Fernando Alcons
Hay confines del territorio boliviano donde la minería ilegal se interna de manera sigilosa en la selva para asentarse de manera desapercibida. Allí, la capacidad de controlar el territorio depende de quienes lo conocen y saben interpretar las señales de estas incursiones que atentan contra la vida en la Amazonía.
El 23 y 24 de septiembre se llevó adelante una tarea de monitoreo territorial frente a denuncias por actividad minera ilegal dentro del Área Protegida y Territorio Indígena del Consejo Regional Tsimane Moseten – Pilón Lajas (CRTM-PL). La iniciativa no surgió de una oficina estatal, sino de la coordinación interinstitucional entre organizaciones e instituciones comprometidas con hacer prevalecer la autodeterminación frente a la minería en este territorio. La articulación entre el CRTM-PL, los guardaparques del Pilón Lajas y efectivos de la Armada de la Base Naval Ballivián permitió atender esta denuncia con una acción conjunta y efectiva.
La comisión conformada por estas tres organizaciones salió de Rurrenabaque rumbo al arroyo Suapi, navegando por el río Beni más de 45 kilómetros aguas arriba. Una vez que no fue posible continuar en bote, la comisión siguió bosque adentro, en una zona de protección estricta por su alto grado de conservación y biodiversidad. La incursión exigió caminar durante horas por la serranía, siguiendo accesos apenas perceptibles entre la vegetación. Allí encontraron a cuatro personas ajenas al territorio, con herramientas para la extracción de oro, mientras que otro grupo, según se informó durante la inspección, había escapado del lugar. La distancia y las dificultades dimensionan el desafío del monitoreo, pero, como mencionan dirigentes del CRTM-PL: “Este tipo de tareas tenemos que hacerlas si queremos proteger nuestro territorio”.
Junto a las herramientas había mochilas con alimentos, enseres y provisiones que permitían permanecer varios días en el lugar. Además, a unos metros de los puntos de extracción, una carpa atestiguaba una permanencia que no parecía circunstancial. Entre las personas encontradas también había menores de edad.
La manera en que pudieron encontrar a esos mineros estuvo, paradójicamente, relacionada con el intento de ocultar las embarcaciones que los habían llevado hasta ese punto: dos peque peques con motor que se encontraban a orillas del arroyo Suapi y a pocos metros del río Beni. Este intento de esconder las embarcaciones terminó convirtiéndose en el rastro que permitió encontrarlos monte adentro. Tras la intervención, se procedió al decomiso de motores, embarcaciones y material vinculado a la actividad minera, que fueron trasladados del lugar. El personal del área protegida informó, además, el inicio del correspondiente proceso administrativo.
Esta experiencia contrasta con las acciones dispersas y engorrosas frente a la minería que desarrolla el actual sistema minero. Mientras instituciones como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) deben desenredarse entre procedimientos que distinguen operativos, inspecciones, notificaciones y otras actuaciones administrativas, en el territorio la amenaza tiene otra temporalidad. Una actividad minera, por grande o pequeña que sea, puede instalarse, desplazarse u ocultarse mientras se determina cuál es el procedimiento que corresponde aplicar.
La cuestión no consiste en negar la importancia de los procedimientos administrativos ni de las competencias institucionales. Estos son necesarios para garantizar la legalidad y el debido proceso. El problema aparece cuando el ritmo del procedimiento administrativo no consigue acompañar la velocidad a la cuál avanzan la amenaza de las incursiones de la minería ilegal.
La declaratoria de un territorio indígena libre de minería no concluye con la suspensión de toda otorgación de derechos mineros, sino que requiere de acciones permanentes de gobernanza y defensa del territorio frente a la minería ilegal a través de recorridos constantes, producción de información, coordinación con instituciones estatales e iniciativas de vigilancia y desalojo.
La protección efectiva contra la minería ilegal es posible cuando comprende a las comunidades y municipios. Las instituciones públicas deben acompañar, fortalecer y robustecer esas decisiones, en vez de limitarlas y entorpecerlas.
En tiempos en que las autoridades plantean hablar sobre la regulación, formalización y control de la minería ilegal, las acciones de las comunidades del CRTM-PL nos incitan a preguntarnos: ¿Qué ocurre cuando declarar un territorio libre de minería deja de ser solo una decisión y se convierte, mediante el monitoreo y la acción territorial, en la primera barrera frente al avance de la minería ilegal?
