Los agroquímicos más usados en Bolivia: entre toxicidad y prohibiciones internacionales

Por Guillermo Villalobos M.

20 de mayo de 2021

Hasta finales de 2020, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tenía registrados 2.120 productos de insumos agrícolas en todo el país, de los cuales 1.863 eran plaguicidas químicos de uso agrícola^[1]. Estos plaguicidas químicos se centran principalmente en tres categorías: herbicidas (35,5%), insecticidas (33,3%) y fungicidas (27,8%) (Gráfica 1). Siendo que la mayoría de ellos (el 46,2%) están destinados al cultivo de soya, luego al barbecho (10,9%), al cultivo de arroz (10,6%), maíz (7%), papa (3,4%), caña de azúcar (2,4%) y trigo (2,3%), entre otros (Senasag, 2020).

Bolivia depende enteramente de los plaguicidas importados de otros países, ya sea de forma legal o ilegal (AEMP, 2019).  La amplia mayoría de los plaguicidas químicos de uso agrícola que contaban con un registro sanitario vigente hasta finales de 2020 provenían de China (equivalente al 49,8 % del total), y en menor medida de países vecinos y foráneos como: Uruguay (9,6%), Paraguay (6,7%), India (6,3%), Brasil (4,5%), Argentina (4,7%), Ecuador (2,7%) y Perú (2,1 %) (Mapa 1). 

Estos datos revelan la gran dependencia de Bolivia a los plaguicidas chinos; los mismos que sólo en 2019 representaron un valor CIF de alrededor de los 679 millones de bolivianos (INE, 2019). Muchos de los pesticidas chinos son versiones genéricas de otras marcas altamente demandadas y -por lo mismo- son ampliamente consumidas por ser más económicas. Así mismo, como apuntó Bickel (2018: 36), los pesticidas chinos son los preferidos por las casas comerciales que venden al por menor y fragmentado por ser las que mayor margen de ganancia generan. 

Después de China, la mayoría de los plaguicidas químicos de uso agrícola que ingresan al país provienen de países limítrofes; los mismos que se caracterizan por ser grandes proveedores mundiales de commodities agrícolas – principalmente soya. Los volúmenes de producción de soya de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay^[2], hacen que sean a la vez grandes mercados de consumo de agroquímicos. Estos países, asimismo, son también prominentes productores de agroquímicos, los mismos que son producidos mediante filiales locales de las grandes corporaciones transnacionales, tales como: Syngenta, Bayer-Monsanto, Dow, entre otros^[3]. Este hecho evidencia como, en el mismo sentido que apunta Colque (2020) en relación a la producción nacional de soya, Bolivia apenas absorbe el rebalse de los plaguicidas de los demás países regionales.

¿Cuáles son los ingredientes activos de estos plaguicidas químicos?

Los 1.863 plaguicidas que contaban con registro sanitario vigente del Senasag hasta fines de 2020 se componen de uno o varios Ingredientes Activos (IA). Una revisión detallada de la base de datos del Senasag señala la presencia de unos 200 IA. De todos estos, el más recurrente es el Glifosato, que contaba con 121 diferentes productos registrados. En segundo lugar, se encuentra el Azoxystrobin, con 77 registros; seguido por el Thiamethoxam, Imidacloprid y Paraquat, con 71, 65 y 54 productos registrados respectivamente (Senasag, 2020) (Tabla 1). Estos cinco IA están destinados principalmente al cultivo de la soya y el barbecho, así como al maíz, el sorgo y el trigo, entre otros cultivos; hecho que ilustra en gran medida la alta dependencia de insumos tecnológicos que tiene la actual agroindustria exportadora del país.  

¿Qué tan tóxicos son los plaguicidas químicos autorizados por el Senasag? 

De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 055/2002 del Senasag que reglamenta la clasificación toxicológica de los plaguicidas –basada en la Clasificación Recomendada de los Plaguicidas por su Peligrosidad de la OMS (2010)- en Bolivia rigen cinco categorías de clasificación, según el riesgos del pesticida: Extremadamente Peligroso (Ia), Altamente Peligroso (Ib), Moderadamente Peligroso (II), Ligeramente Peligroso (III) y los que Normalmente no ofrece peligro (IV) (Tabla 2). De todos estos, solo los plaguicidas categorizados como Extremadamente Peligrosos (Ia) están restringidos en el país – Artículo 30 RA N° 055/2002 – pero no prohibidos, pudiendo estar sujetos aún a estudios de riesgo-beneficio por parte de la empresa registrante (Bascopé et. al. 2018).

De los 1.863 plaguicidas químicos registrados y autorizados por el Senasag en 2020, un abrumador 43,4% (809 registros) corresponde a la categoría II (Moderadamente Peligrosos). Los demás 30,9% (575 registros) y 23,7% (442 registros) lo concentran las categorías IV (Normalmente no ofrece peligro) y III (Ligeramente Peligroso) respectivamente. El restante 2% (37 registros) lo conforman los pesticidas de categoría Ib (Altamente Peligroso) (Gráfica 2). La gran cantidad de pesticidas con categoría II (Moderadamente Peligroso) es una tendencia que ya Bickel (2018) observó en un sondeo sobre el uso de plaguicidas en Bolivia en 2018^[4], momento en el cual casi la mitad de los 2.190 plaguicidas químicos registrados y autorizados por el Senasag ese año fueron clasificados como altamente o moderadamente tóxicos.

Siendo más específicos, los cinco IA con mayor cantidad de registros hasta fines de 2020 –es decir: Glifosato, Azoxystrobin, Thiamethoxam, Imidacloprid y Paraquat – están clasificados según su grado de peligrosidad como: II (Moderadamente Peligroso) (Tabla 1). Sin embargo, dependiendo de las combinaciones entre distintos IA que posee el producto registrado, esta clasificación puede variar entre IV (Normalmente no ofrece peligro) hasta Ib (Altamente Peligroso)^[5]. Así mismo, la clasificación del grado de toxicidad que posee un plaguicida registrado puede variar en función al grado de concentración del IA entre uno y otro producto. 

Al respecto -por medio de un balance con la Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), la Lista internacional consolidada de plaguicidas prohibidas de la PAN, los registros de plaguicidas en la Unión Europea, y la Lista negra de plaguicidas autorizados en la Unión Europea de Greenpeace– Bickel (2018) reveló que el 72% de los 229 IA que contaban con un registro sanitario del Senasag en el 2018 eran considerados problemáticos por su toxicidad. 

Este escenario se sigue repitiendo en la actualidad. Basándonos en el marco comparativo propuesto por Bickel (2018), vemos que de los 200 IA identificados en la base de datos del Senasag con fecha del 1/12/2020, un total de 85 IA se encuentran en la lista de PAP actualizada al 2021 de la PAN; mientras que 92 IA están registrados en la “Lista Negra” de Greenpeace. Asimismo, según la lista internacional consolidada de plaguicidas prohibidos actualizada al 2021 de la PAN, 90 de los 200 IA registrados por la Senasag están prohibidos en uno o varios países.

Es notable que, de los actuales cinco IA con mayor cantidad de registros sanitarios (Tabla 1), sólo uno – Azoxystrobin – no se encuentra en las listas de PAP de la PAN y en la “Lista Negra” de Greenpeace. También, solo el Azoxystrobin no cuenta con prohibiciones de uso en otro país, en comparación al Glifosato, Thiamethoxam, Imidacloprid y Paraquat que se encuentran prohibidos en numerosos otros países. 

¿Qué sucede con los fertilizantes?

De acuerdo a los datos proporcionados en el Plan nacional de fertilización y nutrición vegetal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), el tipo de fertilizante más utilizado en el país durante 2018 fue la Urea (fertilizante a base de Nitrógeno), con 48.165 toneladas (Gráfica 3). Cabe recordar que desde 2017 en el país se puso en marcha la planta de fertilizantes en Bulo Bulo, Cochabamba, con capacidad productiva de producir 1.200 t/día de amoniaco y 2.100 t/día de Urea (AEMP, 2020). Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 2018 se comercializaron en el mercado interno 31.128 toneladas de Urea y se exportaron 240.502 toneladas, principalmente a Brasil, Argentina y Paraguay (YPFB, 2019).

Después de la Urea, el segundo fertilizante más empleado en el país durante 2018 fue el Fosfato Di Amónico (fertilizante a base principalmente de Fósforo y Nitrógeno), con 34.269 toneladas, seguido en un tercer lugar por el Fosfato Mono Amónico (fertilizante también a base de Fósforo y Nitrógeno), con 28.841 toneladas (ANAPO, 2019b).

Los datos presentados por la ANAPO señalan que alrededor de 754.740 hectáreas fueron fertilizadas en 2018, equivalente al 20,17% del total de la superficie cultivada en Bolivia de ese año. Siendo la soya el cultivo con más superficie fertilizada, con 277.486 hectáreas, seguido luego por la papa y el maíz, con 109.210 y 92.787 hectáreas respectivamente. Sin embargo, es de notar que la papa fue el cultivo que más fertilizantes consumió en el mismo periodo, con el 39,3% del total; seguido de la soya (22%), el maíz (15,9%), el arroz (5,9%) y la caña (3,5%) como los cultivos que tuvieron mayor consumo de estos fertilizantes (Gráfica 4) (ANAPO, 2019b). 

Al igual que con los plaguicidas, Bolivia depende ampliamente de la importación de fertilizantes; los mismos que entran al país tanto por la vía legal como por el contrabando (ANAPO 2019b). La amplia mayoría de los fertilizantes introducidos lícitamente al país durante 2018 provinieron de Perú, representando el 55,3% del total importado legalmente. Si bien la mayoría de los fertilizantes que se consumen en el país provienen del Perú, según la ANAPO este país sería considerado como uno de tránsito de los fertilizantes que provienen desde China (ANAPO, 2019b). Después de Perú, los fertilizantes importados provienen de Brasil (15,8%), España (7,8%), Argentina (5,2%) y EE.UU. (3,9%), entre otros países (Mapa 2). 

A contramano con la normativa nacional 

Bolivia cuenta con un amplio abanico legal que regula e incluso prohíbe el uso de agroquímicos dentro del territorio nacional, de modo que la gran cantidad de pesticidas altamente tóxicos que se registran en el país se contradice con esta normativa. El amplio bagaje legal inicia desde la misma Constitución Política del Estado (CPE), la cual expresamente prohíbe la “importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente” (Art. 255). La prohibición expresa que señala la CPE se articula y complementa con una serie de Leyes nacionales, destacándose: Ley 71 de Derechos de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y la Ley 401 de Celebración de Tratados (Villalobos & Ramírez, 2021).

Adicionalmente, Bolivia es firmante de diversos convenios internacionales en materia de uso y reglamentación de agroquímicos. De estos, se destaca el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), y el Convenio de Basilea. Estos convenios rigen a las partes crear procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos; prohibir y adoptar medidas para eliminar o reducir la producción, utilización, importación, exportación y emisión al medio ambiente de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs); y reducir la generación de desechos peligrosos (tales como los orgánicos persistentes, productos químicos y plaguicidas), entre otras disposiciones (Bickel, 2018).

Por otra parte, desde marzo de 2000 – Ley N° 2061 – el Senasag funge como un órgano público descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – hoy en día Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – dentro de cuyas competencias rige: “a. La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal (…) c. La acreditación a personas, naturales o jurídicas, idóneas para la prestación de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. d. El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales. (…) f. El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal.” 

De esta manera, mediante la Resolución Administrativa N° 055/2002 – actualizada en la Resolución Administrativa N° 041/2018 – el Senasag reglamenta el Registro y Control Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines, que establece los procedimientos y requisitos para el registro y el control de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola. Así como, la dirección del uso y manejo correcto de estos insumos en la agricultura para prevenir daños a la salud humana y al medio ambiente.

Haciendo alusión a sus competencias como ente regulador, el Senasag promulgó el año 2015 las Resoluciones Administrativas 024/2015, 025/2015 y 0170/2015; las mismas que se constituyen como prohibiciones explícitas a la importación de tres tipos de Ingredientes Activos: Endosulfán, Monocrotophos y Methamidophos. Por otro lado, la Resolución Administrativa N° 186/2015 declara al Methomyl como plaguicida de uso restringido, limitando su uso solo para cultivos de Soya, Maíz y Trigo (bajo receta prescrita por un representante acreditado por el Senasag) (Villalobos & Ramírez, 2021). Sin embargo, a pesar de estas restricciones, en distintas investigaciones se registró que estos Ingredientes Activos se siguen comercializando en el mercado formal e informal (Bascopé et. al., 2018); hecho que revela las dificultades que tiene este ente estatal para hacer cumplir la norma. 

Más allá de la endeble capacidad de fiscalización por parte del Senasag, existen problemas estructurales fundamentales que llevan a una mayor debilidad institucional. Según la Ley N° 2061, una de las fuentes de financiamiento del Senasag son: “Ingresos propios provenientes de la prestación de servicios en base a tasas aprobadas anualmente, mediante Decreto Supremo”. Esta condición genera, como observa Bickel (2018: 116) citando a Probioma, que los procesos de admisión de un agroquímico sean muy flexibles; ya que el Senasag genera un porcentaje importante de sus ingresos por medio del registro de agroquímicos. El anexo de la Ley N° 830 del 7 de septiembre de 2016 establece la tasa por prestación de servicios por el Senasag en materia de sanidad vegetal (Anexo 1.3 Sanidad Vegetal, Tabla 5 y Tabla 6).

Esta situación lleva a circunstancias de imposición, tales como hace alarde ANAPO en su memoria anual de 2018, cuando menciona que: “Ante el Senasag se hicieron las gestiones correspondientes para postergar la aplicación del ´Reglamento de Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola – PQUA´, debido a que podía generar un desabastecimiento de plaguicidas que son esenciales para que los productores agrícolas realicen un adecuado manejo de sus campos de producción. El Senasag comprendió esta situación y dispuso postergar la aplicación de esta normativa, dando un periodo razonable para que las empresas proveedoras de insumos puedan adecuarse a la normativa” (ANAPO, 2018).

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^[1] Fecha de consulta 01/12/2020. Véase: https://paititi.senasag.gob.bo/egp/productosAgroquimicos.html

^[2] Para el 2018, la producción de soya de Argentina fue de 50 millones de toneladas, Brasil 118 millones de toneladas, Paraguay 10 millones de toneladas y Uruguay 1,3 millones de toneladas (Vicente et al., 2020).

^[3] Bayer, por ejemplo, en su Reporte Anual del 2019 señala para su división de Ciencias de Cultivo tres lugares de producción importante en Brasil (Belford Roxo, Camaçari y São José dos Campos) y uno en Argentina (Zárate). Véase:  https://www.bayer.com/sites/default/files/bayer-ag-annual-report-2019_6.pdf#page=158

^[4] Según ese estudio, de los 2.190 registros sanitarios del 2018 (fecha 05/04/2018), 67 pertenecían al grado de toxicidad Ib, 957 al grado de toxicidad II, 513 al grado de toxicidad III y 653 pertenecen al grado de toxicidad IV.

^[5] El Thiamethoxam, por ejemplo, está clasificado mayormente como IV (Normalmente no ofrece peligro). Sin embargo, la combinación Thiamethoxam + Bifenthrin lo eleva a una clasificación II (Moderadamente Peligrosos).

Referencias

AEMP (2019). Estudio de mercado de plaguicidas en Bolivia. Autoridad de Fiscalización de Empresas AEMP, La Paz. 

AEMP (2020). Estudio de mercado de fertilizantes en Bolivia. Autoridad de Fiscalización de Empresas AEMP, La Paz. 

ANAPO (2018). Memoria Institucional 2018. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Disponible en: http://anapobolivia.org/images/publicacion_documentos/Memoria%202018.pdf

ANAPO (2019b). Plan nacional de fertilización y nutrición vegetal 2019-2025. INIAF, ANAPO, CIAB. Disponible en: http://anapobolivia.org/images/publicacion_documentos/INIAFlibro.pdf

Bascopé, R.; Bickel, U.; Jacobi, J.; Delgado, F. (2018). Plaguicidas altamente tóxicos en Bolivia, Projecto: Towards Food Sustainability: Reshaping the coexistence of different food systems in South America and Africa. 2018. Disponible en: https://www.sudamericarural.org/images/2018/Policy_brief_pesticides_annex-HHPs.pdf

Bickel, U. (2018). Uso de plaguicidas por productores familiares en Bolivia. Impactos en la salud, los ecosistemas y la economía campesina. Alternativas agroecológicas y conclusiones para lograr una orientación hacía una mayor sostenibilidad. Universidad de Rostock (Tesis de Maestría), Alemania, 24. Noviembre 2018.  

Colque, G. (2020). Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. Ponencia Panel 2 (14 abril 2020). Disponible en: https://ftierra.org/index.php/tema/medio-ambiente/930-panel-situacion-perspectivas-y-desafios-economicos-socioambientales-de-la-agroindustria-en-bolivia

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Vicente, L., Acevedo, C., & Vicente, C. (Coord) (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. 1a ed, Marcos Paz: Acción por la Biodiversidad, 2020.

Villalobos, G. & Ramírez, B. (2021). Agroquímicos: El país de las normas pisoteadas. Fundación Solón. Disponible en: https://fundacionsolon.org/2021/03/04/agroquimicos-el-pais-de-las-normas-pisoteadas/

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