El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya

Por: Guillermo Villalobos M.

Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2]. En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial.

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La historia de los transgénicos en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos M.

La historia de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Bolivia es intrincada. A grandes rasgos, podemos identificar cinco grandes períodos que marcaron la historia normativa de los OGM en el país. El primer periodo se remonta a principios de la década de los 90 con los primeros ensayos con papa Genéticamente Modificado (GM) variedad Desiree. Sin embargo, fue recién después de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 (ratificado por Bolivia en 1994 mediante la Ley 1580) y la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1996 que regula un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos que Bolivia aprueba en 1997 su Reglamento sobre Bioseguridad. Con este reglamento -cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos por el uso y liberación de OGM- se crea el Comité Nacional de Bioseguridad como organismo encargado de asesorar en temas relacionados al manejo y evaluación técnica para realizar actividades con OGM.

Es en base al Reglamento sobre Bioseguridad que en 2005 se autoriza por primera vez en el país la producción y comercialización de soya genéticamente modificada resistente al glifosato evento (40-3-2), constituyéndose en el único OGM formalmente aprobado hasta la fecha  en el país. A partir de esta autorización, que da inicio al segundo periodo, es que poco a poco toda la soya convencional que se producía en el país se reemplaza por soya transgénica. Desde 2012 prácticamente toda la soya producida en Bolivia es transgénica.

Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, se inicia un tercer periodo histórico, caracterizado por la aprobación de un amplio marco legal que norma la utilización de transgénicos en el país. Así, partiendo desde la misma CPE (Art. 255, I., No. 8) y mediante la aprobación de distintas leyes entre 2010 y 2014, el país construyó un marco legal que buscó normar, desincentivar y prohibir la importación, uso, producción, liberación al medio y comercialización de OGM en el país.

Empero, y pese a todo este marco legal, desde 2011 se comienza a observar la conformación de un cuarto periodo, caracterizado por una “apertura” de la norma a favor de los OGM. Dicha “apertura” se dio fundamentalmente por medio de la Ley 144; la cual – a la par de prohibir la introducción de OGM al país (Art. 15, No 2) – establece que todo producto OGM destinado al consumo humano tiene que estar debidamente etiquetado y que se establezcan disposiciones para controlar la producción, importación y comercialización de productos GM (Art 19, No 5). Años después, esta Ley dio paso al Reglamento sobre etiquetado de productos que contengan OGM, donde se establece que todo alimento producido, fabricado e importado al país que contenga o derive de OGM obligatoriamente tenga una etiqueta (DS 2452 Art. 4).

El quinto y último periodo consolida ese viraje hacia una apertura a los OGM y una flexibilización de la normativa nacional. Este viraje comenzó a concretarse con el Decreto Supremo N° 1098 del 2018, que autoriza la producción de aditivos de origen vegetal (etanol y biodiésel), para luego pasar al Decreto Supremo N° 3874 del 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dos nuevos tipos de soya transgénica (evento HB4 e Intacta) para la producción de biodiésel. El punto más alto de este periodo lo representó la promulgación de los Decretos Supremos 4232 y 4348 en el 2020. El DS N° 4232 autorizó nuevamente al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados, solo que esta vez para un número indefinido de eventos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. Mientras que el DS N° 4348 autoriza la zonificación de áreas para el cultivo de maíz transgénico, a pesar de no estar aún autorizados legalmente.

Agroquímicos: El país de las normas pisoteadas

Por: Guillermo Villalobos M. y Blanca Ramírez

Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uso de plaguicidas en Bolivia se duplicó entre 2005 y 2018, pasando de 7.146 toneladas a 14.758 toneladas respectivamente.[1] El mayor uso de plaguicidas está estrechamente vinculado con la introducción de la soya durante los 90 y más específicamente con la legalización de la soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2) en el 2005.[2] De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las importaciones de plaguicidas se incrementaron en 491% desde el 2007 al 2016, pasando de 6.594 toneladas en el 2007 a 39.000 toneladas el 2016, por un valor acumulado de 1.652 millones de dólares americanos.[3] Solo el año 2019, Bolivia importó un total de 52.489 toneladas de plaguicidas[4] por un valor FOB total de 247 millones de dólares americanos.[5]

Muchos de los plaguicidas que se importan legalmente al país tienen niveles de toxicidad elevados y son restringidos en otros países. Un estudio en 2018 reveló que, de los 229 ingredientes activos con registro sanitario de ese año, 164 eran considerados altamente tóxicos y 105 estaban prohibidos en otros países.[6] Paradójicamente Bolivia cuenta con un amplio marco legal que regula e incluso prohibió el uso de agroquímicos – plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etc. – en el país; comenzando desde la misma Constitución Política del Estado, numerosas leyes y resoluciones administrativas, hasta varios tratados internacionales. A pesar de este marco legal, los datos develan que el país va en contra marca a lo dispuesto en su normativa.

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Luis Arce y los transgénicos: Entre promesas y contradicciones

Por Guillermo Villalobos

El pasado 7 de mayo del 2020, en medio de una situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo N° 4232 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa” en base a medidas tomadas en países vecinos. Estos procedimientos abreviados para facilitar la introducción de transgénicos debían aprobarse en un plazo de diez días, periodo que fue ampliado a cuarenta días por el DS N° 4238 del 14 de mayo de 2020. Posteriormente, el gobierno de Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4348 de 22 de septiembre del 2020 para “identificar las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología” antes de que el Comité Nacional de Bioseguridad hubiera aprobado la introducción de maíz transgénico.

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Infográfica: Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Bolivia

El 2005, mediante una resolución ministerial aprobado durante el gobierno de Carlos Mesa (luego elevado a DS N° 24676 en el gobierno de Rodríguez Veltzé ese mismo año) se autoriza por primera vez la producción y comercialización de soya genéticamente modificado resistente al glifosato evento (40-3-2).

A pesar de que la misma Constitución Política del Estado aprobada en el 2009 y varias leyes nacionales prohíbe explícitamente la importación, producción y comercialización de OGM en el país, desde el 2012 prácticamente toda la soya producida en Bolivia es transgénica; sin embargo, la soya transgénica no incrementó los rendimientos por superficie cultivada.

La introducción y uso de OGM fue fomentado tanto por el Gobierno de Evo Morales (DS 3874 para soya evento HB4 e Intacta para producción de biodiesel) como el Gobierno transitorio de Añez (DS 4232 para la evaluación de un número indeterminado de eventos de soya, algodón, caña de azúcar y trigo), beneficiando al sector agroindustrial exportador.

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