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Manifestantes en el centro de La Paz, Bolivia, sostienen baldes y protestan por la sequía continua. Photograph: David Mercado/Reuters

[John Vidal, The Guardian, 6/3/2017]

Bolivia fue sacudida hasta la médula en la primavera del año 2000, cuando decenas de miles en la ciudad de Cochabamba protestaron contra la privatización de los servicios de agua de la ciudad. Durante las semanas de dicha protesta, una persona murió y muchos resultaron heridos; la compañía fue expulsada y la crisis política – conocida como las primeras guerras de agua del siglo XXI – fue un catalizador que condujo a la elección de Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia.

Morales aún es presidente, pero mientras la sequía más larga y profunda del país en la historia reciente continúa arremetiendo en ciudades a lo largo de Bolivia, él tiene razones para temer que el agua pudiera también significar la ruina política para su gobierno.

Mientras la crisis nacional de dicho recurso entra en su cuarto mes, el agua potable es racionada a unos cuantos días a la semana en muchas ciudades, las represas del país permanecen casi vacías, y el segundo lago más grande del país se ha secado. Mientras la ira se ha ido generalizando, las protestas se han ido extendiendo a lo largo del país.

Morales asegura que la sequía de Bolivia se ha dado debido al calentamiento global. Sin embargo, explica Pablo Solón, ex-embajador de Bolivia ante la ONU en las negociaciones globales del cambio climático, no es tan simple. Bolivia no sólo pudo haber mitigado los impactos de la sequía con buena planeación, sino que ha exacerbado los efectos del cambio climático al apoyar desarrollos dañinos, dice Solón.

“Los glaciares de Bolivia se están derritiendo; han perdido probablemente 40% del hielo debido al cambio climático. Pero el agua de las represas para las ciudades se recoge principalmente de las lluvias, no de los glaciares,” declara Solón. “Si esta sequía continúa y no llueve, [normalmente entre noviembre y abril] nos enfrentaremos a una seria crisis política.”

“Las ciudades son vulnerables al cambio climático, pero las políticas gubernamentales están empeorando el cambio climático,” dice Solón. Ha habido un enorme desarrollo de las industrias extractivas, como la soya, la minería y las mega represas. También ha habido mucha deforestación. Todo esto empeorado la situación del agua y ha causado que Bolivia y otros países latinoamericanos sean más vulnerables al cambio climático.”

El impacto de la minería en Perú

Ecuatorianos enfrentándose a la policía en una protesta, a 30km de Quito, contra la privatización del agua en 2010. Photograph: Pablo Cozzaglio/AFP/Getty Images

Las disputas sociales y medioambientales sobre los escasos recursos hídricos muchas veces se han desbordado en el vecino Perú, donde las compañías mineras internacionales han recibido numerosas acusaciones por contaminar los ríos, apropiarse del agua y reducir la cantidad disponible para los agricultores. Las mega represas, agronegocios y el cambio climático, en conjunto, han afectado los suministros de agua, dicen grupos comunitarios.

Según Human Rights Watch las huelgas y confrontaciones debido al presunto secuestro de los suministros de agua y la contaminación por parte de la minería han conducido a 51 muertes en el país entre 2011 y 2015, de acuerdo con Human Rights Watch. Mientras las protestas van en aumento, se ha declarado ley marcial en dos provincias. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo de Perú ha reportado por separado más de 200 conflictos entre minas y comunidades, la mayoría conectados con el uso del agua.

“Nos están condenando a una lenta muerte,” dice Néstor Cuti, líder de un sindicato que se opone a una mina y represa que amenazan con afectar el río Apurímac en las tierras altas del sur de Perú. “En el futuro, sabemos que tendremos menos agua. Ya no podemos confiar en la estación de las lluvias. Cada año los niveles de agua van decreciendo.”

De acuerdo con los científicos el cambio climático está haciendo que el clima en Perú sea más extremo, de acuerdo con los científicos. El mes pasado, varias personas murieron cuando las intensas sequías e incendios forestales dieron paso a lluvias torrenciales y deslaves. Las inundaciones saturaron las plantas de tratamiento de agua con rocas y escombros, forzando a las autoridades a restringir el uso de agua en Lima, la capital, y Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú.

El agua controlada por la elite en Ecuador

Trabajadores de un barrio en Chiclayo, Perú, utilizan un camión de bombeo para remover agua estancada después de lluvias y desbordamientos. Photograph: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images

Al situarse sobre la línea ecuatorial, Ecuador es menos vulnerable a la escasez, pero los agricultores a pequeña escala se han quejado amargamente de las apropiaciones del agua por parte de los agronegocios y la industria minera. En 2015, luego de que una nueva ley permitiera una mayor privatización del agua y le concediera a compañías mineras el acceso a fuentes escasas en algunas regiones, los movimientos indígenas se unieron a 20 grupos de agricultores y ambientalistas para marchar desde la región del Amazonas hasta Quito para exigir el acceso igualitario al agua.

Ecuador es el único país del mundo cuya constitución declara al agua como un derecho humano, pero aún existe una gran desigualdad en el acceso, dice Manuela Picq, una académica franco-brasileña en Amherst college, y otrora catedrática de la Universidad San Francisco de Quito.

“Se dice que el 1% más rico de Ecuador controla el 64% del agua potable,” explica Picq. “Una sola mina puede utilizar más agua en un solo día que toda una familia en 22 años.”

Un nuevo movimiento político emergiendo alrededor del agua

Picq, quien fue deportada de Ecuador en 2015 por su trabajo con los movimientos indígenas, ve el agua como parte de una nueva política surgida en los países andinos y centroamericanos – cruzando las fronteras tradicionales de izquierda y derecha, impulsada por movimientos sociales, e infundida con la filosofía de los pueblos indígenas, quienes consideran al agua como la fuente de la vida. Estos movimientos, dice, están actuando como una nueva fuerza democrática, exigiendo la rendición de cuentas de los gobiernos, y oponiéndose fuertemente a la industria minera por su abuso del agua.

“[El acceso al agua] es parte de una lucha política más amplia. Se trata de cambiar la política para que las economías no estén basadas sobre la extracción de recursos,” dice Picq. “Atraviesa todas las fronteras y va mucho más allá de los pueblos indígenas. Su llamado por el agua hace eco con un deseo colectivo, mucho más amplio, de redistribución igualitaria y responsabilidad compartida que se trasmite a través de las generaciones.”

Al tiempo que el cambio climático afecta las lluvias y las compañías mineras y de agronegocios exigen más, otros países latinoamericanos también están viviendo nuevos conflictos de agua. En Chile, el primer país del mundo en privatizarla en la década de 1980, el impulso político está ganando fuerzas para reformar las leyes del mercado libre y hacer que éste recurso sea accesible para todos. El cambio climático, que se prevée reducirá severamente la disponibilidad del agua en Santiago, así como otras áreas, ha sido culpado de las lluvias devastadoras fuera de temporada, las cuales esta semana condujeron a inundaciones y dejaron a millones de personas sin acceso al agua por tubería.

En Centroamérica, el ex-vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein apunta que las comunidades intentan retomar el control del suministro de agua. “La centralización ha facilitado el que los actores corporativos se aprovechen. Las plantaciones de azúcar, palma y plátano muchas veces utilizan una cantidad desproporcionada de ésta, e incluso en algunos casos desvían los ríos, un crimen que el gobierno es demasiado débil como para evidenciar y sancionar. Ya existe más migración interna, donde los pueblerinos abandonan las áreas secas y crean fricción con las comunidades anfitrionas,” comenta.

“El estado está trabajando, pero para los intereses de unos cuantos. Cuando se trata de asegurar el acceso igualitario al agua y otros recursos naturales, el gobierno no ha proporcionado a todas las personas los servicios que manda la constitución.”

Declara Solón: “El agua tiene un gran impacto sobre la gente y la política. La gente se está enojando mucho. Este enojo entra en la política y los gobiernos están perdiendo popularidad.”