Gobierno transitorio aprueba importación de eucaliptos para plantaciones forestales comerciales.

Por: Guillermo Villalobos

El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó una nota señalando que a través de su Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), lograron que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) promulgue una Resolución Administrativa – RA N° 084/2020 – que establece requisitos fitosanitarios para la “importación de plantines de eucalipto (Eucalyptus spp) en sustrato inerte (sin ningún tipo de bacteria o microbio), para la implementación de plantaciones forestales comerciales permitiendo mejorar la calidad y el rendimiento por hectárea.”[1]

De acuerdo a la nota del MMyA, la RA N° 084/2020, del SENASAG establece los requisitos para importar plantines de Eucalyptus spp, este nombre científico corresponde a una nomenclatura binominal, que es un sistema simplificado de clasificación biológica mediante la combinación de dos nombres correspondientes al género y a la especie. Entonces, Eucalyptus vendría a ser un género de árboles de la familia mirtáceas, mientras que la sigla spp es una abreviación para especies, es decir, todas aquellas que conforman este género de árbol[2]. De esta forma, al mencionar que se aprobó la importación de plantines de Eucalyptus spp de hecho, se está señalando que se aprobó la importación de cualquiera de las más de 280 especies de eucaliptos que existen en el mundo[3].

¿Por qué esto es importante? La pauta la da la segunda parte de la nota del MMAyA, cuando señala que la importación de eucaliptos es parte de “un paquete tecnológico que será introducido en las plantaciones forestales” el cual, según este comunicado, fue olvidado y dejo a Bolivia rezagada en comparación con los demás países de la región. Además, añaden que se utilizará eucaliptos con “material genético con característica inmunológica más fuerte que permite el desarrollo óptimo de la especie” logrando “mayor tasa de crecimiento y densidad de madera” y permitiendo avanzar hacia la modernización de las plantaciones forestales comerciales en el país. Llaman la atención dos aspectos: por un lado, la alusión a paquetes tecnológicos y material genético con características propias que supuestamente permiten mayores rendimientos y la modernización del sector y, por el otro lado, el abanico de posibilidades que abrió la RA N° 084/2020 para la introducción de cualquier especie de eucalipto.

La pregunta es ¿acaso con la RA N° 084/2020 del SENASAG se quiere viabilizar la introducción de eucaliptos genéticamente modificados al país? Dada la reciente aprobación por parte del Gobierno transitorio del Decreto Supremo 4232 que viabiliza al Comité Nacional de Bioseguridad llevar a cabo procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénica, dicha hipótesis no resulta tan descabellada. 

Al respecto, la empresa brasilera Futura Gene arguye ser una de las primeras entidades en haber desarrollado un eucalipto genéticamente modificado (H421), el cual supuestamente ofrece un 20% más en la productividad de madera[4]. Durante 2015 el Comité Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) del Brasil aprobó la libre comercialización y uso de este eucalipto transgénico en todo su territorio[5].

En la nota del MMAyA se destaca que se contará con las bondades ambientales de estos plantines importados. Por un lado, como una posibilidad para la lucha contra al cambio climático puesto que estos serían “muy eficientes en la captura de CO2” y, por otro lado, porque “no degradan los suelos y se adaptan muy bien en tierras con baja cantidad de nutrientes”.

Efectivamente, los arboles del genero Eucalyptus son eficientes fijadores de CO2, pero eso es solo una cara de la moneda, ya que las plantaciones forestales comerciales también generan importantes emisiones CO2 durante todo su proceso productivo. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de captura de CO2 del Eucalyptys grandis ronda los 245 t CO2/ha-7años, mientras que la huella de carbono del ciclo de vida de las plantaciones forestales comerciales – que abarca las etapas de producción de plantines, siembra y mantenimiento hasta el corte del árbol – es de -239 t/ha-7años[6]. Existiendo, por supuesto, diferencias y particularidades propias a cada contexto y ecosistema.

Respecto a la degradación de los suelos, desde los años 80 existe un intenso debate científico sobre los efectos de plantaciones forestales de eucaliptos sobre los suelos. En general, el grado de afectación (o beneficio) está estrechamente vinculado a condiciones específicas del ecosistema y sobre todo al tipo de suelo. En Bolivia se cuenta con diversos estudios referentes a los distintos efectos de las plantaciones forestales de eucaliptos en los suelos locales, como por ejemplo, en el caso del Valle Alto de Cochabamba donde se observó que este tipo de plantaciones generaron cambios fisicoquímicos en los suelos – volviéndolos ligeramente más salinos y cambiando la estructura y textura del suelo – en relación a las parcelas agrícolas perimetrales a las plantaciones.[7]

Estas mismas afectaciones se presentan en otros países de la región. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que posee plantaciones forestales de eucaliptos desde finales de los años 80 y actualmente cuenta con alrededor de 770 mil hectáreas,[8]  los monocultivos de eucaliptos sobre los suelos de praderas hicieron que se volvieran más ácidas e inhabitables para otras especies de plantas nativas. Igualmente, se observó una disminución del material orgánico y la Capacidad de Intercambio Catódico del suelo, así como un cambio en su estructura y textura que afecta la capacidad de filtración del agua.[9] 

Las plantaciones forestales de eucalipto no solo presentan problemas ambientales, sino que también acarrean consecuencias sociales importantes. En Brasil, por ejemplo, con 5,7 millones de hectáreas cultivadas es uno de los principales productores del mundo;[10]  esta gran producción llevó a que en los Estados de Bahia y Espirito Santo – dos de las principales áreas productoras – suplanten en gran medida el Bosque Atlántico Nativo[11] por “desiertos verdes” – denominación local a las plantaciones industriales de eucaliptos. La formación de estos “desiertos verdes” capitalizados en manos de las firmas forestales condujeron a un proceso de cooptación de tierras y al desplazamiento de las comunidades locales – tanto  afro-brasileñas Quilombera como indígenas Tupiniquim – de sus territorios, sin mencionar la exposición de estas comunidades al bombardeo de agroquímicos tóxicos realizados en las plantaciones circundantes.[12]

La nota del MMAyA termina haciendo referencia a los beneficios económicos de la introducción de estos plantines para el sector forestal. La nota señala que las plantaciones industriales al tener mayor uniformidad “reducen los costos de manejo, generando mayor productividad por hectárea” permitiendo “múltiples aplicaciones industriales con alta demanda en mercados internacionales” fortaleciendo así, “las condiciones de la producción nacional de madera para consumo interno y la exportación”.

Según el Mapa de Bosque del 2013, Bolivia tiene alrededor de 51.407.000 hectáreas de bosque en todo su territorio, clasificados en 9 tipos de distintos[13]. De acuerdo al Censo Agropecuario del 2013, la superficie de uso forestal en Bolivia es alrededor de 13.844.734,6 ha, de las cuales apenas 150.219,3 ha corresponden a plantaciones forestales maderables[14]. De estas 150.219,3 ha, solo 20.995,4 son plantaciones forestales de eucaliptos, las cuales se encuentran mayormente en Chuquisaca (8.783,6 ha), Cochabamba (4.023,1 ha), Potosí (4.023,1), La Paz (2.733,4 ha) y Santa Cruz (2.205,5 ha).[15]

En base a estos datos, nos preguntamos si ¿realmente es viable pensar que Bolivia puede competir con los países vecinos que son líderes mundiales en plantaciones forestales de eucaliptos? Parecería insulso y sin criterio económico apuntar a tratar de competir con Brasil, Uruguay o Chile (los cuales poseen hasta 270, 37 y 31 veces más hectáreas plantadas de este árbol, respectivamente). Sin embargo, la idea de ampliar las plantaciones forestales comerciales se extiende más allá de las políticas del Gobierno transitorio de Añez, ya que se encuentra presente en las agendas de gobierno de los principales partidos políticos[16] .

Por otro lado, cabe preguntarse ¿dónde se planea implementar estos plantíos forestales de eucaliptus? ¿se planea expandir las plantaciones existentes en la zona del altiplano y valles, o más bien, utilizar el eucalipto para “reforestar” las áreas deforestadas por la expansión de la frontera agropecuaria y las quemas descontroladas? Lamentablemente, la nota del MMAyA no brinda ninguna luz al respecto.

En todo caso, la cuestión de fondo es ¿por qué el gobierno transitorio se esmera en fortalecer un modelo económico con alto impacto socio-ambiental, en vez de, por ejemplo, promover una regeneración de los 9 tipos de bosques nativos que se encuentran en el país y desarrollar una agro-forestería comunitaria orientada a abastecer nichos de mercados con diversos productos de origen no maderable?


[1] https://www.mmaya.gob.bo/2020/06/aprueban-requisitos-fitosanitarios-para-la-importacion-de-plantines-de-eucalipto/

[2] https://www.iapt-taxon.org/nomen/pages/main/art_5.html

[3]  https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=EUCAL

[4] https://www.futuragene.com/pt/nosso-produto/eucalipto-geneticamente-modificado-com-aumento-de-produtividade/

[5] https://www.scidev.net/america-latina/biotecnologia/noticias/brasil-da-luz-verde-a-eucalipto-transgenico.html?__cf_chl_jschl_tk__=d683c2cb1149d056c28ba26ab1053ad3a59bb025-1591631902-0-AVzIjNxi5OkMtyWW9BOUTGoUzHa589USTVnBqlBHSOzaR4U9iZ-sCWdnKgRkJ5q2cYJOtfl5OSaFKByZgOHYlhfkTw6v3oyY7YX3asj84M-I6QEOjggAyVSLxmPynG75FmoRQshGvms1xwTfSbKX-LJ3baRAhF7D95CJPivZGOHyHfUiap5J2liGeSuq3bsIPSC_ArLIV-rZQKp5xMWM_4fWktkjpJwfd_1nM8f2pnMWSLswW6loFuldGRVpjNmnJG9jk7BYG2_CGBwATm_FVdOAjiB0fhDYf0xBKN9Z8_ruGPet_v3PbtiDJr8DuEmxQt9b92CtKUS6YuFGh6mByfCWRk3cgnZ5TjqoRDReRFm7imx50E_ascuvQ2uci6sCV6x4lm9_X2hnwkLweciLHFU

[6] Véase: http://www.advancesincleanerproduction.net/7th/files/sessoes/6A/1/martinez_la_et_al_academic.pdf

[7] Flores, E (2009) Efecto de las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus L.) sobre los suelos de comunidades asentadas en la red ferroviaria Cochabamba-Cliza, En: Acta Nova. Vol. 4, Nº 2-3, diciembre 2009, pp. 338-355. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n2-3/v4n2-3_a12.pdf

[8] http://www.revistaforestal.uy/silvicultura/mas-vale-especie-conocida-que-otra-por-conocer.html

[9] http://www.guayubira.org.uy/2007/02/impacto-de-las-plantaciones-de-eucaliptos-en-el-suelo/

[10] Seguidos después por China con 4.5 millones de hectáreas y la India con 3,9 millones de hectáreas. Véase: https://agritrop.cirad.fr/589039/1/ID589039.pdf

[11] El Bosque Atlántico subtropical que ocupa el territorio de Brasil, este de Paraguay y norte de Argentina y Uruguay. Este bosque abarcaba originalmente el 15% de todo el territorio brasilero y es de hecho uno de los bosques más amenazados del mundo, donde durante el periodo 2018-2019 se deforestó 14.502 hectáreas solo en el Brasil. Véase: https://www.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/

[12] https://globalforestcoalition.org/resisting-green-deserts-in-brazil/

[13] Los tipos de bosque son: Amazónico con 19.402.388 ha (representa el 37% del total); Chiquitano con 8.645.849 ha (representa el 16,8%); Seco Interandino con 172.227 ha (representa el 0,3%); Tucumano Boliviano con 3.322.885 (representa el 6,5%); Chaqueño con 9.098.162 ha (representa el 17,7%), Llanuras Inundables con 3.047.598 ha (representa el 5,9%); Pantanal con 1.147.401 ha (representa el 2,2%); Yungas con 6.565.994 (representa el 12,8%); y Andino con 4.496 (representa el 0,01%). Véase: https://observatorioccdbolivia.files.wordpress.com/2015/06/01-memoria-tecnica-mapa-bosque-2013-otca.pdf

[14] La superficie de plantaciones forestales maderables se concentra principalmente en Santa Cruz con el 34,9% (52.456,3 ha), seguido por Beni con el 16,3% (24.543,8 ha), Chuquisaca con el 18,5% (27.856,2 ha) y La Paz con 15,1% (22.754,7 ha). Véase: Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.

[15] Instituto Nacional de Estadística INE (2015). Censo Agropecuario 2013: Bolivia. La Paz – Bolivia. p. 38-39.

[16] https://fundacionsolon.org/2020/03/31/ecocidio-de-la-chiquitania-que-aprendieron-los-partidos-politicos/

¿Quién alimenta a Bolivia?

Por Pablo Solón y Guillermo Villalobos

A principios de Mayo la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliana Capobianco, realizó una conferencia de prensa sobre los transgénicos y la seguridad alimentaria de los bolivianos. En esta conferencia dijo: “Ante la crisis del coronavirus, creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener alimentos en nuestra mesa. Aquí les muestro, por eso están aquí en la mesa estos productos, muchos de estos alimentos o bebidas que consumimos todos los días. ¿Quién no ha comido un Sniker, un chicle Clorets, un m&m, la mayonesa Rika, las zucaritas de Kellogs o estos Cheerios…? Esta es nuestra realidad en Bolivia”. Continúa leyendo ¿Quién alimenta a Bolivia?

Suicidio Transgénico

Por Pablo Solón y Guillermo Villalobos

El gobierno transitorio de Añez promulgó el Decreto Supremo 4232 que “autoriza al Comité́ Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados…” vulnerando su carácter “transitorio” y violando la constitución y las leyes.

Este decreto ha sido rechazado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Las razones de este masivo rechazo tienen que ver con los impactos en la salud humana, el medio ambiente, la economía y la propia legalidad de este decreto.


Empecemos aclarando que los organismos genéticamente modificados o transgénicos son producidos en laboratorios y no surgen de manera natural en la Madre Tierra. A las semillas transgénicas se les altera su material genético a través de ingeniería genética.  En muchos casos se mezclan genes que nunca se juntan en la naturaleza. Los alimentos transgénicos pueden combinar genes extraídos de animales, insectos, bacterias y plantas. Esta combinación artificial de genes puede ser dañina para la salud humana.

Según un informe de la Comisión Europea, “el proceso de creación de organismos genéticamente modificados está rodeado de incertidumbres, que pueden dar lugar a multitud de efectos imprevistos[1].

Frente a estas incertidumbres debe primar el principio precautorio aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Este principio señala que “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente[2].

En la actualidad sobre un total de 194 países, sólo 26 cultivan semillas transgénicas[3] por los riesgos y peligros asociados a estas semillas. Varios países en el mundo han prohibido los transgénicos o los destinan sólo para el consumo de animales[4].

Los transgénicos en Bolivia

Los primeros ensayos con eventos transgénicos se realizaron a principios de la década de los 90. En esa entonces el Programa de Investigación de la Papa PROIMPA llevó a cabo pruebas de campo con papas transgénicas de la variedad Desiree resistente a heladas en Cochabamba. Así mismo, a finales de los 90 se llevaron a cabo pruebas con distintos eventos transgénicos de algodón y soya en el departamento de Santa Cruz.

Recién el 2005, bajó el gobierno de Carlos Mesa, se legalizó por primera vez el uso de una variedad de semilla transgénica de soya. La Resolución Multiministerial N° 1 de los Ministros de Desarrollo Sostenible, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Salud y Deportes y, Desarrollo Económico del 7 de abril del 2005 “…autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2)”.

Esta resolución ministerial fue elevada a rango de Decreto – Decreto Supremo 28225 – el 1 de Julio del 2005 por el gobierno de Rodríguez Veltzé.

El curso a favor de las semillas transgénicas que promueve la agroindustria fue frenado con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 2009. Esta constitución estableció en su artículo 255 la “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

La ley de Derechos de la Madre Tierra aprobada en diciembre del 20110 ratificó la prohibición de los transgénicos señalando en su artículo 7 “…los seres que componen la Madre Tierra tienen derecho a no ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro”.

El 2011 la ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria continuó en la misma línea y estableció que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

El 2012 la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien dio un paso más adelante determinó “Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país…”.

El 2014 la Ley de alimentación escolar estableció “Queda prohibida la contratación de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) para la Alimentación Complementaria Escolar”.

Lamentablemente el gobierno de Evo Morales violó la constitución y las leyes.  Lejos de eliminar progresivamente los cultivos y alimentos transgénicos permitió que continúen en Bolivia. Para el año 2012 la soya transgénica representaba ya el 98% de toda la producción de soya del país[5].

El año 2015, el gobierno de Evo Morales aprobó el DS 2452 que reglamenta el etiquetado de productos que tengan o deriven de organismos genéticamente modificados “producidos en el ámbito nacional o importados”, y a fines del 2018 promulgó la Ley 1098 de producción y comercialización de Aditivos de Origen Vegetal como el biodiesel que se produce en base a aceite de soya transgénica.

Por último, el 18 de abril del 2019 y con el objetivo de ganarse el apoyo de los agroindustriales el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la introducción de dos eventos de soya, la HB4 y la Intacta.

El DS 4232 promulgado por Añez en mayo del 2020 amplía ese procedimiento abreviado para la evaluación de otras semillas transgénicas de soya y para nuevos productos como el maíz, el algodón, la caña de azúcar y el trigo.

Los decretos supremos jamás pueden estar por encima de la Constitución y las leyes, y sin embargo Evo Morales y Jeanine Añez emitieron estas normas anticonstitucionales con el único fin de favorecer al agronegocio.

Los cultivos transgénicos en el mundo y sus impactos

Estados Unidos es el principal productor con 75 millones de hectáreas y 10 productos transgénicos. Le sigue Brasil con 51 millones de hectáreas y 4 productos genéticamente modificados y luego Argentina con 24 millones de hectáreas y 3 productos transgénicos.

Bolivia está en el onceavo lugar de los 26 países productores de transgénicos con 1,4 millones de hectáreas cultivadas y una sola variedad de soya transgénica. Esto significa que de las 191 millones de hectáreas de cultivos transgénicos que existían en el mundo el año 2018, Bolivia representaba menos del 1% y era absolutamente irrelevante.

En el mundo, tres grandes empresas transnacionales controlan el negocio de los transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta y DuPont. Mientras que, en Bolivia seis compañías controlan el 95% del negocio de la soya transgénica, y el 2 % de los grandes productores de soya transgénica controlan el 70% de las tierras cultivadas. Los que más se benefician con la soja transgénica son las transnacionales y los grandes propietarios.

Las semillas transgénicas requieren de plaguicidas y agrotóxicos como el glifosato que son de propiedad de las mismas transnacionales. Entre el 2006 y el 2018 Bolivia importó plaguicidas por más de 2.000 millones de dólares. Los agrotóxicos envenenan la naturaleza y semillas transgénicas como las del maíz pueden acabar contaminando semillas nativas de las cuáles somos país de origen.

Los transgénicos están destinados principalmente a la producción en gran escala demandando grandes extensiones de tierra por lo cual contribuyen a los incendios, la deforestación y el ecocidio.

Lejos de violar la constitución y las leyes lo que corresponde en Bolivia es salir gradualmente de las semillas transgénicas y abrazar con renovada fuerza la producción agroecológica que produce alimentos sanos, no contamina la naturaleza y no provoca dependencia de transnacionales químicas.

Aún estamos a tiempo de evitar el suicidio transgénico y construir una Bolivia Ecológica. Hoy es todavía…

[1] https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/zonas-libres-transgenicos.pdf

[2] https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

[3] https://gastronomiaycia.republica.com/2019/08/27/crecimiento-de-los-cultivos-transgenicos-en-el-mundo-2018/

[4] https://www.lavanguardia.com/natural/20151003/54437867271/paises-comunican-ue-prohibiran-transgenicos.html

[5] Guzmán, N. (2017). Tierra, agroindustria y transgénicos: Conflictos sociales populares en la Bolivia de la Madre Tierra. En: Perspectivas Rurales. Año 15, N° 30, EISSN: 2215-5325, pp. 31-44. Disponible en: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/10083

Transgénicos: Ambigüedades agronegociantes

A pesar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 255 prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, ninguno de los programas de los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones plantea medidas concretas para efectivizar dicha prohibición. El MAS, Comunidad Ciudadana y Juntos eluden hablar con nombre y apellido de los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) y prefieren utilizar el término de biotecnología o de transferencia de tecnología para la agricultura. La alianza Creemos es la única que en su programa de gobierno se pronuncia abiertamente a favor de los OGM. En relación a los biocombustibles -que van de la mano de los transgénicos- el MAS, Juntos y Creemos se pronuncian explícitamente a favor de ellos mientras CC se muestra a favor de los combustibles de origen agrario.

Movimiento Al Socialismo

Al igual que en su propuesta de gobierno del año pasado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) bajo la noción de “mejorar los rendimientos de los cultivos” propone en su pilar de Soberanía Alimentaria implementar “nuevas tecnologías”, donde destaca el uso de la “biotecnología”. Paralelamente, el MAS pone énfasis en la producción de biocombustibles (en particular biodiesel) que favorecen a la agroindustria y supuestamente reducen la importación de carburantes. A través de la producción de biocombustibles el MAS plantea “consolidar la soberanía productiva agroindustrial y de alimentos”. 

Juntos

El plan de gobierno de Juntos de la presidenta Añez, al igual que la alianza “Bolivia dijo No” que la precedió, no se pronuncia abiertamente sobre los transgénicos o los OGM y los encubre bajo el concepto de transferencia tecnológica en el proceso agropecuario. Su plan de gobierno plantea  eliminar todas “las barreras de entrada a los mercados y otros factores que restringen la competencia, la capacidad exportadora, la innovación, la productividad y el emprendimiento”, entre estos destacan “las prohibiciones injustificadas a las exportaciones y a la transferencia tecnología en el proceso productivo, especialmente agropecuario“.

Al igual que el MAS, Juntos está a favor de los biocombustibles. El programa de Juntos plantea “reconversión de la industria nacional orientada al mercado internacional” e “incorporar las nuevas tecnologías al aparato productivo para generar una nueva oferta de bienes y servicios (p.ej… biocombustibles, fertilizantes, productos químicos…)”. Igualmente, por medio de su “Plan Amazonía Exportadora” Juntos ofrece promover inversiones públicas y privadas orientadas a desarrollar “…un clúster de producción de biocombustibles y para generación eléctrica…”

Comunidad Ciudadana

Comunidad Ciudadana (CC) tampoco habla de manera explicita de los OGM y proponer llevar a cabo “investigación y desarrollo en biotecnología”. Así, bajo el “principio de precaución y el de bioseguridad” CC busca crear un Instituto Boliviano de Biotecnología, es decir un “órgano científico que conducirá y articulará con los actores relacionados, investigaciones soberanas de aplicación de la biotecnología a la agricultura, así como los análisis de sus impactos sobre la salud y el medio ambiente”. De esta manera, CC deja abierta la posibilidad de que -en función a las “investigaciones soberanas”- se pueda eventualmente introducir nuevos OGM en el país.

Por último, aunque CC no mencionan específicamente los biocombustibles, si proponen apoyaran “la producción de combustibles de origen agrario
con alta productividad y óptimas condiciones competitivas
” bajo su “política de transición energética y los compromisos internacionales como el Acuerdo de París“.

Creemos

El programa de gobierno de Creemos, al igual que el MAS,  propone expresamente autorizar el uso de biotecnología con el argumento de “mejorar los niveles de producción y productividad y hacer más eficientes las labores agrícolas”. Creemos plantea “…autorizar de manera inmediata el funcionamiento del Comité de Bioseguridad para que considere y autorice la realización de nuevos eventos biotecnológicos durante el año 2021 para los siguientes productos: soya, maíz, algodón y caña de azúcar”. Creemos propone elaborar una Ley que “regule a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el Estado, que dé certeza y claridad en los procedimientos a seguir y las competencias institucionales de todos los involucrados”. 

Creemos, al igual que el MAS y Juntos, está abiertamente favor de la producción de biocombustibles. Para ello plantea “acelerar los procedimientos de adición de alcohol anhidro en la gasolina especial, hasta un 12% de su volumen”. Para la producción de biodiesel proponen “trabajar de forma coordinada con la industria oleaginosa y los productores de soya del país, para que a partir del año 2022 comience a comercializarse biodiesel en el mercado nacional”.

El discurso y la practica

Ninguno de los programas de los partidos mencionados reafirma la prohibición constitucional a los OGM ni plantea una propuesta de ley para su eliminación gradual como corresponde. La alianza Creemos es la que de manera explicita se pronuncia a favor de los OGM para soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Con la promulgación del DS 4232, la presidenta transitoria Añez está implementando en la práctica el programa de Creemos sobre los transgénicos, lo ha ampliado al trigo y lo ha adelantado al 2020, antes de que siquiera se realicen las elecciones. El MAS, por oportunismo electoral, ha pasado a oponerse a los transgénicos para tratar de capitalizar el rechazo al Decreto Supremo de Añez sobre los OGM. CC ha asumido también una posición critica frente al Decreto de Añez, pero no se ha pronunciado categóricamente contra los transgénicos.

Lejos de defender una posición de principios y de respeto a la constitución sobre los transgénicos, los programas de estos partidos políticos prefieren una retórica ambigua sobre biotecnología para defender y/o ganarse el apoyo de los poderosos sectores de la oligarquía del agronegocio. En relación a los biocombustibles o combustibles de origen agrario se pronuncian a favor de los mismos a sabiendas de que estos agrocombustibles, en el contexto boliviano, representan necesariamente el uso de soya transgénica para la elaboración de biodiesel. 

 

Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

(haga click en la imagen para ver el pdf completo)

Biocombustibles y transgénicos: Entre el SI y el silencio

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.

La producción de biocombustibles según el gobierno busca garantizar la seguridad energética en el país. La meta del gobierno es producir 380 millones de litros de etanol hasta el 2025 para lo cual se requiere duplicar las plantaciones de caña de azúcar pasando de 150.000 a 305.000 hectáreas.[1] Asimismo, para producir 100 millones de litros de biodiesel se requieren 250.000 hectáreas nuevas de soya[2]. En total estos agro-combustibles requieren de 400.000 hectáreas adicionales.

De otra parte, el gobierno en acuerdo con el agro negocio, a través del DS 3874, aprueba un procedimiento abreviado para evaluar la introducción de dos eventos de soya transgénica (biotecnología) para la producción de biodiesel[3]. Continúa leyendo Biocombustibles y transgénicos: Entre el SI y el silencio