REDD+ y los mercados de carbono

Por Guillermo Villalobos M.

Los mercados de carbono comenzaron a expandirse gracias al Protocolo de Kyoto, y en particular el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). EL MDL se constituyó en una de las principales herramientas utilizadas por los países/empresas del anexo B del Protocolo para traspasar sus metas de reducción de emisiones a cualquier otra parte del “mundo en desarrollo” donde les fuese más económico lograr las reducciones que requerían alcanzar (el esquema offsetting) (Gilbertson y Reyes, 2009). 

Según la base de datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), a largo del primer y segundo periodo del compromiso del Protocolo de Kyoto se registraron 8.729 proyectos a través del MDL en 111 países^[1]. En general, la mayoría de los proyectos se centraron en la conversión energética, el tratamiento de residuos y la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en la producción industrial (los sectores que recibieron mayor financiamiento). Pero también existió un número pequeño de proyectos relacionados con la “remoción de emisiones” a través del sector forestal. Estos proyectos –64 en total– se desarrollaron principalmente a través de acciones de forestación y reforestación en 23 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del este^[2].  

A pesar de que el número de proyectos de reforestación y forestación desarrollado bajo el MDL fue pequeño, sirvió de base para el desarrollo de la iniciativa de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD) que abrió un nuevo mercado de carbono extremadamente especulativo en relación a los bosques.

En el MDL los mercados de carbono relativos a los bosques estaban limitados a la forestación y reforestación. A través del MDL un proyecto de forestación o reforestación en un país en desarrollo podía emitir bonos de carbono por la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que iba a capturar de la atmósfera. El cálculo de emisiones que captura un proyecto de forestación o reforestación es ya difícil de calcular porque hay muchos factores que pueden incidir en su evolución: incendios forestales, sequías, plagas, etc. El resultado de la forestación y reforestación sólo se puede apreciar a lo largo de varios años y décadas. Con el correr de los años muchos de estos proyectos sólo sobreviven de manera muy parcial. Además existe un agravante muy peligroso porque los procesos de forestación y reforestación son generalmente de plantaciones de monocultivos de árboles, que no se pueden comparar con los bosques nativos y la gran biodiversidad que cobijan.

Los proyectos REDD a diferencia de los proyectos de forestación y reforestación son aún mucho más especulativos porque su línea base es la deforestación anual de un bosque y la cantidad de emisiones que emite a la atmósfera dicha deforestación anual. Para ponerlo en términos muy sencillos, si la deforestación en una región es de 100.000 hectáreas anuales y un proyecto REDD reduce a 80.000 hectáreas al año, dicho país puede emitir certificados de reducción de emisiones por las toneladas de dióxido de carbono de esas 20.000 hectáreas que no se deforestarían.

En la forestación y reforestación los bonos de carbono se emiten a partir de lo nuevo que voy a plantar, en cambio en REDD los certificados de reducción de emisiones son por dejar de hacer lo malo que estoy haciendo al permitir o alentar la deforestación de un bosque.

A continuación, analizaremos cómo se introdujeron los bosques en el marco del MDL del Protocolo de Kyoto y como en esta primera fase hubo un rechazo de los países al establecimiento de mercados de carbono basados en la reducción de la deforestación.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio y los bosques

El MDL incluía dos tipos de proyectos: por un lado, proyectos dirigidos a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y, por otro lado, proyectos que remueven GEI de la atmósfera por medio del “secuestro de carbono” o “sumideros”.

Los proyectos del MDL de reducción de emisiones son básicamente cualquier tipo de proyecto -exceptuando la energía nuclear- que logre generar Certificados de Reducción de Emisiones (CRE). Estos proyectos incluyen sectores como: energías renovables, eficiencia en el uso y oferta de energía, sustitución de combustibles, reducción de emisiones en procesos industriales y en la producción agrícola, gestión de residuos, entre otros (PNUMA, 2005).

Por otro lado, están los proyectos del MDL de secuestro de emisiones, conocidos como “proyectos de sumideros”. En pocas palabras, estos proyectos buscan generar unidades de reducción de emisiones –las Unidades de Absorción (UDA)- basadas en el uso de suelo, cambio de uso de suelos y silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés).

Los proyectos de sumideros son conceptualmente distintos a los de reducción de emisiones ya que, en realidad, no buscan reducir los GEI limitando la cantidad de emisiones que se emiten a la atmósfera, sino más bien “remover” de la atmósfera los GEI por un tiempo determinado mediante el “secuestro” o “almacenamiento” de carbono. Este secuestro se logra por medio de la “conservación” de un sumidero de carbono^[3] (cómo por ejemplo un bosque nativo) o a través de la “creación” de un sumidero (como ser plantaciones forestales) (CDM Watch, 2012).

La incorporación del concepto de “secuestro de carbono” a los mecanismos de flexibilidad no estuvo exento de polémica. Inicialmente, durante las negociaciones del Protocolo de Kyoto, algunos países –principalmente EE.UU., Canadá y Australia- buscaron que se agreguen los proyectos de sumideros a los mecanismos de comercio de carbono a través de actividades relacionadas con usos de suelo, reforestación, deforestación y conservación del bosque. No obstante, luego de amplios debates, se aceptó la noción de “secuestro de carbono” pero relacionado exclusivamente a proyectos de forestación y reforestación (Aulkand et. al., 2003; Gilbertson y Reyes, 2009).

Cuatro argumentos principales limitaron la incorporación de actividades relacionadas a la deforestación y conservación de bosque de la noción de “secuestro de carbono”:

1. estos proyectos generarían muchos créditos de carbono, saturando el mercado y reduciendo el precio de los bonos de carbono;
2. los bosques son susceptibles a los incendios y, de quemarse, se perdería la compensación de las emisiones de carbono;
3. la reducción de la deforestación en la zona de un proyecto de compensación no evita que se siga deforestando en otro lugar, proceso que se denomina “fuga”; y
4. no existe una forma certera de medir cuánto carbono se almacena en un bosque y si un proyecto logra efectivamente agregar una nueva capacidad de “secuestro de carbono” que no existía antes, proceso denominado como “adicionalidad”, haciendo de las cifras de reducción y secuestro de carbono poco confiables e imprecisas (Kill, 2022; Global Forest Coalition, 2020; Aukland et.al., 2003).

Como mencionamos párrafos arriba, durante el primer período del Protocolo de Kyoto se estableció un mercado de carbono relacionado exclusivamente a la reforestación y forestación, sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que la CMNUCC –obviando los argumentos presentados durante las negociaciones de Kyoto- cediera ante los intereses económicos de algunos países, empresas y ONG “conservacionistas” (Kill, 2022)^[4].

Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+)

La Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques, Conservación y Aumento de las reservas forestales de carbono y Gestión sostenible de los bosques (REDD+ por sus siglas en inglés) es un mecanismo que se fue creando entre 2007 y 2013 en la CMNUCC^[5].

A pesar de que inicialmente la idea de incluir proyectos de compensación de carbono forestal por deforestación y conservación de bosques fue excluido del MDL creado por el Protocolo de Kyoto, en la onceava Conferencia de las Partes (COP11) de 2005 esta noción comenzó a ser nuevamente negociada en las esferas de la CMNUCC, fundamentalmente debido al impulso de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea^[6]. En la COP13 llevada a cabo en 2007 en Bali, Indonesia, se tomó la decisión 2/CP.13 que puso en marcha proyectos demostrativos REDD+, desplegándose, para ello, un gran número de programas, proyectos y financiamiento pilotos de diferentes fuentes (Kill, 2022). 

Para 2013, la COP19 aprobó siete decisiones respecto a REDD+, lo que se conoció como el Marco de Varsovia para REDD+^[7]. Desde entonces, y a pesar de las objeciones presentadas durante la negociación del Protocolo de Kyoto, REDD+ se convirtió en la política forestal internacional dominante de la CMNUCC.

A partir de 2013, un importante flujo de fondos comenzó a financiar distintos proyectos REDD+ alrededor del mundo; la mayoría en Brasil, Colombia, Indonesia y República Democrática del Congo (Global Forest Coalition, 2020). La principal fuente de financiamiento para estos proyectos provino de fondos públicos bilaterales de países donantes (Noruega, Dinamarca, Alemania, Japón, entre otros) y entidades internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima o el Programa ONU-REDD^[8]. A lo largo de los años, los diferentes proyectos REDD+ han recaudado miles de millones de dólares de estos fondos (Counsel, 2022), utilizados principalmente para financiar “programas de capacitación” y “asistencia técnica” para procesos preparatorios que permiten a los países solicitar pagos basados por resultados por concepto de REDD+^[9].

Los fondos provenientes del sector privado para proyectos REDD+ son hasta el momento relativamente marginales; limitándose a la compra de algunos créditos de carbono en el mercado internacional de carbono (Global Forest Coalition, 2020). Sin embargo, a medida que se van articulando nuevas iniciativas de fondos voluntarios, como por ejemplo la Coalición LEAF, es posible que la contribución financiera para REDD+ del sector privado vaya en aumento. 

¿Cómo funciona REDD+?

El argumento central de REDD+ es que la deforestación relacionado a uso y cambio de uso de suelos y silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés) representa uno de las actividades que más contribuyen a las emisiones de GEI antropogénicas, representando, según el más reciente  reporte especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), hasta el 23% de las emisiones globales. Empero, los bosques también cumplen la función de absorber dióxido de carbono de la atmósfera, lo que se conoce como sumidero de carbono.

Desde este argumento se desprenden dos supuestos esenciales para entender cómo opera el marco REDD+: El primero supuesto parte de que los bosques sólo pueden ser protegidos manteniendo un flujo financiero destinado para dicho fin. En este sentido, ofreciendo una “compensación financiera” a los actores que deforestan y degradan los bosques, se generaría un estímulo para que cambien sus hábitos destructivos. Gracias a esta compensación se lograría reducir rápida y efectivamente los GEI producto de la deforestación y degradación de los bosques, garantizando su función como almacenadores de carbono.

El segundo supuesto parte de la función de absorción de dióxido de carbono que cumplen los bosques o el “secuestro de carbono”. En esencia, bajo la visión de REDD+, el bosque se reduce solamente a una de sus múltiples funciones: la de captura y almacenaje de carbono. En este sentido, generando una “compensación financiera” por medio de proyectos REDD+, se supone que se lograría un estímulo financiero para valorar y mantener el “servicio ambiental de los bosques” como “sumideros de carbono”; ampliando así el espectro de absorción de las emisiones de GEI antropogénicas que causan el cambio climático, logrando en última instancia una “neutralidad de carbono” (Monjane et. al., 2022, Global Forest Coalition, 2020).

A cambio de esta “compensación financiera” para reducir la deforestación y fomentar la conservación de los bosques, los países y empresas contaminantes pueden obtener Certificados de Reducción de Emisiones (CRU). De esta manera, REDD+ terminó de consolidar el esquema de offsetting para que países y empresas contaminantes puedan –por medio de pagos basados en resultados– financiar proyectos de compensación y adquirir créditos de carbono forestales (créditos de carbón) en los mercados de carbono; facilitando así alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones (Global Forest Coalition, 2020).  

La obtención de esta “compensación financiera” está sujeta al cumplimiento de una serie de prerrequisitos y desarrollos técnicos. Uno de los requisitos principales es la elaboración de lo que se conoce como “líneas base” o “niveles de referencia” de deforestación. Estas líneas base tienen la función de proporcionar una referencia promedio de las emisiones derivadas de la deforestación y la absorción de carbono de los árboles en un área boscosa en específico (Kill, 2022).

En función a estas líneas base, es que se puede estimar cómo hubiera evolucionado la deforestación y las emisiones de GEI sin las compensaciones producto de los mercados de carbono; es decir, como REDD+ contribuyó a reducir la deforestación y “adicionar” reducciones de emisiones (Anderson, 2012; Lohmann, 2022). De esta manera, mientras más deforestación se anticipe, más serán los créditos de carbono que se generen y se vendan en el mercado de carbono y mayor la “compensación financiera” que se pretende lograr (Song, 2019). 

Esta situación supuso que varios de los procesos preparativos buscarán diferentes estrategias para aprovechar el precepto especulativo en torno a las reducciones de emisiones que domina el sistema de compensación de REDD+; por ejemplo, creando líneas bases “infladas” (Kill, 2022). Este fue el célebre caso del Fondo Amazonía en Brasil. Con la intención de garantizar un flujo financiero constante por créditos vendidos, este fondo utilizó intencionalmente periodos anteriores de alta deforestación para crear líneas base muy elevadas; “facilitando” así que los valores de deforestación estipulados en los proyectos REDD+ siempre se mantuvieran por debajo de la línea base, aunque la deforestación continuó con un curso constante (Song, 2019).

El otro requisito principal para lograr la “compensación financiera” y obtener y vender los créditos de carbono es la certificación. Mediante el proceso de certificación de REDD+ se genera en esencia un “sello” que viabiliza la comercialización de unidades de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) que aún no se redujeron, pero que –bajo el supuesto de que todas las variables se mantendrán iguales– en un futuro se reducirán (Monjane et. al., 2022).

Dicho de otra manera, la certificación permite obtener y vender unidades de CO₂e que supuestamente no se liberaron a la atmósfera bajo la suposición de que el bosque se mantendrá intacto por un tiempo determinado absorbiendo ese CO₂e. Este mecanismo, como lo expresó Song (2019), crea “la tarjeta de crédito más indulgente del mundo: [donde] el comprador obtiene todos los beneficios al principio, mientras que se tarda un siglo en liquidar toda la deuda” o simplemente, nunca se termina de liquidar la deuda.

Los estándares en que se basa este sistema de certificación supuso que numerosos proyectos REDD+ certificados exageraron los volúmenes de emisión que tendrían que haber evitado o se vendieron certificados de reducciones en áreas boscosas que, pasado un tiempo, fueron quemados o deforestados. Creando en esencia certificados de reducción de emisiones que solo existen en el papel más no en los bosques (WRM, 2015). 

¿A quiénes beneficia REDD+?

El principio de “compensación financiera” como elemento central para frenar la deforestación implica indirectamente financiar a los principales actores que desencadenan esa deforestación. Por ello, muchos de los fondos canalizados para los proyectos REDD+ se tradujeron en un beneficio económico adicional para aquellos sectores económicos asociados a la deforestación como, por ejemplo, el sector forestal (plantaciones forestales o de palma aceitera) o agroindustrial (soya, caña de azúcar y ganadería) (WRM, 2020; Counsell, 2022).

Esto, a final de cuentas, representa un mecanismo que patrocina a actores que se benefician de la destrucción y degradación del bosque, excluyendo a aquellos que conservan el bosque y que no tienen posibilidad de reducir deforestación (la adicionalidad que busca REDD+) (Van Dam, 2022). Por ello, muy pocos proyectos REDD+ logran canalizar fondos para comunidades locales y pueblos indígenas cuyos medios de vida dependen de un bosque intacto (WRM, 2023).

Asimismo, al destinar el grueso del financiamiento para costear la asistencia técnica para las “condiciones habilitantes” de estos programas, gran parte de los fondos previstos para comunidades locales y pueblos indígenas se diluye entre las estructuras gubernamentales y los agentes operadores de los proyectos. Por ello, no sorprende que, durante la última década, menos del 1% de los fondos climáticos llegó a beneficiar a pueblos indígenas y comunidades locales (Van Dam, 2022).

Es más, desde que REDD+ entró en escena, diversas publicaciones resaltan la relación existente entre el desarrollo de proyectos REDD+ con la ocupación y acaparamiento de tierras boscosas, atropellando consecuentemente derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas (Monjane et. al., 2022); al igual de haber transgredido derechos colectivos, y violentado a mujeres, niños y a otros grupos vulnerables (WRM, 2023).

Algunos ejemplos recientes son los casos de empresas forestales de celulosa y madera en los estados amazónicos de Pará y Amapá en Brasil que lograron canalizar fondos REDD+ para reemplazar bosques nativos por plantaciones forestales en áreas que se sobreponen a territorios indígenas. Proceso que estuvo acompañado de enfrentamientos y amedrentamientos por parte de las empresas con las comunidades que se oponían a la ocupación de sus territorios y a la destrucción de sus medios de vida (WRM, 2023a).

Por otro lado, proyectos REDD+ en Colombia generaron créditos de carbono que fueron comprados por grandes operadores de minas de carbono en el país para compensar sus emisiones; las mismas empresas mineras que estaban denunciadas por el avasallamiento, destrucción y contaminación de territorios de comunidades en la zona caribeña colombiana. Casos similares se dieron en Ecuador, a través de programas estatales de REDD+ en los territorios de los pueblos Shuar Arutam y Kutukú Shaimi. Estos programas estatales, lograron generar compensaciones a pesar de que, paralelamente, el gobierno otorgaba concesiones mineras en esos mismos territorios sin el consentimiento de las comunidades (Amazon Watch, 2022).

Como expresa Lohamn (2022), estos casos ayudan a ejemplifican cómo los distintos proyectos REDD+ que se desarrollaron en la región, al fin y al cabo, sirvieron para expandir la industria extractivista, avalar procesos destructivos y reproducir un modelo racista, clasista y colonial sobre las personas y los bosques. 

REDD+ ¿Una herramienta efectiva para combatir la deforestación y el cambio climático?

Tras varios años de financiación e implementación, existe una extensa documentación que evidencia el fracaso que tuvo REDD+ en resolver la deforestación y la degradación de los bosques, al igual que en reducir las emisiones de GEI. Más allá del cuestionado desbalance que ocasionan las famosas líneas base infladas, diferentes evaluaciones hechas en proyectos REDD+ en varios países del mundo evidencian que estos proyectos no trajeron los beneficios prometidos e inclusive, en algunos casos, aceleraron el proceso de deforestación (Lohmann, 2016; Monjane et. al., 2022).

Simonet et. al. (2015), por ejemplo, examinaron 410 diferentes proyectos REDD+ en 2014 y encontraron que 108 proyectos se superpusieron en áreas protegidas ya existentes (parques nacionales); por lo que REDD+ sólo fue utilizado como un mecanismo para acceder a fondos en planes de conservación ya existentes y, por tanto, no generaron ninguna “adicionalidad” de secuestro de carbono. Por tanto, los autores concluyen que muchos de los proyectos REDD+ no constituyen un paradigma nuevo fuente a modelos de conservación tradicionales.

Por otro lado, Song (2019), citando a un informe de evaluación del gobierno noruego, encontró que los proyectos patrocinados por el gobierno del país nórdico (uno de los principales contribuyentes mundiales de REDD+) tuvieron poca incidencia y un resultado incierto. Siendo que, tras grandes sumas de dinero a través de los años, la implementación y los resultados de los proyectos REDD+ fueron insatisfactorios y crearon una “incertidumbre considerable acerca del clima”. 

Más al contrario, existe evidencia de como REDD+ posibilitó la reproducción de las causas subyacentes de la deforestación (WRM, 2022). Como vimos, varios proyectos REDD+ en la región posibilitaron fondos para que empresas forestales -asociadas en muchos casos con sectores agroindustriales soyeras y ganaderas- mantengan e incluso expandan sus modelos productivos basados en la deforestación. De la misma manera, varios proyectos REDD+ generaron créditos de carbono que fueron utilizados por empresas mineras y petroleras para compensar las emisiones que sus actividades generaron; actividades que algunas veces se desarrollaban en los mismos territorios boscosos que los proyectos REDD+ pretendían proteger y conservar (WRM, 2023a; Amazon Watch, 2022; Lohamnn, 2022).

Finalmente, diversos autores señalan como REDD+, aI permitir la continuación y expansión del uso de combustibles fósiles y posibilitar que países y empresas industrializados mantengan sus esquemas productivos con altas emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye a intensificar la crisis climática global (Anderson, 2012; Lohmann, 2016; Kill, 2022). Además, posibilita que aquellos que deforestan y contaminan puedan continuar con sus prácticas bajo el paradigma de Business as usual o Negocios como de costumbre, amparándose en la “legalidad” y en la “nueva sustentabilidad” de sus acciones (Monjane et. al., 2022).

Evolución conceptual de REDD

Desde que se introdujo en 2005, REDD tuvo varios cambios conceptuales en función de cómo se pretendía abordar la deforestación a través de un esquema de offsetting y las actividades sujetas a ser financiadas (Monjane et. al., 2022). En este sentido Kill (2022) identifica cinco variaciones principales de REDD:

• Inicialmente, en 2005, sólo era Reducción de Emisiones por Deforestación (RED), bajo la suposición de que los pagos de RED a las empresas y/o personas que deforestan haría que los bosques valieran más de pie que talados.
• En 2007 se convirtió en Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación (REDD) con el objetivo de habilitar pagos para aquellas empresas y/o personas que dañan el bosque pero que no lo deforestan totalmente.
• En 2013 se agregó un plus (+) a REDD, añadiendo la conservación y aumento de las reservas forestales de carbono (plantaciones y áreas protegidas) y la gestión sostenible de los bosques (tala industrial) como actividades para lograr pagos por concepto de REDD.
• Posteriormente se introdujeron los conceptos de REDD+ paisaje y REDD+ jurisdiccional, bajo el argumento de que –para que REDD+ funcionase correctamente- era necesario concentrar zonas más grandes que las que abarcaban los proyectos individuales, cubriendo regiones, provincias o estados enteros.

Esta es la versión de REDD que se enmarca en el Acuerdo de París, en el cual se incluyen numerosas zonas de bosque bajo diferentes regímenes de tenencia y administración jurisdiccional y donde la contabilidad del carbono –tanto de proyectos REDD+ jurisdiccionales como de proyectos REDD+ individuales- tienen que integrarse en el balance del carbono forestal nacional o regional del país.

• REDD indígena fue otra variación de REDD concebida como una concesión a las demandas de los pueblos indígenas de la necesidad de demarcación y reconocimiento de sus territorios.

Actualmente, debido a la constante fallas del marco de REDD+ y a la oposición y resistencia a los proyectos, se comenzó a promover a REDD+ bajo los nombres de “Soluciones Basadas en la Naturaleza” o “Soluciones Climáticas Naturales” como un mecanismo que permite dar continuidad a este marco financiero (Kill, 2022).

Referencias

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Anderson, K. (2012). The inconvenient truth of carbon offsets. En: Nature. 484, 7 (2012). Disponible en: https://doi.org/10.1038/484007a

Aukland, L.; Moura, P. y Brown, S. (2003). A conceptual framework and its application for addressing leakage: the case of avoided deforestation. En: Climate Policy, 3:2, 123-136. Disponible en: 10.3763/cpol.2003.0316 

CDM Watch (2012). Manual del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un recurso para ciudadanos, activistas y ONGs. CDM Watch Scrutinizing Carbon Offsets. Tool Kit. Disponible en: https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2012/03/CDM-Toolkit_Espanol.pdf

Counsell, S. (19 enero 2022). Congo’s forest ‘emissions reductions programme’: Germany, Norway and UK taxpayers paying for nothing, as the World Bank-backed Forest Carbon Partnership Facility produces only ‘hot air’ emissions reductions. En: Redd Monitor. Disponible en: https://redd-monitor.org/2022/01/19/congos-forest-emissions-reductions-programme-germany-norway-and-uk-taxpayers-paying-for-nothing-as-the-world-bank-backed-forest-carbon-partnership-facility-produces-only/

Gilbertson, T y Reyes, O. (2009). Carbon Trading: How it works and why it fails. En: Critical Currents. No. 7, November 2009, Dag Hammarskjöld Foundation. Disponible en: https://www.tni.org/files/download/carbon-trading-booklet.pdf

Global Forest Coalition (2020). 15 years of REDD+ Has it been worth the money? Global Forest Coalition. Septiembre 2020. Disponible en: https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/REDD-briefing.pdf

Kill, J. (2022). ¿Qué se esconde detrás de las letras R – E – D – D? En: 15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): Montevideo-Uruguay. Disponible en: https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/2022-05/REDD_15_anos_ESP_1.pdf

Lohmann, L. (2022). Poner fin al colonialismo significa poner fin a REDD+. En: 15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): Montevideo-Uruguay. Disponible en: https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/2022-05/REDD_15_anos_ESP_1.pdf

Lohmann, L. (2016). “Neoliberalism’s Climate”, en Springer, Simon; Birch, Kean; Macleavy, Julie (Eds.) Handbook of Neorliberalism, (Routledge), 01 enero 2016. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/286450117_Neoliberalism’s_Climate

Monjane, B. et al. (2022). 15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): Montevideo-Uruguay. Disponible en: https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/2022-05/REDD_15_anos_ESP_1.pdf

PNUMA (2005). El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Centro de Colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): Roskilde, Dinamarca. Disponible en: https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unep61_spn_0.pdf  

Simonet, G., Karsenty, A., Newton, P., de Perthius, C., Schaap, B. y Seyller, C. (2015). REDD+ projects in 2014: an overview based on a new database and typology. En: Les Cahiers de la Chaire Economie du Climat Information and debates series. N° 32, julio 2015. Disponible en: https://www.chaireeconomieduclimat.org/en/publications-en/information-debates/id-32-redd-projects-in-2014-an-overview-based-on-a-new-database-and-typology/

Song, L. (24 mayo 2019). Una verdad incluso más inconveniente. Por qué los créditos de carbono para preservación forestal podrían ser peores que no tener nada. ProPublica. Disponible en: https://features.propublica.org/brazil-carbon-offsets/un-verdad-aun-mas-inconvenientes-carbono-creditos-deforestacion-redd-acres-brasil-camboya/

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^[1] Durante el primer periodo se registraron 4.576 proyectos. Para el segundo periodo, el número de proyectos bajo el MDL se redujo a 3.605, de los cuales 2.856 se dieron entre finales de 2012 y mediados de 2013. Mientras que, entre finales de 2020 y principios de 2023 (años dentro del periodo de transición de los proyectos del MDL para que se registren bajo los estándares regidos por el Acuerdo de París) se registraron apenas 548 proyectos. Véase: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/501/17/PDF/G2250117.pdf?OpenElement y https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

^[2] De acuerdo con los registros de la CMNUCC, durante los dos periodos del compromiso de Kyoto, estos 64 proyectos generaron en total 1.913.516 Unidades de Reducción de Emisiones (URE).

^[3] Por sumidero de carbono se entiende como lugares donde la vegetación y el suelo (la biomasa) absorbe y almacena el dióxido de carbono del ambiente.  

^[4] El MDL ha funcionado en el marco del Protocolo de Kyoto hasta el año 2020. Sin embargo, tras el inicio del Acuerdo de París, y debido a las peticiones de algunas de las Partes, se estableció un periodo de transición para los proyectos y las unidades de reducción generadas por el MDL, dando un plazo hasta 2025 para que las actividades existentes puedan registrarse bajo los estándares regidos por el Acuerdo de París. Véase: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/mercadoscarbono.html

^[5] Véase: https://redd.unfccc.int/ y https://redd.unfccc.int/fact-sheets/unfccc-negotiations.html

^[6] Estos países fungieron como representantes de la ONG Coalición para las Naciones con Bosques Tropicales, organización que jugó un rol fundamental para implantar la noción de REDD en las negociaciones climáticas de la CMNUCC.

^[7] El Marco de Varsovia, entre otras cosas, abarcó: un programa de financiación basada en resultados para REDD+ (tanto para el Fondo Verde del Clima como para otras entidades financieras); una coordinación de apoyo para la implementación de proyectos; modalidades para los sistemas nacionales de Medición, Reporte y Verificación; el tenor sobre las salvaguardas a ser aplicadas; y las guías y procedimientos para asesoramiento técnico de los niveles de referencia de emisiones (Watson, 2022).

^[8] El Banco Mundial, por ejemplo, mediante su Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), el Fondo Cooperativo para el Carbón de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y la Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles del Fondo del BioCarbon (ISFL por sus siglas en inglés).

^[9] Por ejemplo, para la preparación de líneas base de deforestación y emisión o establecimiento de sistemas nacionales de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) (Kill, 2022).