Ecocidio de la Chiquitanía: ¿Qué aprendieron los partidos políticos?

Según la ABT, entre los años 2012 a 2016 en Bolivia se desmontaron un total de 1.083.725 hectáreas.[1] Sólo el 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas[2], esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas[3]. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el séptimo lugar en el ranking de los diez países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial[4].

Debido a que los incendios suscitados el año pasado en la Chiquitanía se antepusieron al proceso electoral del 2019, muchos de los partidos políticos en ese momento absorbieron el tema de los incendios, los bosques y la deforestación en su discurso político. Pero, ¿Qué dicen ahora los principales partidos políticos respecto a los bosques y a la deforestación? ¿En qué cambió su propuesta de gobierno de 2019 con la 2020 con relación al tema de deforestación y bosques? ¿Qué proponen frente al ecocidio que arrasó con el bosque chiquitano y amazónico del año pasado?

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Incendio en el Parque Nacional Otuquis y 673 focos de calor en el resto del país

El pasado viernes 13 de marzo, se registró en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis[1] un incendio que hasta la fecha arrasó con 5.000 hectáreas.  De acuerdo a informes oficiales, el incendio se originó en el Brasil y desde ese país vecino se propagó al parque nacional Otuquis (Arde el parque Otuquis y amenaza a firmas portuarias). Gracias al trabajo de bomberos forestales, guardaparques y militares, así como a las recientes precipitaciones que se suscitaron en el lugar, el incendio logró ser controlado (El fuego consume 5.000 hectáreas en Otuquis).

Sin embargo, el incendio en el parque nacional Otuquis no es el único incendio que viene desarrollándose en el territorio nacional. En base a imágenes satelitales de la NASA, el informe realizado por Global Forest Watch señala que entre el 8 y el 15 de marzo de este año se registraron 673 alertas de incendio en todo el territorio nacional. De estas, 606 ocurrieron en Santa Cruz, 39 en Tarija y 23 en Beni.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

Dentro del departamento de Santa Cruz, las provincias que reportan mayor alerta por incendios durante estas fechas fueron: Chiquitos con 400 focos, José Miguel de Velasco con 97, Cordillera 58, Ñuflo de Chavez con 34 y por último Andrés Ibáñez con 10 focos de fuego.

Fuente: Global Forest Watch (2020) (Has click en la imagen para ver mejor)

En suma, solo en la primera mitad del mes marzo ya contamos con un incendio forestal que quemo alrededor de 5.000 hectáreas de parque nacional, a lo cual se suman los 673 alertas de incendios en el país. Bajo este perspectiva, ¿Cuáles serán el escenario durante la época de mayor chaqueo en el país? ¿Cuántas hectáreas más de bosques se quemaran este año?  

Para ver el informe completo de Global Forest Wacht haga click aquí


[1] El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis se ubica en la región del Pantanal boliviano, en la provincia German Busch, entre los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

Indígenas y colectivos presentan dos proyectos para abrogar las leyes incendiarias

Frente a los incendios del 2019 que arrastraron con 5 millones de hectáreas (de las cuales más de 2 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano y amazónico), el pasado 27 de febrero una comisión de organizaciones indígenas de la Chiquitanía – Organización Indígena Chiquitana (OICH), Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH) y Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) – en representación de distintos colectivos e instituciones ciudadanas de Santa Cruz y La Paz, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidenta del Estado un proyecto de ley y de decreto supremo para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio del año pasado.   

El proyecto de ley que se presentó plantea abrogar la ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas” que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego y establece, además, un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Asimismo, propone abrogar la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa; al igual que la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl.

Mientras que el proyecto de decreto supremo presentado a la Presidenta del Estado procura la abrogación de dos normas: el decreto supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel; y el decreto supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS en los departamentos de Santa Cruz y Beni.   

La propuesta de ley y decreto supremo para abrogar las leyes “incendiaras” es una iniciativa que se articula con la visita al país de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el próximo 15 de marzo. La cual llevará a cabo una evaluación y elaborar un informe para la consideración ante el tribunal; con el fin de establecer recomendaciones para evitar que estos incendios se vuelvan a repetir.

(haga click en la imagen para ver el pdf completo)

Las leyes incendiarias en Bolivia

Por: Guillermo Villalobos

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante los meses de julio a septiembre. Del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas – es decir pastizales, cerrados, entre otros – y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano[1]. La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Frente a este desastre ambiental, el discurso gubernamental trato de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionado al cambio climático, las sequias y al calentamiento global como los principales culpables de los incendios[2].

Los incendios suscitados el año pasado en Bolivia no son solo producto de factores naturales ni del cambio climático, son consecuencia de una política económica impulsada desde el gobierno central; el cual busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva. Por ello, no es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos (Tabla I), el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agro-empresariales del oriente boliviano. Por este motivo, difícilmente se puede atribuir el desastre ambiental del 2019 al cambio climático y al calentamiento global, los incendios en el bosque amazónico y chiquitajo se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las elites políticas y empresariales.[3]

Tabla I. Principales normas “incendiarias” aprobadas por el gobierno de Bolivia. 2013-2019

NormativaTítulo
Ley 337. 11/02/2013Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 502.
26/02/2014
Ley de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 739.
29/02/2015
Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 740.
29/09/2015
Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social
Ley 741.
29/09/2015
Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias
Ley 952.
26/05/2017
Ley de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques
Ley 1098.
17/09/2018
Ley que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal
DS 3874.
18/04/2019
Ley que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta
Ley 1171.
25/04/2019
Ley de uso y manejo racional de quemas
DS 3973.
10/07/2019
Ley que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni
Fuente: Elaboración propia

De forma general, podemos clasificar estas normas en dos categorías: por un lado, las que se generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Leyes “perdonazos” a los desmontes y quemas ilegales 

Una de las primeras normativas con el cual se buscó viabilizar dicho modelo económico fue la ley 337 del 11 de febrero del 2013. Esta ley, titulada de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución del Bosque, fue mejor conocida como la ley del “perdonazo” debido a que básicamente estableció un régimen excepcional para los desmontes y quemas en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) que se realizaron sin autorización entre el 21 de julio 1996 al 31 de diciembre 2011. En otras palabras, mediante esta ley , se exceptuó a toda persona que haya realizado desmontes y quemas sin autorización de las sanciones dispuesta en la Ley 1700[4] a cambio del pago de una multa (Tabla II) y la inscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Tabla II. Sanción administrativa por desmontes sin autorización. Art. 6 ley 337.

Clase de propiedadÁreaPago al contado (ufv/hectárea)Pago plazos (ufv/hectárea)
Empresa y MedianaTierra de Producción Forestal Permanente (TPFP)235313
Empresa y MedianaOtras áreas157235
Pequeña MedianaTPFP y otras áreas117117
ComunidadTPFP y otras áreas3939
Fuente: Ley 337 del 11 de febrero del 2013

La ley 337 si bien poseía un carácter excepcional, fue modificada en varias ocasiones por una serie de leyes – las leyes 502, 739 y la 952 – con el fin de ampliar el plazo permitido para la suscripción al Programa de Productores de Alimentos y Restitución de Bosques. Dicho de otro modo, en tres diferentes ocasiones el gobierno amplio el “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales que se realizaron desde 1996 hasta diciembre del 2017 (fecha limite determinada en la ley 952).   

Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque (ABT), entre los años 1998 a 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia. Donde los principales actores que llevaron a cabo los desmonte fueron: propietarios privados con el 63%, comunidades campesinas con 31% y comunidades indígenas con 6%.[5]

Leyes que promueven y legalizan la expansión de la frontera agropecuaria, los desmonte y los chaqueos

Adicionalmente a las leyes de “perdonazo”, durante los últimos cinco años el gobierno nacional promulgó una sucesión de normas que promovieron directa e indirectamente los desmontes y quemas. La ley 741 del 29 de septiembre del 2015 fue sin duda una de las más conocidas y criticadas. Por medio de esta ley, el gobierno autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en TPFP y en tierras con cobertura boscosa. Sin que sea necesario la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra – y sin pago de patentes por superficie de desmonte – en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y en asentamientos humanos con Resolución de Autorización.

A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 también del 29 de septiembre de 2015 que amplió por cinco años la verificación de la Función Económica Social para medianas propiedades y empresas agrícolas. Es decir, se dispuso cinco años adicionales para verificar la Función Económica Social para propiedades con título ejecutorial o certificado de saneamiento registrado en Derechos Reales, además de la revisión para predios con incumplimiento total de la Función Económica Social o con incumplimiento al Programa Estratégico de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.

Por el otro lado, la ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que estableció el marco normativo para permitir “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.” De esta manera, con el fin de producir los Aditivos de Origen Vegetal – etanol anhidro y biodiesel – los ingenios azucareros del país estimaron que la superficie cultivada de caña de azúcar pasaría de los 142 mil de hectáreas actuales a unas 300 mil hectáreas para el año 2025[7].

La ley 1098 se complementa además con el Decreto Supremo 3874 de abril de 2019. Dicho decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. Es decir, soya Genéticamente Modificado (GM) que cuenta con propiedades “resistente a sequias y al glifosato”; de modo que se sospecha que la introducción de estos eventos de soya estrían premeditadamente destinadas para la región del Bosque Seco Chiquitano[8].

Por otra parte, se encuentra la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que fue señalizado como una de las principales leyes que originaron los incendios del 2019. De forma general, esta norma dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego. Estableciendo asimismo un régimen de sanciones administrativas por la realización de quemas sin autorización. Dichas sanciones, que son determinadas por el tipo de propiedad y por la hectárea quemada – y valoradas en UFV equivalentes a 2,3 Bs – varían desde 243 Bs por hectárea en el caso de propiedad empresarial agrícola-ganadera, hasta 48 Bs por hectárea queman en el caso de pequeña propiedad agrícola (Tabla III).  

Tabla III. Régimen de sanciones por quemas sin autorización. Art. 7 Ley 1171

TIPO DE PROPIEDADMonto UFV por hectárea quemadaMonto en UFV
Por tipo de propiedad
Propiedades colectivas (comunidades indígena originario campesinas)1100
Pequeña propiedad agrícola120
Pequeña propiedad ganadera350
Mediana propiedad agrícola350
Mediana propiedad ganadera360
Propiedad empresarial agrícola6100
Propiedad empresarial ganadera6100
Fuente: Ley 1171 del 25 de abril del 2019

Al mismo tiempo, la ley 1171 estableció en forma excepcional un periodo de regulación en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización. En otras palabras, nuevamente un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley.

Por último, se encuentra el Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019. Este decreto dispone la modificación del Artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales al departamento de Santa Cruz. Autorizando de esta manera el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, así como las quemas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo PLUS tanto en los departamentos de Santa Cruz y como del Beni[9].

En suma, a partir del 2013 sistemáticamente se produjo y adoptó un marco legal que legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos. Estas leyes “incendiarias” fueron promovidas desde el Estado con el fin de consolidar su modelo económico desarrollista, promover el desarrollo del sector agro-industrial y afianzar una alianza política con las elites agro-empresarial del oriente boliviano.


[1] Fundación Amigos de la Naturaleza (2019). Reporte de incendios forestales a nivel nacional. 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/IncendiosNal-FAN-25092019.pdf

[2] Véase: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/evo-defiende-campesinos-culpa-al-capitalismo-incendios

[3] Véase el veredicto final del quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del Caso Amazonía: Ecocidio en la Amazonía y Chiquitanía. Disponible en: https://funsolon.files.wordpress.com/2020/01/veredicto-caso-amazonc3ada_tidn.pdf

[4] La Ley 1700 del 12 de julio del 1996, mejor conocida como la Ley Forestal, dispone en su artículo 42 los delitos forestales y sus respectivas sanciones tipificadas en el Código Penal (específicamente los artículos 206 y 223). Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1700.html

[5] ABT (2019) Reconstrucción del modelo de aprovechamiento y uso forestal-agrario: “Desarrollo Integral de bosques y tierras”. Disponible en: http://www.abt.gob.bo/images/stories/Noticias/2019/abril/informe-audiencia-inicial.pdf

[6] Los Aditivos de Origen Vegetal son productos extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con Gasolinas, Diésel Oíl u otros carburantes de origen fósil.

[7] https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181114/que-dijo-gobierno-del-etanol-que-pasa-realidad

[8] https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-el-fuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html

[9] Recientemente se aprobó el Plan de Uso de Suelos del Beni, zonificando en cinco categorías y neuve sub categorías el uso del suelo. El nuevo PLUS fue duramente cuestionado, tanto porque se aprobó sin el consentimiento y participación del sector indígena y porque prioriza las áreas agropecuarias, disponiendo unos 9 millones de hectáreas adicionales para este sector. Véase: https://www.noticiasfides.com/economia/promulgan-ley-de-plan-de-uso-del-suelo-del-beni-y-en-medio-de-cuestionamientos-402770

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitará Bolivia por ecocidio en la Chiquitania

El quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado el pasado 5 de diciembre en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques colindantes y determinó enviar en los próximos meses una comisión a Bolivia para realizar una vista in-situ a la zona afectada con el objetivo de recabar mayor información y evidencias, constatar la magnitud de la violación a los derechos de la naturaleza, entrevistarse con los diferentes actores estatales y no estatales, y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que ha dispuesto en su veredicto para que no se agrave ni repita el ecocidio en la Chiquitania y la Amazonía.

Como medidas cautelares a ser ejecutadas por el gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa de Bolivia, el citado Tribunal Internacional dispuso: a) derogación inmediata de las disposiciones legales (leyes nacionales y departamentales así como decretos supremos) que favorecen y alientan las quemas y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitania; b) aplicación del principio precautorio suspendiendo las actividades del agro-negocio iniciadas sin estudios de impacto ambiental como es el caso de la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel; y c) implementación de una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir que el bosque Chiquitano se pueda recuperar y no implementar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que agravarían el desastre ecológico.

Según el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se debe declarar a toda la Amazonía y la Chiquitania como sujeto de derecho. En el caso de Bolivia este reconocimiento está respaldado por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra aprobada el año 2010.

Los miembros del Tribunal que visiten Bolivia verificarán si se está cumpliendo la legislación boliviana en relación a los derechos de la Madre Tierra y constatarán si ha habido avances o no en la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada por ley el 2010, y cuya implementación se exigió en la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso del TIPNIS el año 2019.

A continuación transcribimos el veredicto del Tribunal sobre el mencionado caso (haga click para ver el pdf completo).

La oligarquía del agronegocio es el motor de la deforestación

Entrevista realizada a Pablo Solón por Isabel Mercado y Mery Vaca de Pagina Siete.

Pablo Solón es un activista de la defensa de la naturaleza, trabajó para el gobierno de Evo Morales y fue representante de su gobierno ante las Naciones Unidas entre el 2009 y  2011. Desde su rompimiento con Morales, Solón es uno de los críticos de sus políticas, especialmente las ambientales, de tierra y territorio. En esta entrevista considera al mandatario como uno de los culpables de la catástrofe provocada por los incendios en el oriente del país por haberse aliado con el modelo agroindustrial de las élites cruceñas, según dice.  Solón sostiene que el modelo incentiva los chaqueos que se han descontrolado en Santa Cruz y es una apuesta perversa para generar ganancias inmediatas a los empresarios a costa de las grandes pérdidas para el país por el daño a los bosques. 

¿Este es el peor desastre ambiental que ha tenido Bolivia y uno de los peores de la región?

El año en que mayor cantidad de focos de calor hubo fue el año 2010. En 2011 y en 2012 bajaron sustantivamente y después hemos empezado a subir hasta llegar a casi 300 mil hectáreas en 2016 y este año vamos a estar probablemente bordeando el millón de hectáreas desforestadas. Esto se veía venir, no fue un accidente porque la curva fue subiendo. El impacto de esto es terrible en términos de pérdida de bosques que van a tardar 200 años (en regenerarse), pérdidas de vida animal, de especies que ya estaban en peligro de extinción. Los bosques juegan un factor fundamental para los ríos voladores, para proveer de agua a otras regiones. Los bosques son nuestra arma secreta contra el calentamiento global del planeta y los estamos destruyendo. Es realmente una catástrofe lo que ha ocurrido y el tema más preocupante es que puede volverse a repetir el próximo año.

¿Hemos llegado a este nivel de deforestación debido a las leyes y las costumbres?

Las costumbres siempre han existido y yo creo que las costumbres no siempre se tienen que mantener, hay que cambiarlas.  Sin embargo, los chaqueos no son un factor que ha generado nunca este nivel de deforestación, históricamente no es así. En el año 2016, el chaqueo pequeño comunitario fue responsable, según datos de la FAO, de incidir en un 20 a 25%. Las otras tres cuartas partes de las quemas son producto de la expansión de la frontera agrícola del gran sector agroindustrial y de la ganadería. Se produce esto porque hay una intención de fomentar la exportación del sector agroindustrial y ganadero y se han tomado medidas para ampliar el área del desmonte y quema, la ley del etanol y del biodiésel y las políticas de exportación de la carne a la China que recién está empezando. Si queremos atacar las causas estructurales hay que revertir las normas, pero también hay que ir un poco más allá, hay que discutir este modelo agroindustrial exportador. No es sostenible, tiene más daños que beneficios. De la deforestación de estos últimos años, el 80% se ha dado en Santa Cruz o sea el modelo agroexportador cruceño está quemando sus propios bosques y ese modelo hay que cambiarlo y hay que ponerlo en el banquillo del acusado.

¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno de Evo Morales, tomando en cuenta que ya existía este modelo y que la ley que permite la deforestación viene desde la época de Banzer?

Es que el Gobierno lo ha alentado, el Gobierno pudo y debió haber aplicado medidas para limitar las quemas, ampliar un plan de Amazonia sin fuego como el que existía en Brasil antes de la llegada de Bolsonaro. O sea, había cosas que podría haber hecho Evo Morales y no las hizo.

El Vicepresidente decía que no es culpa nuestra que haya cambio climático. ¿Qué incidencia tiene el cambio climático con los incendios de esta magnitud en la región?

Es cierto que es un fenómeno regional, pero uno esperaría que un Gobierno defensor de la Madre Tierra tome medidas diferentes de las de Bolsonaro para evitar los fuegos que se sabía que venían. Evo Morales no toma ninguna medida, más bien aprueba todas las medidas para incentivar el cambio climático. Entonces, no le podemos echar la culpa al cambio climático;  si al año va a ser más seco el ambiente hay más posibilidades de que el fuego se pueda expandir. No hizo nada durante todo este tiempo y a mí me parece una forma de querer lavarse las manos y no reconocer su responsabilidad.

Este Gobierno que ha nacido con el signo indígena hizo luego todo lo posible por tener una alianza con la agroindustria cruceña. ¿Cuánto de responsabilidad tiene esta alianza?

Yo creo que en el gobierno de Evo hubo dos momentos. El primer momento, en el cual hasta la aprobación de la Constitución estuvo muy confrontado con el sector del agronegocio, pero después que se aprueba la Constitución, adopta otro criterio, que es el de “mejor llegaremos a un acuerdo” y ese acuerdo empieza ya el año 2011 cuando se aprueba que haya el etiquetado de los transgénicos y sobre todo se da luz verde a los agroindustriales. Yo, en ese entonces, era parte del Gobierno y el argumento era “esto nos permite  vivir en paz con Santa Cruz, hay que darles lo que quieren. Si seguimos con la política sobre la defensa de la naturaleza vamos a ir a un choque”. Entonces, el criterio de sobrevivir y llevarse mejor políticamente hizo que se les diera esto. Yo creo que en la actualidad, esto todavía se ha diversificado más porque la estrategia electoral de Evo para esta su nueva reelección se basa en esta relación y en el permiso para masivos asentamientos en el oriente. El etanol y el biodiésel no traen realmente rédito económico, pero sí generan apoyo en sectores de Santa Cruz.

¿La oposición es tan culpable como el MAS en esta lógica de expansión agrícola?

Para mí, sí.  Hay alguna diferencia quizá en algunas personas, pero en conjunto yo he revisado los programas de todos los partidos políticos, de los principales: MAS, Comunidad Ciudadana, Bolivia Dice No. Todos en el fondo alientan abiertamente la generalización del modelo cruceño. Bolivia Dice No habla de exportar el modelo cruceño al resto del país y propone con nombre y apellido, el plan Amazonia exportadora. Lo que hace el MAS en su programa es más tibio, no habla de la deforestación en general, sólo habla de la deforestación ilegal. Comunidad Ciudadana tiene la propuesta muy desarrollada en relación a las ciudades, pero sobre el campo y sobre el sector del agronegocio evita meterse en los temas conflictivos. O sea, no dice “no estamos de acuerdo con los transgénicos”, no dice estamos en contra del biodiésel y los biocombustibles, no hace una crítica al modelo del agronegocio, no dice que está en contra de las megahidroeléctricas. Entonces, hay un silencio cómplice en los espacios activos de la oposición con esta política del MAS.

¿Cuáles son las consecuencias de los incendios para el medioambiente, la producción y la vida humana?

He oído a algunos que tenemos que hacer un plan de reforestación, pero reforestar es carísimo. Para reforestar, hay que plantar 1.000  plantines por hectárea. Cada uno vale un dólar como mínimo, sólo en plantines, sin hablar de los animales, de la biodiversidad. ¿Cuánto va a costar reforestar este millón de hectáreas? Mil millones de dólares. Es una cosa absolutamente antieconómica pensar en que yo destruyo algo para ganar 50 dólares o 100 dólares cuando el costo solamente de reforestar vale mil. Ahora, el impacto de esto es para la biodiversidad, para la naturaleza. La muerte de animales, de especies, de plantas. Normalmente cuando un bosque se deforesta en más de un tercio, se suicida, empieza a morir por sí solo y el grado de deforestación que tenemos en la Amazonia está prácticamente en la línea roja. Los bosques tienen múltiples funciones, proveen oxígeno, pero sobre todo agua. Una zona deforestada trae desertificación. Donde estaba el bosque, la tierra va a empezar a morir. El compromiso de Naciones Unidas que se llama el objetivo 15.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue aprobado el año 2015 y el presidente Evo Morales fue parte del acuerdo. En este se dice textualmente: “cero deforestación para el 2020”. O sea, nosotros no nos hemos acercado, no es que hemos incumplido la meta, la hemos ignorado.

¿Realmente existe una posibilidad de no hacer más deforestación y optar por otro modelo, o nos podemos morir de hambre si eso sucede?

Yo creo que eso es una gran mentira construida por el sector del agronegocio y de los grandes ganaderos porque, por ejemplo, Bolivia podría exportar carne ecológica a los mercados europeos a un precio incluso mucho más alto porque se la produce sin utilizar fuego, con un mecanismo de rotación que permite que no haya  estas quemas, que el ganado no sufra lo que está sufriendo. Podemos apostar por estos otros mercados.

¿No es una utopía?

No. Ahora, lo que vamos a tener de parte de Europa -porque este desastre ha causado tal impacto que el G7 se ha reunido- es que el propio tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur esté en cuestionamiento, porque uno de los componentes que se iba a incrementar en la cuota de exportación era la carne. Además,  hay otras alternativas como castaña, asaí, hay una serie de otros productos de agroforestería que uno puede recolectar del bosque sin dañarlo. Lo que nos está llevando a esta situación es esta visión salvajemente exportadora. Cuando Evo llegó al Gobierno, el objetivo no era exportar y exportar, el objetivo era más bien buscar la soberanía alimentaria, la subsistencia en armonía con la naturaleza. Hoy de eso ya no queda nada, ni se habla.

 En cuanto a los biocombustibles, el biodiésel y el bioetanol se presentan como energía verde por el Gobierno.

Es una mentira, los biocombustibles no son energía verde, no son energía sostenible porque deforestas más, ocupas tierras que sirven para la alimentación para producir insumos, caña de azúcar, soya, sorgo con lo que se producen los carburantes para los automóviles. Es sostenible si reduce emisiones y también si en el proceso de producción genera menos emisiones. Es cierto, el alcohol, cuando yo lo quemo produce menos emisiones que si quemo gasolina, pero este alcohol en su proceso de producción emplea los tractores, el transporte en los ingenios azucareros, un montón de otras emisiones, más las emisiones de la deforestación, que sumadas resultan  más que lo que podría estar ahorrando al dejar el combustible fósil. Entonces, no son una alternativa. Hay otras alternativas: la energía solar, la energía eólica, la energía a partir de desechos orgánicos.

Se dice que este desastre  va a impactar hasta en 2% del PIB. ¿Al final los empresarios van a terminar ganando menos por querer ganar más en el momento?

Puede ser que para algunos de ellos y sobre todo para los grandes, no sea un mal negocio. Ni para los ganaderos, ni para los grandes agroindustriales. El sector ganadero apuesta a ganar más plata y puede ser que lo haga este año o el próximo, pero en el largo plazo es un pésimo negocio porque en esas tierras cada vez se va a necesitar deforestar más. Ahora, para quién es un pésimo negocio es para el país, para los bolivianos porque nosotros estamos destrozando nuestros bosques para fomentar las ganancias temporales de una oligarquía.

 ¿Qué necesitamos hacer en el país para encarar lo que ha ocurrido? ¿Será necesario hacer un acuerdo nacional sobre qué tipo de economía queremos?

Primero, creo que hay que transparentar la información. Antes colocaban los datos de los focos de calor en la ABT y en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, ahora ya no. Dos, empecemos a tratar la información haciendo estudios de impacto ambiental. Tres, tenemos que promover un debate de los candidatos presidenciales sobre lo que ha pasado y lo que proponen. Es de esperar que a partir de esto podamos avanzar hacia un acuerdo. Nuestra concepción de la democracia es una democracia sólo de seres humanos, aquí no votan los bosques. Si votaran los bosques, otra sería la situación de los partidos. Tendrían que cuidarse más de hacer lo que están haciendo (…) Tenemos que acabar con el totalitarismo de los que quieren reelegirse y no respetan la Constitución, pero también tenemos que ir contra este otro totalitarismo que trata a la naturaleza como un objeto. Creo que tiene que llegar el momento en el que tengamos representantes en los parlamentos que representen a la naturaleza, a los bosques, a los glaciares, a los ríos.

¿Cree que el manejo político por parte del MAS ha sido bueno o tendrá un alto costo para ellos?

Creo que el Gobierno tardó en actuar porque pensó que no le iba a afectar electoralmente y cuando vio que sí le iba a afectar dijo vamos a pagar por el SuperTanker porque así podemos tener una imagen de que hicimos algo. Este tema, en Bolivia y en todo el mundo, ha dejado de ser un tema en el cual podemos centrar nuestras esperanzas en los gobiernos, hay que empezar a hacer acciones desde la sociedad civil que presionen a los gobiernos, a los políticos a tomar en serio, a declarar un estado de emergencia por el tema del clima, a declarar un estado de emergencia nacional por la deforestación, a aceptar la ayuda internacional que el Gobierno ha tardado en aceptar porque quería vender la imagen de que es tan fuerte Evo Morales que no necesita del mundo, que puede solo.

Sobre los asentamientos de colonos en la Chiquitania. El agro cruceño dice que es de ellos la culpa del desastre, y del Gobierno que los promueve como acarreo de votos. ¿Qué opina?

Lo cierto es que el Gobierno a través del INRA ha permitido asentamientos y dotaciones de tierra a colonos en la región y esto ha incidido en las quemas. Ahora, no hay datos que arrojen claridad acerca del porcentaje en el que han incidido estos asentamientos en las quemas y un tema que debe verificarse es quién será el beneficiario ultimo de estas dotaciones que una vez consolidadas en algunos casos son vendidas a terratenientes. Que estas familias, que tienen 34.000  hectáreas como promedio, sean responsables de la quema de más de un millón de hectáreas lo veo exagerado. Creo que es un factor que incide pero no es el determinante y obviamente prefieren hablar de los colonos que de la oligarquía agroexportadora.

¿Cuál es el desenlace que ve en el corto plazo de esta catástrofe en la Chiquitania?

No hay incendio que dure 100 años. Aunque sea con la lluvia,   llegará un momento en que va a decrecer… no se puede quemar indefinidamente, pero el resultado va a ser trágico. Un tema que no quisiera dejar de mencionar es que existe esta visión que la alienta el Gobierno de que esto lo vamos a resolver con la tecnología, con los aviones que bombardean las nubes y hacen llover como hizo en la sequía aquí en La Paz y ahora el SuperTanker. Esto es una falsedad, es una mentira. Esto no lo vamos a resolver ni con uno, ni con dos, ni con tres Supertankers. Lo vamos a resolver el momento que empecemos a reorientar totalmente el sector agropecuario en Bolivia .

Publicado originalmente en Pagina Siete, 1/9/2019 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/1/pablo-solon-destrozamos-bosques-por-ganancias-temporales-de-una-oligarquia-229416.html

Agroindustria: Énfasis en el agronegocio exportador

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tienen una intención de voto superior al 5%: Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.

Los programas de los partidos políticos en general destacan al sector agroexportador. BdN es el que más prioriza a este sector, seguido por CC y luego el MAS. Este último es el único que explícitamente habla de expandir la frontera agropecuaria aunque ya no habla de triplicar las cabezas de ganado como lo hacía en la Agenda Patriótica del 2013. Todos proponen “alianzas estratégicas entre el sector público y privado” y mencionan ciertos beneficios para incentivar la productividad del sector agropecuario exportador. El que más lejos va es BdN que propone eliminar las barreras y restricciones “injustificadas” a la exportación agroalimentaria y plantea negociar nuevos acuerdos (de libre) comercio.

Ninguno hace la conexión entre el sector agropecuario exportador y la deforestación galopante. Ninguno plantea evaluar los costos y beneficios reales de este sector. Ninguno hace mención a la fuerte presencia de extranjeros en el sector del agro negocio. Ninguno propone hacer una reingeniería del agro negocio por sus graves impactos ambientales. Continúa leyendo Agroindustria: Énfasis en el agronegocio exportador

Deforestación: Que siga la hoguera

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.

El 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Hace unos días, la misma ABT habla de 953 mil hectáreas de bosques quemados en lo que va del 2019 y dice que en solo cinco días el fuego arrasó con 471 mil hectáreas de bosques en la Chiquitanía[1]. La deforestación es sin duda el tema de mayor preocupación en relación a la naturaleza, sin embargo los partidos le dedican poca atención en sus programas y prefieren no hablar de las causas de fondo que están alimentando esta hoguera de biodiversidad que se produce cada año en Bolivia. Todos obvian mencionar a la soya, al modelo cruceño del agro negocio, a la ganadería, a los biocombustibles, a los asentamientos ilegales y al chaqueo como los factores que se deben encarar para frenar este gran flagelo a la naturaleza. Continúa leyendo Deforestación: Que siga la hoguera

TUNUPA 103: El Precio de la Carne

Invitamos a leer el TUNUPA Nº102 dedicado al tema de la ganadería en Bolivia. Formato PDF

Indice

La Ganadería en Bolivia

La ganadería emplea más del doble de las tierras que se utilizan para agricultura en Bolivia, pero ocupa a menos de una cuarta parte de las personas que participan en las actividades agrícolas. Continúa leyendo La Ganadería en Bolivia

El mundo de la carne

La producción de carne bovina ha alcanzado los 61 millones de toneladas en el mundo. Los países que más carne producen son Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China e India. Estos cinco países producen el 65 % de la carne de vaca que se produce a nivel mundial. Continúa leyendo El mundo de la carne

Ganadería capitalista para un mercado capitalista

La Agenda Patriótica para el 2025, elevada a rango de ley en enero del 2015, trata el tema de la ganadería en su “Pilar 6” bajo el título de “Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista”. El título llama la atención; ¿qué medidas de corte anticapitalista propone la Agenda Patriótica para no caer presa de “la dictadura del mercado capitalista”? Continúa leyendo Ganadería capitalista para un mercado capitalista

Devorando bosques para alimentar vacas

Un estudio del 2015 sobre las causas de la deforestación en siete países de América del Sur señala que en el período 1990 al 2005 se perdieron 57 millones de hectáreas de bosques (1). Según este estudio, citado por el informe del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “El Estado de los Bosques del Mundo”: el 71 % de la deforestación se debe a la expansión de los pastos destinados al pastoreo extensivo especialmente para la ganadería ovina. Continúa leyendo Devorando bosques para alimentar vacas

Los bosques y el agua no tienen cumpleaños en Bolivia

Pablo Solón

El 21 de Marzo es el día internacional de los bosques y la noticia paso casi desapercibida en Bolivia. El día mundial del agua es el 22 de marzo y parece que correrá la misma suerte. Los titulares de los medios de comunicación y las autoridades omitieron reportar que el 2016 fue un año de gran deforestación y fuego descontrolado. La conexión entre la deforestación y la sequía que azotó Bolivia no fue destacada. Continúa leyendo Los bosques y el agua no tienen cumpleaños en Bolivia