecilia Chacón Rendon
El cuidado de la naturaleza, la salud y la vida de las personas no están garantizados por el simple hecho de que una empresa o cooperativa minera tenga una licencia ambiental. Esta autorización permite iniciar una actividad minera y establece un plan para prevenir o reducir sus impactos ambientales. El plan identifica posibles daños, medidas de prevención, costos, responsables y plazos de ejecución.
Sin embargo, lo que funciona en el papel no siempre funciona en la realidad. Una licencia ambiental es como los planos de una casa: indican cómo debe construirse, pero no garantizan que se utilicen buenos materiales ni que sea segura para sus habitantes. Por eso, además de contar con una licencia, es indispensable que las autoridades fiscalicen y controlen que las medidas de protección ambiental se cumplan y funcionen.
Autoridades ambientales competentes
La responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la licencia ambiental corresponde, principalmente, a la autoridad que la otorgó. En la mayoría de los casos es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal; en actividades de menor impacto, suele ser la Gobernación.
Estas autoridades no deben limitarse a recibir los informes que presentan las empresas o cooperativas mineras. También pueden y deben realizar inspecciones en cualquier momento, sin necesidad de denuncia previa. Asimismo, pueden ordenar auditorías ambientales, suspender actividades y aplicar sanciones cuando corresponda.
La inspección
Una inspección ambiental no tiene como único propósito identificar infracciones y sancionar. Su función principal es prevenir el riesgo. Esto lo hace comprobando que la actividad minera se desarrolla conforme a las normas y que no causa daños a la naturaleza, a los animales ni a las personas.
Durante una inspección se debe verificar, entre otras cosas:
- Que la actividad minera esté autorizada a través de un contrato y licencia vigentes. Si una cooperativa tiene permiso para realizar minería artesanal, no puede realizar minería a gran escala con dragas u otra maquinaria que genere un mayor impacto ambiental. [MCCR1] Tampoco puede ampliar ni modificar sus operaciones sin cumplir los requisitos aplicables y contar con el permiso correspondiente.
- Que los informes sean verdaderos. La información presentada por la empresa o cooperativa debe reflejar lo que realmente ocurre en el lugar de explotación.
- Que se cumplan las medidas de protección ambiental. No basta con tener un plan para evitar la contaminación: hay que comprobar que las medidas previstas se estén aplicando y que funcionen.
Por ejemplo, si una cooperativa declara que sus aguas residuales son tratadas antes de descargarlas en un río, la inspección debe comprobar que dicho tratamiento existe y funciona. No basta con revisar el informe que afirma que se está haciendo.
Las inspecciones deben realizarse en coordinación con las autoridades departamentales, municipales y sectoriales. Se deben recolectar muestras de agua, suelo u otros elementos para su análisis en laboratorios autorizados. También se levanta un acta y se elabora un informe técnico con los resultados. Estos documentos pueden servir como pruebas en procedimientos administrativos o judiciales relacionados con daños ambientales o delitos contra la salud pública.
Medidas preventivas
Puede suceder que una empresa o cooperativa cumpla con las medidas previstas en su licencia ambiental, pero que estas resulten insuficientes para evitar la contaminación. Por ejemplo, una cooperativa puede instalar un sistema para tratar el agua utilizada en la explotación minera. Sin embargo, si el sistema no logra eliminar las sustancias contaminantes, el plan de prevención debe actualizarse para incorporar todas las medidas adicionales necesarias hasta resolver el problema y evitar la contaminación ambiental.
La responsabilidad ambiental no consiste solo en cumplir un plan, sino en verificar que ese plan realmente funcione para proteger la naturaleza y la salud de las personas, asegurando que la minería no sea perjudicial para el interés colectivo.
Auditorías ambientales y medidas de precaución
Si durante una inspección se detectan indicios de contaminación, incumplimiento de las normas o impactos imprevistos, la autoridad ambiental puede ordenar una auditoría ambiental. La auditoría permite investigar qué está ocurriendo, identificar las causas, estimar la magnitud de los daños y recomendar las medidas más apropiadas para repararlos.
Pero si existen riesgos para la salud humana o la naturaleza, no es necesario esperar a que el daño se produzca o sea irreversible para actuar. Por ejemplo, si se detecta que una operación minera está liberando sustancias peligrosas cerca de una fuente de agua utilizada por una comunidad. La autoridad ambiental debe ordenar la paralización de las actividades, comunicar de inmediato la situación a las autoridades de salud y exigir la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas.
Estas medidas de protección no requieren que se hayan concluido todos los análisis ni los informes técnicos.
Revocatoria de la licencia
Si una empresa o cooperativa modifica o amplía las actividades autorizadas, incumple las condiciones de su licencia o vulnera las normas ambientales, la autoridad competente puede dejar sin efecto la licencia, conforme a los procedimientos legales.
Iniciar actividades mineras sin licencia constituye una infracción grave que puede dar lugar a la anulación del contrato. Por su parte, realizar actividades de explotación sin contar con un contrato minero constituye explotación ilegal de recursos naturales y es un delito. Si además las operaciones han desviado o contaminado ríos o han causado otras afectaciones ambientales, pueden sumarse delitos como el de daño ambiental.
En estos casos, las autoridades ambientales y mineras competentes pueden suspender las operaciones, solicitar la intervención policial e iniciar procesos penales y civiles contra los responsables. Asimismo, se realizará una auditoría ambiental para determinar la magnitud de los daños, las medidas necesarias para remediarlos y los costos de reparación. Todos estos gastos deberán ser asumidos por el responsable de la actividad.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, la autoridad competente puede solicitar apoyo a la policía y proceder al decomiso o a la destrucción de la maquinaria empleada.
Participación social: denuncia y propuesta
Las personas que viven cerca de una explotación minera no tienen que esperar a que una autoridad descubra por sí sola los problemas ambientales. Si observan que el agua de un río ha cambiado de color, que los peces están muriendo, que hay animales ciegos o enfermos, y sospechan que hay contaminación cerca de sus viviendas, pueden comunicar estos hechos a las autoridades y solicitar que se investigue.
Cualquier persona, individual o colectivamente, puede presentar una denuncia o un reclamo ante el Viceministerio o la Gobernación cuando considere que una actividad minera está causando daños al medio ambiente o poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas.
También existe la posibilidad de solicitar una audiencia pública. Este mecanismo permite presentar propuestas, observaciones y peticiones ante la autoridad ambiental respecto de una actividad minera. Sin embargo, la audiencia pública no es un procedimiento para resolver denuncias o controversias. Se debe tener en cuenta que las opiniones y propuestas expresadas en una audiencia pública tienen carácter consultivo: deben ser consideradas, pero no obligan automáticamente a la autoridad a adoptar todas las recomendaciones. La autoridad aprobará una resolución final sobre la audiencia convocada en un plazo de 6 días.
Rol de los Gobiernos Autónomos Municipales
Los gobiernos municipales son las autoridades más próximas a la población y, muchas veces, las primeras en conocer los problemas ambientales que ocasiona la actividad minera.Aunque el Gobierno central tiene competencias en materia de aprovechamiento de los recursos naturales, la minería también debe respetar las normas municipales y el ordenamiento territorial.
Los municipios tienen, entre otras, las siguientes responsabilidades:
- Proteger el patrimonio natural. Conservar los bosques, ríos, lagos, la biodiversidad, pueblos indígenas dentro de su territorio.
- Ordenar el uso del suelo. Elaborar y aprobar planes que establezcan qué zonas son apropiadas para viviendas, agricultura, actividades industriales o protección forestal.
- Vigilar la contaminación. Participar, junto con las autoridades departamentales y nacionales, en el control de la contaminación ambiental.
- Realizar inspecciones. Verificar el cumplimiento de las normas nacionales y municipales dentro de sus competencias.
- Denunciar y solicitar auditorías. Comunicar los problemas ambientales a las autoridades competentes y solicitar investigaciones cuando existan indicios de contaminación.
Por ejemplo, una operación minera no puede instalarse dentro de ciudades ni en zonas de vivienda, ni en las cercanías de lagos, ríos, vertientes o cabeceras de cuenca. El municipio debe verificar que la actividad cumpla con las normas de uso del suelo y las medidas de protección correspondientes. Si identifica un peligro para la salud pública, debe comunicarlo de inmediato a la autoridad ambiental competente y a la autoridad de salud para que adopten las medidas necesarias.
Proteger la naturaleza es una responsabilidad de todos
El daño ambiental no reconoce límites municipales ni departamentales: un río contaminado puede afectar a comunidades muy alejadas del lugar donde se originó la contaminación, perjudicando gravemente a quienes viven de la actividad agrícola, la pesca o el turismo. Adicionalmente, puede causar daños irreparables a la salud de las personas.
Por eso, se necesitan autoridades que cumplan sus obligaciones, empresas y cooperativas que respeten las normas y ciudadanos que conozcan sus derechos y participen en la defensa del medio ambiente. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos es un deber de todos.
[MCCR1]Aclarando.
