En el año 1985 cuando se creó el Complejo Evaporítico del Salar de Uyuni (CIRESU) había participación social. El CIRESU estaba presidido por el ministro de minería o su representante e integrado por otros tres delegados de diferentes ministerios, un delegado de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), un delegado de la Corporación de Desarrollo de Oruro (CORDEOR), uno de la Universidad Tomás Frías de Potosí, uno del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), uno de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí y tres delegados de los Comités Cívicos Provinciales de la zona. CIRESU nació en el momento de decadencia del proceso de la UDP y por eso –en el fondo– no tuvo una vida muy activa que hiciera realidad esa participación social. Hoy, no existe participación social en la toma de decisiones en torno al proceso de industrialización del litio.
La olvidada participación social
Cuando en 2008 empezó el proceso de industrialización del litio y se le encomendó a la COMIBOL iniciar dicho proceso, la participación social desapareció por completo. En 2017, el gobierno creó la empresa nacional de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB). El decreto supremo Nº 3227 (28 de junio de 2017) que estableció su funcionamiento y estructura sólo contempló representantes gubernamentales:
un (1) representante del ministerio de energías;
un (1) representante del ministerio de medio ambiente y agua; y
un (1) representante del ministerio de minería y metalurgia.
Estos representantes son designados por resoluciones ministeriales y en la actualidad, poco se conoce de las reuniones, informes y decisiones del directorio de YLB. Los nombres de las personas que conforman el máximo órgano de la empresa no son conocidos.
Sobre un monitoreo de 300 notas de prensa entre enero y junio de 2023, sin tomar en cuenta al presidente Luis Arce Catacora (220 menciones), las autoridades que más figuran en las noticias son el presidente ejecutivo de YLB, Carlos Ramos (152 menciones), el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina (119 menciones) y el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnés (20 menciones). Sobre el directorio de YLB, sus deliberaciones y decisiones no existe ninguna referencia en estas notas de prensa. La expresión “directorio de YLB” aparece en la normativa, pero no así en la realidad.
Cuatro proyectos y un consenso
En 2022 la FRUTCAS, COMCIPO, Oruro y “Coroma y los ex dirigentes de la FRUTCAS” hicieron públicos cuatro proyectos de ley sobre el litio y los recursos evaporíticos que a pesar de sus diferencias coinciden en proponer la participación social en el directorio de YLB. La siguiente tabla resumen las diferentes propuestas:
Es de destacar que la propuesta de COMCIPO es la única que plantea incorporar representantes de las universidades en el directorio de YLB, pero es la única que no menciona al Ministerio de Medio Ambiente. Las propuestas de COMCIPO y Oruro proponen una mayoría de representantes sociales en el directorio de YLB, mientras Coroma y FRUTCAS plantean una representación mayoritaria del gobierno nacional en el directorio de YLB.
La propuesta de Coroma bautiza al directorio de YLB como “Comisión Nacional de Salares y Lagunas Saladas” (CONASAL), y plantea un directorio más amplio y con mayoría de representantes del gobierno nacional: hidrocarburos y energía, economía y finanza, planificación del desarrollo, minería y metalurgia, y medio ambiente y agua. La participación de las gobernaciones de Potosí y Oruro están claramente definidas en la propuesta de Coroma, mientras esta propuesta abre la posibilidad de que los Gobiernos Municipales adyacentes a los Salares puedan ser remplazados por los Gobiernos Indígena Originario Campesinos. El proyecto de “Coroma y los exdirigentes de la FRUTCAS” propone que un representante de la FRUTCAS sea parte del directorio de YLB, algo que el proyecto de la FRUTCAS no contempla.
Los diferentes proyectos evidencian diferentes niveles de entendimiento de como garantizar la participación social en el proceso de deliberaciones y toma de decisiones para la industrialización del litio.
El hecho de que los cuatro proyectos de ley reclamen una participación social en el directorio de YLB expresa la falta de transparencia que existe en este proceso, y la necesidad de tener representantes no sólo gubernamentales en la toma de decisiones.
Es cierto que una participación social en el directorio puede devenir en procesos de cuotéo y manipulación, pero es insostenible en el largo plazo mantener un directorio que es absolutamente formal, desconocido, y controlado por un puñado de personas que responden sólo al presidente de la nación. La participación social en la gestión de YLB es una demanda que el gobierno viene eludiendo y que más temprano que tarde acabará pasándole la factura por la falta de transparencia con la que está llevando el proceso de industrialización del litio.
fundacionsolon.org 
Por José Carlos Solón
En el año 1985 cuando se creó el Complejo Evaporítico del Salar de Uyuni (CIRESU) había participación social. El CIRESU estaba presidido por el ministro de minería o su representante e integrado por otros tres delegados de diferentes ministerios, un delegado de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), un delegado de la Corporación de Desarrollo de Oruro (CORDEOR), uno de la Universidad Tomás Frías de Potosí, uno del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), uno de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí y tres delegados de los Comités Cívicos Provinciales de la zona. CIRESU nació en el momento de decadencia del proceso de la UDP y por eso –en el fondo– no tuvo una vida muy activa que hiciera realidad esa participación social. Hoy, no existe participación social en la toma de decisiones en torno al proceso de industrialización del litio.
La olvidada participación social
Cuando en 2008 empezó el proceso de industrialización del litio y se le encomendó a la COMIBOL iniciar dicho proceso, la participación social desapareció por completo. En 2017, el gobierno creó la empresa nacional de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB). El decreto supremo Nº 3227 (28 de junio de 2017) que estableció su funcionamiento y estructura sólo contempló representantes gubernamentales:
Estos representantes son designados por resoluciones ministeriales y en la actualidad, poco se conoce de las reuniones, informes y decisiones del directorio de YLB. Los nombres de las personas que conforman el máximo órgano de la empresa no son conocidos.
Sobre un monitoreo de 300 notas de prensa entre enero y junio de 2023, sin tomar en cuenta al presidente Luis Arce Catacora (220 menciones), las autoridades que más figuran en las noticias son el presidente ejecutivo de YLB, Carlos Ramos (152 menciones), el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina (119 menciones) y el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnés (20 menciones). Sobre el directorio de YLB, sus deliberaciones y decisiones no existe ninguna referencia en estas notas de prensa. La expresión “directorio de YLB” aparece en la normativa, pero no así en la realidad.
Cuatro proyectos y un consenso
En 2022 la FRUTCAS, COMCIPO, Oruro y “Coroma y los ex dirigentes de la FRUTCAS” hicieron públicos cuatro proyectos de ley sobre el litio y los recursos evaporíticos que a pesar de sus diferencias coinciden en proponer la participación social en el directorio de YLB. La siguiente tabla resumen las diferentes propuestas:
Es de destacar que la propuesta de COMCIPO es la única que plantea incorporar representantes de las universidades en el directorio de YLB, pero es la única que no menciona al Ministerio de Medio Ambiente. Las propuestas de COMCIPO y Oruro proponen una mayoría de representantes sociales en el directorio de YLB, mientras Coroma y FRUTCAS plantean una representación mayoritaria del gobierno nacional en el directorio de YLB.
La propuesta de Coroma bautiza al directorio de YLB como “Comisión Nacional de Salares y Lagunas Saladas” (CONASAL), y plantea un directorio más amplio y con mayoría de representantes del gobierno nacional: hidrocarburos y energía, economía y finanza, planificación del desarrollo, minería y metalurgia, y medio ambiente y agua. La participación de las gobernaciones de Potosí y Oruro están claramente definidas en la propuesta de Coroma, mientras esta propuesta abre la posibilidad de que los Gobiernos Municipales adyacentes a los Salares puedan ser remplazados por los Gobiernos Indígena Originario Campesinos. El proyecto de “Coroma y los exdirigentes de la FRUTCAS” propone que un representante de la FRUTCAS sea parte del directorio de YLB, algo que el proyecto de la FRUTCAS no contempla.
Los diferentes proyectos evidencian diferentes niveles de entendimiento de como garantizar la participación social en el proceso de deliberaciones y toma de decisiones para la industrialización del litio.
El hecho de que los cuatro proyectos de ley reclamen una participación social en el directorio de YLB expresa la falta de transparencia que existe en este proceso, y la necesidad de tener representantes no sólo gubernamentales en la toma de decisiones.
Es cierto que una participación social en el directorio puede devenir en procesos de cuotéo y manipulación, pero es insostenible en el largo plazo mantener un directorio que es absolutamente formal, desconocido, y controlado por un puñado de personas que responden sólo al presidente de la nación. La participación social en la gestión de YLB es una demanda que el gobierno viene eludiendo y que más temprano que tarde acabará pasándole la factura por la falta de transparencia con la que está llevando el proceso de industrialización del litio.
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